Fuente Página 12.Una comisión integrada por universidades, ONG y grupos campesinos consensuó un proyecto de ley de bosques. Horas antes de la votación en la Legislatura local, el gobernador envió e hizo aprobar otro texto, elaborado por las entidades rurales.
Por Darío Aranda
“Ley 9814” es la denominación oficial de la flamante legislación de Córdoba que regula el uso y cuidado del monte nativo. “Ley del desmonte” y “Ley de los ruralistas” fue bautizada por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos (Cotbn), ámbito oficial designado para consensuar una ley de bosques provincial. La Cotbn es el espacio científico y multisectorial que trabajó dos años y propuso una norma que establece cuatro millones de hectáreas como de alto valor de conservación y solicita rigurosos controles. A último momento, horas antes de la votación, la Legislatura provincial desechó el trabajo de la Cotbn y aprobó una ley que reduce el área de conservación a sólo 1,9 millón, permite actividades de peligro ambiental en esa misma zona que debería proteger y deja de lado la participación de la sociedad civil. Desde la propia Secretaría de Ambiente de Córdoba afirmaron que la ley aprobada “no es la mejor” para el ambiente y reconocieron que prevalecieron los intereses de la Mesa de Enlace, que impulsa la soja y la ganadería intensiva. Científicos y campesinos alertan sobre las consecuencias de la ley aprobada: desmontes, desalojos y mayores sequías e inundaciones.
La Cotbn es el espacio oficial designado por la Secretaría de Ambiente para consensuar un proyecto de ley que proteja los bosques nativos, donde participaron tres universidades (de Córdoba, Río Cuarto y Villa María), Parques Nacionales, ONG ambientales y el Movimiento Campesino de Córdoba. Luego de dos años de trabajo, el 4 de agosto pasado el proyecto debía ser aprobado en la Legislatura de Córdoba.
“Se aprobó un texto muy diferente al consensuado, que contiene artículos polémicos, que posibilitan actividades perjudiciales para el ambiente aun en zonas donde debiera prohibirse toda actividad productiva”, explicó la presidenta de la Cotbn, profesora de Ecología Agrícola en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Alicia Barchuk. Fernando Barri es biólogo, docente de la UNC, investigador del Conicet y miembro de la Cotbn: “Dejaron caer todo un rico proceso participativo, con base productiva, científica y social, por el interés económico de unos pocos, Sociedad Rural y Cartez-CRA. Es una ley que habilita el desmonte”.
El lobby de la Mesa de Enlace estuvo encabezado por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), pilar de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). También estuvieron presentes la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Federación Agraria Argentina (FAA).
Sobre la base de la ley nacional (ver aparte), las legislaciones provinciales debían realizar un mapeo que determine categorías de conservación según colores: rojo (áreas a proteger), amarillo (se permite uso sustentable) y verde (se puede desmontar). La propuesta de la Cotbn determinaba cuatro millones de hectáreas en rojo. “La ley aprobada la reduce a 1,9 millón y, sobre todo, flexibiliza todos los criterios de las áreas rojas y amarillas, por lo que están en riesgo entre seis y ocho millones de hectáreas”, explicó Mario Barcena, del Movimiento Campesino (MCC).
De los 58 artículos de la ley, el número 14 es el que desató el escándalo. “En aquellos predios (de categoría roja o amarilla) en donde exista o se genere infraestructura para producción bajo riego, se los considerará incluidos en la Categoría de Conservación III (verde).” Fernando Barri tradujo a la práctica: “Habilita de manera encubierta los desmontes en zonas protegidas. Posibilita implantar cultivos sin perjuicio además de secar el acuífero y condenar esa tierra a un futuro salitral”.
La Cotbn explicó que la ley aprobada también deja abierta la posibilidad de realizar “aprovechamiento” en zonas rojas, con uso de maquinaria y siembra de especies exóticas, a pesar de que la norma nacional deja claro que allí sólo se podrá realizar conservación del ecosistema nativo.
Otra crítica es que se eliminó la obligatoriedad de proteger zonas con pendientes superiores al cinco por ciento, que –según la Cotbn– degradarán las cuencas serranas y reducirán el aporte de agua.
La presidenta de la Cotbn, Barchuk, explicó que si no se protege el monte nativo “seguirán los fenómenos ambientales extremos”, desde sequías a inundaciones. “Si no hay bosque que retenga el líquido, el agua se desliza hacia tierras bajas y habrá inundaciones”, explicó.
La ley de bosques dividió a la Federación Agraria. Un sector (filial de Río Cuarto y la juventud federada de Villa María) participó activamente de la Cotbn y acompañó la medida. Incluso emitió una carta de rechazó público a la ley aprobada. Otro sector, ligado directamente al presidente de la FAA provincial, Agustín Pizzichini, privilegió la alianza de la Mesa de Enlace, volvió a jugar para Cartez-CRA e incluso amenazó con cortar rutas si se aprobaba el proyecto de la Cotbn.
El vicepresidente de Cartez, José Manubens Calvet, agradeció el apoyo de Federación Agraria y definió como “muchachos sin mandato” a los federados que participaron de la Cotbn. “La soja pasó todos los límites, es cierto, no se puede negar”, sinceró en tono campechano. También reconoció que la ganadería necesita lugares nuevos y, según su entender, en el norte provincial “hay espacio y necesidad, nosotros ahora podemos ir y dar trabajo”.
“Seguí de cerca todo el proceso de la ley de bosques, y la verdad que el proyecto de la Cotbn era extremo, poco más que no permitía ni cortar una flor en el arco noroeste provincial”, explicó. Preguntó dos veces si de verdad hablaba con Página/12, y las dos veces hizo un silencio que parecía anunciar el fin de la comunicación. “Usted tiene que venir a Córdoba y yo en persona lo llevo a ver lo que es el campo cordobés. Cartez es el campo, no lo dude mi amigo, y Cartez sabe lo que es bueno para la provincia”, afirmó. El presidente de Cartez es Néstor Roulet, que hasta el año pasado fue vicepresidente de CRA y uno de los principales dirigentes de la Mesa de Enlace durante el conflicto por la Resolución 125.
Manubens Calvet afirmó que dejaron la Cotbn porque “había gente sin representatividad, que no sabe nada de campo”, relató con naturalidad que –por el tema ley de bosques– tuvieron reuniones con el ministro de Agricultura (Carlos Gutiérrez) y con “muchos legisladores”. Cuestionó que el proyecto original “pretendía legislar sobre la tierra privada y reconocer a los ocupantes ilegales (campesinos con posesión veinteañal)”. Pidió que los ambientalistas y el periodismo se ocuparan “de las cloacas de la ciudad, que emanan olor insoportable”, y evaluó a la ley sancionada: “No es la ideal, pero ayuda al campo”.
El presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, José Ignacio Romero Díaz, celebró la ley. “Es una respuesta madura a propuestas inmaduras (por el proyecto de la Cotbn). ¿Por qué digo eso? Porque esa Comisión está integrada por fundamentalistas de escritorio que entienden por bosque desde una arboleda hasta un yuyito”, arremetió. Se definió como “ambientalista, pero no extremo”, y evaluó que las entidades rurales jugaron “las fichas maduramente, hablando con el ministro de Agricultura, qué sí entiende de campo, y con nuestros legisladores”.
Las tres universidades que participaron en la Cotbn (de Córdoba, de Río Cuarto y Villa María) están en proceso de evaluación técnica y legal para pedir la inconstitucionalidad de la ley, por la aparente contradicción con la ley nacional. Además, la ley nacional es el piso que deben respetar todas las normas provinciales y, según la Cotbn, la ley cordobesa es más blanda, por lo cual debe ser vetada en su totalidad.
Todo el oficialismo (que responde al gobernador Juan Schiaretti) votó a favor de la cuestionada ley. Desde el área de Prensa del Ministerio de Agricultura explicaron que el ministro estaba de viaje por el interior provincial y no podía atender preguntas. El secretario de Ambiente, Raúl Costa, derivó la entrevista en el director de Fiscalización y Control Ambiental, Alejandro Girón. “No es la ley que hubiéramos querido, no es la mejor ley, hay que reconocerlo. La propuesta de la Cotbn modificada por al Comisión de Asuntos Ecológicos era más estricta, sobre todo en las áreas rojas, pero bueno, el campo tiene su peso, hay muchos legisladores que provienen de zonas netamente agrícolas, es lógico”, se sinceró Girón y no escondió las presiones: “Se cambió la ley porque el sector ruralista exigió cuestiones concretas, como poder realizar actividades en las zonas rojas”.
–¿Agricultura se impuso sobre Ambiente? –preguntó este diario.
–Cada uno defiende lo suyo. Agricultura apuesta a la producción y tiene una capacidad de presión importante. Si esto fuera Alemania y los ambientalistas tuvieran sus diputados verdes el resultado habría sido otro.
Comentario Personal: Tal vez si tuviéramos diputados piratas en Córdoba estaríamos apoyando al proyecto original...
Fuente Página 12.
Fijar el límite
Por D. A.
La ley nacional de bosques (formalmente Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos) fue sancionada el 28 de noviembre de 2007, establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmontes hasta tanto no realicen un ordenamiento territorial –por ley– en sus zonas boscosas. Otorgaba un año, hasta el 28 de noviembre de 2008, para realizar un catastro que determine categorías de bosques según colores: rojo (de alto valor de conservación y que no deben tocarse), amarillo (de aprovechamiento limitado) y verde (que podrían talarse). La norma nacional, que establece el piso mínimo de protección de bosques, destaca que el mapeo debe contar con la imprescindible participación de organizaciones sociales (ambientales, campesinas e indígenas).
En Córdoba la ley estuvo muy demorada. Recién un año después de la norma nacional, la Secretaría de Ambiente convocó a la conformación del espacio encargado de proponer, debatir y consensuar la ley provincia: la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (Cotbn), integrada por universidades, ONG, Parques Nacionales, un sector de Federación Agraria y el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).
La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez-CRA), actor fuerte de la Mesa de Enlace en Córdoba, abandonó la Cotbn al poco tiempo, cuando confirmó que no podría imponer su mirada productivista, y comenzó a gestar un proyecto junto al Ministerio de Agricultura y legisladores afines a los agronegocios.
La Cotbn realizó siete talleres participativos en diferentes regiones de la provincia, presentó el proyecto de ley en audiencia pública (como solicita la legislación nacional) y lo elevó a la Secretaría de Ambiente, que demoró cuatro meses en enviarlo a la legislatura provincial. “Ambiente espero, de manera arbitraria, tanto tiempo para que Cartez presentara su proyecto, y elevar a la Comisión de Asuntos Ecológicos ambos proyectos”, explicó Fernando Barri, biólogo miembro de la Cotbn.
La Comisión de Asuntos Ecológicos convocó a rondas de consultas, donde participaron campesinos e investigadores, donde se hizo hincapié en los argumentos técnicos, sociales y jurídicos de ambos proyectos. Dejó de lado el proyecto del sector ruralista (no se explicó el motivo, pero dejaron trascender que era contrario a la ley nacional) y tomaron como base el proyecto de la comisión oficial. Luego de ocho meses de debate en la Legislatura, y casi tres años de sancionada la ley nacional, los legisladores presentaron el proyecto en la cámara provincial. Un día antes del tratamiento legislativo, el 3 de agosto, el oficialismo anunció que presentaría un proyecto que nunca había pasado por la Cotbn ni la Comisión de Asuntos Ecológicos. Fue votado en la madrugada del 5 de agosto por el oficialismo (peronismo bajo el paraguas de Unión por Córdoba) y UCR. Los bloques que no votaron la ley fueron Concertación Plural, Frente para la Victoria, ARI, Izquierda Unida. El Frente Cívico, que comanda Luis Juez, votó dividido ambas posturas. Fueron 57 votos contra once.
Mario Barcena, integrante del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), resumió: “Gran parte de la clase política y el gobierno provincial fueron permeables a la Mesa de Enlace, sojeros y ganaderos, grandes terratenientes. Se impidió contar con una ley que defienda el bosque y el ambiente de la provincia”.
Ese mismo día la Ley 9814 fue bautizada “ley del desmonte”.
Pero....No era que el gobierno estaba en contra de Clarín....Pero hace alianza con los sojeros y la Sociedad Rural donde Clarín tiene sus negocios y a Clarín Rural...Uf, no entiendo nada???
Nueva ley, desalojos en puerta
Por D. A.Córdoba es una de las provincias pilares del modelo sojero. El monocultivo creció de forma geométrica y avanzó sobre territorios que se destinaban a la ganadería. Consecuencia: los ganaderos comenzaron a buscar nuevas parcelas. La olvidada región norte de la provincia, zona de sequías y población campesina ancestral, comenzó a ser preciada por los empresarios. Lo reconocieron a este diario todos los actores involucrados, desde la Secretaría de Ambiente hasta ruralistas. El eslabón más débil, la familia campesina que vivió y trabajó por generaciones en la misma tierra, comenzó a conocer de desalojos, cada vez más seguidos y violentos.
El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), referente en denunciar los efectos sociales y ambientales del modelo de agronegocios, llama la atención. “Con esta ley de bosques se multiplicarán los conflictos. Las corporaciones agrarias Cartez-CRA y Federación Agraria, junto a sus amigos de los agronegocios transnacionales, redoblaran las presiones sobre los últimos bosques y sobre las comunidades campesinas ancestrales”, afirmó Mario Barcena del MCC.
La familia Olivera, en el paraje norteño de La Penca, vive desde hace cien años en la misma tierra. En 2004 fueron sorprendidos por topadoras que arrasaban la chacra familiar. Las dos mujeres de la familia, Lucía y Verónica, frenaron la máquina. Luego se sumaron los hombres, que expulsaron a empresarios sojeros que pretendían el territorio ancestral. Se repitió la historia del monte campesino: familias con posesión veinteañal, protegidas por ley, frente a privados que dicen comprar tierras con personas dentro.
El caso llegó a la Justicia. Y la Cámara Penal de Deán Funes (integrada por los jueces Juan Carlos Serafini, Juan Abraham Elías y Horacio Enrique Ruiz) culpó a la familia Olivera de usurpar el campo en el que vivió por cien años. En junio pasado, el Superior Tribunal de Justicia confirmó el fallo. El desalojo es inminente. La Unión Campesina del Norte (UCAN-MCC) promete resistir.
Marcelo Cabido y Marcelo Zak son investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet. Estudiaron el avance del cultivo de soja sobre el norte provincial y confirmaron la concentración de la tierra. El relevamiento sobre cuatro departamentos del norte provincial (Ischilín, Sobremonte, Totoral y Tulumba) demuestra que, entre 1988 y 1999, las chacras de menos de 200 hectáreas disminuyeron un 32 por ciento. En el mismo lapso, las estancias de más de 2500 hectáreas aumentaron un 30 por ciento. Pequeñas parcelas, como la de la familia campesina Olivera, fueron absorbidas por grandes propietarios.
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