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jueves, 7 de julio de 2011
Silvana Buján sobre el modelo de agroquímicos en la Argentina
jueves, 15 de enero de 2009
Barrio Ituzaingó: tarde, pero llegaría apoyo de la Nación
Foto del Barrio Ituzaingó Anexo-Ciudad de Córdoba.La presidenta Cristina Fernández instruyó a Graciela Ocaña para que investigue si se fumiga con tóxicos cerca de poblados. Llegan funcionarios nacionales.
La presidenta Cristina Kirchner informó ayer que dio instrucciones a la ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña, para que “investigue” si se están realizando fumigaciones de campos con productos tóxicos cerca de poblados, lo que es considerado perjudicial para la salud humana.
La información, publicada ayer en un cable de la agencia de noticias DyN, y reproducida
después por medios audiovisuales cordobeses, hace directa referencia a la situación que atraviesa, desde hace casi siete años, barrio Ituzaingó Anexo en la ciudad de Córdoba.
Y también se vincula a la advertencia judicial efectuada a fines de diciembre pasado a dos productores de campos colindantes al sector y a un aeroaplicador, por parte del fiscal de Instrucción Carlos Matheu, para que se abstengan de fumigar en el área urbana, según lo manda la Ley Provincial de Agroquímicos. La medida del fiscal abarcó, exclusivamente, a los productores que están imputados en una causa penal iniciada en febrero pasado por una denuncia de la Municipalidad de Córdoba, por fumigaciones sobre zonas urbanizadas de Ituzaingó Anexo, y por las que incluso habían sido detenidos en junio pasado.
La razón del súbito interés de las autoridades del país en un tema que nació a comienzos de 2002 –cuando un grupo de vecinos denunció la existencia en el lugar de una gran cantidad de personas con cáncer y otras enfermedades graves– estaría vinculada a las noticias publicadas esta semana en diarios nacionales sobre las medidas dispuestas el año pasado por la Justicia cordobesa. Que fueron publicadas en su momento por este diario así como por otros medios locales.
El interior, invisible. “Esperemos que con la visibilidad que adquirió ahora la situación de barrio Ituzaingó Anexo en los diarios nacionales, finalmente podamos recibir ayuda del Ministerio de Salud de la Nación para desarrollar el plan de acción que necesita el sector”, señaló el subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, Medardo Avila Vázquez.
El funcionario anticipó que ayer se informó al área de Salud municipal que esta semana desembarcarían en Córdoba autoridades del gabinete de Graciela Ocaña para abordar la situación de barrio Ituzaingó.
“Hasta ahora lo que habíamos logrado era que la Secretaría de Ambiente de la Nación incorporara al barrio al Programa de Sitios Contaminados, pero para el área específica de Salud no contábamos con asistencia nacional”, indicó Avila Vázquez.
El subsecretario puntualizó que en el marco del plan de acción de Salud municipal para esa zona se requieren fondos, por ejemplo, para reiterar la realización de análisis específicos a un grupo de niños del barrio en los que en 2005 se detectaron trazas de agrotóxicos.
Avila Vázquez precisó que en 2005 la Municipalidad hizo dosajes de biomarcadores de agrotóxicos a 30 chicos del lugar, de los cuales 23 resultaron positivos para las sustancias buscadas. “En 2006 se volvieron a hacer y los valores estaban bajando, pero ahora es necesario repetirlos”, dijo, y precisó que deberían hacerse al menos unos 50 estudios, cuyo costo ronda los 400 pesos cada uno.
A su vez, indicó que la Secretaría de Salud cuenta con la asistencia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que a fines de 2007 determinó que el barrio es un sitio contaminado, luego de analizar todos los estudios científicos realizados allí.
“Para nosotros es de suma importancia que la Justicia haya tomado posición sobre las fumigaciones sobre zonas pobladas y que lo haya tipificado como un delito”, subrayó.
Las claves
Las regulaciones sobre el uso de agroquímicos en Córdoba se remontan a varios años. Varios municipios, como San Francisco, limitaron fumigaciones en sus suburbios desde principios de la década.
En 2004 se sancionó la Ley Provincial de Agroquímicos, que los clasifica según su peligrosidad y prohíbe la aplicación de los usados para soja y maíz dentro de los 500 metros de la zona urbana (aplicación terrestre) y dentro de los 1.500 metros (aplicación aérea).
En 2002 vecinos de barrio Ituzaingó Anexo denunciaron numerosos casos de cáncer, que en 2004 determinaron como 138.
Análisis determinaron la existencia de PCB (sustancia cancerígena) en transformadores de Epec, agua contaminada (con plomo, cromo y arsénico), y plaguicidas en el agua de los tanques domiciliarios.
En 2008 la Justicia imputó a productores que fumigaron la zona.
miércoles, 14 de enero de 2009
Prohíben a productores sojeros fumigar con glifosato por aire y tierra cerca de un barrio
La Justicia prohibió que productores de soja fumigaran en los alrededores del barrio de Ituzaingó, en las afueras de Córdoba capital, luego de que se denunciaran episodios de contaminación.El fallo sienta jurisprudencia.
Un fiscal dijo que utilizar agroquímicos en áreas urbanas viola disposiciones legales y constituye un delito que se pena con hasta diez años de prisión
La Justicia prohibió que productores de soja fumigaran en los alrededores del barrio de Ituzaingó, en las afueras de Córdoba capital, luego de que durante diez años los pobladores denunciaran dramáticos episodios de contaminación, como la existencia de "tres o cuatro casos de cáncer" por familia.
El fiscal de Instrucción de Distrito III, Carlos Matheu, estableció como un delito penal la fumigación, especialmente con glifosato, el principal agrotóxico que utiliza el sector sojero, según se informó.
La decisión judicial fue considerada como un triunfo por las "Madres de Ituzaingó", un grupo que lucha por erradicar la contaminación de ese barrio desde 2001 cuando se dieron cuenta que en el lugar "había muchos cbicos con barbijos y pañuelos".
Mónica Gatica, presidenta de la entidad, expresó este martes en declaraciones a Radio 10, que luego de innumerables reclamos ante los gobiernos municipal, provincial y nacional, y hasta la Organización Mundial de la Salud, se habían hecho varios estudios que determinan que "hay contaminación" y "todos apuntan a los agroquímicos".
El fiscal Matheu advirtió que "fumigar en áreas urbanas viola disposiciones de la Ley Provincial de Agroquímicos y constituye un delito penal de contaminación ambiental, que se pena con hasta diez años de prisión".
La medida podría sentar jurisprudencia en todo el país y apunta a dos componenetes de las fumigaciones: endusolfan y glifosato.
La idea es fumigar a no menos de 500 metros de distancia de tejidos urbanos y a 1.500 en la medida que ese trabajo se lleve a cabo desde el aire.
En Ituzaingó, una "península urbana" que se interna en una gran extensión de soja fumigado por tierra con m quinas o con avionetas, 200 de los cinco mil habitantes sufren casos de cáncer y según Gatica, "muchos chicos llegan a tener hasta 20 tumores en la cabeza".
El fallo emitido el 31 de diciembre pasado, que recién se conoció esta semana, "llega tarde" según las Madres de Ituzaingó, aunque sirve como precedente para "cientos de pueblos que padecen los efectos tóxicos de los agroquímicos sojeros", según sostuvo la presidenta de la entidad.
Gatica recordó que las veces que intentaron reclamar ante los propios productores sojeros las recibieron "con palos" y les recordaron que "con las retenciones le daban de comer al barrio".
Por eso es que solicito la fuente de Radio 10, sería interesante encontrarla para poder colocarla en la página.
Radio 10 como infobae pertenece al Grupo Haddad y digamos que son de una tendencia más "diestra".....
Si alguien tiene el audio y quiere compartirlo deje el enlace en los comentarios o envíelo a:
ppirataargentino#gmail.com
(reemplce # por @)
ppirataargentino#gmail.com
(reemplce # por @)
Me parece que los nombres están mal, buscando encuentro que una de las "Madres de Ituzaingó" es:
María Godoy
Otra es:
Sofía Gatica
Otra es:
Sofía Gatica
lunes, 12 de enero de 2009
El veneno que asoló el barrio de Ituzaingó
Tras diez años de denuncias de los habitantes del barrio Ituzaingó, de Córdoba, rodeado de campos de soja, la Justicia prohibió fumigar con agrotóxicos cerca de zonas urbanas. De cinco mil habitantes, 200 tienen cáncer. Todas las familias tienen un enfermo.
Por Darío Aranda
El barrio Ituzaingó Anexo, en las afueras de Córdoba, es de casas bajas, asfalto gris y chicos que juegan en la calle. Era como muchos otros barrios, pero hace ocho años ganó notoriedad por la gran cantidad de enfermos de cáncer y niños con malformaciones. Sus habitantes miraron alrededor y comenzaron a encontrar causas de tanto mal: al este, norte y sur había campos de soja, sólo separados por la calle, y las fumigaciones con agrotóxicos llegaban hasta las puertas de las viviendas. La organización Madres de Ituzaingó, nacida a medida que las enfermedades se multiplicaban, relevó los casos y denunció a empresarios sojeros y a la dirigencia política, por complicidad. Las llamaban “las locas”, pero se convirtieron en pioneras en denunciar la contaminación del modelo agrario. A casi una década de las primeras denuncias, la Justicia cordobesa –por primera vez– acaba de prohibir a productores de soja que fumiguen en cercanías del barrio, lo establece como un delito penal y apunta contra el glifosato, el agrotóxico pilar de la industria sojera.
“Fumigar en áreas urbanas viola disposiciones de la Ley Provincial de Agroquímicos y constituye un delito penal de contaminación ambiental, que se pena con hasta diez años de prisión”, explicó el fiscal de Instrucción del Distrito III, Carlos Matheu, que determinó la figura penal de “contaminación dolosa del medio ambiente de manera peligrosa para la salud”. La medida, que podría sentar precedente para decenas de denuncias de todo el país, impide utilizar agrotóxicos a menos de 500 metros de zonas urbanas y, si las fumigaciones son aéreas, la distancia mínima deberá ser de 1500 metros. El fallo focaliza en dos agroquímicos: endosulfán y glifosato.
El endosulfán es un fuerte insecticida utilizado para el control de plagas en algodón, tabaco, sorgo y soja, entre otros. Entre sus principales comercializadoras se encuentra la empresa Agrosoluciones, unidad dedicada al agro de la multinacional química Dupont. Las compañías agroquímicas no mencionan sus efectos sobre la salud, a pesar de que la Red de Acción sobre Plaguicidas (PAN) –integrada por 600 organizaciones de 90 países– afirma que “los efectos del endosulfán incluyen deformidades congénitas, desórdenes hormonales, parálisis cerebral, epilepsia, cáncer y problemas de la piel, vista, oído y vías respiratorias”.
El glifosato es el agrotóxico más conocido de la Argentina. Se comercializa bajo del nombre de Roundup, de la multinacional Monsanto, líder internacional en agrotóxicos y blanco de las denuncias por contaminación ambiental y perjuicio sobre la salud. Las grandes empresas sojeras reconocen la utilización, como mínimo, de diez litros de Roundup por hectárea. En la campaña 2007-2008, el monocultivo de soja abarcó en la Argentina 17 millones de hectáreas y los campos argentinos fueron rociados, en un solo año, con 170 millones de litros del cuestionado herbicida. Se aplica en forma líquida sobre las malezas, que absorben el veneno y mueren en pocos días. Lo único que crece en la tierra rociada es soja transgénica, modificada en laboratorios. La publicidad de Monsanto clasifica al Roundup como inofensivo para al hombre.
En el barrio Ituzaingó Anexo viven cinco mil personas, 200 de ellas padecen cáncer. “Hay casos de jóvenes de 18 a 25 años con tumores en la cabeza. Chicos de 22 y 23 años que ya han muerto. Hay más de trece casos de leucemia en niños y jóvenes”, describen las Madres de Ituzaingó. “En todas las cuadras hay mujeres con pañuelos en la cabeza, por la quimioterapia, y niños con barbijo, por la leucemia”, lamenta Sofía Gatica, con veinte años en el lugar y referente de la organización, que padeció la muerte de un bebé recién nacido (con una extraña malformación de riñón) y, en la actualidad, su hija de 14 años está en pleno tratamiento de desintoxicación (estudios municipales confirmaron que convive con dos plaguicidas en la sangre).
El subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, Medardo Avila Vázquez, fue el impulsor de la medida cautelar en febrero de 2008. “Cuando vimos los aviones fumigando arriba de las casas, hicimos la denuncia por envenenamiento”, explicó. El fiscal Matheu ordenó estudios en los patios de las viviendas y confirmó la presencia de endosulfán y glifosato. También allanó galpones de chacareros, encontró tambores con los agrotóxicos y (además de poner un límite a las fumigaciones) procesó a los productores sojeros, al dueño del avión fumigador y al aviador. “Es un hecho inédito en Córdoba. Hace diez años que ONG y vecinos denuncian intoxicaciones por la soja, y es la primera vez que la Justicia les da la razón, que se privilegia el derecho a la salud y la vida por sobre el derecho a realizar negocios”, celebró el funcionario.
Un relevamiento de la organización Grupo de Reflexión Rural (GRR), que impulsa una campaña para detener las fumigaciones con agrotóxicos, censó diez pueblos con denuncias sobre contaminación. Uno de los casos testigo fue el barrio Ituzaingó Anexo, donde confirmó alergias respiratorias y de piel, enfermedades neurológicas, casos de malformaciones, espina bífida, malformaciones de riñón en fetos y embarazadas y problemas de osteogénesis.
En marzo de 2006, la Dirección de Ambiente municipal analizó la sangre de 30 chicos del barrio: en 23 había presencia de pesticidas. “En todas las familias hay algún enfermo de cáncer, de todo tipo, pero sobre todo de mamas, estómago o garganta. Cada vez que rocían se seca la garganta, arde la nariz y muchos chicos quedan con los ojos blancos, viven a Decadrón”, relató Sofía Gatica y se largó con una lista de consecuencias: bebés sin dedos, con órganos cambiados, sin maxilares y cambios hormonales. “En mi cuadra hay una sola familia sin enfermos. Y están buscando mudarse porque saben que puede caer alguno”, lamentó.
La Organización Panamericana de la Salud (PS) también llegó hasta el barrio Ituzaingó, convocada por la Municipalidad y preocupada por la gravedad del caso. En agosto de 2007 comenzó a analizar los relevamientos existentes, realizó entrevistas y confirmó las denuncias. “Se concluye que el barrio Ituzaingó Anexo puede considerarse como un sitio contaminado. Los contaminantes de mayor importancia son los plaguicidas y el arsénico, fundamentalmente en suelo. La presencia de plaguicidas en tanques de agua posiblemente refleje la intervención de la vía suelo-aire.” Entre las imprescindibles acciones recomienda “incrementar el control sobre fumigaciones clandestinas a distancias menores a las permitidas por ley”.
Las Madres de Ituzaingó reconocen que el fallo judicial (realizado el 30 de diciembre último, pero difundido recién esta semana) llegó “cuando ya todo el barrio está envenenado”, pero se entusiasman al pensar que puede sentar precedente: “Son cientos los pueblos que padecen los efectos tóxicos de los agroquímicos sojeros. Es hora de que la Justicia comience a actuar”.
A los amigos peruanos que les quieren vender los transgénicos, sería bueno que lean la noticia!!!
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