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jueves, 3 de febrero de 2011

Hábeas Corpus o lo que pasa con el lobby de la iglesia...

Si quieren verlo en Youtube.

Si no se leen los subtítulos presionen en donde dice CC en rojo, al centro un poco a la derecha .


Si quieren pueden descargar el documental si usan Firefox agregándole el complemento "Download Helper".

Si quieren descargar los subtítulos.


El documental acompaña el sufrimiento de Tatielle, una joven mujer de Morrinhos, interior de Goiás. Embarazada de 5 meses de un feto que no sobreviverá al parto, un hábeas corpus presentado por un cura que ni siquiera la conocia impidió a Tatielle interrumpir la gestación. Ya sintiendo los dolores de parto, Tatielle fue dada de alta del hospital en donde estaba internada en Goiania. De vuelta a Morrinhos, Tatielle agonizó cinco días lo dolores de un parto prohibido por la Religión y por la Justicia.

Fuente Doc Verdade.

Uno ve el documental y en todo momento se preguntan cómo, cómo se enteró ese cura del permiso para hacerse un aborto legal?....

Y, entonces, no queda más por recordar otras entradas de este blog:




De Página 12 del 4 de Febrero.

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Además de poner un pie en la ONU y tener una representación en otros organismos internacionales, la alianza de legisladores y mandatarios ultraconservadores se propone extender sus tentáculos a todos los países de América latina y Europa y ampliar su presencia en cada territorio con la creación de nuevas organizaciones “anti derechos” en cada nación. Así lo explicitó ayer quien asumirá hoy como nuevo presidente del movimiento, el joven diputado español del Partido Popular Angel Pintado. Sucederá a Negre de Alonso, presidenta de esta alianza desde 2007, cuando fue fundada en Santiago de Chile. Entre otros principios, los cruzados se comprometen a “rechazar todo proyecto de ley que acepte o suponga cualquier tipo de práctica abortiva, eugenésica, eutanásica, de encarnizamiento terapéutico, mutilante, clinizante o que manipule la vida humana, cualquiera sean los medios utilizados par ello u objetivos que pretendan justificarlos”. Es decir, ni siquiera aceptan el aborto terapéutico cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer. También se oponen al matrimonio igualitario. En su discurso, en el que repasó las acciones del grupo en distintos países, Negre de Alonso hizo un llamado a los jóvenes para que se involucren en esta cruzada. “Necesitamos gente que no tenga vergüenza de decir: ‘Queremos un papá y queremos una mamá’”, apuntó. Con un lenguaje bélico, Pintado señaló que “nuestros enemigos” son la ONU, la OEA, el Parlamento y la Comisión Europea y el Consejo de Europa. Pero sugirió que “tenemos que verlos como enfermos al que hay que extirparles el cáncer”. Pintado dijo que los grandes adversarios de este movimiento son “el control de la natalidad, a través de la anticoncepción y el aborto, el cambio de la concepción familiar y los programas (de educación sexual) para socavar la autoridad de los padres”.

La senadora puntana, representante de la fuerza de los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá, pasará a ser presidenta honoraria. Alberto, el gobernador de San Luis, está anunciado como orador en la agenda de la segunda y última jornada, que tendrá lugar hoy. Antes que él, el diputado español José Eugenio Azpiroz y el ex ministro de Salud de Perú Luis Solari de la Fuente, disertarán en un panel titulado “La Familia y la vida en la ideología de género”, que será coordinado por la diputada Hotton. Otros paneles estarán moderados por los diputados macrista Julián Obiglio, la puntana Ivana Bianchi, y Daniel Tomas, del Partido Justicialista. Están previstas, además, exposiciones de legisladores de México, El Salvador, Paraguay, España, que darán cuenta de la situación de sus respectivos países, y del congresista estadounidense del Partido Republicano Chris Smith, que hablará sobre “Derechos humanos y dignidad de las personas”.


Las consecuencias de lo que esta gente promueve...



sábado, 24 de abril de 2010

Nace un megaproblema para la megaminería


Fuente Dario Aranda-Página 12.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Jujuy, máximo órgano judicial de la provincia, emitió un fallo que sienta precedente en los cuestionamientos sobre la minería a gran escala. Hace hincapié en el principio precautorio –ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable es necesario tomar medidas protectoras– e invierte la carga de la prueba: las poblaciones cercanas a los yacimientos no deberán probar los perjuicios sino que el gobierno y las empresas tienen que aportar pruebas ciertas de que la actividad extractiva no afecta ni afectará el medio ambiente. “La sentencia cambió el paradigma jurídico al introducir el derecho ambiental en la actividad minera”, afirmó Alicia Chalabe, abogada patrocinante, y explicó que “existen muchísimas causas en las provincias por la acción negativa de la megaminería, pero siempre los juzgados interponen el Código Minero y no dan cabida al derecho ambiental. El Superior Tribunal de Jujuy, en sus fundamentos, es totalmente innovador y pionero”. La medida responde a una apelación de vecinos de Tilcara, que habían presentado un recurso de amparo para frenar el avance de una empresa minera en la Quebrada de Humahuaca. El Tribunal Contencioso Administrativo había rechazado el pedido de los autoconvocados, pero ahora el máximo tribunal de Jujuy cuestionó duramente a los jueces de primera instancia, les ordenó que revean el caso y los instó a “ajustarse a derecho” (tener en cuenta las leyes y jurisprudencia vigente).

“Hasta tanto se demuestre (...) que no existe la posibilidad o el peligro cierto de que las tareas que se realicen en la zona produzcan contaminación o conlleven daño ambiental, es deber de los jueces (...) proveer de inmediato al resguardo y hacer efectiva la tutela judicial o protección de los intereses colectivos, tratándose de un derecho humano fundamental, tanto de quienes allí habitan como de todos los habitantes, a un medio ambiente sano y sin contaminación, efectuando lo que fuera menester para evitarla”, afirma el Superior Tribunal de la provincia.

“Hace ya mucho tiempo se expresó que el principio de precaución en materia ambiental plantea que la incertidumbre científica no debe ser excusa para la adopción de medidas que tiendan a evitar la posibilidad cierta de la recurrencia de un daño ambiental grave ni para convalidar las acciones u omisiones humanas potencialmente dañosas”, remarca el máximo tribunal provincial y afirma que “es deber de todos coincidir en que esos daños (al medio ambiente) se prevengan, ya que una vez producidos resultan en la práctica de una casi imposible reparación”.

Vecinos de Tilcara realizaron marchas, encuentros, talleres y campañas de información sobre lo que implica la actividad minera a gran escala. En agosto de 2008, ocho vecinos sumaron otra acción: presentaron un recurso de amparo. Exigían que el Estado provincial no otorgara más permisos de cateos, exploración y explotación minera a cielo abierto, pedían la prohibición de utilización de sustancias químicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otras, y solicitaron que se cancelaran los permisos concedidos en la Quebrada de Humahuaca. Apuntaban directamente a los permisos de cateos y exploración otorgados a la empresa Uranios del Sur, que abarcaba una superficie de 14.100 hectáreas en la zona de los “amarillos”, perteneciente a las comunidades indígenas Yacoraite y El Angosto de Yacoraite, departamento de Tilcara.

miércoles, 14 de mayo de 2008

“Una ceguera colectiva”

Influencias de una industria poderosa


Por Darío Aranda



Investigadores independientes, organizaciones sociales, poblaciones afectadas y comunidades campesinas e indígenas coinciden en el mismo reclamo: la urgente realización de estudios sobre los agrotóxicos y sus efectos a corto, mediano y largo plazo. “Las corporaciones como Syngenta o Cargill, por citar sólo dos, cuentan con poder económico y lobby político suficiente para dificultar cualquier investigación que pudiera mostrar lo nefasto de este modelo agropecuario”, denuncia el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Jorge Kaczewer, médico de la UBA especializado en ecotoxicología y compilador de investigaciones sobre el monocultivo de soja, completa: “Las empresas como Monsanto, Novartis y Bayer impulsan la supresión del disenso, con una influencia que parece generar en los científicos una ceguera selectiva que los hace ignorar o malinterpretar la evidencia científica”.


Con un mercado concentrado (sólo diez compañías controlan el 57 por ciento del mercado mundial de semillas) y una facturación sideral, la industria transgénica es denunciada por su poder de incidencia con quienes deben controlarla. Hasta la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos es acusada de haber cedido a sus presiones. En agosto de 2006, líderes sindicales de la EPA acusaron a las autoridades del organismo de ceder ante la presión política y permitir el uso de agrotóxicos perjudiciales. “Se corren graves riesgos en fetos, embarazadas, niños y ancianos”, denunciaban. La EPA había omitido estudios científicos que contradecían los patrocinados por la industria de los pesticidas. “La dirección de la EPA prioriza la industria de la agricultura y los pesticidas antes que nuestra responsabilidad para proteger la salud de nuestros ciudadanos”, finalizaba el comunicado.

“El Programa de Pesticidas de la EPA constituye un verdadero grupo de tareas del ‘lobby pesticida’”, asegura Kaczewer. Entre sus pruebas, exhibe un estudio del Grupo de Trabajo Ambiental de Estados Unidos, que investigó el origen de los ingresos de los evaluadores de mayor rango en la EPA y constató que, desde que comenzó el Programa de Pesticidas de ese organismo gubernamental, dos tercios de ellos recibían parte de su sueldo de entidades de la industria agroquímica.


“Existe un complejo sistema destinado a impedir la publicación de hallazgos adversos. Gigantescas empresas imponen el tipo de ciencia e investigación científica que se debe hacer. No es casualidad la ausencia de estudios toxicológicos a largo plazo ni bioensayos en aguas y suelos”, denuncia Kaczewer y cita como ejemplos locales la influencia, a través de subsidios, sobre las universidades. “Las corporaciones están comprando departamentos enteros de universidades públicas, no sólo en la parte agronómica, sino en la parte biológica, en la parte médica. Los gerentes de las multinacionales compraron firmas de científicos y la literatura del complejo de la soja está infectada de papers ridículos.”

La influencia de los agronegocios también avanzó sobre otros ámbitos. En 2003, campesinos formoseños del poblado Colonia Loma Senés denunciaron las fumigaciones con glifosato en la zona. Exhibieron sus plantaciones arruinadas, mostraron certificados médicos que confirmaban síntomas de envenenamiento y fotografías de sus animales muertos. En una inusual medida, la jueza Silvia Sevilla ordenó el cese inmediato de las fumigaciones con Roundup (nombre comercial del producto). Sentó precedente, fue la primera vez que se dictó una medida de ese tipo. Desde entonces, fue declarada enemiga de las empresas de monocultivos y comenzó un proceso de hostigamiento por parte de pares, superiores y el poder político. En diciembre de 2007 fue echada de su cargo bajo las acusaciones de “mal desempeño en el cargo”.


“Nunca me perdonaron que frenara las fumigaciones. Había ministros del gobierno involucrados, me presionaron jueces para que diera marcha atrás. Y el juicio de mi destitución fue un circo romano. La vida se me está haciendo cada vez más complicada. Me cuesta muchísimo trabajar en la profesión, los juzgados me hacen la vida imposible y debo presentar más recursos que otros abogados por los disparates que resuelven en mis causas”, afirmó Silvia Sevilla. La abogada de los campesinos denunciantes, Roxana Silva, fue categórica: “La echaron por cumplir con su deber. Todos sus fallos se ajustaron a derechos y aquí eso es un pecado. Nadie se puede meter contra el poder político y los empresarios sojeros”.

En Formosa continúan utilizando glifosato. Ningún otro juez prohibió las fumigaciones.



Trailer de la película Ensayo sobre la ceguera.



Pero en este caso la ceguera es mucho más grave.