Si quiere saber más sobre lo que pasó con Luciano Arruga.De Página 12:
En diálogo con este diario afirmó que los testigos clave del caso están amenazados y que los policías implicados están libres, sin imputación. Y describió cómo transformó el dolor en acción, la solidaridad que recibe, el trabajo barrial que armaron en la casa donde vivía Arruga para proteger a los pibes de la policía y las permanentes amenazas a su entorno
"
–En el segundo aniversario de su desaparición, el caso de su hermano parece haberse transformado en un símbolo.
–Hay una problemática, un chico de un barrio pobre muere víctima del gatillo fácil, no es algo aislado, un policía loco, una manzana podrida. Nos acercamos a quienes también sufrieron desidia social, política y judicial, lo que nos ubica como grupo social. Somos personas pobres que tenemos que pelearla todos los días, y vamos perdiendo a nuestros familiares de las formas más violentas. Nos unimos desde el dolor para transformar eso en esperanza y seguir luchando. La actividad del 29 (recitales y actos en Lomas del Mirador) fue un espacio donde diferentes expresiones artísticas denunciaron lo mismo que nosotros, con referentes de derechos humanos, de partidos de izquierda, de familiares. Cuando no hay respuesta del poder político o judicial tenés que ganar la calle.
–¿Qué los une?
–Somos víctimas de la represión policial e institucional. Hoy la imagen de Luciano está en muchos lugares de denuncia y de lucha. El caso de Luciano tiene el agravante de que se trata de una desaparición forzada, pero lo que le pasó a mi hermano les pasa a un montón de jóvenes pobres de la villa, discriminados y criminalizados por dónde viven, cómo visten y su color de piel, que terminan siendo víctimas de la violencia policial. Con Luciano la policía perfeccionó su método: mató dentro de una comisaría a un chico de 16 años a los golpes y ocultó su cuerpo. Y la Justicia ampara esto, la causa estuvo paralizada los primeros 45 días, se perdieron pruebas que quizá nos hubieran permitido encontrar su cuerpo.
–¿En la causa no hay ningún resultado?
–No logramos que sean procesados los ocho policías implicados, siguen en funciones y están como testigos en la causa, que aún sigue caratulada como averiguación de paradero. Es grosero lo que ocurre, la Justicia busca apagarte, que no tengas fuerzas. Y esto sólo va a cambiar con la movilización. La sociedad sólo mira y los familiares quedan desamparados, enfermos y tristes peleando contra algo enorme como el aparato judicial."
Y el domingo en el mismo diario Horacio Verbitsky escribe:
"La sociedad reclama con toda razón el esclarecimiento y castigo de crímenes horrendos como el de Esquivel. La policía y el gobierno de Buenos Aires responden con la vieja táctica de capturar al boleo al primer infeliz que ya tiene en remojo, con lo que se convierten en parte del problema, y no de su solución. Franco había sido detenido al menos dos veces previas, en ocasión de robos con armas, y la kioskera que le vendió el chip dijo que lo vio “dado vuelta”, que es la expresión coloquial para el uso de sustancias estupefacientes. Tanto esto como las amenazas a la abuela coinciden con una pauta siniestra en las relaciones de la policía bonaerense con los pibes de los barrios pobres, como han denunciado el juez Luis Arias y el ex ministro Carlos Stornelli. Mañana se cumplirán dos años de la desaparición forzada de Luciano Arruga, un adolescente que fue detenido y golpeado en el destacamento policial de Lomas del Mirador, acusado por el robo de celulares. Desde entonces, varios policías y un civil vinculado con el destacamento le exigían que robara para ellos y lo amenazaban si no lo hacía. También en ese caso, a la ilegalidad de la fuerza encargada de la seguridad se sumaron la complacencia del sistema judicial y el encubrimiento político: una fiscal delegó la investigación en la propia policía, hasta que fue relevada; la Procuración General designó tres instructores que desviaron la investigación hacia la familia de la víctima, y el ministro de Justicia y Seguridad, alcaide mayor Ricardo Casal presionó para el despido de periodistas que lo entrevistaron sobre el caso en la Radio Provincia, donde se prohibió cualquier mención al caso. En el curso de la investigación, se comprobó todo tipo de irregularidades:
- El Destacamento no está habilitado para alojar detenidos, pero los encierra igual.
- La noche de la desaparición de Luciano, uno de sus móviles no emitió registros de posicionamiento al sistema de localización vehicular y otro estuvo dos horas detenido en un predio descampado fuera de su cuadrícula,
- Todos los libros del Destacamento (de detenidos, de contraventores, de guardia, registro de los policías y de los procedimientos) muestran adulteraciones.
- El jefe del Destacamento no trabajó esa noche, pero su firma aparece en un acta a la madrugada.
- El Ministerio Público no investigó ninguno de los posibles delitos cometidos por la policía (falso testimonio, encubrimientos, supresiones y adulteraciones de instrumentos públicos, amenazas, lesiones, otras privaciones de libertad, incumplimiento de deberes de funcionario público)."
De otro párrafo:
" Ningún adulto podría ser condenado en juicio con la orfandad probatoria que hoy alcanza para que un pibe pase años encerrado en un instituto que no se llama cárcel o, si como Franco tiene la suerte de que le toque un juez algo menos retrógrado, lo confinen dopado en una comunidad terapéutica. Esas condenas de hecho que hoy se les imponen, superan los 3 o 5 años de máxima que, según los casos, fijaría la nueva ley. La baja de la edad de imputabilidad no criminalizaría la pobreza: sólo pondría límites legales a la arbitrariedad absoluta que hoy convierte a los pibes pobres en rehenes de las redes de ilegalidad y mano de obra baratísima para el delito. Hay otras cuestiones de fondo, que la demagogia punitivista siempre elude: las causas sociales de los delitos, la existencia de bandas de mayores (incluidos policías) que usan a los pibes para robar autos que luego se desguazan en los desarmaderos o se venden enteros en el exterior. De otro modo, seguirá habiendo robos cometidos por chicos que terminan en asesinatos, con armas que a veces les provee la propia policía. La reforma realizada en la provincia de Buenos Aires sólo aguzó la mirada penal, mientras el sistema de protección cuenta cada vez con menos recursos. Tampoco se justifica idealizar la situación que sobrevendría si los chicos contaran con las mismas garantías que los grandes. Al fin y al cabo, entre siete y ocho de cada diez adultos privados de su libertad en la provincia de Buenos Aires no han sido condenados y la estadística oficial indica que un tercio de ellos serán declarados inocentes cuando llegue el día del juicio. En suma, de 6.000 a 7.000 inocentes, y sus respectivos núcleos familiares, juntando odio dentro de las cárceles más violentas del país."
