Fuente Globo.com
Bloque 2
Los terribles acontecimientos de Bariloche son conocidos por el lector de este diario; se los reseñará velozmente para encuadrar el tema. Darío Bonnefoi, un adolescente, fue asesinado por la policía local en un episodio de gatillo fácil. Las protestas de los pobladores de la zona humilde donde moraba la víctima fueron ferozmente reprimidas, resultando asesinados Nicolás Carrasco (otro menor de edad) y Sergio Cárdenas.
Un juez garantista y respetable, Martín Lozada, comenzó la instrucción y fue desplazado prestamente de ella por una Cámara que tiene espantosos pergaminos, entre ellos la victimización judicial de una mujer que había realizado un aborto permitido. Otro magistrado, Miguel Gaimaro Pozzi, recibió el encargo y le tomó indagatoria al cabo Sergio Colombil, quien disparó contra Bonnefoi. Colombil declaró que se le cayó la cartuchera, que se le escapó un tiro. Ya se sabe qué tremenda puntería tienen las balas perdidas en la narrativa policial.
El gobernador de Río Negro, Miguel Saiz, se manejó como si lo fuera de Arkansas. Mantuvo distancia física e institucional por demasiados días, recién el jueves pasado consideró interesante costearse hasta Bariloche. Concedió una penosa conferencia de prensa que incluyó patoteadas a los asistentes que no le agradaban y agresión física a la cronista de Clarín Candelaria Schamun, entre otros.
Muchos vecinos de Bariloche defendieron el accionar policial y protagonizaron marchas de adhesión, acompañadas por patrulleros que desfilaban en triunfo.
Hasta ahí, en orden de aparición y de responsabilidad, los principales y directos culpables de sucesivas violaciones de derechos humanos: la Policía, el Ejecutivo y una facción dominante de los tribunales provinciales, ciudadanos que se movilizan en defensa de lo indefendible.
Observadores mucho más calificados que el autor de esta columna describen un cuadro social que no es único en el país pero que, a su ver, cobra relieves muy marcados. Se trata de una grieta social, expresada geográficamente entre el Alto y el Bajo, las zonas que dividen en clases a una ciudad que siempre fue hermosa y que en los últimos años prosperó enormemente al calor del turismo y la resurrección de industrias regionales. La politóloga María Esperanza Casullo, bloguera y patagónica ella, hizo una notable semblanza en una columna publicada el 23 de junio en Página/12.
Los crímenes tienen, pues, su especificidad penal y geográfica. Y sus responsables centrales ya señalados: la fuerza de seguridad, el Ejecutivo y el Poder Judicial rionegrinos.
Esto subrayado, el cronista desea sugerir que, tal como sugiere un vistazo al mapa nacional, Río Negro no es una isla. Y que los acontecimientos distan de ser una flor exótica. Y, además, que son un desafío y un problema nacional. Veamos.
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El nudo gordiano previo y ulterior a los hechos no es novedoso ni data de este siglo. Se remonta a décadas y sigue irresuelto. Hablamos de la decisión, extendida en casi todas las provincias, de resignar el control y la autoridad políticos sobre la policía. En estos años, son flagrantes los ejemplos de Mendoza y Buenos Aires, denunciados reiteradamente por organismos de derechos humanos.
Buenos Aires conoció un intento denodado e inconcluso de revertir la tendencia, cuando se confió a León Arslanian la cartera de Seguridad. Luego se produjo una regresión autoritaria, largamente denunciada en este medio. La idea de dejar a la Policía su autogobierno, con la peregrina fantasía de pactar una suerte de gobernabilidad del delito, ordena la gestión del gobernador Daniel Scioli. El mendocino Celso Jaque también recae en ese vicio.
Saiz es un radical K, Jaque y Scioli revistan en el Frente para la Victoria. La pésima praxis no es monopolio de esa coalición política, muy visible porque comanda más territorios. Sin ir más lejos, la impunidad de la policía brava de Mendoza ha sido una constante que atravesó a sucesivos gobiernos peronistas y radicales, en una provincia caracterizada por una inusual alternancia bipartidista.
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Otro ejemplo, poco conocido en la cabeza de Goliat, incumbe a un gobierno peronista federal. Es el secuestro y desaparición de Iván Eladio Torres, ciudadano chileno radicado en Chubut. Torres fue detenido por tres policías en octubre de 2003, cuando contaba 26 años. Desde entonces está desaparecido. Un testigo que fue detenido junto a él, Dante Camaño, fue asesinado en 2005. La misma infausta suerte le cupo a David Alberto Hayes, quien estaba preso en la cárcel a la que fue a parar Torres y presenció cómo fue golpeado hasta desmayarse. Hayes fue asesinado en la alcaidía donde estaba detenido en enero de 2005.
El caso está indescifrado, la desaparición subsiste, hay denuncias de familiares de Torres de haber sido detenidos y amenazados. Una de sus hermanas, Tamara Bolívar, denunció haber sido violada por personal policial chubutense.
La madre de Torres, María Millacura Llaipén, se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos. Esta exigió al gobierno argentino que tomara todas las medidas necesarias para proteger la integridad física de los demandantes y los testigos del caso. El trámite pasará como demanda a la Corte Interamericana de Derechos humanos. Parte del procedimiento es reservado, por lo que no es posible informar con certeza si ya se presentó la demanda, pero hay datos extraoficiales que indican que es así.
Si el trámite avanza y, como lo indican varios precedentes, prospera habrá una condena contra el Estado argentino, no contra la provincia gobernada contingentemente por el peronista federal Mario Das Neves. Se trae a colación el ejemplo para señalar las responsabilidades indelegables del Estado nacional en el derecho internacional vigente.
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El caso Torres enseña también que las más divulgadas desapariciones de Julio Jorge López (que seguramente tiene otros autores materiales) y la de Luciano Arruga en Lomas del Mirador son la parte visible de un iceberg.
No nacen de gajo, ni del azar. Suceden en un contorno de múltiples y crecientes falencias del sistema de seguridad y la Justicia penal. Presos sin condena que se hacinan en cárceles hediondas, sujetos a malos tratos y apremios. Brutalidad policial en todos los distritos. Detenciones sin orden judicial, inclusive de menores. Pésimas condiciones de los institutos de menores. La nómina no es exhaustiva y forma parte de las severas observaciones del Informe presentado por el Comité de derechos humanos de las Naciones Unidas, hace poco más de un mes. Bien mirado, el informe no trasunta “apenas” la persistencia de un problema crónico, sino retrocesos respecto de standards alcanzados durante los propios gobiernos kirchneristas. Seguramente incide, por su población e importancia, el desmadre de la provincia de Buenos Aires a partir de 2007.
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Ninguna provincia está exenta, ni siquiera la Ciudad Autónoma, donde la Policía Metropolitana hace su bautismo de fuego a puro palo y violencia.
Contra lo que reza cierta leyenda, que tiene cultores en el gobierno nacional, la Policía Federal no es un contraejemplo. Penden sobre ella, entre otras, enormes sospechas por la muerte del pibe Rubén Carballo, quien se dirigía a un recital en Vélez. La Federal aduce “muerte dudosa” y así se caratula el respectivo expediente. La familia y testigos directos hablan, más verosímilmente, de brutalidad policial seguida de homicidio. Testigos presenciales y filmaciones difundidas por tevé comprueban que ese día la Federal golpeó a mansalva a muchos asistentes, jóvenes, cual es su predilección.
Las pericias dictaminan que Carballo, que atravesó una larga agonía, tuvo un hundimiento de cráneo compatible con golpes producidos con un objeto romo, como un bastón policial.
El fiscal de la causa cavila porque las lesiones también podrían ser compatibles con una caída desde una pared, tal la versión policial. Esas teorías chocan contra la estadística y el costumbrismo: en estas pampas, suelen ser falsas y autoexculpatorias. El expediente avanza a tranco lento. No se han producido sanciones o desplazamientos de los policías que intervinieron en el operativo, que derivó (en el mejor de los casos) en una golpiza colectiva de aquéllas. La responsabilidad penal es lenta y supeditada a la presunción de inocencia. En las responsabilidades políticas o de gestión, la carga de la prueba debe matizarse, cuando no invertirse.
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En todas partes se cuecen habas, pues, y de eso se trata. La tragedia acecha, tragedia en estado puro, porque se trata de desenlaces previsibles por estar predeterminados o (por la parte baja) facilitados.
Enunciado –a sobrevuelo– el contexto, volvamos a Bariloche. La empiria comprueba que la policía se desmadra si se la autonomiza del poder político. Y que una vez producidos los crímenes, estos suelen quedar impunes si los poderes políticos no toman las riendas. El ejemplo de Torres alerta acerca de una obviedad: el Estado argentino es el responsable primero de la vida de los habitantes del país y de la vigencia de los derechos humanos. Ningún gobierno que cumpla su deber puede desligarse de ese deber para evitar “costos políticos”.
Saiz es un radical K, que podría volver al redil de la UCR en tiempos cercanos. Esa condición de bisagra es una fortaleza, en el actual escenario: el oficialismo lo preserva o al menos no lo pone en entredicho. Los radicales no pondrán en la picota a un correligionario que cualquier día puede ser el hijo pródigo. Los peronistas federales, ya se dijo, están también limitados para mover ese avispero.
Las reacciones de “la gente” de Bariloche, sus clases medias o altas, también influirán en la pasividad por su potencial comportamiento electoral.
Un supuesto federalismo, mal entendido, es otra pieza del afrentoso rompecabezas. Llama la atención que apele a él el actual Ejecutivo, genéticamente intervencionista. Ministros y secretarios de todo pelaje, siempre dispuestos a debatir una frondosa agenda nacional o provincial, han mantenido un sonoro silencio sobre Bariloche. Ese silencio, en la práctica, amuralla y protege a los taitas locales, la policía y los jueces que la apañan. La Secretaría de Derechos Humanos debería rever su pasividad y silencio de estas semanas. Muchas acciones pueden imaginarse, aunque más no fuera ponerles el cuerpo a los familiares de las víctimas y “hacer número” ahí donde la puja es dispar y brutal. El gobierno, Poder Judicial y los uniformados rionegrinos juegan de local contra sus pobres ciudadanos. Si hubiera marca cuerpo a cuerpo, estarían constreñidos a atenuar su desparpajo, gozarían de menos margen de maniobra. Desde el asesinato de María Soledad Morales en adelante, es consabido que la nacionalización de crímenes cometidos restringe la impunidad local.
El kirchnerismo es hiperactivo en los tribunales, en los medios, en la presencia pública. El bajo (nulo) perfil en Bariloche es una contradicción que no le hace honor.
La inseguridad es una polémica central en el Agora. La atención suele centrarse en los trágicos casos de víctimas de delincuentes, dignas de respeto, empatía y protección. Pero, a más de un cuarto de siglo de reinstauración de la democracia, la mayor inseguridad deriva de violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad. Interpela a la “clase política” a hacerse cargo. En lo inminente, compensar la asimetría que se ve en Bariloche; todavía se está a tiempo. En lo estratégico, avanzar con el Acuerdo por la seguridad democrática, una propuesta transversal, pluripartidaria y bien pensada, sin facilismo ni cortoplacismo.
Fuente Página 12
Nuestros diputados y senadores seguramente no leerán esta nota, a ellos poco les importa lo que pase con las personas a las que meterán presas, a las que las arrojarán a las fieras de las fuerzas de seguridad al endurecer leyes o crear nuevas figuras penales.El fallo de la Corte alertó que no se debe seguir penalizando a los consumidores. Aquí, casos de usuarios presos por unos pocos gramos cuya vida terminó en calvario. El más dramático, el del joven llevado a una comisaría en la que resultó violado.
Por Emilio Ruchansky
Se han cometido y se siguen cometiendo crímenes en nombre de la ley de drogas. Crímenes que tienen como culpable a la policía, aunque no siempre se denuncian, y que comienzan con una requisa ilegal, con una prueba plantada o porque alguien es encontrado con un porro en la calle. Son, en su mayoría, casos en los que se aplica la figura que pena la “tenencia de estupefacientes para consumo personal”, un castigo que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de la Nación el martes pasado. Como señaló una investigación de la asociación Intercambios y la Universidad de Buenos Aires, el 70 por ciento de los causas de drogas en los últimos veinte años fueron contra consumidores, en su mayoría jóvenes, que llevaban menos de cinco gramos de marihuana o cocaína. Son las víctimas de una norma que por primera vez desde su sanción tiene buenas chances de ser modificada.
Ayer, luego de que se conociera el fallo de la Corte sobre el tema, se divulgó uno de estos crímenes que tiene como protagonista a David, un joven universitario que reclama una indemnización millonaria al Estado por “el delincuente que contrató para cuidar la vida y los bienes de los ciudadanos”, tal como define al policía bonaerense implicado el abogado del joven, José Vega. David fue detenido por un patrullero mientras manejaba y luego de requisarlo ilegalmente le secuestraron un porro. El hecho ocurrió en San Isidro hace cinco años, él tenía 18, y no se lo llevaron preso. Le dijeron que tenía una causa por tenencia, que lo iban a citar.
“Esa citación nunca llegó”, dijo su abogado. “Tres años después, en un operativo de control, piden sus antecedentes y aparece un pedido de captura por rebeldía del Juzgado Federal de San Martín 1 por no haberse presentado. El pensó que se había acabado esa causa”, detalló Vega. Fue el principio del calvario. Ese día, el 3 de febrero de 2007, David fue llevado a la comisaría tercera de Boulogne, partido de San Isidro, y lo dejaron incomunicado en los calabozos.
Según relató David, no bien llegó de la revisión médica de rutina durante la madrugada del día siguiente, un agente le ordenó aguardar en un baño separado de las celdas por una reja. El joven vestía solo ropa interior, pero el lugar estaba aislado de los demás detenidos, a excepción de “El Cabezón”, cuya celda no tenía candado. Era uno de los beneficios de los que gozaba dentro de la comisaría a la que había llegado procesado, luego de pasar por varias unidades penitencias.
El Cabezón le pidió al guardia que fuera a traer hielo y se acercó al David con un palo de escoba con una “faca” en la punta. “¿Así que sos antichorro? Yo soy chorro y vos vas a ser gato mío. Vení, puto, dame las zapatillas, dame las cosas”, dijo Juárez metiendo la faca a través de la reja. Luego lo obligó a darse vuelta y le decía “qué linda cola tenés”, mientras lo manoseaba. Al otro día lo violó, a la vista de uno de los guardias, que supuestamente dormía.
El relato y los diálogos surgen de la sentencia emitida ayer por el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Isidro que condenó al “Cabezón” Juárez a 23 años de prisión “por abuso sexual agravado por acceso carnal y por uso de arma, en concurso con el robo de la ropa”. En el fallo se ordena una nueva investigación contra el guardia que no lo custodió. David no fue la única víctima de violación en la cárcel a partir de una causa por tenencia de drogas. Hubo otros casos, como el de una joven pareja detenida cerca de la cancha de San Lorenzo en el 2000.
Según surge del expediente, dos policías les plantaron cocaína, golpearon salvajemente al hombre y más tarde, en la Comisaría 32ª de Parque Patricios, la mujer fue violada por un oficial en su celda. El uniformado la amenazó diciendo que si hablaba iba a poner un kilo de cocaína en el auto y no volvería a ver ni a su hija ni a su marido. El hecho fue constatado por varias pericias médicas, pero la pareja denunció la golpiza y no la violación, que no pudo ser investigada por tratarse de un delito de instancia privada (es decir, sólo puede hacérselo si la víctima está de acuerdo).
En ambos casos, las víctimas estuvieron poco tiempo encerradas, lo suficiente como para sufrir los abusos mencionados antes de que un juez los liberara, como suele pasar en la mayoría de las causas por tenencia de drogas para consumo. Sin embargo, no todos los jueces actúan de este modo. Es lo que les pasó a Fernando Oscar Rodríguez y a su hijo Fernando Emanuel que salieron en libertad el 27 de mayo del año pasado luego de estar 115 días presos en una alcaidía salteña. Ambos fueron detenidos luego de un allanamiento a la casa paterna. Aunque era evidente que las plantas de cannabis sativa y la piedra de porro prensado que portaba el hijo eran para consumo personal, fueron acusados de traficar marihuana “para fumar, comer y beber”.
El operativo estuvo a cargo de la División Operaciones de Drogas Peligrosas de Salta capital y según el acta se secuestraron tres plantas, tres plantines, dos recipientes con las flores de cannabis y un frasco en el que la marihuana “estaba siendo sometida a una etapa de maceramiento con licor o alcohol”, supuestamente, “para potenciar la droga y beberla”. Fernando tenía además 29 gramos de prensado que pensaba llevar a un viaje por el Iruyá. El padre, un ingeniero y profesor de Física devenido en reparador de electrodomésticos, había permitido que su hijo cultivara para que no les comprara los narcos.
La denuncia fue anónima y la inteligencia policial consistió en sacar fotos del jardín desde la casa de un vecino. Con las imágenes de esas seis plantas consiguieron la orden de allanamiento. El juez denegó la excarcelación porque estaban acusados de tráfico y recién con el cambio de carátula a “tenencia para consumo personal” lograron abandonar la alcaidía, donde conocieron el desamparo de mulas y paqueros. Ambos siguen procesados.
Durante el encierro, Fernando Emanuel Rodríguez, de 23 años, hizo difundir una carta titulada “Desde un pequeño infierno al que temporariamente llamo ‘casa’”. Allí precisaba: “La injusticia que hoy me agarra las pelotas podría haberle pasado a cualquiera. Acá la realidad que se vive, aparte del problema social que recae en ello, es que están volteando a todos los de abajo que tengan o no algo que ver, pero te incriminan igual”.
Esto último puede ser comprobado fácilmente. Página/12 se contactó con una abogada que trabaja en una asociación que defiende a gente en situación de calle. Antes de hablar, la mujer pidió reserva de su identidad así como la de su asociación. “Sacamos muchos chicos pobres de las comisarías, si se publican mis datos puede que se complique la próxima vez que vaya a una comisaría”, explicó. Entre la decena de casos de chicos y chicas demoradas y torturadas por poseer drogas, la abogada recordó el un joven bonaerense de 14 años, que mendigaba en la estación Constitución y tenía su familia en Gerli, partido de Avellaneda.
“Venía de un hogar muy vulnerable, tenía siete hermanos y el papá los había abandonado. Dormía en la calle y a veces volvía a su casa. Lo agarraron una noche, en el 2004. Estaba fumando porro con otros chicos en situación de calle en San Telmo. Se los llevaron a todos a la comisaría cuarta y el chico recibió una paliza. Le pegaron tanto que se los mismos policías tuvieron que llevarlo al hospital”, recordó la abogada. Cuando llegó, los médicos se dieron cuenta de que la situación era grave. Le habían roto parte de los intestinos y tuvieron que operarlo de urgencia.
El chico se salvó y los médicos denunciaron los ocurrido. “No estoy segura de cómo terminó la causa contra la policía, lo que sé es que el chico volvió a la calle y ahora está preso en un pabellón de jóvenes adultos en Ezeiza. Y no por tenencia de drogas”, comentó la fuente. Peor suerte tuvo Germán Medina, un chico de 16 años que llegó a la Justicia por tenencia de marihuana y luego de recorrer varios institutos de menores y comunidades terapéuticas, falleció en febrero de 2007, supuestamente ahorcado, en una celda del Instituto Rocca. Una pericia posterior comprobó que Medina había sido violado en ese instituto.
Entre las demandas por daños y perjuicios como la comentada en el primer caso, el de David, hay una muy peculiar. Es la que tiene como protagonista a Walter Marcelo Anderson, que vive en Florida, partido de Vicente López. En enero de 1994, el protagonista de esta historia residía en la ciudad de Pontevedra, España, y envió a Argentina varios regalos para un amigo íntimo, sus hijos y su esposa.
“En esa oportunidad y sin medir las consecuencias que podría producir en este país, incluí sesenta y ocho gramos de hachís. Debo destacar que lo hice como una broma”, comenta Anderson en la demanda. El envío fue detectado por la Dirección General de Aduanas de la Argentina y conllevó un trámite judicial. El acusado se presentó en la Comisaría de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, y allí supo que había un pedido de captura internacional en su contra. Fue detenido de inmediato y estuvo 45 días encerrado, quedando a disposición del juez Baltasar Garzón.
El magistrado español denegó la extradición, aclarando que el delito cometido había sido en España y no en Argentina. Luego decretó la libertad provisional y dos años más tarde fue sobreseído. Del otro lado del océano no se presentaron recursos, ni quejas, Anderson se creyó definitivamente libre. Ocho años después, en 2004, viajó desde España a Foz de Iguazú, en Brasil. Antes de regresar, cruzó la frontera de Argentina para saludar a algunos familiares y en Migraciones le informaron que su pedido de captura se encontraba vigente.
Lo trasladaron a Buenos Aires, por disposición del juez federal Vidal Durán, y quedó preso en el cárcel de Devoto. “A esta grave situación de detención improcedente, se sumaba otra, que resulta también trascendental considerar para poder determinar mis padecimientos, era y soy enfermo de HIV sida”, aclaró en la demanda. Con la enfermedad a cuestas, sufrió el hacinamiento y las peleas hasta que lo trasladaron a un pabellón para enfermos donde debió dormir en el piso, como el resto.
“No se me administraba medicación alguna”, aseguró Anderson, quien agregó que tampoco dejaron que su familia se la enviara. Luego lo derivaron a Marcos Paz, en medio de una fuerte recaída en su salud. “Transcurridos once meses de detención se me realizó un análisis que determinó que la carga viral y CD4 era preocupante, como consecuencia directa de la falta de tratamiento”, aseguró. Salió vivo de milagro, tras estar casi tres años esperando el juicio. El propio fiscal tuvo que pedirle perdón porque no había nada que juzgar.
El 31 de enero cuando Luciano iba caminando para la casa de su hermana, en Lomas del Mirador, cuando fue llevado por las fuerzas policiales y desde ese día se encuentra desaparecido. El viernes, mismo dia en que en esa localidad se estaba llevando a cabo la marcha reaccionaria en contra de “la insegurida” la familia de Luciano estaba marchando en reclamo de la inseguridad que se vive con la policia.
El hermano de una compañera de sociales: un nuevo desaparecido en democracia.
La ultima vez que se lo vio a Luciano fue el 31 de enero cuando se dirigía a la casa de Vanesa, una compañera de sociales. Desde el instante mismo de su desaparición Vanesa sospecho de la delegación policial del barrio, pues en reiteradas ocasiones, policías de este lugar habían amenazado a su hermano con frases como: negrito de mierda a vos te vamos a cargar, o, vas a terminar con un tiro en el pecho (mientras le apoyaban un arma en esa zona del cuerpo).
Por ello además de presentar la denuncia para que buscaran a Luciano, realizo una campaña con afiches difundiendo su búsqueda, y se presentó en reiteradas oportunidades a la fiscalía aportando datos sobre la línea de investigación que hiciera foco en la delegación.
Sin embargo la causa desde un principio había comenzado a embarrarse: alguien le pidió a la familia unos pocos papeles de cocaína a cambio de Luciano (esto podría ser una lumpen mejicaneada, o una estrategia de la policía para desviar el curso que debiera haber llevado la investigación) , con lo cual se le dio intervención a la DDI , que en poco días reventó el barrio hostigando a los propios amigos de Luciano, y generándoles temor a todos los que supieran algo. Con ello durante el primer mes la causa estuvo prácticamente dormida, y la línea policial nunca se investigó, a pesar que una de las declaraciones obtenidas por la DDI hablaba de que alguien con las características de Luciano habría estado en un patrullero el día de su desaparición.
Finalmente, hace aproximadamente 10 días, un chico del barrio se quebró y le contó a la familia lo que sabía: este chico, se encontró con un compañero del secundario quien le contó que había estado detenido en la delegación junto a Luciano y que ambos había sido reventados a palos. Este chico lo vio a Luciano, aparentemente muerto en la delegación, y por ello se encontraba realmente asustado. Este testimonio fue incorporado a la causa, y en el día de ayer la Fiscalía General le retiro la causa a la primera fiscalía que había actuado.
Algunos datos más reafirman la hipótesis de la responsabilidad policial en la desaparición forzada de Luciano. La primera denuncia por la desaparición de Luciano la realiza su madre y los policías se negaron a darle una copia, cuando Vanesa fue a reclamar esta copia, los policías se demoraron en dársela, y la que le dieron tenía la hora en que ella lo fue a buscar y no la hora en que se había producido la denuncia. Además ese día la familia pudo ver como la delegación estaba siendo limpiada y constataron el fuerte olor a lavandina que había.
Otra cuestión a tener en cuenta es el origen y la funcionalidad que tiene esta nueva delegación. Seguramente muchos de nosotros hemos vistos por televisión el viernes de la semana pasada, las marchas organizadas por la asociación Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador (Valomi), en la cual se repudiaba los crímenes de el florista de Susana Jiménez y del entrenador de Copola. El titular de esta reaccionaria asociación (de apellido Lombardo) se vanagloria de haber conseguido que se instale esta delegación. Pero desde que ésta se instalo, su única funcionalidad es amedrentar y golpear constantemente a los pibes del barrio que no roban para la policía. Pues se sabe que la policía cooptaba pibes a los cuales les liberaban la zona para que robaran para ellos. O sea, algunos vecinos del barrio toman como referente a este neo-fascista y le agradecen estas conquistas, sin darse cuenta de que ellos mismos podrían ser victimas del accionar de esta delegación. Además del rol represivo que ya de por si tiene este lugar hacia los vecinos mas pobres del barrio.
Un dato no menor es que mientras todos podíamos ver por televisión la marcha contra la inseguridad en Lomas del Mirador, en el mismo momento y en el mismo lugar, se estaba produciendo una marcha organizada por los amigos de Luciano, que reclamaba su aparición. Esta marcha, que termino con un fuerte escrache a la delegación, fue ocultada por los medios que estaban presentes (de hecho canal 26 y canal 11 filmaron imágenes del escrache pero no se atrevieron a pasarlas) lo que nos muestra que quienes hoy reclaman “contra la inseguridad” no tienen intención de difundir este reclamo.
NO PODEMOS PERMITIR QUE SIGA HABIENDO DESPARECIDOS
QUEREMOS RESPUESTAS YA ¿DONDE ESTA LUCIANO?
La posibilidad de un hombre que dice “no” es un agravio intolerable para los otros. Cuestiona todo el aparataje que se habían armado para hacer su tarea. Que torturan a “subversivos”, “marxistas”, “ateos”, “enemigos de la patria”, “zurdos del trapo rojo”. Todo eso se cae. De pronto tienen frente a ellos a un tipo que se niega y, negándose, les dice: “Torturamos personas. Como vos, como yo, como nuestros hijos y hermanos y padres”. La furia que esta revelación les produce no tiene límites. No quieren dejar de ser “máquinas de obediencia”. Se entra al Ejército y, al hacerlo, se entra en el mundo de la disciplina. Por eso hay grados: hay generales, coroneles, tenientes, sargentos, cabos y ratas de tropa, ellos, soldados. Es una pirámide. Cada uno obedece a su superior. Cada uno actúa según una orden que recibe. La “orden” busca aliviar la posible “culpa” del que tiene que hundir sus manos en el barro. Del que tiene que hacer la tarea. La tarea es torturar. Es la tarea de “información” y es imprescindible que el Ejército, que la Policía, que el Estado posea las informaciones que necesita. Sólo así sabrá dónde buscar a los enemigos de la Patria. Si se tortura para salvar a la Patria es la Patria, entonces, la que a través de sus hijos pide la tortura de quienes la agreden o de quienes tienen información acerca de ellos. Torturamos para saber. No torturamos porque sí. No somos enfermos, no somos sádicos, somos patriotas.
Imaginemos el escándalo. De pronto, cuatro o cinco locos dicen: “No, no podemos torturar”. El ejemplo que están dando es terrible. No debe expandirse. Si todos se niegan a torturar, se acaba el Poder, muere la “tarea de Inteligencia”, la Patria queda ciega, des-informada, tiene que buscar a tientas a sus enemigos. El “interrogatorio” no puede existir sin la tortura. ¿Qué nos piden que hagamos? ¿Conseguir informaciones sin arrancar uñas? ¿Conseguir verdades sin electricidad? ¿Quebrar enemigos sin negarles alimentos, sin humillarlos, sin arrojarlos a dormir entre ratas voraces, sin tirarlos a piletones con mierda, sin torturar a sus hijos? Nadie dice la verdad si no lo torturan. Pregúntenles hoy a los norteamericanos, a todos los que luchan contra el terrorismo. ¿Cómo se sabe dónde se esconde un terrorista, dónde se está fabricando la bomba que volará mañana un hotel en Chicago, un subterráneo en Madrid, el Big Ben, la Torre Eiffel? Sólo hay un modo: atrapar terroristas, todos los que sea posible atrapar, y torturarlos.
De aquí que sea improbable que la criatura humana deje de torturar. Necesitará para ello crear incesantemente lo que llamaremos “mecanismos de inocencia”, es decir, aquellos que convencen al torturador de que no es él el que tortura. Es un orden jerárquico, es un Estado en lucha contra un enemigo poderoso y esquivo, es la Patria misma, amenazada como nunca. Hay otros “mecanismos de inocencia”. Son los fundamentalismos religiosos. El fundamentalista entrega su libertad al someterse a la fe que el credo le impone. Aquí, es el credo el que funciona. Yo no soy yo, soy eso en lo que creo, eso que me trasciende, que es más que yo. Es la fe en un orden celestial, un orden del más allá, donde espera Dios o donde esperan riquezas, mujeres vírgenes, vida eterna en el regazo de Alá.
Ya Voltaire, de un modo notable, identificó la tortura con la búsqueda de información. La tortura, así entendida, es “interrogatorio”. En su Diccionario filosófico, decía que es “llamada también interrogatorio. Es una extraña manera de interrogar a los hombres (...). Los conquistadores (...) encontraron muy útil para sus intereses; la pusieron en uso cuando sospecharon que había contra ellos algunos malos designios, como, por ejemplo, el de ser libre (Voltaire, Diccionario filosófico, Akal, Madrid, 2007, p. 501). El texto es formidable. El mayor enemigo de los designios del poder es la libertad. Eso que ejercieron estos héroes de la condición humana. Cinco policías que, en Córdoba, bajo el Tercer Cuerpo de Ejército, bajo el matarife Menéndez, se negaron a torturar. Sus nombres son: Luis Alberto Urquiza, José María Argüello, Horacio Samamé, Carlos Cristóbal Arnau Zúñiga y Raúl Ursugasti Matorral. Fueron dados de baja por la Junta Militar. Ahora, 32 años después, fueron premiados por el gobernador de Córdoba y les dieron un subsidio honorífico. Luis Alberto Urquiza dijo: “Nunca pensé que, después de 32 años, pudiera pasar esto”. Nunca –o sólo como una utopía– pensamos nosotros que pudiera pasar lo que el señor Urquiza y sus compañeros hicieron: un acto libre. Una rebelión contra el Poder, una sublevación. Michel Foucault (el más talentoso de los filósofos que sucedieron a Sartre) decía, en medio de sus reflexiones sobre Irán: “El hombre que se rebela es inexplicable”. Lo es, sobre todo, si nos sometemos a los dictámenes de la “filosofía contemporánea”, envilecida en una negación neurótica de la posible libertad del sujeto. La filosofía que se enseña hoy en las academias de todo el mundo occidental es incapaz de entender el acto libre, fundante, de estos cinco simples policías. Es una filosofía institucional, que le cae como anillo al dedo al Poder: el hombre no sólo no existe como concepto de la filosofía, sino que nada puede. ¿La rebelión es inexplicable? Tendremos que ser entonces inexplicables. Como lo fueron Luis Alberto Urquiza y sus compañeros. Si todas las “explicaciones” hacen del hombre un esclavo sometido a condicionamientos feroces (el lenguaje, el inconsciente, la semiología, la etnología, la lingüística, el positivismo lógico, la estructura, el ser heideggeriano, el pensamiento estratégico sin sujeto de Foucault), entonces la tortura es más explicable que la rebelión. Contra esto nos vamos a seguir rebelando siempre, y, para colmo, vamos a tratar de explicarnos. No podemos seguir aceptando (¡y como “contemporáneas”!) filosofías que aniquilen al sujeto, a la libertad, a la rebelión, y justifiquen el sometimiento, la esclavitud, la tortura. No, como claramente dijeron esos cinco canas que –probablemente sin saberlo– hicieron más por la filosofía que montones de profesores satisfechos con sus cátedras, sus congresos y sus papers.
Por Horacio Verbitsky
Scioli fue explícito en su cuestionamiento al proyecto anunciado por la presidente CFK y su ministro de Justicia, Seguridad y Derechos humanos, Aníbal Fernández, de despenalización de la tenencia de sustancias estupefacientes para consumo personal. En un reportaje a un diario platense dijo: “Estoy en contra de la despenalización. No quiero la droga en ninguna de sus formas. Soy muy claro, no puedo quedar bien con todo el mundo. O defiendo a la gente, o defiendo la vida, o defiendo la droga”. El gobierno nacional guardó silencio ante el desplante, pero la respuesta llegó sin demora desde otro poder federal: el ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni en una entrevista con adolescentes realizada en dependencias del Ministerio de Educación dijo que no hay distribución de drogas sin connivencia oficial. También para Zaffaroni el poder punitivo del Estado debe dirigirse a los traficantes y no a los consumidores de sustancias de uso prohibido. Su mención a la “connivencia oficial” apunta en forma apenas disimulada al involucramiento de autoridades de seguridad de la provincia que gobierna Scioli en el tráfico de precursores químicos como la efedrina, que desde aquí se envían a México. Buenos Aires tiene tres grandes puertos, como Bahía Blanca, Mar del Plata y Zárate-Campana, cuyo control compete a su policía. Hace pocos días tres de sus hombres se tomaron a trompadas con efectivos de la Policía Federal en el galpón de San Miguel donde los federales habían montado una paciente operación de inteligencia, que incluyó muchas horas de filmación. Parte del material grabado muestra la llegada al depósito de los tres miembros de la policía de Scioli. Tocaron el timbre, aguardaron a que les abrieran, ingresaron como si los aguardaran y fueron sorprendidos por los federales en pacífica conversación con los ocupantes del local en el que se secuestraron 750 kilogramos de cocaína. Dos de los tres bonaerenses trabajaban en el ministerio de Seguridad y ni la jefatura regional especializada en narcotráfico ni la justicia les había ordenado el procedimiento. El tercero era un retirado que los acompañó. Es difícil no asociar este episodio con las altisonantes palabras del gobernador. Este año la sala I de la Cámara Federal de la Capital declaró inconstitucional el artículo de la ley de estupefacientes que pena la tenencia para consumo personal. Stornelli, que aún no había pedido licencia como fiscal federal para asumir el ministerio de Seguridad, se opuso.
En el mismo reportaje, Scioli dijo que libraba “una lucha a fondo contra la droga” porque “es la raíz del delito, mi enemigo, la contracara de la vida”. Palabras similares usó Celso Jaque. Al presentar en Mendoza su “Acuerdo social por la seguridad” dijo que “los delincuentes son nuestros enemigos” y que él encabezaría el combate. El último libro de Zaffaroni se titula precisamente El derecho penal del enemigo. Allí sostiene que la incorporación al derecho penal del concepto de enemigo equivale a la aniquilación del estado de derecho. La admisión jurídica de la existencia de una categoría distinta de personas, a quienes se pone bajo sospecha antes de que cometan algún acto punible, es siempre el primer síntoma de la destrucción autoritaria del estado de derecho, salvo en caso de guerra. Para el teórico alemán Gunther Jakobs es posible la coexistencia de ese derecho penal del enemigo con otro paralelo derecho penal del ciudadano, en el que siguen rigiendo incontaminados los derechos y garantías de la tradición liberal. Zaffaroni no está de acuerdo: tarde o temprano, dice, esa idea termina en la supresión física de los enemigos. La idea de que hay personas a las que hay que encerrar porque son peligrosas “acaba en el campo de concentración”. Para el magistrado de la Corte Suprema el actual discurso de la seguridad ciudadana es un reciclaje del que usaron las dictaduras de la seguridad nacional. “Su legitimación no puede provenir ni siquiera de groserías míticas sino que se reduce a puro mensaje publicitario con predominio de imágenes”, con las que el poder punitivo se vende como una mercancía. Zaffaroni publicó estas páginas un año antes de que Scioli y Jaque fueran elegidos para gobernar sus provincias.
Cuadro 2 Cuatro años no es nada Gráfico 21. Prevalencias de vida de consumo de sustancias ilegales, marihuana y cocaína de la población de 16 a 65 años. Total para localidades de 100 mil y más habitantes.  Fuente: Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas 2004 (ENCoSP-2004) y Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2008 (ENCoSP-2008). INDEC Las encuestas de 2004 y 2008: sin aumento en el consumo de cocaína. |
Como buena parte de la publicidad, el discurso de Scioli se basa en una selección engañosa de los datos reales. En 1989 el Congreso sancionó y Carlos Menem promulgó la Ley 23.737, sobre tenencia y tráfico de estupefacientes, que ya contemplaba las cuestiones que Scioli descubre ahora. Su artículo 13 incrementa en un tercio la pena de cualquier delito facilitado o ejecutado mediante el uso de estupefacientes. Es decir que el maestro político de Scioli incluyó antes que él en la legislación nacional el presunto nexo entre consumo de estupefacientes y criminalidad. El dato más significativo que el gobernador omite es que en las dos décadas de vigencia de la ley no se produjo en todo el país ni una sola condena por el agravante del uso de alguna de esas sustancias para facilitar o ejecutar otro delito. Según datos de la Corte Suprema de Justicia, de la Procuración General y de la Defensoría General de la Nación, citados por el Comité Científico asesor del Ministerio de Justicia en materia de control del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y criminalidad compleja, “del total de ingresos al sistema penal casi el 70 por ciento corresponde a tenencia y consumo personal y son producto de decomisos en la vía pública”. Integran ese comité especialistas tan destacados como los jueces Horacio Cattani, Roberto Falcone, Patricia Llerena y Martín Vázquez Acuña, la fiscal Mónica Cuñarro, la médica sanitarista Alicia Gillone, la psicóloga y asistente social Eva Giberti y el sociólogo Alberto Calabrese.
Hay dos interpretaciones, complementarias y no excluyentes, para estos datos impresionantes:
- las fuerzas de seguridad sólo han sido eficientes para arruinar la vida a jóvenes consumidores detenidos en la calle, cuyas causas, reales o inventadas, entorpecen el sistema penal y consumen sus recursos en una cuestión de absoluta irrelevancia social, o
- la imagen repetida ad nauseam por medios de comunicación y políticos sobre “la droga” como deus ex machina de las formas de criminalidad más abominables que inquietan a la sociedad es una construcción que no se sostiene en datos objetivos comprobables.
Según las estadísticas de la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, de 10.500 causas por estupefacientes iniciadas en un año, 6700 son por tenencia o consumo y 3600 por pequeño comercio. La policía detuvo a 6000 personas, pero sólo 300 recibieron prisión preventiva por parte de un juez.
Cuadro 3 El uso indebido de drogas, UID  Seis de cada diez llegan intoxicados con alcohol |
La propuesta oficial de despenalización se formuló sobre la base del estudio más completo sobre consumos de distintas sustancias, diseñado por los ministerios de Justicia y de Salud y realizado sobre una muestra de 51.162 viviendas por el Indec. La importancia que el gobierno le asigna se mide por la asistencia a su presentación de la presidente CFK y de los ministros Alicia Kirchner, Graciela Ocaña, Juan Carlos Tedesco, Florencio Randazzo, Carlos Tomada y Aníbal Fernández. La encuesta midió la proporción de personas de entre 16 y 65 años que consumieron alguna sustancia psicoactiva al menos una vez en su vida. En el caso de drogas legales, como tranquilizantes y estimulantes, se refiere al consumo sin indicación médica y en mayor cantidad y/o por más tiempo de lo indicado por una médica o un médico. Como se observa en el cuadro 1 el consumo más generalizado es el de alcohol, con el 76,8 por ciento de los encuestados, seguido por el de tabaco, con el 52,5 por ciento. En tercer lugar, con un distante 7,2 por ciento, aparece la marihuana, luego los tranquilizantes, con el 3 por ciento, la cocaína con el 2 por ciento y los estimulantes con el 0,9 por ciento. En todos los casos estas cifras son para el promedio de los dos sexos y en todo el país. No es necesario aclarar que si incluye a personas que probaron sólo una vez las respectivas sustancias, los porcentajes deben ser muy superiores a los de adictos. Este mapa se complementa bien con la estadística de la Unidad de Toxicología del Hospital de Agudos Juan Fernández, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: de las 1705 consultas recibidas en la guardia de urgencias el año pasado, el 57 por ciento se debió al alcohol, el 12 por ciento a psicofármacos como la benzodiazepina y 31 por ciento a otras sustancias. El Indec había realizado otro estudio nacional sobre consumo de sustancias psicoativas en 2004. En ese caso fue encargado por la Sedronar y comprendió 7500 casos. Si bien no son trabajos idénticos, tienen una base metodológica común que permite realizar comparaciones válidas. Por ejemplo, que en promedio nacional el consumo de cocaína se mantuvo estable y el pequeño aumento en el consumo de sustancias ilegales se produjo con marihuana, cuyo efecto según la experiencia médica la aproxima a un tranquilizante y no incrementa la agresividad como la cocaína.
En Mendoza, Jaque promulgó una ley propuesta por legisladores que responden al Vicepresidente Cobos y apoyada por radicales, demócratas y justicialistas, que crea un cuerpo policial secreto, con 30 vehículos no identificables, que se encargarán de controlar infracciones de tránsito. Tendrán balizas de quita y pon, equipos de radio, letreros luminosos y cámaras filmadoras. Además modificó el régimen de excarcelaciones, algo que ahora está tratando de hacer Scioli en Buenos Aires. La reforma procesal mendocina generalizó el uso de la prisión preventiva, que los jueces deberán aplicar como regla, cuando la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos que tienen su mismo rango sólo la autorizan si existe peligro fundado de que el imputado se fugue y/o entorpezca la investigación. En el caso uruguayo Peirano Basso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo el año pasado que la prisión durante el proceso no puede basarse “en fines preventivos como la peligrosidad del imputado, la posibilidad de que cometa delitos en el futuro o la repercusión social del hecho”. En cambio la ley mendocina obliga al juez a dictar la prisión preventiva cuando “a prima facie, se pudiere establecer que el imputado hubiere cometido dos delitos o más, de manera reiterada, continua o discontinua, en tiempo y lugar en contra de un mismo tipo de bien jurídico tutelado, sea o no pasible de condenación condicional.” Esta finalidad retributiva corresponde a la pena, después del proceso y la condena, y no a una medida cautelar, limitada por el principio de inocencia. En 1998, en el caso Nápoli, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la exclusión de cierta categoría de personas del régimen general de excarcelación, sobre la exclusiva base de la naturaleza del delito imputado y la repulsa social de ciertas conductas para “combatir el auge de determinada delincuencia ante la necesidad de mayor protección de determinados bienes jurídicos”. La ley mendocina obliga al encarcelamiento automático de los acusados por delitos menores, como lesiones leves, hurto, injurias, o cualquiera de los penados con multa, que permanecerán detenidos como procesados, mientras se presume su inocencia, y recuperarán su libertad en caso de ser condenados, ya sea que la pena sólo fuera de multa o de posible ejecución condicional. Les convendría ser condenados y obtener así la libertad. Además esta reforma implicó el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre las personas privadas de libertad en la provincia. En 2005, el Estado argentino suscribió un acta junto a la CIDH, en la que se comprometió a “disminuir el hacinamiento mediante la reducción de la cantidad de personas encarceladas en prisión preventiva”, mediante el uso de mecanismos alternativos a la prisión preventiva. Sobre esa base, hace ahora un año la Corte Interamericana reclamó al Estado argentino que cada dos meses informe sobre el cumplimiento de esa obligación. Scioli y Jaque están girando en forma irresponsable sobre el crédito del gobierno nacional en materia de derechos humanos.
La reforma del Código Procesal bonaerense volvería a endurecer el funcionamiento del sistema penal, tal como hicieron Carlos Rückauf Felipe Solá hace ocho años, con resultados desastrosos. También implicaría una desobediencia a decisiones de la Corte Suprema y del sistema interamericano de derechos humanos y agravaría las condiciones de detención inhumanas, crueles y degradantes a las que están sometidas las personas privadas de libertad en Buenos Aires. Casal convocó para discutir el proyecto a algunos jueces, a representantes de los abogados y trabajadores judiciales, pero no abrió el debate a todas las instancias judiciales ni a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema y advierten sobre el mal funcionamiento del sistema penal, que desembocó en la tragedia de Magdalena de 2005, cuando 34 personas murieron quemadas vivas o asfixiadas. Además de usar la prisión preventiva como pena, igual que en Mendoza, Scioli y Casal intentan suprimir las medidas alternativas a la prisión preventiva, debido a la conmoción que provocó un múltiple homicidio cometido por un hombre que debía estar en su casa, con una pulsera electrónica. Como es costumbre en administraciones de grosera ineficacia, en vez de perfeccionar los procedimientos administrativos para que el control sea efectivo, el gobierno bonaerense pretende que la libertad durante el proceso pueda concederse en forma excepcional y por “razones humanitarias”, sólo a enfermos terminales y mujeres embarazadas. Además el proyecto aniquilaría el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y la proporcionalidad y equivalencia de la prisión preventiva en relación con la pena probable, al establecer un plazo en prisión preventiva de cuatro años, hasta el momento del veredicto de primera instancia, luego del cual el plazo sería determinado según la “apreciación judicial”. Scioli también se propone restringir de modo injustificable el hábeas corpus, impidiendo su empleo contra resoluciones judiciales. Al favorecer el juicio abreviado en los casos en que el fiscal pidiera una pena de hasta 15 años de prisión el proyecto deja pocos casos al margen, con lo cual se pasaría de las detenciones sin condena que alcanzan hoy al 80 por ciento de los personas privadas de su libertad en Buenos Aires, a las condenas sin juicio. Tanto el uso abusivo de la prisión preventiva como la ampliación de los plazos, los juicios sumarísimos y la debilidad de la defensa oficial que atiende a ocho de cada diez detenidos pero tiene menos de la mitad de la dotación de personal que el ministerio público fiscal, procuran extorsionar a esas personas para que se allanen a la acusación en un juicio abreviado y convaliden así el tradicional armado policial de causas contra personas sin recursos para impedirlo. A partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de mayo de 2005, por primera vez en décadas disminuyó la cantidad de personas encarceladas en Buenos Aires, tendencia que Scioli ha conseguido quebrar con su discurso represivo y sus proyectos de ley irrespetuosos de derechos y garantías.
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