jueves, 23 de diciembre de 2010
martes, 27 de julio de 2010
Apoyamos 2 de Agosto día del Hijo de Puta
Videla y los Desaparecidos.
Algunos a los que podríamos darle algún regalo en estos días:
No pongo los nombres porque dan miedito...
De todas maneras los peores hijos de puta son los que no son conocidos, los que no salen en los medios.
Y cómo siempre, las putas, las verdaderas no tienen nada que ver con el asunto...
Condenamos la persecución a que son sometidas muchas veces y que no se persiga de verdad a la trata.
martes, 7 de julio de 2009
Pensando en los posibles controles que quieren colocar en Internet en la Argentina

Estoy leyendo una nota en Crítica de Argentina en donde dice:
En Qué Te Pasa Clarín dejaron una parte de la entrevista a José Pirillo, archivo mp3.
En un escrito ante el juez Conrado Bergesio, el ex dueño del quebrado diario La Razón mencionó al CEO de Clarín en el trámite de adopción de los hijos de la viuda de Noble. Abuelas pide un careo entre Pirillo y Magnetto.
El ex dueño del diario La Razón, José Pirillo, declaró ante la Justicia que en 1985 el actual CEO de Clarín, Héctor Magnetto, le dijo que fue quien “hizo la gestión para que (Jorge) Videla le consiguiera los chicos” a Ernestina Herrera de Noble. El testimonio se sumó el viernes a la causa que desde hace siete años duerme sin definir si los hijos adoptivos de la dueña del multimedio son hijos de desaparecidos. Ante la presentación, Abuelas de Plaza de Mayo pidió al juez federal Conrado Bergesio que cite a declarar a Pirillo.El testigo que podría sacudir el expediente es un viejo empresario, acusado de quebrar el diario La Razón y de defraudar a la administración pública desde el Banco Cabildo. Su versión aparece en momentos en que las querellas intentan evitar que los análisis para develar la verdadera identidad de Marcela y Felipe Noble Herrera se realicen en el Cuerpo Médico Forense y no en el Banco de Datos Genéticos como lo establece la ley.
Hace tres meses, Pirillo llamó a uno de los abogados querellantes de la causa y le relató su versión. “Con los abogados de Abuelas le dijimos que todo lo que tuviera que decir lo hiciera en la Justicia”, cuenta Pablo Llonto, representante de la familia Lanuscou Miranda, que intenta determinar la identidad de uno de los hijos de Herrera. Y así fue. El ex banquero llevó al organismo su testimonio, que el viernes fue presentado ante Bergesio.
En su declaración, Pirillo relató una reunión con Magnetto, cuando ambos formaban parte del directorio de Papel Prensa: “Me manifestó que ‘en realidad los hijos a Ernestina se los dio Videla’ fruto de sus gestiones personales ante el entonces presidente de facto, de modo que los ‘compromisos’ asumidos eran muy fuertes y que yo no podía venir a ‘tirar todo por la borda’ de la noche a la mañana, porque ponía en peligro la democracia y la institucionalidad”, contó en el escrito.
El empresario aclaró en su presentación que su posición lo llevó a conocer “el verdadero poder en las sombras, ostentado por personas inescrupulosas, capaces de cometer los más aberrantes hechos para proteger sus intereses” y que su intención “es aportar a la causa para lograr el esclarecimiento de los hechos”.
Tanto Llonto como Alan Iud, abogado de Abuelas, esperan que el juez Bergesio cite a Pirillo y que luego, ordene un careo entre él y Magnetto, quien cuando declaró en esta causa dijo ignorar el origen de los chicos. “Queremos que de una vez por todas diga todo lo que sabe y está ocultando. Magnetto es una de las pocas personas con vida que sabe la verdadera historia de los hijos de Ernestina”, indicó Llonto.
Mientras tanto, las querellas continúan enfrentando la decisión de la Corte que estableció que los análisis de ADN se hagan tal cual lo planteó Herrera de Noble: que las muestras de sangre de Marcela y Felipe sólo se cotejen con dos familias, que los exámenes no se hagan en el hospital Durand y que las muestras sean destruidas después de los análisis.
En la Radio de la Universidad de Buenos Aires dejaron un reportaje a José Pirillo sobre el tema.
Sobre la causa desde la perspectiva de las "Abuelas de Plaza de Mayo"
Fíjense el "Pedigree" de este ministro del golpe en Honduras. Fue entrenado por argentinos.
Recuerdo lo que ya hizo Fibertel, del grupo Clarín cuando la APDIF, ni siquiera un juez le pidió los datos de un usuario que, supuestamente, estaba descargando algo con derechos de autor:
"Si leen la nota en un lugar dice:
Rodolfo clickeaba el botón de "download" alrededor de veinte veces por semana desde hacía siete meses, cuando la banda ancha de FiberTel llegó a su casa. Una de las últimas veces, alguno de los hombres de la APDIF lo vió en la lista de espera virtual de LimeWire anotó su IP y pidió la orden del juez. "Supongo que todos mis datos se los pasó FiberTel""
Entonces:
- Supongamos que en la Argentina hay un golpe como en Honduras.
- Supongamos que los que ejecutan el golpe quieren saber quiénes en la web dejaron algo que pudiera considerarse como "sospechoso"
- Supongamos que esos grupos le piden a Fibertel (del grupo Clarín) los datos de esos usuarios.
Si los diputados aprueban la llamada Ley de los Tres Avisos en la Argentina y a raíz de eso todo el tráfico en la Argentina pasa a ser controlado, si esos datos caen en grupos de tareas ante un posible golpe, ¿los diputados y senadores se harán cargo de los próximos desaparecidos?
sábado, 4 de abril de 2009
Pensando en la muerte..El Barco que se hunde

Pensando en la muerte de Alfonsin recordé esta fábula de Robert Louis Stevenson:
El barco que se hunde:
“Señor”, dijo el teniente primero, irrumpiendo en el camarote del capitán, “EL BARCO ESTA HUNDIENDOSE”.
“Está bien, señor Spoker”, dijo el capitán. “Pero esa no es razón para que usted se presente a medio afeitar. Haga uso de su inteligencia por un momento, señor Spoker, y usted verá que para una mente filosófica nada nuevo ha ocurrido. Puede decirse que el barco, si es que está hundiéndose, estaba hundiéndose desde el momento en que fue botado”.
“Está hundiéndose aprisa”, dijo el teniente primero, cuando volvió afeitado.
“¿Aprisa, señor Spoker?“, preguntó el capitán. “Esa frase me extraña, porque pensándolo bien, el tiempo es relativo.”
“Señor”, dijo el teniente, “creo que no vale la pena embarcarnos en esta discusión ya que estaremos en el fondo del mar dentro de diez minutos”.
“Razonando de esa manera”, dijo el capitán suavemente, “sería inútil iniciar cualquier investigación importante.
Lo más probable es que muramos antes de haberle dado fin. Usted no ha considerado, señor Spoker, la situación del hombre”, agregó sonriendo y moviendo la cabeza.
“Prefiero considerar la situación del barco”, dijo el señor Spoker.
“Como buen oficial”, contestó el capitán, poniendo la mano sobre el hombro del teniente.
Desde la cubierta anunciaron que los marineros se habían metido en la bodega, donde ahora están emborrachándose.
“Marineros, esto es insensato”, dijo el capitán, “el barco está hundiéndose. En diez minutos ustedes me dirán: y entonces ¿qué? Para una mente filosófica, nada nuevo ha ocurrido. En el curso de nuestra vida, se nos podría haber roto una arteria, o nos podría haber partido un rayo, no sólo dentro de diez minutos, sino dentro de diez segundos; yeso no nos ha impedido almorzar ni depositar dinero en el banco. Les aseguro con la mano en el corazón que no acabo de entender su actitud”.
La tripulación ya estaba demasiado borracha para oir sus razones.
“Se trata de una escena muy penosa, señor Spoker”, dijo el capitán.
“Sin embargo, para la mente filosófica”, dijo el teniente, “podría decirse que empezaron a emborracharse desde el momento en que se embarcaron”.
“No sé si usted sigue mi razonamiento, señor Spoker”, dijo el capitán suavemente. “Pero sigamos”.
En la santabárbara dieron con un viejo lobo de mar que estaba fumando su pipa.
“Dios mío”, dijo el capitán. “¿Qué está haciendo?”
“Bien, señor”, dijo el viejo marinero, como disculpándose, “me dijeron que el barco estaba hundiéndose”.
“Y aunque así fuera”, dijo el capitán, “para la mente filosófica, nada nuevo ha ocurrido”. La vida, viejo amigo, la VIDA , en cualquier momento, desde cualquier punto de vista, NO ES MENOS PELIGROSA QUE UN BARCO QUE SE HUNDE.
Sin embargo, la gente suele usar paraguas y zapatos de goma y emprende grandes obras, y se conduce como si fuera inmortal. En cuanto a mí, desprecio al hombre que, aun a bordo de un barco que se hunde, deja de tomar una píldora o darle cuerda a un reloj. Semejante conducta no sería humana.
“Disculpe, señor”, dijo el señor Spoker. “¿Pero qué diferencia hay entre afeitarse en un barco que se hunde y fumar en la santabárbara?”
“0 hacer algo en cualquier circunstancia”, dijo el capitán:
“Estoy convencido; convídeme con un cigarro capitán".
Dos minutos después el barco estalló con una gloriosa detonación.
Ésta y otras fábulas en el libro Fábulas de Stevenson.
Pensaba en lo que cuenta la fábula y pensaba en tantos que todavía no se murieron pero que ya lo van a lograr:
- Nemen
- Felipe Solá (el candidato transgénico)
- Videla
Y pensaba en que en definitiva todos ellos se van a morir, que, seguramente, ninguno de ellos tendrá una despedida como la de Alfonsín. Y en qué también a ellos no les importe este humilde partido político.....
Pero bueno, se morirán dejarán su legado terrible de muerte y destrucción. Sabrán de lo que son responsables y bueno...Sólo eso, en algún momento se morirán también aunque hayan pensado que eran todopoderosos y que nunca les llegaría el ocaso.
Pero su herencia la bancaremos nosotros...
lunes, 8 de septiembre de 2008
Recordando el 6 de Setiembre y las consecuencias del último golpe...
Después de éso pasaron muchos golpes, el más trágico de todos por la cantidad de muertos y por la "Herencia" que nos dejó es el golpe del 24 de marzo de 1976.
Les dejo la conferencia de prensa que en su momento dió el genocida Videla:
Fuente "Mundo Perverso".
La "Herencia" que nos dejó el proceso sigue vigente, el gobierno pagó las cuotas de deuda con el Fondo Monetario y ahora con el "Club de Paris".
Les dejo a continuación un artículo sobre la deuda de Carlos Slepoy aparecia en Página 12:
Por Carlos Slepoy
En nuestro país se están celebrando juicios y se han dictado sentencias de gran trascendencia en relación con los crímenes cometidos por la última dictadura militar. En casi todas las causas, los afectados son miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Existen unos pocos funcionarios o civiles imputados, pero en todos los casos por su implicación directa en delitos contra la vida y la integridad física. No me referiré a ellos en este artículo ni a otros responsables civiles que en distintas formas colaboraron con los golpistas ni al genocidio económico y social que, por una planificación consciente de la miseria y la exclusión, tiene su comienzo en la dictadura y su continuidad durante el gobierno de Carlos Menem. Voces más autorizadas que la mía, como la del eximio abogado argentino Alberto Pedroncini, han denunciado en foros judiciales y de otra naturaleza que las políticas que lo provocaran deben ser consideradas como violatorias de derechos humanos económicos, sociales y culturales fundamentales y sus responsables deben en consecuencia ser sometidos a la acción de la Justicia.
Me limitaré a fundamentar que igual responsabilidad criminal que a los ejecutores directos del exterminio les cabe a quienes concertaron con ellos el plan económico de la dictadura. Y que por ello deben ser juzgados.
El 13 de julio de 2000 fue dictada sentencia por el Juzgado Criminal y Correccional Nº 12 de la Capital Federal a cargo de Jorge Ballesteros en la célebre causa impulsada por Alejandro Olmos. Esta resolución señaló los múltiples delitos que cometieron los responsables del área económica. Entre otros, que con avales del Estado se contrajeron préstamos de empresas privadas que, a su vencimiento, fueron pagadas con fondos públicos sin que se intentara recuperar lo abonado; que el endeudamiento del sector privado se hizo público a través del régimen de seguro de cambios; que se contrajeron deudas a nombre de empresas estatales que nunca ingresaron a sus patrimonios; que no existen registros de las supuestas deudas. La deuda externa de la Nación –concluye– “... ha sido groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país a través de los distintos métodos utilizados... que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados –nacionales y extranjeros– en desmedro de sociedades y empresas del Estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas”.
Como es conocido, la fraudulenta deuda externa pasó de 7815 millones de dólares en marzo de 1976 a 45.087 millones de dólares en diciembre de 1983. El incremento de esta deuda durante los gobiernos constitucionales y el pago de intereses, sin que nada se haya hecho para deslindar la deuda legítima de la ilegítima, tiene hipotecado desde entonces al país y condiciona su soberanía.
En el primer “gabinete” de la dictadura todos los ministerios estaban a cargo de militares, con excepción de los relacionados con el área económica. Al frente de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz; de Programación y Coordinación Económica, Guillermo Walter Klein; de Hacienda, Juan Ernesto Alemann. Estos y los que les fueron sucediendo implementaron el plan económico en connivencia con la cúpula militar. Los delitos cometidos por unos y otros son jurídicamente inescindibles. La dictadura se implantó, entre otros motivos, para hacer posible el plan económico y éste no podría haberse implementado sin el plan de exterminio.
Surge de la resolución judicial la responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Economía, del Banco Central de la República Argentina, de la Secretaría de Programación y Coordinación Económica, de los directores de empresas públicas y de los funcionarios de jerarquía superior de los organismos de control y fiscalización que estuvieron dirigidos –además de los ya nombrados– por Lorenzo Sigaut, José María Dagnino Pastore, Roberto Alemann, Christian Zimmerman, Domingo Felipe Cavallo, Julio Gómez, Julio González del Solar, José Machinea, Adolfo Diz, Alejandro Reynal, Francisco Soldati, Enrique Forcioni y Manuel Solanet, entre otros.
Algunas de las numerosas empresas, grupos de empresas y entidades financieras beneficiarias del plan económico a que la sentencia se refiere fueron Celulosa Argentina, Macri, Techint, Bridas, Pérez Companc, Acindar, Ford, Ledesma, Astarsa, Mercedes-Benz, Alpargatas, Papel Prensa, Banco de Italia, City Bank, First National Bank, Chase Manhattan Bank y Bank of Boston. Muchos de los directivos de estas empresas prestaron además una eficiente y conocida colaboración para que miembros de cuerpos de delegados, comisiones internas y activistas sindicales fueran secuestrados y torturados. Muchos de ellos han sido asesinados o están desaparecidos.
La sentencia, clara y contundente en los hechos que consideró acreditados –producto de un enorme caudal probatorio– y en sus conclusiones, es desoladora en cambio en su pronunciamiento: entendió que estaba prescripta la acción penal y, en consecuencia, no había lugar a exigir responsabilidades criminales al único imputado –José Alfredo Martínez de Hoz– ni al resto de los responsables. Resolvió en consecuencia remitir las actuaciones judiciales al Congreso para que determinara si acaso pudieran caberles a los implicados responsabilidades políticas. De este modo –al igual que ocurría hasta entonces con los ejecutores directos del exterminio–, los responsables de la conducción económica quedaban en la impunidad. En síntesis, no es que no existieran hechos delictivos sino que no podían ser juzgados porque la acción penal estaba prescripta.
En el año 2000, cuando se dictó la sentencia, no existía ninguna resolución judicial que calificara a los crímenes cometidos por la dictadura como genocidio o crímenes de lesa humanidad. Hoy la situación es radicalmente distinta. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida han sido anuladas por contrariar normas fundamentales del Derecho Internacional y de la Constitución Argentina, y la Corte Suprema ha declarado que los delitos cometidos durante y por la dictadura son imprescriptibles.
La Convención Internacional para la Sanción y Prevención del Delito de Genocidio, del 9 de diciembre de 1948 –a la que la Argentina se adhirió mediante el Decreto-Ley 6286/1956 del 9 de abril de 1956– incluye como conductas sancionables el genocidio, la asociación para cometer genocidio y la complicidad en el genocidio, y dispone que serán castigados quienes lo cometan, se trate de gobernantes, funcionarios o particulares. En igual sentido, la Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, incluido el genocidio, del 26 de noviembre de 1968 –aprobada por la Argentina el 23 de noviembre de 1995– dispone que se entenderán como responsables los representantes de la autoridad del Estado y los particulares que participen como autores o cómplices en su comisión. No existe por lo tanto obstáculo legal alguno para procesarlos y juzgarlos por su responsabilidad criminal en los distintos delitos económicos que se han reseñado. Pero además, y fundamentalmente, porque se asociaron para cometerlos con quienes por la fuerza tomaron el poder, implantaron el terror generalizado y destruyeron múltiples grupos sociales, sindicales, políticos, religiosos, culturales para cometer el genocidio. Son coautores del mismo.
¿Nos hemos de resignar a que queden impunes? Hasta ahora ni uno solo de estos responsables ha sido sometido a la Justicia. Les cabe una especial responsabilidad en este cometido al Gobierno nacional y al Ministerio Público, que deben impulsar la acción judicial. La mayor parte de los males que hoy padecemos tiene su origen en aquella época siniestra. No hay candidez en este planteo ni ignorancia de las fuerzas en pugna, sino la convicción de que una iniciativa de esta naturaleza –como la que tuvo el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner cuando impulsó en el Parlamento la nulidad de las leyes de impunidad–, además de profundizar en la lucha por la Justicia, contará con el caluroso apoyo de vastos y mayoritarios sectores del pueblo argentino, aunque soliviante a los implicados y a distintos y poderosos grupos de presión. Como ha de ocurrir con toda medida que recupere para el patrimonio nacional las empresas y riquezas naturales que le fueron ilegalmente sustraídas.
Fuente "Página 12.
Después de ésto, les dejo la encuesta sobre la Deuda:

















