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sábado, 26 de febrero de 2011

Así trata el posible vicepresidente de Cristina a los que están en contra de la Barrick


DETENIDA. Eugenia Testa fue acusada de violar una ley provincial y permanece alojada en un calabozo de la comisaría de Rodeo.



Tras pasar la noche en una celda de la comisaría de la ciudad sanjuanina de Rodeo a la que habían sido llevados después de que la Policía sanjuanina desalojara una protesta contra la minera Barrick Gold y en reclamo por la aplicación de la Ley de Glaciares, la directora política de Greenpeace, Eugenia Testa, y otros tres activistas fueron liberados esta madrugada.


"Cuando empezaron a circular las fotos, dieron marcha atrás con las detenciones y me liberan. Nos queda, de todas formas, una causa abierta", expresó esta mañana Testa, que estuvo detenida desde ayer al mediodía. Según contó, por la tarde habían ingresado a la comisaría otra activista de Greenpeace y dos vecinos sanjuaninos que participaban en la protesta.


En total, anoche fueron desalojados y detenidos unos 50 manifestantes que se habían encadenado entre sí y a un contenedor en los caminos de acceso a los complejos mineros de Veladero y Pascua Lama, San Juan, pertenecientes de la empresa Barrick Gold. Esta mañana, ya estaba todos libres.


Sobre su detención, Testa dijo que estuvo alojada "en una comisaría de Rodeo, en una celda común", y, aunque señaló que "las condiciones no fueron las mejores", también destacó que "el trato de los policías fue bueno".


La acción de Greenpeace, que contó con el apoyo de ambientalistas y organizaciones sociales de San Juan, tuvo lugar en el Departamento Iglesia, a pocos kilómetros de la localidad de Tudcum y a 164 kilómetros de la ciudad de San Juan, en el marco de una protesta contra la multinacional Barrick Gold, a la que la organización acusa de impedir que se aplique la Ley de Glaciares a través de la presentación de recursos judiciales. También acusan al gobierno nacional de "actuar en complicidad con las mineras bajo la excusa de los amparos judiciales".


La empresa Barrick Gold, en tanto, emitió ayer un comunicado en el que afirmó que "cumple y respeta de manera cabal con todas las leyes aplicables y aprobaciones ambientales y sectoriales necesarias para el desarrollo de sus actividades". "Barrick rechaza actitudes como las de esta ONG, por cuanto impiden por la fuerza el desarrollo de una actividad lícita y autorizada como la nuestra", agrega el escrito.

Fuente Clarín.



¿Gioja Vicepresidente?



Comentario sobre el post de Mecdem:

Lo que no he leído en ninguna noticia es que el acceso a Veladero es una ruta provincial que a poco de sobrepasar Tudcum ha sido cerrada por la empresa para uso exclusivo de la explotación minera.
Así lo informa el Ministerio de Minería de la Provincia de San Juan en su sitio web (http://www.mineria.sanjuan.gov.ar/recursos/met_preciosos/veladero.php#ubicacion):
"El acceso al área del Proyecto, donde actualmente se están efectuando los trabajos de exploración, se logra a través de caminos provinciales que son de uso público hasta llegar a un Camino Minero. A la fecha está habilitado el desvío ubicado aproximadamente a 1,5 km de Tudcúm donde comienza el Camino Minero que conduce al yacimiento... MAGSA (Minera Argentina Gold S.A, subsidiaria de BARRICK GOLD CORP) cuenta con el derecho a usar el Camino Minero conforme con la Ley Minera de la Nación y acuerdos privados con los dueños de las concesiones, servidumbres y autorizaciones con respecto al Camino Minero".
No intente visitar el Valle del Cura porque las barreras que atraviesan el camino, custodiadas por robustos guardias (armados, por supuesto) le impedirán pasar.
Ah, pero eso es legal. La ley de Minería es generosa. No solo dona los recursos naturales del país sino que facilita a los donatarios la tarea de recoger la donación cediéndoles el uso de los caminos públicos de los que los ciudadanos quedan excluídos.

martes, 2 de noviembre de 2010

San Juan: la justicia suspende la Ley de Glaciares

Fuente Diario Los Andes.

San Juan: la justicia suspende la Ley de Glaciares

Un juez federal resolvió que la ley nacional no se aplicará en la provincia. El argumento es que viola la Constitución. La norma apunta a garantizar la protección de "reservas estratégicas de recursos hídricos".


Aunque la Ley de Protección de Glaciares fue sancionada a principios del mes pasado y promulgada la semana pasada, la provincia de San Juan no estará obligada a aplicarla. Al menos por ahora.

Es que el juez Federal Miguel Ángel Gálvez resolvió que su provincia no se debe acoger a la norma que es nacional y que aprobó el Congreso.

El argumento del juez es que cada provincia decide por sus recursos naturales y que cada una debe administrarlos, tal como pidió el gobernador sanjuanino José Luis Gioja.

El trámite fue rapidísimo. Ayer hicieron la presentación a la Justicia gremios y empresarios mineros. Hoy el juez se expidió y dejó suspendida la aplicación de la Ley.

El tema ahora va a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según dijo Jaime Bergé, titular de la Cámara Minera de San Juan, a Diario de Cuyo.

Qué dice la Ley

La ley declara los glaciares como "bienes de carácter público" y apunta a garantizar su protección de "reservas estratégicas de recursos hídricos".

Quedan prohibidas en los glaciares las actividades que puedan afectar su condición natural, como la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza.

Tampoco se pueden emprender obras de arquitectura, con excepción de las necesarias para la investigación científica, y la instalación de industrias o el desarrollo de obras o actividades industriales.

Entre las normas más controvertidas, la ley crea el Inventario Nacional de Glaciares, en el que se deberán registrar todas las reservas hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información necesaria para su adecuada protección.

La regulación afectará a las provincias cordilleranas con intereses mineros, en especial la de San Juan, y las cámaras empresariales mineras y petroleras.

Las actividades proyectadas en los glaciares que no se encuentran prohibidas, sin embargo, estarán sujetas a estudios de evaluación de impacto ambiental.

La ley establece un abanico de sanciones e infracciones, que van desde el apercibimiento hasta multas y el cese definitivo de la actividades. Los importes recaudados por esta vía se destinarán, prioritariamente, a la protección y restauración ambiental de los glaciares afectados.

Fuente Diario Los Andes.



Uf...piensen que Gioja quiere ser vicepresidente o , tal vez, hasta presidente.....


martes, 16 de diciembre de 2008

El veto de la Barrick Gold II-El veto a la ley de protección a los glaciares













Foto del Senador Gioja

El veto de la Barrick Gold


Por Miguel Bonasso para Crítica Digital

Hace un par de semanas, el ingeniero Enrique Martínez, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), declaró en este diario que el rechazo presidencial a la ley de protección de los glaciares era “el veto de la Barrick Gold”.

Una acusación muy grave procediendo de un alto funcionario público, a cargo de un organismo de reconocido prestigio científico-técnico. ¿Exageraba?
No.

El decreto de veto se basa principalmente en la “preocupación de gobernadores de las provincias cordilleranas”. Eufemismo que sumerge en un relativo anonimato al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, entusiasta promotor de las gigantescas inversiones de la Barrick Gold y autor de las leyes que el menemismo dictó en 1994 en beneficio de la gran minería y en perjuicio del erario público y el medio ambiente.

No es casualidad que uno de sus hermanos, el senador César Ambrosio Gioja, presida la influyente Comisión de Minería del Senado de la Nación y que otro de sus hermanos, Juan Carlos, integre la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación.

Tampoco es casual que el senador Gioja figure en la web como “contacto” de la empresa de minas y canteras Bentonitas Santa Gema SA.

Hace pocos días, cuando comenzaba la guerra de los glaciares (que está muy lejos de haber terminado), leí un informe sobre el veto presidencial elaborado por la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica), donde denuncia lo siguiente: “César Ambrosio Gioja es el propietario de la firma Benonita (sic) Santa Gema, principal proveedora de la minera Barrick que opera en dicha provincia”. En un recuadro, más abajo, la diputada Reyes dice que la empresa La Bentonita SA es proveedora de Barrick Gold en la mina Veladero, una gigantesca explotación aurífera en los Andes sanjuaninos.

Por hábito profesional decidí corroborar la información y la verdad es que no tuve que trabajar casi nada, porque todo está en la red bajo el título “Bentonitas Santa Gema-César Gioja Cuit 20079415279”. Abajo reitera para posibles interesados que el contacto es César A. Gioja y proporciona sus teléfonos y mails. Llamamos a los teléfonos de contacto y nos respondieron que el gerente de la empresa era el señor Alejandro Gioja, hijo del senador y sobrino del gobernador.

Así de simple y evidente. Tan simple y evidente como la maniobra que en su momento hiciera el senador (Frente para la Victoria-PJ) Roberto Urquía en beneficio de los seis grandes exportadores de aceite de soja en la comisión de Presupuesto del Senado. Casualmente Urquía es propietario de Aceitera General Deheza, uno de los Seis Grandes.

Me pregunté entonces y me repregunto ahora si es lícito que algunos legisladores y funcionarios públicos actúen como lobbistas de sus propios intereses empresarios.

Mirando hacia adelante cabe también preguntarse qué legitimidad tendrá el famoso Foro o “Comisión” instituido por el veto presidencial para rediscutir “con gobernadores y legisladores de las provincias cordilleranas” la ley de glaciares (votada por unanimidad en ambas cámaras) y proponer una nueva norma. ¿Puede el zorro legislar sobre las gallinas?

Tampoco es ocioso interrogarse acerca del federalismo como pabellón que cubre la mercancía del feudalismo, en perjuicio de los intereses supremos de la Nación. Y sobre el reflejo que esto tiene en el PJ, como espacio insalubre de concertación entre gobernadores e intendentes, entre negocios y política. Un hábito que trasciende las fronteras cronológicas del menemismo y causa hastío e indignación creciente en la sociedad.

La connivencia del presidente de la Comisión de Minería del Senado con una empresa minera ya es grave de por sí, pero se torna procaz si esa empresa es la Barrick Gold, fundada por el conocido traficante de armas saudita Adnan Kashoggi, que adquirió fama mundial en los ochenta a raíz del escándalo Irán-Contras. No por casualidad tampoco, uno de sus principales padrinos internacionales ha sido el ex presidente norteamericano George Bush (padre), petrolero y ex director de la CIA.

Por un módico sueldito oficial de 10 mil dólares, el papá del actual presidente Bush le consiguió a la Barrick concesiones por diez mil millones de dólares, solamente en Estados Unidos. En todas partes, como podemos ver, se cuecen habas.

Aunque los asesores de prensa de la Barrick Gold en Chile han negado que la empresa fuera fundada por uno de los más importantes traficantes de armas del mundo, el periodista estadounidense Greg Palast (de la BBC y The Guardian), lo confirmó al diario chileno La Nación. Según Palast, la información fue proporcionada por el hombre fuerte de la Barrick, Peter Munk, en su propia autobiografía.

En ese mismo reportaje, Palast revela que en 1995 cincuenta mineros fueron sepultados vivos en Tanzania por los bull dozers de la Barrick, con la complicidad de la policía local, que reprimió a los trabajadores rebeldes para asegurarles a la compañía y sus socios en el gobierno un negocio muy lucrativo.

No les va ni les irá mejor a los obreros argentinos que laboran a cinco mil metros de altura en la mina de Veladero (San Juan) o en Pascua Lama, el gigantesco emprendimiento binacional entre la Argentina y Chile, que explotará la Barrick.

Freddy Espejo, un ex empleado de la empresa trasnacional entrevistado por el ambientalista Javier Rodríguez Pardo, reveló que más de cincuenta trabajadores argentinos, pertenecientes a la Barrick o a grandes empresas que le prestan servicios, murieron a causa de accidentes laborales atribuibles a la negligencia de la minera y sus asociadas. El hombre se la juega porque el gobierno de San Juan ha sacado una ley especial que reprime cualquier tipo de agitación en contra de la minería.

El testimonio de Espejo denuncia también los daños ecológicos perpetrados, incluyendo la destrucción del glaciar Conconta (glaciar Vallejos como le dicen en la zona), “sobre el cual se trazó un camino de 35 metros de ancho para llegar a la planta y los yacimientos”. Incluye un dato que movería a risa si no fuera por la indignación que causa: según el ex empleado de la Barrick, “el gobierno (de San Juan) no existe”. En los colegios se prohíbe el debate sobre estos temas y cada vez que se promueven charlas “funcionarios del gobierno y de la minera vienen a cada rato a dar conferencias sobre las bondades del cianuro, que es inocuo, y del progreso minero”.

En estas manos (sucias) quedarán nuestros glaciares si prospera el veto de la Barrick Gold.