Si quieren descargar el archivo mp3.
Si el enlace anterior no funciona, presionen en descargar en este link.
Código QR de la dirección del archivo mp3.
Código QR de la dirección del archivo mp3
Código QR de la dirección del archivo mp3. 
En un período de 19 meses, Brasil gastó u$s 74 millones más en la compra de la versión patentada de apenas cuatro medicamentos distribuídos en el sistema público de salud. El valor se refiere al dinero que el gobierno economizaria si comprase las mismas drogas en países donde ellas son vendidas en la versión genérica.
Eso no es posible por causa de un mecanismo llamado pipeline - que reconoció la patente concedida en otros países antes de que la ley brasieña sobre el tema entrara en vigor, en 1996. En la práctica, impide a Brasil quebrar la patente de esos medicamentos o comprarlos a precios más bajos en el exterior, en su versión genérica.
El fin del pipeline se tornó la bandera de un movimiento iniciado hace dos meses por organizaciones no gobernamentales (ONGs) de Brasil y de otros 26 países para intentar que el juicio sea más rápido en el Supremo Tribunal Federal (STF, la Corte Suprema de Brasil) de una acción directa de inconstitucionalidad (Adin) sobre patentes de drogas.
La Adin, propuesta en mayo de 2009, pide a revocación del pipeline. Si la acción fuese considerada procedente por el STF, las patentes concedidas automaticamente a por lo menos 440 remedios en Brasil pasan a ser consideradas inválidas - el pasaporte necesario para dar inicio a la versión genérica de esas drogas.
"Estamos hablando de mucho dinero que podria ser economizado y también de más personas con acceso a tratamiento", afirma Gabriela Chaves, farmaceutica de la ONG Médicos Sin Fronteras.
Los cuatro medicamentos citados en el inicio del reportaje sirven de ejemplo. El costo de u$s 74 millones a más gastados por el gobierno, entre mayo de 2009 y diciembre de 2010, fue estimado por el Grupo de Trabajo sobre Propiedad Intelectual a pedido de "O Estado". Los medicamentos son: olanzapina, usado para el tratamiento de ezquizofrenia; imatinib, indicado para el tratamiento de un tipo de cáncer; atorvastatina, recetado para reducir las tazas de colesterol; y lopinavir/ritonavir, un remedio contra el SIDA. El onlazapina perdió la patente en abril de 2010. Por eso, en el cálculo hecho, fueron considerados los gastos somente hasta ese período.
La ley de patentes, de 1996, preveia que, hasta 1997, las empresas interesadas podrian presentar sus pedidos de patente por medio del proceso pipeline. "Corremos contra el reloj. Parte de las patentes ya expiró. En tesis, las últimas deben terminar hasta 2017", afirmó la abogada del grupo Conectas, Marcela Cristina Fogaça Vieira. "La versión genérica de un medicamento puede tener un impacto en las cuentas extremadamente significativo."La diferencia puede ser notada con la onlazapina. En 2010, Brasil pagó por una de las presentaciones 142,83 veces más caro de lo que habría desembolsado con la adquisición de una versión genérica del producto.
Isonomia. La acción directa de inconstitucionalidad fue propuesta por el entonces procurador general de la República, Antonio Fernando Barros e Silva de Souza, después de una representación de la Federación Nacional de los Farmacéuticos. Entre los argumentos está el de que el pipeline hiere el princípio de isonomia: patentes aprobadas por ese sistema no tuvieron que ser analizadas como los demás medicamentos. El pedido era automaticamente aceptado: bastaba que se comprobase la existencia de la patente en otros países en el período anterior a 1997. Además de eso, la tesis es de que, como Brasil no reconocia hasta 1996 patentes para medicamentos, cualquier producto hasta aquella fecha deberia ser considerado como de conocimiento público. "El pipeline ocurrió por opción del Legislativo. Nada obligaba al País a adoptar esa medida", dice Gabriela.
Después de propuesta la acción, varias instituciones pidieron para participar del juicio, incluyendo la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, la ANMAT brasileña). Apenas recibió el proceso en el STF, la ministra Carmem Lúcia decidió que no analizaría el pedido de liminar y adoptó un proceso abrebiado para el juicio del proceso. Ella encaminó la acción para que la Presidencia de la República y la Advocacia-General de la Unión se manifestasen sobre l asunto. Todas las informaciones, inclusive el parecer del Ministerio Público, fueron encaminados al STF hasta marzo del año pasado. Desde entonces, el proceso aguarda el análisis de la ministra. "Estoy trabajando en el proceso", afirmó la ministra. Ella no adelantó, sin embargo, cuando llevará el proceso a juicio.
Diferencia de precio
17,99 veces más fue cuanto pagó el gobierno brasileño por la versión de marca del Imatinib en 2010 en relación al genérico disponible en el mercado internacional
10,84 veces más fue cuanto costó a los cofres públicos en 2010 la compra del remedio Atorvastatina de marca, en comparación a la versión genérica de la misma droga
PReGUNTAS & RESPUESTAS
Como funciona la patente
1. ¿Qué es una patente?
La patente es un título de propiedad concedido por el Estado al inventor del producto o del proceso, por un tiempo determinado. La patente asegura a su detentor el derecho de exclusividad en la explotación del producto.
2. ¿Cuáles son los requisitos de la patente?
Para ser concedida, el autor del pedido de la patente debe comprobar la novedad, la actividad inventiva (la obtención del producto debe involucrar un proceso creativo) y la aplicación industrial del producto.
3. ¿Cuál es el plazo de la patente?
La patente de invención rige por el plazo de 20 años contados a partir de la fecha del pedido.
4. ¿ Qué es Pipeline?
El mecanismo fue previsto en la Ley de Patentes, de 1996 (de Brasil). Por ese mecanismo, fueron aprobados automaticamente pedidos de patentes concedidos en el exterior, pero que, hasta entonces, Brasil no reconocia - como patentes para remedios y para alimentos. Los pedidos de patente pipeline estaban sujetos apenas al análisis formal. En ninguno de los procesos fue examinado si estaban presentes requisitos de patentabilidad: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial por la oficina brasileña de patentes, el Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi).servicios de seguridad, es decir para practicar el terrorismo de Estado dándole al gobierno la posibilidad de negarlo.
Muchos militares y ex oficiales de la CIA trabajan para Blackwater o alguna de las empresas vinculadas que creó para desviar la atención de su mala fama y generar más lucros vendiendo sus nefastos servicios –que van desde información y espionaje hasta infiltración, cabildeo político y entrenamiento paramilitar– a otros gobiernos, bancos y empresas trasnacionales. Según Scahill los negocios con trasnacionales –como Monsanto, Chevron, y gigantes financieros como Barclays y Deutsche Bank– se canalizan a través de dos empresas que son propiedad de Erik Prince, dueño de Blackwater: Total Intelligence Solutions y Terrorism Research Center. Éstas comparten oficiales y directivos de Blackwater.
Uno de ellos, Cofer Black, conocido por su brutalidad siendo uno de los directores de la CIA, fue quien hizo contacto con Monsanto en 2008 como directivo de Total Intelligence, concertando el contrato con la compañía, para espiar e infiltrar a organizaciones de activistas por los derechos de los animales, contra los transgénicos y otras sucias actividades del gigante biotecnológico.
Contactado por Scahill, el ejecutivo Kevin Wilson de Monsanto se negó a hablar, pero posteriormente confirmó a The Nation que habían contratado a Total Intelligence en 2008 y 2009, según Monsanto solamente para hacer seguimiento de información pública
de sus opositores. Dijo además, que Total Intelligence era una entidad totalmente separada de Blackwater
.
Sin embargo, Scahill cuenta con copias de los correos electrónicos de Cofer Black posteriores a la reunión con Wilson de Monsanto, donde les explica a otros ex agentes de la CIA, usando sus direcciones electrónicas de Blackwater, que la discusión con Wilson fue que Total Intelligence se convertiría en el brazo de inteligencia de Monsanto
, espiando activistas y otras acciones, incluido que nuestra gente se integre legalmente a esos grupos
. Monsanto pagó a Total Intelligence 127 mil dólares en 2008 y 105 mil dólares en 2009.
ciencias de la muertecomo Monsanto, que se ha dedicado desde sus orígenes a producir tóxicos y desparramar venenos, desde el Agente Naranja hasta los PCB (policlorobifenilos), agrotóxicos, hormonas y semillas transgénicas, se asocie con otra empresa de matones.
Casi al mismo tiempo que la publicación de este artículo en The Nation, la Vía Campesina denunció la compra de 500 mil acciones de Monsanto, por más de 23 millones de dólares por la Fundación Bill y Melinda Gates, que con esto se terminó de sacar su careta de filantrópica
. Otra asociación que no sorprende.
Se trata de un casamiento entre los dos monopolios más brutales de la historia del industrialismo: Bill Gates controla más de 90 por ciento del mercado de programas patentados de computación y Monsanto cerca de 90 por ciento del mercado mundial de semillas transgénicas y la mayoría del mercado global de semillas comerciales. No existen en ningún otro rubro industrial monopolios tan vastos, cuya propia existencia es una negación del cacareado principio de competencia de mercado
del capitalismo. Tanto Gates como Monsanto son muy agresivos en la defensa de sus mal habidos monopolios.
Aunque Bill Gates intente decir que la Fundación no está ligada a sus actividades comerciales, todo lo que ésta hace demuestra lo contrario: gran parte de sus donaciones terminan favoreciendo las inversiones comerciales del magnate, además de que en realidad no dona
nada, sino que en lugar de pagar impuestos a las arcas públicas, invierte sus ganancias donde le favorezca económicamente, incluida como propaganda de sus supuestas buenas intenciones. Por el contrario, sus donaciones
financian proyectos tan destructivos como la geoingeniería o la sustitución de medicinas naturales y comunitarias por medicamentos patentados de alta tecnología en las zonas más pobres del mundo. Qué coincidencia, el ex secretario de Salud Julio Frenk y Ernesto Zedillo son consejeros de la Fundación.
Al igual que Monsanto, Gates se dedica también a tratar de destruir la agricultura campesina en todo el planeta, principalmente a través de la llamada Alianza para una Revolución Verde en África
(AGRA). Ésta funciona como caballo de Troya para despojar a los campesinos africanos pobres de sus semillas tradicionales, sustituyéndolas por semillas de las empresas primero, y finalmente por transgénicos. Para ello, la Fundación contrató en 2006, justamente a Robert Horsch, un director de Monsanto. Ahora Gates, venteando mayores ganancias, se fue directo a la fuente.
Blackwater, Monsanto y Gates son tres caras de la misma figura: la máquina de guerra contra el planeta y la mayoría de la gente que lo habita, sean campesinos y campesinas, indígenas, comunidades locales, gente que quiere compartir información y conocimientos o cualquier otro que no quiera estar en la égida de lucro y destrucción del capitalismo.
*Investigadora del Grupo ETC
Primera parte de 5.
PALO ALTO, CALIFORNIA.- Desde pequeños sabemos que el conocimiento es algo hermoso que cada persona tiene la libertad de utilizar como le venga en gana siempre que tenga la paciencia necesaria para leer y pensar. En parte, la idea viene de nuestros padres, que nunca dejan de inventar razones para que estudiemos más y nos destaquemos en los exámenes, pero también es una conclusión a la que llegamos por nuestra cuenta. La mayoría de nosotros entiende, en nuestros primeros años de adultez, que la capacidad de razonar y de comprender es natural, humana y que nos pertenece por derecho propio.
Lamentablemente, la conclusión es errónea. Si bien hay algo de información disponible en la escuela, donde nos la ofrecen, a veces por la fuerza, sin pedir nada a cambio, el conocimiento más valioso en términos económicos es de propiedad privada y es secreto. Los dueños de ese conocimiento no quieren hacerlo público y, ciertamente, no quieren que el Estado le dé dinero a nadie para que lo descubra.
Las personas suelen tener problemas para hablar de este tema; en lugar de profundizar en él, suelen sonreír y repetir que la educación es sagrada y que las diversas formas de ocultar información son detestables, pero que no forman parte de una conspiración. Después desvían el tema de conversación y sugieren que quien piensa distinto está paranoico. La negación refleja una actitud muy irresponsable: se trata de la criminalización del conocimiento. Es algo sobre lo que debemos reflexionar, dado que hoy vivimos en la era de la información, una época en la que, en ciertas circunstancias, el acceso al conocimiento es más importante que el acceso a los medios físicos.
Los intentos, cada vez más tenaces, de gobiernos, corporaciones e individuos por evitar que sus rivales sepan ciertas cosas que ellos sí saben ha llevado a un crecimiento insospechado de los derechos de propiedad intelectual y al fortalecimiento del poder estatal para decidir acerca de la confidencialidad de la información.
La interpretación conservadora de la invención como un robo refleja la creciente ambigüedad existente en la sociedad acerca del poder de la tecnología. Admiramos al joven genio que, en un impetuoso acto racional, aclara la confusión y realiza un glorioso aporte al conocimiento. Pero también tenemos miedo de la manipulación genética, la guerra nuclear, el secuestro de aviones por parte de terroristas o la relocalización laboral que ese nuevo saber puede tener como consecuencia.
Incapaces de decidir qué es más importante para nosotros, catalogamos la contribución genial como delito según principios que cambian con el tiempo y que el joven no conocía en el momento de realizar su trabajo. Así, este genio es como el soldado que toma decisiones valientes en el campo de batalla sin saber si por ellas recibirá una condecoración o deberá presentarse ante la corte marcial. Hay mucho en riesgo.
El conocimiento es peligroso. Nos gustaría que no fuese así. Tendemos a sentirnos más seguros que nuestros antepasados porque sabemos más que ellos, pero eso es un engaño.
Nuestras casas, los lugares de trabajo y los entornos sociales en los que nos movemos están plagados de tecnologías potencialmente peligrosas que, no sin dificultad, logramos mantener bajo control. La tarea de evitar los distintos tipos de accidentes que pueden ocurrir se hace más pesada cada día. Las preocupaciones que nos imponen quienes saben cosas importantes que nosotros desconocemos se concretan más rápido que nuestra capacidad para manejar sus inventos.
Lejos de ser infrecuente, en la vida moderna el conocimiento peligroso está por todas partes. La gran cantidad de conocimiento peligroso que nos acompaña no es una casualidad ni producto de una conspiración demoníaca, sino un efecto secundario de la actividad económica. A medida que el hombre aprende a hacerse camino en el mundo, automáticamente adquiere un poder destructivo que afecta a los objetos y a los demás hombres. Es imposible ilegalizar ese poder, porque generar valor para otro implica manipular el entorno de maneras que los demás desconocen.
Si queremos podemos adquirir conocimiento que no sea peligroso: números telefónicos, formas de granos de arena, etc., pero pronto nos quedaremos sin trabajo. Todo el mundo lo sabe: si queremos sobrevivir tenemos que adquirir un conocimiento que nos confiera algún poder, es decir, que sea potencialmente peligroso. Es eso lo que los demás necesitan de nosotros.
La triste realidad es que evitar la generación de conocimiento peligroso es algo poco práctico. El conocimiento es muy útil y, en cualquier caso, se lo genera en privado con fines industriales o militares específicos, por lo cual no está completamente bajo el control popular. Los científicos que trabajan en la esfera pública suelen presumir de cuán peligrosos pueden llegar a ser, pero la verdad es que normalmente no lo son. Los científicos sin dinero no son muy peligrosos. Entonces, mientras los críticos fantasean con detener la producción de conocimiento, hay personas más responsables que se dedican a pensar en la historia, la economía, el interés personal y las estrategias posibles. Es como el impacto de un cometa contra la Tierra. Fantasear con prohibir los cometas no le hace mal a nadie, pero sería mejor idea pensar en cómo son de verdad los cometas, evaluar la amenaza que representan y considerar qué es posible hacer si se produce un choque contra nuestro planeta..
La idea de que la adquisición de conocimiento pueda considerarse ilegal ni siquiera se les ocurriría a la mayoría de las personas; es más, en principio les parecería ridícula. Pero, aunque no lo digamos, los hechos revelan que nos preocupa mucho el poder que da el conocimiento.
Nuestros actos también revelan una lamentable ambivalencia respecto de la libertad intelectual. Muchos menospreciamos la investigación en el campo de la técnica como algo vil, sin tener en cuenta quién la realiza ni cuáles son sus motivaciones. Muchos aplaudimos cuando desde los editoriales de los diarios se alienta la restricción del acceso al conocimiento peligroso. Normalmente justificamos este aplauso consciente asegurando que el conocimiento técnico difiere del conocimiento no técnico y sosteniendo que mientras que el primero es una amenaza, el segundo no lo es. Sin embargo, la distinción que hacemos, en realidad, es entre el conocimiento que confiere poder y el que no lo confiere.
El saber que no convierte a su poseedor en poderoso es benigno y también suele no ser importante. Entonces, la triste realidad es que la mayoría de nosotros no piensa que la penalización del conocimiento sea un problema. Ahora bien, cuando se trata de nuestro derecho de aprender, el panorama es distinto. No sólo nos parece correcto aprender y educar a nuestros hijos como nos venga en gana, sino que creemos que tenemos la obligación de hacerlo y que es nuestro deber enseñarles a nuestros hijos a continuar con la misma actitud combativa.
La actitud ambivalente con respecto a la penalización del conocimiento revela un profundo conflicto entre la estabilidad y la seguridad económica, por un lado, y los derechos humanos, por otro, conflicto para el que no hemos encontrado solución ni en nuestra mente ni en la sociedad. Exigimos que se respeten los principios de propiedad en nombre del bienestar económico y que se aplique la censura estatal en nombre de la seguridad. Al mismo tiempo, sabemos que limitar el acceso de una persona joven al conocimiento, en especial cuando esa persona es de origen humilde, es inmoral.
La penalización del conocimiento pone en peligro nuestras tradiciones culturales creativas. Degradar a los técnicos de modo que pasen de la categoría de héroes de Internet a la de ladrones y espías que amenazan a la economía y al Estado con su capacidad de cometer delitos intelectuales tendrá sus consecuencias. Lo que está cambiando es la economía del intelecto, las tradiciones por las que una persona se beneficia materialmente gracias a la creatividad, el conflicto entre las actividades intelectuales, por un lado, y las leyes de propiedad intelectual y la seguridad nacional, por otro, los fuertes incentivos a la creación de conocimiento desechable, el costo cada vez mayor que implica localizar el conocimiento relevante en un enorme río de basura. Frente a nuestras propias narices, la edad de la razón está siendo desplazada de su nicho ecológico por la economía del conocimiento, un término cargado de ironía para una época en la que lo que se promueve es la escasez de conocimiento. ©LA NACION
El autor obtuvo en 1998 el Premio Nobel de Física, junto con Horst L, Stôrmer y Daniel C. Tsui, por su explicación del efecto Hall cuántico.
son descubiertos en el sistema estatal (si, aún en los privatísimos EEUU) y luego desarrollados por el sistema privado. Por ejemplo los anticuerpos monoclonales en los que se basan algunos test de embarazo, los antiretrovirales con los que se conbate el SIDA, las drogas antiepiléticas, etc. La razón es obvia: nadie va a invertir en desarrollar un conocimiento completamente nuevo, porque es potencialmente caro y de resutado impredecible. Una vez conocida la potencialidad de un tratamiento, alli las farmacéuticas invierten en él y lo desarrollan, patentan los desarrollos y combaten legalmente a cualquiera que intente hacer lo mismo, aunque no sean dueñas del conocimiento que lo originó. (Un ejemplo de cabotaje es el gobierno macrista intentando desactivar los laboratorios estatales de producción de medicamentos, la mayoría de los cuales producen drogas tan privadas como la aspirina y usan conocimientos tan patentados como la tabla periódica) (más sobre esto acá *)JUEZ INVALIDA PATENTE DE GEN HUMANO
John Schwartz y Andrew Pollak
Publicado por el NYTimes, marzo 29 del 2010.
El Lunes, un juez federal rechazó el patentamiento de dos genes humanos relacionados con los cáncer de mama y de ovario. Si este fallo se mantiene en cámara de apelaciones, crearía dudas sobre las patentes que cubren miles de genes humanos y modificaría la ley de propiedad intelectual.
El Juez Federal de la corte distrital R. W. Sweet en fallo de 152 páginas, invalidó siete patentes relacionadas con genes BRCA1 y BRCA2, cuyas mutaciones han sido asociadas con el cáncer.
La Unión Americana de Libertades Civiles y la Fundacion de Patentes Publicas de la Escuela de Leyes Benjamin N. Cardozo de Nueva York se incorporó a organizaciones de médicos y pacientes individuales, en Mayo, para rechazar esas patentes; su argumentación: los genes son productos de la Naturaleza, están fuera del dominio de cosas patentables. Las patentes, alegaron, dificultan investigaciones e innovaciones y limitan las opciones de experimentación.
Myriad Genetics, la compañía dueña de las patentes, con la Fundación de Investigación de la Universidad de Utah, solicitaron el rechazo del caso, sosteniendo que el trabajo de aislar el ADN del cuerpo lo transforma y lo hace patentable. Tales patentes, indicaron, han sido otorgadas por décadas: la Corte Suprema sostuvo patentes sobre organismos vivos en 1980. En si, muchos en el campo de las patentes habían predicho que los tribunales habrían de rechazar los juicios.
Sin embargo el juez Sweet dictaminó que las patentes fueron “adjudicadas incorrectamente” por implicar una “ley de la naturaleza”. Agregó que muchos críticos del patentamiento de genes consideran que la idea de aislar un gen y hacerlo patentable, es una artimaña de abogados que saltea la prohibición del patentar el ADN de nuestros cuerpos y que logra ese resultado.
El caso puede tener implicancias de largo alcance. Aproximadamente 20% de los genes humanos han sido patentados y que industrias multi-billonarias se han armado sobre los derechos de propiedad intelectual que esas patentes otorgan.
“Si una decisión como esta es mantenida en las apelaciones, ha de producir un impacto muy importante en el futuro de la medicina”, sostuvo Keneth Chahine, profesor visitante de derecho de la Universidad de Utah, en una presentación testimonial por Myriad. Señalo que la medicina se hace mas personalizada con tests genéticos usados no solo para diagnosticar enfermedades sino también para la determinar cuales medicamentos son la mejor respuesta para un paciente.
El Sr, Chahine, que manejó una empresa de biotecnología, explicó que la decisión podía dificultar a nuevas empresas, en lograr inversores. “Las industrias tendrá que hacerse mas creativas para lograr exclusividades y atraer capitales si enfrentan reducidas protecciones en términos de patentes” explicó.
Edward Reines, abogado especializado en patentes y representante de empresas de biotecnología, pero sin intervención en el caso, explicó que la pérdida de protección por patentamiento, habría de reducir los incentivos en la investigación genética.
“Las herramientas genéticas que resuelvan la mayoría de los problemas de salud de nuestro tiempo, aún no han sido halladas”, dijo el Sr. Reines, perteneciente al estudio jurídico Weil, Gotshal & Manges, con oficinas en Silicon Valley. “Queremos motivar estos descubrimientos, proveyendo incentivos a investigadores que actúan en ese campo”.
El juicio también cuestionaba las patentes basándose en la Primera Enmienda, pero el juez Sweet dictaminó que debido a los temas considerados, el caso podía ser resuelto dentro de la ley de patentes y, no se requería decisión constitucional.
El fallo será seguramente apelado. Las llamadas que se efectuaron a los representantes de Myriad, buscando sus comentarios, no fueron contestadas. Pero este mes, el CEO de la empresa, Peter Meldrum, le explicó a los inversores “que, sin importar el resultado, el juicio, no tendrá efectos adversos para la compañía” en sus beneficios futuros, según el informe de Pharmacogenomics Reporter, “o en los retornos futuros de nuestros productos”.
Myriad comercializa un test que cuesta mas de us$3.000 que busca mutaciones en ambos genes para determinar si una mujer tiene alto riesgo de tener cáncer de mama o de ovario. Los demandantes, en este caso, han dicho que el monopolio de que tiene Myriad en el test, conferido por las patentes sobre los genes, le permite mantener los precios altos e impedir que las mujeres puedan obtener un test confirmatorio de otro laboratorio.
Janice Oh, la vocera de la oficina del fiscal federal en Manhattan, quien actúa representando a la Oficina de Patentes y Marcas en este caso, no ha hecho comentarios al respecto.
Uno de los actores individuales en este juicio, Genae Girard, que está afectada por un cáncer de mama y ha efectuado el test para el cáncer ovárico, aplaudió la decisión como “un gran cambio para todas las mujeres del país que podrían tener cáncer de mama, si este se ha presentado en su familia”. Chris Hansen, un abogado de la oficina de A.C.L.U. expresó: “El genoma humano, como la estructura de la sangre, aire o agua, ha sido descubierta, no creada. Existe una sinfín de información sobre genes que piden muchos mas descubrimientos, y las patentes sobre genes colocan barreras inaceptables al libre intercambio de ideas”.
Bryan Roberts, un prominente inversor de riesgo de Silicon Valley, dijo que este fallo puede empujar el trabajo de descubrimiento de genes y tests de diagnósticos a las universidades. “El gobierno ha de ser quien provea los fondos para los descubrimientos de contenidos puesto que resultará muy difícil de justificarlo fuera de esas instituciones”.
John Ball, vicepresidente ejecutivo de la Sociedad Americana de Patología Clínica, demandante en este caso, ha definido la decisión como “un gran trato, excelente para los pacientes y para el cuidado de estos, bueno para la ciencia y para los científicos” explicó, “Verdaderamente abre las cosas”.
Un juez de Nueva York acaba de invalidar las patentes genéticas relacionadas con los genes BRCA1 y BRCA2, cuyos derechos estaban en posesión de la empresa privada Myriad Genetics. El juez ha dictaminado que dichos genes “son productos de la naturaleza, no invenciones, y por tanto no pueden estar sujetos a las leyes de propiedad intelectual”. Esta decisión podría sentar un precedente y tener consecuencias importantes en el campo de la medicina, la investigación científica, y la industria biotecnológica.
Justo lo comentábamos hace un par de semanas en este post. Myriad Genetics descubrió en 1993 que ciertas mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 estaban asociadas a mayor riesgo de cáncer de mama y de ovario. Patentó su hallazgo para reservarse los derechos de propiedad intelectual, y ahora es la única compañía en EEUU que puede hacer tests genéticos sobre ellos. Como consecuencia, un análisis preventivo que sería muy útil y barato cuesta unos infladísimos 3.500 dólares en EEUU, y muchas mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama no pueden permitirse saber si están a riesgo genético o no.
Ayer lunes 29 de marzo, una demanda presentada en mayo del año pasado por la ACLU y la Public Patent Foundation (PUBPAT) ha prosperado y el juez Robert Sweet del distrito sur de Nueva York dictaminó que “la identificación de las secuencias del BRCA1 y BRCA2 es un hito científico de un valor incuestionable por el que Myriad merece reconocimiento, pero esto no implica que sea algo sobre lo que puedan poseer una patente”.
Posiblemente los abogados de Myriad apelarán, y la última palabra no está escrita todavía, pero esta decisión judicial importantes implicaciones. El 20% de genes humanos que de momento se conocen están protegidos por cerca de 2.000 patentes genéticas que impiden a muchos científicos investigar sobre ellos, o incluirlos en sus tests para saber qué fármacos funcionan mejor en un determinado grupo de pacientes. Es un tema tremendamente relevante, sobre todo teniendo en cuenta el momento en que se encuentra la investigación en genómica humana. En los últimos años el número de alteraciones genéticas asociadas a enfermedades comunes está aumentando a un ritmo exponencial, y con el progresivo abaratamiento de las técnicas de secuenciación, muy pronto los beneficios que pueden suponer disponer de esta información irrumpirán en la práctica médica rutinaria en forma de una medicina preventiva y tratamientos personalizados mucho más eficientes. Este conocimiento debe ser de dominio público. Es demasiado valioso como para estar restringido por intereses comerciales.
No debemos preocuparnos demasiado por si se pierden incentivos económicos y se retrasa el proceso de extraer información significativa de nuestro ADN. Descubrir mutaciones genéticas relacionadas con la salud cada vez es más sencillo, y si no lo hacen primero compañías privadas, lo hará un poco más tarde la investigación con fondos públicos. La industria ya encontrará sus oportunidades de negocio.
El juez ha sido contundente: "La purificación de un producto natural, sin más, no puede transformarse en una patente. Y como el ADN aislado no es diferente del ADN en estado natural, no es patentable”.
–¿A qué se refiere cuando habla de “seguridad ecológica”?
–Hay una tendencia a vincular la cuestión de la seguridad con el tema medioambiental. Esto nace en el aparato de seguridad de los Estados Unidos y luego pasa a nuestros países. Frente a este concepto, que ha tenido mucho éxito en el discurso del poder, aparece una contrapropuesta: debemos buscar la “seguridad ecológica”, que supone asegurar que la población tenga acceso a los recursos naturales que necesita, en contraposición al concepto de “seguridad ambiental”.
–¿Qué recursos considera usted que son estratégicos actualmente?
–Esa es una clasificación que hace el Pentágono refiriéndose, fundamentalmente, a minerales. Yo la generalicé porque se da muy bien con el resto de los recursos. En un primer plano se ubican los energéticos (petróleo y gas). En un segundo nivel, agua y minerales (los más escasos, que se usan en procesos productivos). Y en un tercer nivel, biodiversidad (banco de genes y fuente de códigos genéticos para el desarrollo de nuevas tecnologías).
–Por ejemplo, en Colombia se patentaron genes de biodiversidad.
–Se están haciendo patentamientos en toda América latina, no sólo de plantas sino de humanos. Por ejemplo, de aborígenes que tuvieron poca mezcla con otras razas y pueden conservar una variedad genética distinta. Eso se ha recolectado y, en algunos casos, patentado.
–¿En qué se diferencian los recursos estratégicos de los críticos?
–En que los recursos estratégicos son los que posibilitan los procesos productivos clave para garantizar cierta hegemonía a nivel nacional o mundial, mientras que los críticos son para uso militar, se usan para el desarrollo de la industria bélica. Son materiales muy específicos, por ejemplo los que se utilizan en la industria de la electrónica aplicada al campo militar. Estados Unidos tiene una dependencia importante respecto de esos materiales y las dos terceras partes de esa demanda salen de México y Canadá. La visión pública de la minería es clásica.
–¿A qué se refiere?
–Por un lado, se argumenta que las vetas no tienen tanto impacto ambiental. Por otro, la gente vincula los procesos de extracción minera sólo con el cobre en Chile y el oro o el carbón en Colombia. Pero no se trata sólo de eso, tenemos que visualizar con más firmeza minerales que, aunque en menores cantidades, son estratégicos en términos de hegemonía.
–¿Se refiere a los vinculados con tecnología militar o con la que se aplica a la informática?
–Exactamente. El berilio, por ejemplo, se aplica para las cabezas nucleares, sensores, computadoras, aviones, misiles o satélites. Es un compuesto muy particular y muy tóxico, hay que tener mucho cuidado en su uso. Las tierras raras, que son clave para la industria de la informática, se exportan también. El grueso de las tierras raras lo tiene China (un 80 por ciento), el resto lo tiene Estados Unidos y hay en menores cantidades en otros lugares. Por eso es que hay que prestar atención a otros minerales que no llaman la atención por su cantidad pero tienen un rol estratégico. Un caso muy importante en América latina es el que se refiere al litio.
–En el norte argentino, dos empresas, Orocobre y Toyota Tsusho, anunciaron que desarrollarán un proyecto para extraer litio. Lo presentan como un proyecto con mucha inversión y beneficioso para la población.
–Así se presentan todos los proyectos mineros. Lo que sucede es que ahora cada vez dependemos más del litio por todos los aparatos electrónicos que utilizan baterías. Bolivia tiene la reserva de litio más grande del planeta. Evo Morales dijo que el Estado se asociará con otras empresas o creará la propia para extraer litio. Aunque eso no nos dice nada sobre si una empresa estatal garantizará hacia dónde van las ganancias. Además, serían ganancias muy pequeñas porque no van a procesar el litio, es decir, no harán las baterías, que es donde está la gran ganancia. Lo mismo sucede en México, donde el año pasado se descubrió un yacimiento de litio similar al de Bolivia. En la minería, los modos de extracción son mucho más agresivos.
–¿Agresivos en qué sentido?
–Por un lado, la tecnología es más agresiva con el medio ambiente y afecta a las poblaciones aledañas. Las “demandas del mercado” –así se lo presenta– hacen que se extraiga mucha más cantidad de minerales. En realidad son los patrones de consumo de los países más desarrollados los que presionan para que haya una mayor explotación de yacimientos. Además, las multinacionales mineras empiezan a explotar yacimientos de baja ley, es decir, de baja concentración de minerales y buscan la mayor rentabilidad posible. Este esquema, de modo menos agresivo, se vio en la época colonial, en muchos países de América latina.
–¿Cuáles son las características más visibles de ese esquema?
–Por ejemplo, no consultar a las poblaciones locales. Cuando llegan los proyectos mineros a los lugares, despojan la tierra, engañan a los comuneros y negocian cifras de compensación a 30 o 50 años, que terminan siendo montos ridículos, por prácticamente destruirles la tierra. Son montos absurdos los que pagan. El despojo tiene dos formas: como se hacía en la colonia, sin ningún permiso o, como se hace ahora, mediante un proceso de negociación ficticia. Se vende como un proyecto de desarrollo que creará empleo y derrame económico, cuando, en los hechos, no crean derrame económico y generan muy pocos empleos. Cuando la gente ve que les destruyeron la tierra y se ven despojados y reacciona, se empieza a generar una serie de mecanismos legales, de desprestigio social y de criminalización de los movimientos antimineros, por parte de la empresa y de otros actores involucrados en el negocio que implica la minería.
–¿Cuánto puestos de trabajo se calcula que crean estos proyectos?
–En los pueblos de América latina donde llegan estas mineras, la cantidad de empleados no pasa las tres o cuatro decenas. Luego vienen trabajadores de otras regiones del país o son técnicos formados. La versión de las empresas es que son lugares aislados donde hay gente campesina, humilde, con poca formación técnica y que no puede manejar maquinaria que nunca ha visto en su vida. Y esa gente queda totalmente afuera de esta idea de desarrollo.
–¿Cómo se dan los mecanismos de criminalización de estos movimientos?
–En el caso de Barrick Gold o New Gold, capitales canadienses que operan en México y en otros países, se ven los mismos fenómenos de criminalización. En la Redlar (Red Latinoamericana contra represas) se ven casos como el de Blackfire, una minera canadiense que opera en Chiapas, México, involucrada en el asesinato del principal líder del movimiento opositor a la mina, Mariano Abarca Roblero. Recientemente asesinaron a otro líder de un movimiento antiminero y a su esposa, vinculados con la mina de oro Marlin, en Guatemala. En general, las mineras tratan de empantanar las quejas de la población mediante procesos legales. Y una de las debilidades de los movimientos sociales es que usualmente no tienen asesoría legal.
–Además de las empresas, ¿qué actores intervienen para la realización de estos proyectos?
–En México, los actores involucrados son el gobierno federal, al que se pide el permiso de exploración, la empresa y algún ingeniero o geólogo local. Una vez que se confirma que hay mineral se pide al gobierno federal un permiso para la explotación, muchas veces se compra un permiso existente porque se trata de viejas zonas de minería. Uno de los problemas más importantes en los proyectos mineros es el del agua; normalmente, están en zonas con poca disponibilidad de agua, que luego desechan totalmente contaminada. Muchos de los permisos tienen que bajar desde la escala federal, pasan por los estados y llegan hasta el municipio, que sería la zona local donde opera el gobierno directamente. En todas estas escalas se van tejiendo escalones de corrupción. Cuando se llega a la escala local, se suele “comprar” al gobierno directamente. En el caso de Cerro San Pedro, en México, el secretario de Gobierno era, además, funcionario de la mina. Este tipo de vinculaciones son importantes para poder hacer operativo el proyecto. En otros casos más complejos, cuando hay una población más grande, se hacen alianzas con algunas personas para que sirvan como choferes del material que se saca. Con este tipo de alianzas, si bien se da con una porción de la población, se logra legitimidad.
–¿Por qué dice que no generan derrame económico?
–Porque los impuestos que se les debe cobrar a las empresas generalmente no se pagan, por varias razones. Durante la década del noventa, casi al mismo tiempo en todos los países de América latina se formularon leyes de minería, según las cuales el capital internacional que realiza inversión extranjera directa (IED) puede operar en esos países más fácilmente. Se les da tratamiento de capital nacional, certeza jurídica, la garantía de sacar las ganancias y todo lo que implica la política neoliberal en términos de inversión extranjera directa.
–¿Cómo hacen las empresas para evitar el pago de los impuestos?
–Hay dos mecanismos. Uno es la salida del capital y el envío a la empresa matriz sin ningún cargo. El otro es declarando gastos para liberar impuestos. Barrick Gold, en el 2003, obtuvo 2035 millones de dólares y, después de toda la ingeniería contable, pagó de impuestos cinco millones de dólares. En 2002, la misma empresa logró declarar más gastos de lo que tenía que pagar de impuestos y el Estado canadiense tuvo que regresarle 16 millones de dólares.
–¿Hay algún caso emblemático de proyecto minero que se pueda mencionar en América latina?
–Es que gran parte de los proyectos de la nueva gran minería, la de tajo a cielo abierto, empieza apenas a aparecer. Menos del 5 o 6 por ciento de los proyectos están operativos, es decir que están sacando el mineral, el resto está en la instancia de estudios de factibilidad. Hay casos importantes, pero no son las principales minas a nivel internacional porque todavía no logran consolidar el proyecto de extracción. Pero en México, una mina de Gammon Gold opera en 12 mil hectáreas de Ocampo. Y junto con otra mina contigua genera el 25 por ciento del oro de todo el país. La propia Gammon Gold, en el mismo municipio de Ocampo, extrae el 14 por ciento de la plata. Por primera vez el año pasado, México tuvo más producción de oro que de plata, en cuanto a su posición mundial. El caso de Esquel, en Argentina, es otro muy significativo. El capital canadiense se está especializando mucho en oro y plata.
–¿Qué particularidades tiene la geopolitización de los recursos, que se dio en EE.UU. a partir de los años ’90?
–En el marco de la vinculación del medio ambiente con la seguridad, la geopolitización proviene del aparato del Estado norteamericano, particularmente del área de seguridad. En la década del ’90, por primera vez en el Plan estratégico de Estados Unidos aparece la necesidad de vincular la cuestión de seguridad con los recursos naturales. Ellos argumentan: “Nosotros tenemos que garantizar que Estados Unidos tenga los recursos que necesita”. Eso implica saber dónde están los recursos fuera de ese país. La geopolitización significa asegurar los recursos por la vía del mercado o del Pentágono. Por ejemplo, en Irak entran con mecanismos militares y diplomático-militares y así generan un mejor escenario para que después sí pueda entrar la Inversión Extranjera Directa (IED). Lo que se ve en Irak se replica con otros procesos extractivos de América latina.
–¿Cómo se vuelca la estrategia geopolítica de Estados Unidos en el Amazonas y el Acuífero Guaraní?
–A fines de la década del ’90 y principios del 2000 comenzaron a salir proyectos de conservación para la Triple Frontera, financiados por el Banco Mundial y las Naciones Unidas. La idea al principio era saber cuánta agua había allí, era una de las cuestiones que querían aclarar, respecto de los datos que tenían en los años ’70. Esto coincidió con un momento en que se estaba hablando del agua como recurso estratégico, una coyuntura en la que quedaba muy claro que Estados Unidos tiene una preocupación tremenda por el acceso a fuentes de agua. En el fondo, lo que está en juego es cómo se asegura el agua para que se exporte de otras maneras.
–¿Como cuáles?
–De la zona argentino-brasileña productora de soja y otros cultivos, no sólo se exporta granos sino también agua. Es muy importante asegurar que las grandes empresas agroindustriales de esas zonas tengan agua, porque esos granos van a beneficiar a los países compradores. Otra cuestión tiene que ver con el negocio del agua embotellada. Ya no se trata sólo de transferir el agua para la industria, sino que hay empresas que están embotellando agua para su exportación. Estos intereses empresariales son los que se geopolitizan. En la Triple Frontera hubo amenazas verbales de securitizarla. Hay presencia militar, más o menos reconocida por Estados Unidos. Se quiere implementar operaciones de avanzada, que son pequeños grupos de alta movilidad.
–¿Cómo contribuye la crisis de gobernabilidad hídrica a que se dé esta situación?
–Es interesante analizar cómo el Ejército cambia su visión: en Argentina el Ejército sacó el Proyecto 2025. Así como los recursos hídricos o la zona del Acuífero Guaraní en su conjunto son importantes para Norteamérica, que busca asegurar un beneficio para sus empresas y el crecimiento del mercado estadounidense, el gobierno de Argentina securitiza sus recursos. En el Plan 2025 se cambia la hipótesis de guerra, que ahora es la defensa de los recursos. Ese documento supone reorganizar la estructura del Ejército hacia adentro y cambiar escenarios de defensa.
–¿Cuál sería el enemigo, según el Plan 2025?
–El enemigo es todo aquel que quiera hacerse del recurso, todas las zonas fronterizas. Quisiera remarcar que, en el fondo de la geopolitización, lo que se busca es asegurar que estos recursos lleguen a los destinos por vía del mercado. Así se liberan de la imagen del imperialismo, aunque sigue siendo lo mismo porque en el momento en que este flujo se pare entra el Pentágono.
–¿Los Estados y empresas europeas tienen el mismo pensamiento?
–No les he seguido la pista. Valdría la pena saber sobre el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que tiene capital para hacer IED en proyectos productivos, pero no rinde cuentas a nadie, no tiene un sistema transparente de informar en qué invierte y cómo opera. Pero en el caso de la minería, el capital europeo no es muy fuerte.
–¿A qué se refiere cuando habla de que hay “políticas democidas” en relación con la seguridad alimentaria?
–Ese concepto lo planteé en el marco de la política de promoción de los agrocombustibles. Nosotros, los mexicanos, perdimos la capacidad de autosuficiencia, ahora importamos poco más del 40 por ciento de los alimentos, incluyendo los granos básicos, maíz y frijol. El abandono del apoyo al campo en acuerdo con la propuesta del Banco Mundial llevó a que se desplomara la participación económica del campo mexicano y desaparezca el mediano y pequeño campesino. Al mismo tiempo, hay mucho apoyo a proyectos agroindustriales de producción de maíz para la generación de etanol. La política democida tiene dos vertientes. Por un lado, la política neoliberal está desmontando la soberanía alimentaria y hace competir los alimentos con la generación de energía. Por otro lado, el Estado abandona la responsabilidad social en términos de gasto en educación, salud y los servicios que requiere la población.



Para Participar en el Partido Pirata Argentino

Nuestras Lista de Correo para estar comunicados

Nuestra dirección de e-mail

Nuestro canal IRC-La Taberna del Pirata!

En Diáspora


1000 razones para ser un pirata deje en los comentarios la suya!!

Podcast del Partido Pirata Argentino-También elevamos nuestra voz!

Programas de radio seleccionados para escuchar o descargar!.

Que vuelvan los Nick's!! .

Videos, película, documentales y algo más.

Programas MOD MTV sobre los nuevos modelos de negocios y tendencias en Internet.

Nuestra sección dedicad a Hipólito Bouchard, nuestro corsario
.
No Al Canon Digital!.
Blog "No Oficial" del Partido Pirata Argentino Copyleft : Todos los izquierdos reservados -- This work is licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Argentina License.Este es el Blog No Oficial Visiten el Blog Oficial del Partido! Template created by O Pregador -- Powered by Blogger