Se está discutiendo en la legislatura porteña que no se judicialicen los casos en que el aborto es legal.
O sea:
" cuatro situaciones de aborto no punible: cuando corre peligro la vida de la mujer; cuando está en peligro su salud; en casos de violación (a cualquier mujer) y si el embarazo proviene de un abuso sexual a una mujer con discapacidad mental."
No es que se permite cualquier tipo de aborto, sólo aquellos que están permitidos por la ley.
Según lo que dice Página 12:
- Para constatar los casos de violación o abuso sexual, el médico deberá solicitar una constancia de denuncia policial o trámite judicial.
- Todo hospital tiene la obligación de garantizar la permanente disponibilidad de profesionales no objetores.
- La interrupción debe realizarse en un plazo no mayor a los diez días corridos desde la solicitud de la mujer o de su representante legal.
- Un solo médico evaluará si el caso encuadra en los supuestos de no punibilidad. Se prohíbe la imposición de exigencias adicionales, como que sean más profesionales los que se tengan que expedir o la intervención de un comité de bioética o la autorización de un juez.
“Es muy importante que se sancione esta ley para que no se sigan judicializando estos casos. El Estado debe garantizar el aborto en los casos en que es legal”, señaló Lubertino.
Las voces disidentes corrieron por cuenta de dos abogados alineados con el pensamiento de agrupaciones “pro vida” que fueron más allá del tema en discusión –la regulación de un procedimiento médico– y se pronunciaron en contra del aborto en todos los casos, incluso cuando corre riesgo la vida de la mujer. Y calificaron a las iniciativas de “inconstitucionales”. Uno de ellos, Mario Turzi, de una organización llamada Defensoría de la Vida Humana, propuso incluso que ante una interrupción de embarazo se contemple el uso de incubadoras y la terapia intensiva para “asegurar la sobrevida de las personas en gestación”.
La primera oradora fue la coordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del gobierno porteño, médica especialista en ginecología endocrinológica del Hospital Pirovano y a la vez vicepresidenta de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (Amada). Después de dar un panorama de las acciones del programa que encabeza, precisó que en 2007 fallecieron en hospitales porteños cuatro mujeres como consecuencia de abortos realizados en la clandestinidad y en forma insegura. En lo que va de 2008, otras dos. Son muertes, destacó, que “podrían haberse prevenido”. La funcionaria pidió a los legisladores que sancionen “una normativa clara”. “Es necesaria una reglamentación para que se puedan cumplir en los hospitales con los abortos no punibles contemplados en el Código Penal”, señaló luego a PáginaI12.
Aunque desde el comienzo la diputada Bello, que dirigió el encuentro, pidió que el debate quedara circunscripto a “los abortos no punibles y no al tema del aborto en general”, la discusión superó esa valla: Alberto Solanet, presidente de la Corporación de Abogados Católicos, consideró que “no existe justificación alguna para el aborto terapéutico”. Tampoco cuando el embarazo proviene de una violación.
–¡Saquen sus rosarios de nuestro ovarios! –repitieron mujeres del público cuando finalizó su exposición.
Turzi habló de “homicidio prenatal”. Ambos pidieron que los proyectos se archiven.
La cuarta experta invitada fue la médica e investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), Mariana Romero, quien coordinó el equipo interdisciplinario que redactó la Guía de Atención Integral del Aborto no Punible elaborada durante la gestión del ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García. Romero expresó su apoyo a la reglamentación y destacó, entre otros aspectos, que estudios de opinión recientes encargados por el Cedes muestran que 8 de cada 10 ciudadanos en el país están a favor de que el aborto no sea punible en los casos ya previstos en el Código Penal y contemplados en los proyectos en discusión (ver aparte).
A pesar de las posiciones irreconciliables de los expertos invitados, no hubo exabruptos. Apenas algunos abucheos del público a dichos de Turzi y de Solanet. Ambos plantearon que los proyectos amplían las causales de no punibilidad vigentes al incluir a los embarazos que provienen de una violación a cualquier mujer –y no sólo en el caso de una que sufra discapacidad mental– y que no es atribución de la Legislatura avanzar sobre la modificación del Código Penal.Es bueno recordar que lo que se está debatiendo es que, en los casos en que el aborto es legal en la Argentina, como por ejemplo por ser un embarazo consecuencia de una violación, no se judicialice la causa, la mujer pueda realizarse un aborto legalmente en un hospital público.
Desde el Partido Pirata apoyamos que las personas puedan elegir libremente qué hacer, si quieren o no realizarse un aborto.
Ojalá por lo menos se avance algo y se termine un poco con la hipocresía, ya que una mujer que cuenta con medios se hace un aborto ilegal, con anestesia, asepsia y demás..
Quienes se joden son las mujeres que no cuentan con medios, que no pueden pagarse un aborto ilegal.
Terminen con la hipocresía!!!
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