Centro de Protección a la Naturaleza
Campaña "Paren de Fumigarnos!"
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Fuente Programa Contra Punto.
Carlos Manessi-Cepronat Santa Fe
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Y Biolcatti hablando de la patria en la Rural...
Y lo que dice nos hizo recordar a estos comentarios que aparecieron en una nota del diario la Nación
San Jorge está ubicada a 144 kilómetros de la capital provincial y se la conoce como la “capital de la industria alimenticia”, por su pasado con gran variedad de cultivos. El barrio Urquiza está en las afueras de la ciudad, de casas aún sin terminar y frente a campos de monocultivo. “La incapacidad práctica del Estado para evitar que los plaguicidas lleguen hasta las personas sólo puede morigerarse con la fijación de prohibiciones totales de todo tipo de agroquímicos en zonas urbanas y periurbanas”, afirmó en su presentación la abogada Gabriela Ferrer, patrocinadora de la denuncia inicial en marzo de 2009. “Estamos felices. Los nenes ya no se enferman. No hay más problemas respiratorios, sólo un poco de moco cuando los nenes toman frío”, explicó Viviana Peralta, la impulsora de la demanda que acabar de quedar firme.
A inicios de 2009 Ailén tenía sólo dos años pero ya conocía los efectos de las fumigaciones sojeras. Cuando tenía cinco días de vida sufrió su primera intoxicación con agroquímicos. Desde ese momento, cada fumigación era un camino directo al hospital, y todos los días recibía un cóctel de medicamentos para poder respirar. Su casa estaba a diez metros de campos de soja. Fue entonces cuando el juez Tristán Martínez prohibió las fumigaciones con glifosato, en marzo de 2009, en adyacencias de la zona urbana de la ciudad, hasta que el Concejo Deliberante y el Municipio se hicieran eco de la Ley 11.273 y determinaran qué zonas pueden ser rociadas con agrotóxicos. La medida privilegiaba la salud por sobre la actividad económica, y cargaba las responsabilidades sobre los productores, a la Municipalidad de San Jorge y el Ministerio de Producción provincial.
La Ley 11.273 regula el uso de agroquímicos, pero no fija límites para las fumigaciones. Otorga esa facultad a los intendentes y presidentes comunales. Aunque la ley fue sancionada en 1995, la gran mayoría de los municipios aún no establecieron las áreas fumigables.
La presión de los pobladores afectados, y el avance de la frontera agropecuaria, impuso que la legislatura provincial modificara la norma, y fijara límites claros. La Comisión de Medio Ambiente determinó un piso de 300 metros, pero –cuando ya estaba vigente el fallo de primera instancia, en octubre pasado– la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados provincial votó un dictamen en el que se habilitan fumigaciones terrestres con glifosato a sólo 100 metros de las viviendas. El dictamen se encuentra en Asuntos Constitucionales, donde el oficialismo tiene mayoría.
“Diputados provinciales en contra de la salud de la población”, fue el título del comunicado de la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), que denunció que en la Cámara de Diputados “se comprueba la incidencia notable de los grupos empresariales asociados a los pooles de siembra. Las decisiones gubermantales se rigen con un criterio exclusivamente productivista por sobre la salud y el ambiente de los santafesinos”.
Con la sentencia ya firme, las organizaciones sociales piden la adecuación de la ley a lo dictado por la Justicia.
Por D. A.
Alexis Cabral, de 8 años, padecía alergias constantes y era dependiente de un inhalador para poder sobreponerse de los ahogos. Vivía frente al campo de soja denunciado. Desde hace un año, coincidentemente con el cese de las fumigaciones, Alexis no padece ningún síntoma y dejó el inhalador. No hay estudios científicos que demuestren la directa relación, pero los vecinos del barrio Urquiza de San Jorge no creen que sea una casualidad. El reciente fallo de la Justicia de Santa Fe también es innovador en ese sentido: revaloriza los testimonios de los afectados –muchas veces minimizados por los jueces–, resalta la importancia de los médicos de pueblos (testigos cotidianos en la atención de intoxicados) y cita trabajos científicos que alertan sobre los efectos del glifosato.
“En casos controvertidos científicamente, se torna muy relevante considerar las ‘historias de vida’, las ‘experiencias’, los ‘saberes y conocimientos’ de quienes viven cotidianamente expuestos al riesgo de que se trate, en este caso los agroquímicos. Es necesario revalorizar ‘el sentido común’ debido a que la ciencia no puede responder a todos los interrogantes”, reclama la Cámara de Apelaciones en los Civil y Comercial (Sala II).
El fallo resalta también la importancia de los médicos rurales: “(Son) un grupo de personas que no integran el llamado ‘sistema científico oficial’ y han efectuado estudios relevantes desde hace años”.
En cuanto a los miembros de la comunidad científica que estudiaron los efectos de los agroquímicos y alertaron sobre su uso, señala las investigaciones de Argelia Lenardón (UNL-Conicet), que estudió la existencia de agroquímicos organoclorados en leche materna; Amalia Dellamea (UBA), que confirmó la presencia de plaguicidas en productos lácteos; Alejandro Oliva (Hospital Italiano de Rosario), que estudió los impactos en las funciones reproductivas; Jorge Kaczewer (UBA), que recopiló trabajos sobre el tema; y Andrés Carrasco (UBA-Conicet), que el año pasado detectó malformación en embriones anfibios, alertó a la opinión pública y fue duramente atacado por las cámaras empresarias del sector.
Los jueces santafesinos recuerdan como antecedente el decreto presidencial que creó la Comisión Nacional de Investigaciones sobre Agroquímicos, donde intervenieron los ministerios de Ciencia, Salud, Agricultura, el INTA y el Conicet. “El informe recibió multiplicadas críticas por parte de especialistas (...) Las críticas al informe apuntan a que utiliza bibliografía sesgada, recorta la problemática y equipara estudios de Monsanto con trabajos de científicos independientes”, afirmó el reciente fallo.
La Justicia señaló que los principales sostenedores de la inocuidad de los agroquímicos son las cámaras empresarias y la Asociación Productora de Siembra Directa. Reconoce que la OMS y la FAO clasifican al glifosato dentro de una categoría de bajo riesgo, pero cita a la bióloga de la UBA Lilian Joensen: “Las clasificaciones de la OMS y FAO no están basadas en estudios propios o de grupos independientes sino que se trata de revisiones de estudios hechos por las empresas mismas”.
La Justicia de Santa Fe dictó un fallo inédito, con posibles impactos en el modelo agropecuario de la Argentina, al dejar firme una sentencia que prohíbe las fumigaciones con glifosato en cercanías de zonas urbanas de la ciudad de San Jorge, en el oeste provincial. La medida fue decidida por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) de Santa Fe, que dio otro paso inédito: ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren, en el lapso de seis meses, que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud. De esta manera, por primera vez, se invirtió la carga de la prueba: era una regla que los vecinos y campesinos intoxicados tenían que demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serán los impulsores del modelo de agronegocios quienes tendrán que demostrar la inocuidad de los químicos. Los jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio: ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras. Los iniciadores de la causa, vecinos que sufrieron trastornos en la salud por las fumigaciones, ya solicitaron que la medida se extienda a toda la provincia. El glifosato es pilar fundamental del monocultivo de soja.
San Jorge es una ciudad de 25 mil habitantes, ubicada a 144 kilómetros de la capital provincial. Es una zona sojera por excelencia. Durante los últimos quince años creció al abrigo del monocultivo, la zona urbana se extendió y también los campos sembrados. El barrio Urquiza está en el margen del pueblo, es humilde, con viviendas aún sin terminar y fue durante una década lindero a campos de soja. Desde la casa de Viviana Peralta se ve el campo, y también los aviones fumigadores. Ella fue una de las impulsoras de la denuncia inicial, luego de que su hija Ailén, de sólo dos años, sufriera ahogos, intoxicación y un desmayo después de una fumigación.
En marzo de 2009, el juez Tristán Martínez –del Juzgado Civil, Comercial y Laboral Nº 11– hizo lugar a un amparo y ordenó la suspensión inmediata de las fumigaciones en adyacencias de la zona urbana de la ciudad, hasta que el Concejo Deliberante y el municipio se hicieran eco de la ley 11.273 (sancionada en 1995) y determinaran qué zonas pueden ser rociadas con agroquímicos.
Los productores, la Municipalidad y el gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción, apelaron la medida. Los tres jueces de la Cámara en lo Civil y Comercial de Santa Fe (Armando Drago, Enrique Müller y María Cristina de Césaris de Dos Santos Freire) confirmaron el fallo de primera instancia: prohibición total de fumigar con agroquímicos a menos de 800 metros de viviendas familiares (si el método utilizado es terrestre) y a 1500 metros (si la aspersión es mediante avionetas).
El inédito fallo, unánime, fue dictado en diciembre pasado, pero recién se conoció ahora. “Lo llamado a decidir (la prohibición) se desarrolla en un contexto difícil en donde juegan controversias científicas, intereses económicos, presiones y contrapresiones de orden político y empresario, riesgos reconocidos socialmente (...) que tienen la propiedad de transformar lo apolítico en político, desinformación interesada, descoordinación en la gestión pública, insolidaridad con los posibles afectados”, advierte la Justicia.
En las centenares de denuncias por contaminación e intoxicación, los afectados chocan en la Justicia con un pedido de difícil cumplimiento: son los mismos perjudicados (indígenas, campesinos y humildes habitantes periurbanos) quienes deben probar científicamente que los agroquímicos son perjudiciales.
La apelación del gobierno de Santa Fe se dirigió a ese punto débil. La provincia argumentó que la denuncia original (la acción de amparo) era inadecuada porque, antes de cualquier prohibición, se debía dar un debate amplio con demostraciones científicas que certifiquen los perjuicios sobre la salud y el ambiente. Pero la Justicia rechazó ese camino. “Me permito señalar enfáticamente que la cuestión no requiere de mayor amplitud en cuanto a ‘debate y prueba’. Se discute sobre actos que atentan contra el medio ambiente, repercutiendo de manera directa en la salud de los vecinos de la ciudad de San Jorge, lo que importa que existe un factor de urgencia que (debe) ser atendido”, sentenció la Cámara de Apelaciones.
Y, por primera vez en casos de agroquímicos, invirtió la carga de la prueba. No solicitó a las familias afectadas que probaran los males de los agroquímicos. Ordenó que el gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción, realice estudios junto a la Universidad Nacional del Litoral (UNL). En el término de seis meses deberá probar que los agroquímicos no afectan la salud y el ambiente. El juez de primera instancia Tristán Martínez recibió nuevamente la causa recién la semana pasada. Lo antes posible debe notificar a la provincia y la UNL. Cuando se cumpla el plazo de seis meses, el juez Martínez deberá decidir –estudio en mano– si revierte la medida, la mantiene o la profundiza.
El otro aspecto inédito del fallo es el uso del principio precautorio en lo que respecta a agroquímicos. La Ley Nacional del Ambiente define al principio precautorio en su artículo cuatro: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científicas no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. La Cámara de Apelaciones de Santa Fe lo utiliza como una de las bases de su fallo, enumera siete casos en los que fue implementado, destaca que se justifica su utilización cuando haya “falta de certidumbre científica y amenazada de daño al ambiente o la salud humana”, y toma como antecedente lo actuado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo tribunal del país, en el freno a los desmontes en Salta (diciembre de 2008).
La Justicia de Santa Fe afirmó que la limitación en el uso del glifosato para la ciudad de San Jorge se fundamenta en “la incertidumbre científica acerca de los riesgos ambientales, la incidencia de la alteración seria del medio ambiente y la irreversibilidad que pueden provocar tales daños”, y explica que su medida se entiende en razón de “evitar un daño futuro, pero relativamente cierto y mensurable”. El fallo también se mete de lleno en la práctica común judicial: llama a fiscales y jueces que “repiensen que los avances tecnológicos no son poderes que se legitiman a sí mismos”.
En la sentencia, los tres jueces advierten que intervienen intereses sectoriales que no buscan identificar los riesgos reales sino defender sus propios roles en la cadena de agronegocios. Señala que los fumigadores sostienen que las contaminaciones se deben al mal uso (un argumento recurrente de las cámaras empresarias), advierte que las compañías productoras de agroquímicos “sostienen la atoxicidad con estudios encargadas por ellas mismas”, el Estado “pregona su preocupación por el medio ambiente, pero olvida que la mejor manera de comprometerse en el tema es efectuando los debidos controles” y evidencia la falta de solidaridad de los chacareros: “Sostienen que si los productos que aplican se encuentran autorizados, nadie puede endilgar acción antijurídica alguna, por lo que no puede impedírseles trabajar y producir”.
“Lo que se muestra claro es que las posiciones divergentes antes de disiparnos las dudas de utilización de los agroquímicos, sobre todo en zonas urbanas, las acrecientan porque todos conocen los potenciales riesgos de su utilización (...), la preeminencia no la tienen los intereses sectoriales de nadie sino que, por el contrario, la preeminencia está del lado de la salud pública y del medio ambiente”, sentenció la Justicia de Santa Fe y afirmó: “Frente a la existencia de la duda relevante, la aplicación del principio precautorio deviene ineludible, porque la sola existencia de los niños afectados (...) así lo determinan”.
El Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat), organización impulsora de la denuncia inicial, ya anunció que solicitará que la limitación del uso de glifosato se amplíe a toda la provincia. “La Justicia protegió a los habitantes de San Jorge hasta que se demuestre la supuesta inocuidad. Pedimos que se proteja al resto de los santafesinos. Si eso no sucede, habrá ciudadanos de primera, protegidos del uso de agroquímicos, y el resto de la provincia estará expuesto a químicos que están sospechados de afectar la salud y el ambiente.”
El Cepronat, que integra la campaña nacional “Paren de fumigar” –donde confluyen decenas de organizaciones sociales y pueblos fumigados–, instó a que el gobernador Hermes Binner escuchara el fallo judicial y extendiera la limitación para las fumigaciones. “Ante todo, el gobernador es médico, entiende que la salud debe anteceder a las actividades productivas”, afirmó Carlos Manessi, del Cepronat.
Este diario intentó dialogar con el gobernador, pero su vocero explicó que no hablará del tema y derivó las preguntas al Ministerio de Producción. Desde la cartera informaron que los funcionarios no harán declaraciones públicas hasta tanto no sean notificados por la Justicia.
Binner se graduó en Medicina en 1970, en la Universidad de Rosario. Entre otras especializaciones, según su curriculum vitae, focalizó su profesión en “salud pública”, que es un concepto social y político que (según la misma definición médica) está destinado a “mejorar la salud y mejorar la calidad de vida de las poblaciones mediante la promoción de salud, la prevención de enfermedades y la armonía con el ambiente”.
Micky Vainilla
Fuente Medio y Medio.Graciela Gómez, quien no dudó en denunciar haber sufrido “aprietes” del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia –“y los sigo teniendo”, aseguró-, se mostró esperanzada por el proyecto de ley de prohibición del glifosato y con la reunión que el próximo 11 de agosto se realizará en el anexo al Congreso de la Nación y del que participarán organizaciones y representantes del sector científico que están de acuerdo con ese proyecto.
“Hay un proyecto del Frente Justicialista y nos invitaron a todas las ONGs. Yo voy a disertar junto a Mariano Aguilar, de la Asociación de Abogados Ambientalistas. Creo que esta ley va a prohibir. La ley tiene que prohibir. Todas les leyes del interior quedan sin efecto. Esas leyes que dan vueltas en el interior quedarán sin efecto”, aseguró.
“Por ejemplo –agregó-, la de Misiones es una muy buena ley porque el 13 por ciento de la población tiene discapacidad. Tienen yerba mate, te y tabaco lo que implica mucho glifosato. Se llama ley de agroquímicos. En Santa Fe, donde nunca se respetó, se llama Fitosanitaria. Yo prefiero llamarla agrotóxica”.
La abogada previó que la discusión de esta ley, cuando se trate, puede llegar a ser tan fuerte como la que se dio con la controvertida 125. “Va a ser bueno y va a ser importante”. De hecho, los intereses económicos ya comenzaron a presionar a través de las páginas del suplemento rural de Clarín.
“Va a haber reacción. Ya la hubo. Ellos dicen que el glifosato es agua bendita. Estarán todos ahí, va a ser terrible. Se ve en el suplemento de Clarín Rural. Ellos se agarran de esas personalidades. Es una vergüenza por ejemplo lo de dos funcionarios del estado” dijo y el dardo apuntó al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, y al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni.
Una de los caminos que podría elegir la futura ley sería el de establecer un lapso de tiempo determinado para permitir la reconversión progresiva. “Ellos ya previeron esto y ya están elaborando otro producto para suplantar, el Dicamba, que es tan destructivo como el glifosato”, aseguró Gómez, dando por sentado que aquella posibilidad ya estaba contemplada por la industria.
A pesar de todo, y al igual que la diputada autora del proyecto, Julia Perie, la abogada descartó que la posible ley de prohibición de glifosato pueda ser vetada. “Yo creo que con esta ley no pasará lo mismo que con la ley de glaciares porque el sur esta muy lejos y el glifosato ya es demasiado”.
Habrá que esperar entonces a como se desarrolla la presentación del próximo 11 de agosto. Será un elemento enriquecedor más y la posibilidad de escuchar sólidos argumentos a favor de la prohibición del giflosato, opiniones que aparecen a cuenta gotas –o no aparecen- en los medios
Fuente Diario Uno de Santa Fe.Se trata de Claudia Saldaña, quien presentó un proyecto en la Legislatura. El texto se sustentó en los daños a la salud humana que produce el agrotóxico.
El jueves pasado se presentó un proyecto para prohibir la aspersión de glifosato en todo el territorio santafesino. El mismo fue acompañado por todo el bloque del Frente para la Victoria de la Cámara de Diputados de la provincia.
Entre los argumentos del proyecto presentado por la diputada Claudia Saldaña se presenta el gran crecimiento de la superficie sembrada con soja en el país en los últimos 35 años, lo que conlleva un incremento en la cantidad de litros de herbicidas utilizados para la “protección” de la oleaginosa.
Tal como lo referenció Diario UNO en su edición del domingo 5 de abril pasado, en el proyecto se manifestó que “el boom de la soja se puede graficar en números: en 1974 había 370 mil hectáreas sembradas en Argentina; en 1979 eran 2.100.000 hectáreas; en 1989, 5.100.000; en 1999, 8.800.000; y ahora ya llegaron a las 17 millones de hectáreas. La soja, antes era el 1,8 por ciento de la superficie y hoy es el 50 por ciento de la superficie con cultivos. Ese cultivo era una curiosidad agronómica, ecológica, biológica en nuestro país. Hace 30 años no era un cultivo rentable, pero desde hace 20 años sí lo es”.
El proyecto estipula que “se prohíba en todo el territorio de la provincia de Santa Fe la aplicación mediante aspersión aérea de cualquier tipo de plaguicidas de origen sintético químico, a partir de la fecha de sanción de la presente Ley”.
Aunque luego especifica que “quedaría suspendida la aplicación mediante cualquier método, del herbicida denominado glifosato, nombre con el que se identifica al N-(Fosfonometil) Glicina, cualquiera sean los ingredientes tensioactivos e inertes que lo acompañen en las formulaciones comerciales en las que se presenten, a partir de transcurridos y cumplidos veinticuatro meses desde la fecha de sanción de la presente Ley”.
Controles y sanciones
“También el Estado provincial, a través de los organismos que correspondan, arbitrará las medidas de control necesarias para evitar la producción, importación, acumulación, comercialización y utilización del herbicida denominado glifosato, con cualquier tipo de formulación comercial, en todo el territorio de la provincia”, asegura el texto que elaboró Saldaña.
Sobre las sanciones “para quienes infrinjan lo establecido por esta Ley establece que se harán pasibles de las siguientes sanciones: a) multas desde cinco mil (5.000) hasta un millón (1.000.000) de pesos; b) decomiso de los productos prohibidos por esta ley; c) decomiso de las producciones agrícolas obtenidas con utilización de los productos y métodos prohibidos por esta ley”.
Por último en el proyecto consta que la “Ley es de orden público y deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro de los treinta días de la fecha de sanción”.

San Eduardo.— Un porcentaje inusual de casos de infecciones urinarias se detectaron en esta comunidad y los conocidos en la materia no descartan que sea consecuencia del uso de agrotóxicos utilizados fundamentalmente en la soja.
Esa es al menos la sospecha del médico local Tomás Hintze, quien reconoce avances en esta localidad en ciertos aspectos sanitarios, aunque aclara que "todavía sigue siendo tierra de nadie, porque son muchos los que todavía siguen fumigando cerca del pueblo con el consabido riesgo que eso implica".
Esta pequeña localidad de algo más de mil habitantes está ubicada a 25 kilómetros de Venado Tuerto. En el año 2005 este diario publicó la inquietud de un grupo de vecinos que se alarmaron por la cantidad de casos de cáncer; muchos de ellos en personas jóvenes. Desde el 2000 hasta el 2005 más de 75 personas perdieron la vida a causa de esa enfermedad; una cifra que está por encima de la media provincial.
Ese 2005 las autoridades sanitarias locales relevaron a las casi mil personas que vivían en el pueblo. Esta investigación, surgida de una inquietud de la misma población, fue realizada por Hintze y la médica Margarita Stortini.
A partir de ese estudio vinieron otros, como el del suelo y las napas, por parte de la provincia. La conclusión fue que el agua, suministrada a través de bombeadores, estaba sumamente contaminada. Hoy, San Eduardo se abastece de agua para consumo humano tratada mediante ósmosis inversa.
Nunca se pudo comprobar si eso disparaba los porcentajes de cáncer en el pueblo, pero la intriga no desaparece entre sus habitantes, a pesar de que hoy no se vive el clima de psicosis de otros años.
Las sospechas siguen recayendo sobre los transformadores con PCB, los fumigadores terrestres y aéreos que pasan por el pueblo contaminando con productos agrotóxicos a la gente o las cerealeras que se encuentran dentro del ejido urbano.
Ahora, y como si el pueblo no tuviera respiro, aparecieron casos de infección urinaria que nuevamente despertaron las sospechas entre los pobladores y los profesionales. Hintze reconoció que no es normal la cantidad de casos que se da en personas de menos de 40 años. Y a su juicio, el fenómeno está "estrechamente relacionado con el uso de tóxicos utilizados en el campo. Y peor aún es el caso de los que lo usan en adyacencias de la población".
Es más, el profesional reveló que "todavía se sigue vertiendo los desechos de los fumigadores en una laguna cercana al pueblo (denominada Las Lágrimas) que obviamente contaminan esas aguas".
El uso de agroquímicos en cercanía de las poblaciones va generando rechazos y denuncias en toda la provincia, y ya hay un fallo judicial que prohíbe esta práctica alrededor de la localidad de San Jorge.

Ello ocurre luego de haberse interpuesto junto a otros vecinos al paso de una máquina fumigadora en un campo de soja, propiedad del productor Horacio Cisneros, cercano a su vivienda, en esta localidad del departamento San Jerónimo ubicada a unos 40 kilómetros al sur de la capital provincial.
Chauque indicó: "Esta actitud, en realidad, se debió a que hace un par de meses que lo avisamos. La policía local viene, revisa la zona, se va y a los 10 minutos siguen fumigando con glifosato. En esto no estuve yo solo sino que lo hicimos con otros vecinos. Esto es zona rural y estamos rodeados de campos. Todo esto salió a la luz ya que al no tener ninguna respuesta decidimos ir con algunos vecinos y pararnos adelante de los "mosquitos" —máquinas terrestres fumigadoras— y con eso logramos que la gente empiece a hablar de esta situación".Jeremías es un músico mapuche chubutense que trabaja junto a su padre, el cantante Rubén Patagonia. "Vine desde el sur, de Chubut, buscando un lugar tranquilo. Tengo dos hijos chicos, de uno y cuatro años, y cuando llegué acá hace 10, esto era todo huertas y frutillares y hoy estamos rodeados por la soja". El artista indicó luego: "Decidimos decir basta porque no tenemos defensa y no podemos contar con las autoridades. Pretendemos que se reglamente las fumigaciones y la comuna local va a comenzar a tratar el tema de una reglamentación. Insisto que aquí no se trata de que yo estoy rodeado de soja, sino que lo está todo el pueblo".
Para graficar los daños que produce en las poblaciones vecinas a los campos el uso de herbicidas como el glifosato, Chauque indicó: "Yo sufrí problemas respiratorios y alérgicos que antes no tenía. Además recorrí la zona y sé que hubo casos de partos prematuros y hasta nenas de 6 o 7 años que ya han menstruado. Esto lo relevaló el hospital Samco local, para determinar exactamente en qué situación estamos. No es casual que hace un par de años esto no pasaba y hoy que se fumiga hallamos que en cada familia hay un caso", señaló el artista, quien por su acción se hizo acreedor a una causa penal por violación de propiedad privada y por amenazas agravadas por la que en días tendrá que ir a declarar.Jeremías indicó que con su compañera decidió "dejar las grandes ciudades y venir a Desvío Arijón para estar en contacto con la tierra y para que los hijos tengan otro tipo de compromiso con el ambiente donde viven. Pero parece que lo único que tiene que sobrevivir es la soja y que se privilegia lo económico por sobre la vida".
Luego, Chauque expresó su decisión de seguir adelante: "No vamos a dejar que se siga fumigando.Queremos decidir de qué forma vivir y de qué forma morir. De la provincia aún no vino nadie a
hablar, pero ya estamos en contacto con distintas organizaciones ecologistas y de derechos humanos.
Recién ahora en la comuna se va a empezar a tratar la reglamentación sobre las fumigaciones en la zona y delimitar qué veneno se puede usar y a qué distancia".

" Además, la funcionaria anunció que su ministerio habilitará a partir del lunes una línea gratuita, el 0800- 345-0044 y una página de internet, http://www.mesal.gov.ar , "para recibir cualquier tipo de denuncias o inquietud por parte de la población respecto de su situación sanitaria, en relación con los agroquímicos"
La página web: http://www.mesal.gov.ar aparentemente no existe, la página del Ministerio de Salud es http://www.msal.gov.ar pero no encontré ahí la página de la Comisión Investigadora, hay una noticia sobre la segunda reunión de la Comisión en la página del Ministerio de Salud.
Sería cuestión de saber si el 0800- 345-0044 funciona....
"La Presidenta Cristina Fernández ha firmado el Decreto Nº 21, por el que se crea una Comisión Investigadora sobre la utilización de agroquímicos. Se ha habilitado una línea gratuita, y un e- mail para recibir cualquier tipo de denuncias o inquietud por parte de la población respecto de su situación sanitaria, en relación con los agroquímicos. ¿Sabes como está funcionando esto y si se hacen eco y actúan ante las denuncias que presenta la gente?
Recibir las reciben , yo mando decenas por mails, se han comunicado conmigo y pidieron un teléfono para contactarme. Que se haga algo a futuro no lo sé, aún no vi resultados y quisiera que demuestren mayor interés que un simple contacto, ¿qué pasará entonces cuando les escribe, por ejemplo, un campesino de Tres Isletas, Chaco? Sin teléfono ni e-mail …
¿Puedes explicarnos porque lo relacionas con el genocidio y a que llamas agrocidio?
La gente habla de Derechos Humanos cuando le conviene, hoy la discusión amarillista y estéril es la pena de muerte. Un genocidio es un exterminio sistemático de una raza, Agrocidio en latín quiere decir campo “agri” y caedere “matar, por ende un agrocidio es un exterminio pero del agro, del agricultor, del verdadero campo, la soja no es campo. El campo de mi niñez era ver a la gente prepararse para juntar algodón, batata y criar animales. Ordeñar la vaca y ahí mismo tomar un vaso de leche, infaltable en el paisaje de mi provincia. Hoy eso es solo un recuerdo.
¿Qué opinión te merece el logro de las “Madres de Ituzaingó” de Córdoba, quienes tienen a sus hijos enfermos y recurrieron a la justicia la cual prohibió fumigar con agrotóxicos ?.
Magnifico, ejemplar, e inconmensurable. Solas sin ninguna ONG de esas que abundan dando “apoyo” pero no escriben una nota, un petitorio ni un amparo ,pero aparecen en los medios apoyando para figurar . Solas empezaron en una verdulería, recibiendo amenazas, juntando monedas y realizando rifas para poder viajar a Buenos Aires a que las escuchen. Cada una de ellas con un hijo enfermo por los agrotóxicos, solo tengo palabras de admiración y respeto hacia ellas, madres con mayúsculas, madres coraje, demostraron que SE PUEDE.
Sobre la nota que comenta :Fumigando la vida: Yuyo, mentiras y veneno
Hay un apartado interesante con bibliografía sobre lo que produce el glifosato.
Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la provincia del pedido de informes sobre las fumigaciones en General Lagos, presentado por el legislador de la Coalición Cívica Pablo Javkin, desde el Centro de Participación para la Elaboración Legislativa (Cepel) -que impulsó la iniciativa- esperan que "el poder Ejecutivo comience a dar respuestas a una problemática que fue presentada por un caso puntual, pero abarca a muchas localidades de la provincia", indicó uno de los integrantes del centro, Leonardo Ortiz. "Basta darse una vuelta por todas las zonas que tienen campos linderos a barrios en construcción para notar que no se cumplen las reglamentaciones sobre fumigación", agregó.
El proyecto del Cepel también fue presentado por la diputada Susana García en el Congreso nacional, pero aún espera tratamiento en la comisión. "Es una problemática que se repite", indicó Ortíz. La iniciativa de Cepel nació "a partir de las innumerables denuncias que alertaban sobre esta problemática, no sólo en esta ciudad, sino que se sumaban a las anteriormente formuladas por los habitantes de Bigand, Lanteri y María Juana". El Centro realizó "averiguaciones y estudios de la normativa vigente, como así también de la campaña nacional 'Paren de Fumigar' llevada a cabo por el Grupo de Reflexión Rural y CeTRONAT, contra el uso de agrotóxicos en poblaciones urbanas, con el objetivo de asegurar la salud de las personas, el cuidado del medio ambiente y poner en marcha la repoblación del campo y la soberanía alimentaria".
Con todo ese bagaje, Javkin y el Cepel elaboraron el pedido de informes. El texto aprobado por la Cámara pregunta "si la Subsecretaría de Medio Ambiente y/o sus dependencias han tomado conocimiento o recibieron denuncias sobre habitantes con signos o síntomas de estar afectados por contaminación con pesticidas, o por fumigaciones sobre sus viviendas en zona urbana de Residencial Lagos en la localidad de General Lagos departamento Rosario y cuáles han sido las medidas tomadas en consecuencia". También pide información sobre "problemas de salud en el entorno que puedan tener relación con el uso de agro-tóxicos, la frecuencia con que se realizan las fumigaciones, si la población es notificada, si las mismas se realizan a través de mosquito, araña y/o aviones".
Según indicaron desde Cepel, "la intención es contar con información oficial a efectos de tomar conocimiento de la situación actual de la población con exposición a agroquímicos, y del procedimiento y productos utilizados, consecuencias posibles y las medidas adoptadas tanto a nivel administrativo como judiciales y/o penales, si corresponden".
Los integrantes del Centro pidieron "una inmediata respuesta" del Ejecutivo provincial.
Según detalla el proyecto, a las denuncias que se han realizado en las localidades de Las Petacas, Máximo Paz, Piamonte, Bigand, María Juana y Lanteri, hoy se suman las que efectúan los ciudadanos de General Lagos quienes han presentado sus reclamos al Jefe Comunal, Oscar Ferri, y han denunciado a los productores de soja que llevan adelante fumigaciones con agroquímicos sobre el ejido urbano, demostrando el ineficiente control y el incumplimiento de la Ley provincial 11.273 (que regula esta temática) y su decreto reglamentario.
El estudio fue realizado entre 2004 y 2007 por un equipo del Hospital Italiano de Rosario, conducido por Oliva, con el respaldo del Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente (Ecosur), la Universidad Nacional de Rosario, la Federación Agraria local y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La hipótesis de estudio del grupo multidisciplinario (conformado por ecólogos, epidemiólogos, agrónomos, endocrinólogos y sociólogos) señalaba que ciertos agroquímicos podrían perturbar la fisiología hormonal. El relevamiento en terreno confirmó que las funciones reproductivas, tanto femeninas como masculinas, son altamente sensitivas a diferentes agentes químicos utilizados en la actividad agrícola. “Existen relaciones causales de casos de cáncer y malformaciones infantiles entre los habitantes expuestos a factores de contaminación ambiental, como los agroquímicos”, afirma el trabajo, realizado por etapas durante tres años y cuyos resultados finales acaban de ser publicados en los Cuadernos de Salud Pública de Brasil.
La investigación recuerda que toda la zona se fumigó por años con “organoclorados” (como se denomina a productos como DDT, heptacloro, lindano y HCH), que de 1960 a 1978 tuvieron amplia difusión junto a los “organofosforados”, como el Parathion. Del ’78 al ’94 la tendencia introdujo nuevos químicos, como monocrotofós, endosulfán y piretroides. Y desde el ’94 se aplicaron estos dos últimos más el clorpirifós. “Sin olvidar la rotunda aparición del glifosato y sus agregados”, recuerda el científico. Justamente las organizaciones campesinas e indígenas acumulan denuncias contra ese producto, cuyo nombre comercial es Roundup, de la estadounidense Monsanto, el agrotóxico más utilizado en la agricultura actual. Sólo en el último año, y a razón de diez litros de glifosato por hectárea, las tierras más productivas de Argentina fueron rociadas con 165 millones de litros del cuestionado veneno. “Según cifras de la FAO, Argentina ha aumentado en más de un 200 por ciento el uso de agroquímicos, principalmente en la Pampa Húmeda, debido a los herbicidas que se utilizan en la soja transgénicas”, explica la investigación.
En un apartado especial se explica que el efecto de los agrotóxicos puede manifestarse mediante dos mecanismos: el contacto directo con la sustancia o que los padres la hayan absorbido y trasmitido a través de sus espermatozoides y óvulos a los hijos. “En diferentes publicaciones se ha demostrado la existencia de casos de cáncer con pacientes que no habían estado expuestos directamente a los agroquímicos, pero si lo habían sido sus padres o sus abuelos. Se produce cuando el químico impacta en la trama genética y se va reproduciendo de generación en generación. O bien pasa a través del útero de la madre”, afirma Oliva. Y advierte:
“En materia de salud pública, se está comprometiendo en forma directa a varias generaciones”.
Además del uso de agroquímicos, se señaló como fuentes fijas de contaminación a las plantas de acopio de cereales, los depósitos de plaguicidas, los lugares donde se lavan y guardan los equipos de fumigaciones, basurales y transformadores con PCB. El relevamiento demostró que más del 90 por ciento de los casos de cáncer se encontraron dentro de los 300 metros de esos focos contaminantes.
Justamente en Bigand, el Ministerio de Salud de Nación realizó un estudio con el objetivo de “determinar factores de vulnerabilidad en poblaciones expuestas a los plaguicidas”. En el marco del Plan Nacional de Gestión Ambiental, con intervención de la Cátedra de Toxicología y Química de la UBA, las conclusiones detallaron: “Más de la mitad de los encuestados y el 100 por ciento de los fumigadores refieren que ellos o conocidos estuvieron intoxicados alguna vez. El 90 por ciento señala que no existen personas resistentes a las intoxicaciones”. El trabajo confirma efectos agudos como alergias, dolor de cabeza, mareos, irritación respiratoria, dérmica y de ojos. En el aspecto laboral, precisa que los trabajadores “en su inmensa mayoría no tienen contrato de trabajo, ni cobertura médica, y cobran a destajo”. “Son mencionados más de 40 pesticidas, predominando el uso de glifosato”, remarca el relevamiento. La fecha de publicación fue 2002. Nunca más el Ministerio de Salud difundió información sobre los agrotóxicos.



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