jueves, 29 de mayo de 2008

Elogio de la tibieza y la media tinta-Por Mempo Giardinelli

El desdichado conflicto que envuelve al país desde hace dos meses y medio ha generado un sinnúmero de expresiones revulsivas, intemperancias, agresiones y descalificaciones por parte de las llamadas “ambas partes”.

El griterío ha desencadenado una lamentable sucesión de mentiras y afirmaciones parciales que ya se encargará la historia de clarificar. Pero nosotros estamos aquí, y ahora, y nuestro país atraviesa una situación horrible, de la que es urgente salir. Con serenidad y mesura, y no con las indefendibles alusiones al todo o nada del señor D’Elía y –ayer– del señor De Vido diciendo que “no hay lugar para tibios”.

Esta emergencia argentina es precisamente para tibios y no para calientes al cuete. Bienvenidos sean los que reflexionan dos veces, los que ven la cancha completa, los que son capaces de dialogar y negociarlo todo, los que saben perder en beneficio del bien común.

No jodan más con intransigencias imposibles.

Afloje el Gobierno y revea algunas políticas: las retenciones son un derecho del Estado y por eso son vistas como necesarias por gran parte de la población, pero no coparticiparlas es, por lo menos, mezquino; además las retenciones pueden ser un poco más bajas y orientadas a favorecer a los pequeños productores; y hay que dar subsidios generosos a determinadas áreas e industrias alimentarias pequeñas y medianas; y hay que terminar con el innecesario y poco transparente Tren Bala y en cambio bien se haría en adoptar la propuesta Tren para Todos. Y también es hora de otorgar la personería gremial a la CTA y de intervenir el sindicato de peones de campo, por lo menos. Si el Gobierno hiciera esto, se fortalecería asombrosamente la gestión presidencial.

Pero también aflojen las entidades del agro aceptando de una vez las retenciones con sentido social y redistributivo; impulsando a que sus afiliados paguen los impuestos en su totalidad; blanqueen todos a sus peonadas; alquilen menos campos a los pools sojeros y oriéntense más a producir que a especular. Y también aflojen con la autovictimización: eso de que el Gobierno los “empuja” a hacer paros, o que el oficialismo los “ataca”, no es verdad, como no lo es su declamada “voluntad de no perjudicar” a la sociedad. Por favor, si realmente tuvieran esa voluntad no harían lo que están haciendo: casi 80 días de un lockout nefasto que sólo ellos aguantan porque tienen un resto que la sociedad no tiene.

Además, y aunque lo nieguen, generan inflación al provocar un desabastecimiento irritante que se parece, bastante, a los muchos golpes de mercado que ya padecimos los argentinos. E inflación que pagarán los sectores más pobres y desprotegidos, no ellos, y no importa que el Indec haga ahora mediciones desastrosas.

Esa autovictimización es en algunos casos tragicómica: como cuando ayer el señor Buzzi dice que “la actitud del campo es ya casi de sobrevivencia”. No tiene idea este señor de lo que es sobrevivir. Bien podría, cuando viene a Sáenz Peña, hacer unos kilómetros más hasta el ex Impenetrable, hoy un semidesierto en el que habitan unos 60.000 miserables esparcidos entre restos de bosques y sojas malditas, ésos sí que están sobreviviendo, y muy mal.

La intemperancia maximalista de algunos dirigentes y personajes del sector agrario, de la mano del oportunismo de la impresentable “oposición” que padecemos en la Argentina, es insuflada de una soberbia creciente que impide ver lo que hay que ver: porque en el fondo está lo que Alfredo Zaiat desnudó ayer en este diario: “el campo” mantiene un lockout durante dos meses, sin comercialización de cereales y hacienda y sin quebrar, cuando ninguna otra actividad económica aguantaría sin quiebras a montones.


“¿Por qué, entonces, los dueños, arrendatarios y arrendadores de campos agropecuarios pueden hacer un lockout, protestas, marchas y no trabajar?”, se pregunta Zaiat. Y responde: porque “el agro no se detiene por un lockout. No pierden mucho; más bien, casi nada”. La soja sigue creciendo, vacas y cerdos siguen engordando y basta recorrer cualquier ruta –lo hice esta semana– para ver que al interior de los campos se funciona a pleno y los granos se guardan en silos “hasta que aclare”.


Es en ese contexto donde es chocante la grosera altisonancia del señor De Angeli, fogoneado por el vasto coro de “periodistas” de radio y tele que más parecen dirigentes políticos y cuyos programas o medios están casi todos auspiciados por Monsanto, Cargill y otras empresas concentradas. Así desvían la atención pública para que permanezca fuera de escena lo que es en realidad el centro de la cuestión: el desastre ecológico y social sojero que sigue destruyendo las tierras y el trabajo de los campesinos más pobres y explotados de todo el país, que son expulsados de sus tierras y de quienes nadie se ocupa.

Gobierno y Campo no son iguales, y en eso tiene razón la Presidenta. Pero sí se equivocaron y se equivocan el Gobierno y los empresarios rurales por igual.

Por eso es urgente terminar con esto, con esa seriedad y grandeza que hasta ahora no se han visto. Diálogo sereno y media tinta es exactamente lo que esta crisis necesita. No más polarización, no más esa neoversión idiota de los viejos “patria o muerte”. Nadie vence con consignas extremas.

Nuestra democracia no se merece tanta patraña. Como no merece ese patrioterismo ramplón al que asistimos las últimas semanas, ni ese golpismo inconsciente basado en el odio y el resentimiento de clase (media y alta, desde ya).

Todos los caminos de la democracia conducen al diálogo, la tolerancia, la admisión del superior interés colectivo por sobre el de un gobierno y –particularmente– por sobre el de un sector que hasta ahora fue, y por lejos, el más privilegiado de la recuperación económica argentina.

Por eso millones de ciudadanos serenos y silenciosos, que asistimos a este tironeo con azoramiento y pena, esperamos del gobierno elegido democráticamente, así como del sector agrario, una nueva conducta cívica. Es hora de que la tengan. No se aguanta más esta disputa.




miércoles, 28 de mayo de 2008

Greenpeace: el biodiesel que se consume en Alemania destruye los bosques de Argentina

Activistas de Greenpeace denuncian que el cultivo de soja destinado a la producción de biodiesel para el mercado internacional, principalmente el europeo, provocará la destrucción de los últimos bosques nativos del país.


El biodiesel consumido en Alemania destruye nuestros bosques


En una demostración con autos alemanes, la organización ambientalista denunció que la producción argentina de biodiesel de soja destinada al mercado internacional, produce mucho más daño al ambiente que lo estimado. Semanas atrás, Greenpeace Alemania había denunciado que el consumo de biodiesel en ese país fomenta la deforestación en países como Argentina.


Con
una camioneta alemana marca “Porsche” y otra “Mercedes Benz” caracterizadas
como “auto-topadoras”, activistas de Greenpeace denunciaron frente a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación (SAGPyA) que el
cultivo de soja destinado a la producción de biodiesel para el mercado
internacional, principalmente el europeo, provocará la destrucción de los

últimos bosques nativos del país.
La SAGPyA viene promoviendo la producción de
biocombustiles en nuestro país con el objetivo de abastecer al mercado mundial.


Según datos de la organización ambientalista, para proveer materia prima para las plantas de biodiesel existentes y proyectadas en nuestro país, se necesitan más de 9 millones de hectáreas de este cultivo. La producción a gran escala generará una nueva presión para expandir las tierras agrícolas disponibles, provocando la destrucción directa e indirecta de los últimos ecosistemas naturales.

En los últimos 9 años más de 2 millones de hectáreas de bosques han desaparecido en manos de las actividades agropecuarias, motorizadas especialmente por el cultivo de soja. “La situación de los bosques en Argentina es alarmante” expresó Hernán Giardini, Coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace. “En nuestro país no podemos perder ni una hectárea más de bosques nativos”.

La reglamentación europea estipula un corte de los combustibles fósiles con un 5,5 por ciento de biocombustibles para el 2010 y del 17 por ciento para el 2020. Alemania es uno de los principales destinos de las exportaciones de las plantas de biodiesel que funcionan hoy en Argentina.

La meta que se propuso Europa tiene una particular importancia para nuestra región ya que estos objetivos exceden por mucho la capacidad de producción de aquellos, lo que hace que países como Argentina se conviertan en proveedores de biodiesel dentro del mercado internacional” sostuvo María Eugenia Testa, de la Unidad Política de Greenpeace. “Por otro lado nuestro país fomenta su producción sin ninguna política que aborde los impactos ambientales y sociales que genera”

Durante las últimas semanas se ha sumado otro gran cuestionamiento a la producción y consumo de biocombustibles, el impacto de estos en la suba de los precios de los alimentos, lo que ya afecta a millones de personas en el mundo, especialmente de los sectores más vulnerables.

“Pese a las advertencias de organismos internacionales como la ONU o el Banco Mundial, y de numerosas organizaciones ambientalistas, los gobiernos siguen promoviendo la producción y el consumo de biocombustibles” agregó la ambientalista. “Los cultivos de maíz o la soja para la producción de biocombustibles compiten directamente con los alimentos, provocando su escasez y el aumento de precios”.

Semanas atrás Greenpeace Alemania había comprobado que el biodiesel añadido al diesel que se comercializa en aquel país proviene en un 20 por ciento de aceite de soja. Durante 2007 se exportaron alrededor de 300 mil (1) toneladas de biodiesel desde Argentina (con sólo dos plantas en
funcionamiento), de las cuales el 25 por ciento tuvieron como destino el bloque comunitario, donde el principal comprador es Alemania. Para este año se calcula que las exportaciones argentinas cuadriplicarán esta cifra

Según Greenpeace Alemania, cada porcentaje adicional en el corte de biodiesel en Alemania significa más de 700.000 hectáreas de plantaciones de soja extra por año. Si se quiere llegar al corte del 17 por ciento, Alemania necesitaría importar cerca de 4.900 millones de litros de biodiesel de soja, lo que significa más de 10 millones de hectáreas de ese cultivo, una superficie similar a la provincia de Santa Fe.

En nuestro país, la Ley 26.093 de Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, establece la obligatoriedad de la mezcla de 5 por ciento de biodiesel y bioetanol para todos los combustibles comercializados domésticamente a partir del 2010.

“Esta meta solo debiera cumplirse aplicando estrictos criterios de sustentabilidad, seleccionando los cultivos con mejor balance energético y el mejor balance de gases de efecto invernadero. De otra forma la solución sería peor que el problema”, afirmó Testa.

Para Greenpeace la producción de estos combustibles no puede significar la destrucción de bosques nativos ni debe poner en peligro la soberanía alimentaria. Por otro lado, la organización ambientalista exige el establecimiento de un estándar de calidad que obligue a que en el análisis de ciclo de vida de los biocombustibles se genere una reducción de gases de efecto invernadero (GEI) de al menos un 60 por ciento comparados con el combustible que reemplazan.

— Greenpeace Argentina

(1) El año 2006 Argentina exportó 4.956 toneladas de biodiesel, mientras que en el año 2007 las exportaciones llegaron a 319.093, cifra que se proyecta cuadruplicar este año.



jueves, 22 de mayo de 2008

Escarapela patrocinada por el 25 de mayo...




lunes, 19 de mayo de 2008

Comunicación y percepción pública de la biotecnología agropecuaria

Copié la entrada con el artículo de la Dra Alicia Massarini sobre lo que estaba causando la soja en la Argentina. El artículo es de julio de 2005, así que tenemos algo de perspectiva para saber como sigue la historia.


Para entender a qué se refiere el Dr. Burachik, lea primero el artículo de la Dra. Massarini.

¿Quién tendrá razón?

¿Quién descalifica más al otro en lugar de dar argumentos? y .... ¿Por qué el Grupo de Reflexión Rural rechaza al Dr Burachik en COP-MOP 4



En esta sección se intenta responder a aquellas publicaciones
que contienen aseveraciones no fidedignas en cuanto a los hechos que
se vinculan con la agrobiotecnología.



Respuesta de los Doctores
Moises Burachik y Esteban Hopp al artículo firmado por la Dra.
Alicia Massarini y publicado en la página de Internet del CONICET.




Respuesta del Dr. Burachik

Respuesta del Dr. Hopp






Dr.
Burachik


Tecnociencia, Naturaleza y Sociedad: el caso de los cultivos transgénicos.
Otra Visión.







Estoy muy asombrado por el contenido de la nota publicada en el sitio
del CONICET, cuya autora es la Investigadora de Conicet Alicia Massarini.
Quiero felicitar a la investigadora Massarini, pues ha logrado instalar
un tema de enorme importancia para el país, y lo ha hecho con
un escrito de lenguaje impecable y abundantes argumentos.



Sin embargo, cuando dije arriba que estoy asombrado, quiero decir ingratamente
asombrado. No deseo entrar ahora en debates puntuales sobre las numerosas
inexactitudes, afirmaciones no fundamentadas e interpretaciones equívocas
que la investigadora Massarini hace en su magníficamente redactado
artículo. No dispongo del tiempo necesario en este momento.



Sólo deseo corregir en esta oportunidad algunas afirmaciones
que considero injustas, inexactas y lesivas para con la labor de esta
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
(SAGPyA), la de la Comisión Asesora de Biotecnología Agropecuaria
(CONABIA) y la de la Oficina de Biotecnología de la SAGPyA. Esas
afirmaciones se refieren al marco regulatorio que rige en el país
desde 1991 para la experimentación, desarrollo y liberación
al ambiente de los organismos genéticamente modificados para
la agricultura (OGM). Este marco normativo, con las modificaciones impuestas
por la dinámica del progreso científico, ha resultado
(luego de la subsecuente verificación satisfactoria de la inocuidad
de los alimentos derivados de ellos y de la determinación de
que no tendrán un impacto no deseado en nuestro comercio internacional),
en la aprobación comercial de nueve cultivos genéticamente
modificados (ver nuestra página: www.sagpya.mecon.gov.ar, luego
ir a biotecnología y elegir conabia, y luego los enlaces que
desee). Ningún incidente atribuible a fallas regulatorias se
ha producido desde la implementación de este marco regulatorio.



Sin embargo, es otra la impresión que trasmite el artículo
de la investigadora Massarini. Las expresiones:



"el cultivo y consumo de OGMs no debería ser autorizado
hasta que existan mayores y mejores criterios de evaluación."
(párrafo 7)

"ejerciendo presión sobre los estados para obtener un marco
legal relajado que favorezca la introducción y comercialización
de OGMs." (párrafo 9)

"El liderazgo en el mercado se estableció debido a la rápida
y masiva adopción de esta tecnología, favorecida por la
relajación de los procedimientos para autorizar el cultivo y


el consumo de transgénicos. " (párrafo 12)

son francamente distantes de la realidad.



Nuestro marco regulatorio es uno de los más estrictos del mundo.
Con orgullo afirmamos que nuestro país regula los OGM con una
rigurosidad excepcional, que ha sido incluso elogiada y tomada como
modelo por diversos países de la región (por ejemplo,
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Uruguay), al
mismo tiempo que criticada (por excesivamente estricta) por funcionarios
de empresas transnacionales. La regulación de los OGM en Argentina
es una referencia para muchas naciones, y en esta capacidad hemos participado
en varios eventos internacionales para tratar la problemática
de las normas ambientales y alimentarias involucradas y sus impactos
en los países en desarrollo.



Curiosamente, la posición que expone la investigadora Massarini
es extraordinariamente similar a la sostenida por los países
europeos (de donde provienen ideologías que, pasando por ambientalistas,
condenan a los OGM en base a argumentos pseudo-científicos).
Los países de la Unión Europea (UE) subsidian su ineficiente
agricultura al mismo tiempo que se oponen fuertemente a los OGM, en
abierta discrepancia con los dictámenes de sus propios organismos
técnicos de evaluación. Las modalidades de las prácticas
agrícolas europeas (que casi no utilizan OGM) han conducido a
una irreversible degradación de su ambiente y, por otra parte,
las necesidades políticas de los países líderes
de la UE (particularmente Francia, en relación con la denominada
Política Agrícola Común, PAC) han resultado en
la provisión de subsidios cuya clara finalidad es electoral.
Véase, por ejemplo, fragmentos del discurso del Presidente de
Francia, Jacques Chirac en Nontron, Francia, en plena campaña
electoral contra el derechista Jean-Marie Le Pen, promotor de la salida
de Francia de la Unión Europea (y consecuentemente, de la salida
de la PAC): ".si la política agrícola común
fuera suprimida, el rédito de los agricultores disminuiría
de un solo golpe en un 40 %" (Cable desde París, agencia
ANSA, publicado en Clarín, Buenos Aires, 29 de abril, 2002, pág.
27). Es probable que las fuentes de información de la investigadora
Massarini provengan de tal ambiente político-ideológico.
Si así fuera, sería conveniente recordar que esta política
de subsidios y de resistencia a la aprobación de nuevos OGM (por
la que la UE no acepta OGM desde 1998) es altamente perjudicial para
nuestra economía, así como la de los países exportadores
de la producción agrícola primaria y alimentos (tanto
OGM como no-OGM), muchos de ellos del tercer mundo. Si la investigadora
Massarini está preocupada por las consecuencias socio-económicas
de la adopción de OGM en la agricultura, sería bueno que
reflexionara, en este caso, sobre quiénes se benefician y quiénes
se perjudican con esta posición.



Muchos otros aspectos del artículo de la investigadora Massarini,
con los que estoy en desacuerdo, darían lugar para una interesante
discusión, mientras con muchos otros puedo afirmar que los comparto.
Razones de tiempo (la regulación de los OGM es una actividad
que demanda muchísimo tiempo y concentración) me impiden
extenderme en esta oportunidad. Solo me queda una reflexión:
el artículo de la investigadora Massarini me recuerda fuertemente
una aseveración del Sr. Richard Horton, editor de la prestigiosa
revista The Lancet, a raíz de la publicación del trabajo
del Dr. Arpad Pusztai. En ese trabajo los Dres. Pusztai y Ewen demuestran
que si se alimenta a ratas con papas crudas, en cantidad insuficiente
para



las necesidades proteicas del animal, pero (atención) conteniendo
un gen que expresa una proteína tóxica introducido mediante
técnicas de ADN recombinante, entonces las ratas tendrán
serios problemas de salud.



El Sr. Horton dijo, para justificar la publicación, "que
publicó las investigaciones del Dr. Arpad Pusztai porque, aún
siendo mal realizadas, sus resultados promoverían un debate útil),.
(Se sabe que varios de los evaluadores del trabajo, generalmente anónimos,
reclamaran al Sr. Horton que declarara claramente que el trabajo de
los Dres Pusztai y Ewen era considerado profundamente defectuoso y que
sus conclusiones eran altamente especulativas y no sustanciadas.)



Si la intención de publicar el artículo de la investigadora
Massarini fue similar a la del Sr. Horton, sin duda los felicito pues,
a raíz de algunos comentarios que ya han circulado por vía
electrónica, han conseguido su objetivo.



La saludo cordialmente,







Dr. Moisés Burachik Coordinador General Oficina de Biotecnología
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
Av. Paseo Colón 982, piso 2, of. 236 C1063ACW - Buenos Aires
Argentina Tel.: 54-11-4349-2200 Fax: 54-11-4349-2178 mburac@mecon.gov.ar.











Dr.Hopp



Estimados responsables de la página Web del CONICET (Área
de Comunicación y Prensa):



Me dirijo a Uds por la desagradable sorpresa que me causó ver
incorporada a la página Web http://www.blogger.com/diarios/2005/julio/056.php
un panfleto que falta el respeto a muchos investigadores del área
de biotecnología y biología molecular y que se ubica ideológicamente
en las antípodas de lo que es la actual política de estado
tanto de la Secretaría de Ciencia y Técnica como de la
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación después
de la inclusión, en el Boletín Oficial de un decidido
apoyo del Estado Argentino a la Biotecnología, incluyendo particularmente
a la Agrobiotecnología.



Por un lado, el libelo publicado tiene poco que ver con los principios
científicos de vuestra Institución. Se entiende que el
responsable del Área de CyP trate de difundir ciertos temas publicados
por los miembros de CONICET, pero no se puede aceptar que no revise
la fuente de origen de lo que publica, especialmente en lo que hace
al rigor científico de las mismas. Primero debería verificarse
si realmente la Dra. Massarini, una conocida citogenetista de roedores,
realmente escribió esta nota o la misma fue elaborada por el
sitio Web en base a otro artículo. Resulta el menos sorprendente
que una especialista tan alejada de los temas agronómicos y de
la salud se ponga a opinar y a desvariar tan ligeramente sobre tantos
campos del conocimiento que incluyen un análisis ecológico-económico-social
de la situación de un país a partir de los avances en
biotecnología agrícola. Digo esto porque conociendo la
formación de la Dra. Massarini también sorprende que se
cometan tantos errores en conceptos muy básicos de genética,
en la cual se conoce desde hace muchos años la relativa frecuencia
natural de la transferencia horizontal (interespecífica) de genes
(lo que hoy llamaríamos transgenes) siendo un fenómeno
que se remonta a tiempos evolutivos muy remotos muy anteriores a la
aparición del hombre como especie. Llama la atención parte
de la terminología empleada como ser "contaminación"
genética, "alteración" (que suena a adulteración)
genética cuando la palabra técnicamente empleada es modificación
(como en la sigla OGM) lo que indica una falta de rigurosidad científica
en el lenguaje lo que resulta incongruente con el currículum
de Massarini.



Tal vez la respuesta deba buscarse en la frase: "la discusión
no puede restringirse a la evaluación de argumentos científico-técnicos",
otorgándole al artículo un alto grado de carencia de argumentos
científicos.



En la primera parte de su ensayo se expresa: "Asumiendo que ésta
-como toda nueva tecnología- involucra riesgos aun no dimensionados,
…..,es indispensable evaluar quiénes son los beneficiados
por el cambio tecnológico, y quiénes los afectados por
los impactos negativos y los riesgos asociados".



Como la misma autora afirma, resultaría importante ver qué
intereses representa esta postura. Estos intereses surgen de la lectura
del sitio de Internet en el que fue publicado y son los siguientes:
1) el sistema de subsidios agrícolas (particularmente el europeo)
que debe aumentarse a medida que los costos de producción disminuyen
y sus agricultores son cada vez menos competitivos, 2) las empresas
de agroquímicos perjudicadas por la drástica eliminación
o reemplazo de prácticas de manejo que se operó después
de la adopción de los cultivos OGM y 3) las multinacionales que
supuestamente defienden la ecología y que sacaron un excelente
provecho y popularidad usando procedimientos fundamentalistas que recuerdan
a las tristemente célebres cazas de brujas de la edad media que
afectaron a Galileo, por ejemplo. Como prueba de lo antedicho, es interesante
comprobar que la que escribe esto no muestra la misma preocupación
escribiendo ensayos similares sobre otras nuevas tecnologías
como pueden ser la informática, la nanotecnología, la
automotriz o la robótica, todas ellas con efectos socioeconómicos
en cuanto al desempleo que tanto le preocupa.



Para no dejar todo esto en un plano meramente ideológico, se
refutan a continuación sólo algunas de sus afirmaciones
sobre la base de argumentos científicos porque son los únicos
que otorgan objetividad en una discusión de esta índole.




Ya en las primeras frases resulta polémico pensar que los científicos
no podemos opinar sobre el "mejoramiento de la competitividad"
del sector productivo o de la necesidad de "obtener nuevas variedades
mejoradas". Se ve que los autores de la nota están muy alejados
de lo que es la ciencia aplicada, la que no tendría mucho sentido
si no se vinculara con estos dos aspectos. Tampoco la ciencia es ajena
a aportar herramientas tecnológicas que ayuden a solucionar el
hambre del mundo (claramente un problema político y económico-social
pero que sería necio negar que puede verse facilitado con apoyo
científico-técnico).



“Dado que la introducción de genes extraños en un
organismo puede tener efectos inciertos sobre su fisiología y
bioquímica, se ha señalado el posible impacto en la salud
humana que podría ocasionar a corto, mediano o largo plazo, la
ingesta de alimentos que contengan OGMs, potencialmente portadores de
sustancias nocivas ….En virtud de la magnitud de los riesgos y
de la incertidumbre propia del conocimiento científico disponible
para evaluar estos riesgos, se ha invocado la pertinencia de aplicar
el Principio Precautorio como marco legal para el tratamiento de este
problema. Ello significa que .... el cultivo y consumo de OGMs no debería
ser autorizado hasta que existan mayores y mejores criterios de evaluación".
Nuevamente estas sentencias demuestran falta de conocimiento sobre el
sistema regulatorio existente en todos los países donde se han
aprobado los OGMs para sus distintos usos, incluyendo los países
miembros de la UE. Además de no aportar ni una mínima
evidencia científica real para tan fuertes aseveraciones (por
algo se ponen en tono potencial aunque no así las conclusiones),
estas frases denotan una injustificada falta de conocimientos científicos
e históricos. Desde el punto de vista científico resultó
siempre claro que es absurdo el análisis de riesgo de los OGM
desde el punto de vista de la tecnología en sí misma,
sino que debe hacerse caso por caso para cada OGM en particular. No
es lo mismo para la salud humana un tomate que tiene agregado un gen
que permite la síntesis de una vitamina que un tomate al que
se le agregó el gen que codifica para la toxina del cólera.
Si, como parece, el artículo es reciente, no se entiende por
qué se ignora que la comercialización de OGMs no es nueva
(lleva más de 20 años de experiencia desde que casi el
100% de los diabéticos se inyecta en la sangre en forma diaria
insulina humana producida por una bacteria OGM: la Escherichia coli
transgénica para el gen humano de la insulina). El consumo masivo
de cultivos OGM también lleva 10 años, sin que ningún
científico haya podido comprobar ninguno de todos los riesgos
que apocalípticamente fueron predichos. Se calcula que ya se
cosecharon más de 300 millones de hectáreas, las cuales,
procesadas para alimentación humana y animal se estima que han
sido consumidas en más de 100.000 millones de alimentos con alto
contenido de OGM, sin reportes de alergias, intoxicaciones u otras alteraciones
para la salud, el crecimiento o el desarrollo de las personas o afecciones
para la salud humana o animal. La autora afirma que no hay estudios
científicos sobre las posibles consecuencias negativas sobre
la salud, lo que es falso, ya que desde 1985, se realizaron 81 proyectos
de investigación tan sólo en Europa (la más interesada
en encontrar efectos negativos para poder seguir defendiendo su postura
agrícola) que incluyeron 600 estudios de bioseguridad alimentaria,
los que demostraron la inocuidad de los alimentos OGM en el mercado
actual.




La Organización Mundial de la Salud en su página Web www.who.int/foodsafety/publications/biotech/20questions/en/index.html
claramente define que “Los alimentos GM actualmente presentes
en el mercado internacional han pasado las evaluaciones de riesgo del
caso y no es probable que presenten riesgos para la salud humana. Además,
no se observaron efectos sobre la salud humana como resultado de su
consumo en los países en que fueron aprobados”. ¿Qué
resulta más confiable para el CONICET? ¿La palabra sin
fundamento científico de un artículo publicado en el sitio
www.rebelion.org o la de la OMS?. A la OMS podría agregarse una
enorme lista de instituciones como la FAO y Academias de Ciencias, Asociaciones
Médicas y Asociaciones de Nutricionistas y Dietistas de muchos
países del mundo.



Dice la autora que hacen falta mayores y mejores criterios de evaluación.
Por supuesto que se pueden mejorar y agregar nuevos criterios, pero
lo claro es que la experiencia y los resultados demuestran que los actuales
criterios han sido muy eficientes para prevenir los potenciales riesgos
que fueron planteados en el curso de la evaluación. Es más,
las últimas publicaciones de expertos en el tema en prestigiosas
revistas como Nature están planteando que las normativas actuales
que regulan a los OGM (algunas de ellas surgidas por sobre-reacción
del sistema ante los grupos de presión fundamentalista como los
del sitio Web que CONICET usó como fuente) son excesivas y deberían
ser flexibilizadas excepto para aquellas de uso farmacéutico
(las cuales no son mencionadas por el artículo ni por los otros
opositores a la tecnología ¿acaso no son OGMs también?).
Estaba muy bien invocar el Principio de Precaución hace 20-30
años, por ejemplo cuando se realizó la conferencia de
Asilomar a fines de los '70 después de que se descubrieran las
aplicaciones potenciales del ADN recombinante (en ese momento se temía
mucho más por las consecuencias en las investigaciones biomédicas
en bacterias que las investigaciones agronómicas en plantas).
Pero hace mucho que esta tecnología dejó de ser una novedad
y hace falta algo más que inspirar miedo irracional para fundamentar
lo que tan livianamente afirma la nota.



En otro fastuoso párrafo se desacredita la capacidad de los “reduccionistas”
biólogos moleculares para evaluar los efectos de largo plazo
dado que “se trata de alteraciones que pueden afectar drásticamente
a sistemas coadaptados, complejos y dinámicos, que son el resultado
de miles o aun millones de años de evolución” y
sólo los ecólogos sistémicos son los adecuados
para opinar. Lamentablemente, parece que la autora tampoco conoce mucho
de este tema. De su frase se deduce que confunde un ecosistema natural
(como el que encontraríamos en un parque nacional) con un agroecosistema
que es de naturaleza artificial: el hombre elimina toda la diversidad
natural para reemplazarla por un cultivo (es la esencia de la agricultura
que, nos guste o no, es la base de nuestra civilización moderna).
Nadie duda de su complejidad y de que tiene factores poco predecibles,
pero no tiene millones de años de evolución y tiene bastantes
factores predecibles, como lo demuestra la constante evolución
y mejoramiento de las prácticas agrícolas. Es más,
ya es una cuestión demostrada que la incorporación de
OGMs en los agroecosistemas ha ayudado a hacerlos más sustentables
gracias a la sinergia con métodos conservativos como la siembra
directa o gracias a un control más focalizado de los insectos
plaga respetando otros insectos benéficos. Pero el reduccionismo
del artículo intenta extrapolar conceptos de los ecosistemas
naturales a ecosistemas artificiales en los que estos conceptos son
claramente inadecuados.



Hay otro punto ligado al anterior que comete la falacia de no considerar
algunos conocimientos muy básicos de la genética. Todo
genetista sabe que para estudiar la evolución de una especie
es esencial estudiar los mecanismos reproductivos de dicha especie.
Las especies cultivadas son especies altamente domesticadas por el hombre
que difícilmente sobreviven en condiciones naturales. Además,
sus semillas son cosechadas año a año por lo que todos
los años asistimos a una masiva extinción de estas especies
en más del 99% de su área de distribución. ¿Dónde
sobreviven y se seleccionan las nuevas generaciones? En los semilleros
o en los campos que los agricultores dedican a la multiplicación
de su propia semilla. Por eso, la catastrófica frase “Debido
a la naturaleza multicausal y contingente de estos procesos, resulta
claro que una vez desatadas, estas transformaciones no son reversibles”
se ridiculiza cuando aprendemos de la experiencia que eventos OGMs liberados
en Argentina o en otros países como son el maíz con resistencia
a glufosinato de amonio o el tomate de aroma y sabor (Flavr-Savr) que
fracasaron comercialmente o fueron retirados del mercado, desaparecieron
totalmente del ambiente de un año para el otro. A nadie se le
ocurriría multiplicar una planta que se coma crudos a los chicos.
Finalmente, la autora parece ignorar la existencia de ecólogos
y genetistas poblacionales en todas las comisiones científicas
reguladoras de OGMs del mundo.



Respecto a la larga disquisición sobre la agricultura argentina
y en particular, la soja, prefiero remitirme a la última edición
de la revista Ciencia Hoy (http://www.ciencia-hoy.retina.ar/hoy87/index.htm)
que dedica todo el número a la modernización de la agricultura
Argentina, donde escriben los que verdaderamente saben del tema y se
refutan todos los argumentos expuestos. Simplemente me voy a detener
en 2 puntos particulares:



En el caso del monocultivo de soja mi posición contraria, es
coincidente con la de INTA y está muy bien expresada por el Ing.
Agr. Casas en varios medios de difusión incluyendo el citado
número de Ciencia Hoy. Sin embargo, frases como: “La soja,
tiene la particularidad de ser un extractor de nutrientes muy eficiente
… de manera tal que la concentración de fósforo,
potasio, nitrógeno y azufre en el suelo está bajando drásticamente…
de modo que el monocultivo se ha convertido prácticamente en
una actividad extractiva” olvidan que la soja es una leguminosa
y, como tal, es capaz de fijar nitrógeno atmosférico por
lo que requiere menor fertilización nitrogenada que otros cultivos,
por lo que en gran medida, el nitrógeno es, para la soja, un
recurso renovable y estamos hablando del principal fertilizante en la
agricultura.



El otro punto es la preocupación por el reemplazo de ecosistemas
naturales por artificiales (expansión de la frontera agrícola)
que es, en varios aspectos, una preocupación legítima
(caso de las yungas). Sin embargo, me da la sensación que para
la autora, el sobrepastoreo que está desertificando la Patagonia,
el reemplazo de bosques nativos por exóticos en el NEA (y muchos
otros) parecen ser problemas inexistentes frente a la tremenda amenaza
del monocultivo de soja y no puedo evitar pensar, ante esta dualidad,
que existen otros intereses más allá de una legítima
preocupación por la ecología.







La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
publicó en su sitio de internet un documento donde responde a
las preguntas que frecuentemente se hace la gente sobre los transgénicos:



http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/programas/biotecnologia/respuestas.php







Para más información sobre el sistema regulatorio
en Argentina:





a




http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/programas/conabia/index.php







Dr. Esteban Hopp



Profesor Titular FCEyN UBA



Investigador Principal del INTA



Investigador cIentífico de la CIC








Ud. ¿A quién le cree?

Tecnociencia, naturaleza y sociedad: el caso de los cultivos transgénicos

Este artículo es de Julio del 2005, así que podemos tener un poco de perspectiva para saber quién tiene razón y qué intereses defiende cada uno, al final verá la respuesta del Dr. Moises Burachik...

Alicia Massarini

Ecoportal.net



Las aplicaciones de las tecnologías del ADN recombinante para
la producción de nuevas variedades de cultivos transgénicos
constituyen una problemática compleja, cuya discusión
no puede restringirse a la evaluación de argumentos científico
- técnicos, sino que debe incorporar la consideración
del impacto económico-social, ambiental y en la salud humana,
así como el marco jurídico, ético y político
en que se inscribe el problema. Al mismo tiempo, a la hora de evaluar
críticamente las distintas posiciones en juego, debe tenerse
en cuenta que los actores involucrados -empresas transnacionales de
biotecnología, productores agropecuarios, ONGs, comunidad científica,
ciudadanos como sujetos políticos y como consumidores, y el propio
Estado-, constituyen una trama diversa e intrincada que no siempre resulta
visible en los debates.



Generalmente la discusión se presenta fragmentada y polarizada
y los intereses de los distintos actores aparecen encubiertos o mimetizados.
Esto es especialmente notable cuando las empresas biotecnológicas
se expresan a través del discurso de los científicos.
Frecuentemente son los científicos quienes, autolegitimados desde
el lugar de autoridad en que pretenden situar a la ciencia, utilizan
argumentos engañosos y ajenos a sus especialidades tales como
"la necesidad de resolver el problema del hambre en el mundo",
"aumentar la competitividad" o "la urgencia de encontrar
nuevas variedades", para justificar la necesidad de la rápida
adopción de estas tecnologías. Enmascaran así la
existencia de una disputa en la que compiten distintos intereses en
juego -entre los que se cuentan los de su propia corporación-,
y se hacen cargo de las banderas de las compañías transnacionales
de agrobiotecnología, asumiendo que el cambio tecnológico
es un acontecimiento inevitable e inherentemente progresivo.



Si se acepta que en el problema en cuestión están involucrados
diversos actores con distintos intereses, cuando se discute la conveniencia
de adoptar estas tecnologías, es indispensable definir al mismo
tiempo cuáles son los objetivos e intereses que se pretende satisfacer.
Asumiendo que ésta -como toda nueva tecnología- involucra
riesgos aun no dimensionados, para dar una respuesta a este problema
desde una posición equilibrada y socialmente responsable, es
indispensable evaluar quiénes son los beneficiados por el cambio
tecnológico, y quiénes los afectados por los impactos
negativos y los riesgos asociados.



Dado que los cultivos transgénicos disponibles actualmente en
el mercado no presentan ninguna ventaja para los consumidores, los únicos
beneficiados son, en principio, las empresas que los comercializan y
aquellos productores que aspiran a aumentar su rentabilidad adoptando
el paquete tecnológico, así como el interés "de
corto plazo" del gobierno a través de las retenciones que
genera su exportación. Como contraparte, resulta claro que la
introducción de cultivos transgénicos en ambientes abiertos
y la incorporación masiva de alimentos que contienen organismos
genéticamente modificados (OGMs) en la dieta, involucran riesgos
que afectan a toda la sociedad y comprometen la calidad de vida de generaciones
actuales y futuras.



La contaminación genética de cultivos tradicionales y
de especies silvestres, la pérdida de variedades locales, el
estrechamiento de la base genética de cultivos milenarios, los
posibles efectos en cascada de los genes introducidos y sus productos
en los ecosistemas naturales y agroecosistemas, constituyen algunos
de los riesgos más significativos que involucran al ambiente
y a la seguridad alimentaria. El abordaje reduccionista de la biología
molecular no puede predecir ni evaluar estos impactos, sólo los
modelos sistémicos de la ecología o la biología
evolutiva permiten dimensionar su alcance ya que se trata de alteraciones
que pueden afectar drásticamente a sistemas coadaptados, complejos
y dinámicos, que son el resultado de miles o aun millones de
años de evolución. Debido a la naturaleza multicausal
y contingente de estos procesos, resulta claro que una vez desatadas,
estas transformaciones no son reversibles y que sus consecuencias no
resultan predecibles.



Al mismo tiempo, dado que la introducción de genes extraños
en un organismo puede tener efectos inciertos sobre su fisiología
y bioquímica, se ha señalado el posible impacto en la
salud humana que podría ocasionar a corto, mediano o largo plazo,
la ingesta de alimentos que contengan OGMs, potencialmente portadores
de sustancias nocivas. En este sentido, la falta de etiquetado de los
alimentos transgénicos, violenta las voluntades y las conciencias
de los ciudadanos, bloquea la posibilidad de realizar estudios poblacionales
en el presente y en el futuro y protege a las compañías
transnacionales de las demandas de los consumidores frente a futuros
daños.



En virtud de la magnitud de los riesgos y de la incertidumbre propia
del conocimiento científico disponible para evaluar estos riesgos,
se ha invocado la pertinencia de aplicar el Principio Precautorio como
marco legal para el tratamiento de este problema. Ello significa que,
dado que la "ausencia de evidencias" de efectos perjudiciales
no puede ser considerada como "evidencia de ausencia" de daños
y riesgos potenciales, el cultivo y consumo de OGMs no debería
ser autorizado hasta que existan mayores y mejores criterios de evaluación.




Notablemente, pese a la clara necesidad de contar con más elementos
de juicio para la toma de posición frente a este problema, son
casi inexistentes las líneas de investigación independientes
que apunten a una mayor comprensión y evaluación de estos
riesgos, siendo las "evidencias científicas" disponibles
producto casi exclusivo de la investigación de las propias empresas
biotecnológicas.



Las dimensiones ecológica, social y ética del problema,
ponen de manifiesto que su curso no puede quedar en manos de científicos
y tecnócratas, ni librado a las fluctuaciones de los intereses
del mercado. Esta advertencia es especialmente significativa en países
periféricos como Argentina o Brasil, en que las compañías
transnacionales de agrobiotecnología promueven el rápido
avance de los paquetes tecnológicos (que incluyen la semilla
patentada y los agroquímicos asociados), mediante políticas
comerciales agresivas, comprando a las empresas periodísticas
a través la publicidad y ejerciendo presión sobre los
estados para obtener un marco legal relajado que favorezca la introducción
y comercialización de OGMs.



Por su parte, y en ausencia de políticas públicas definidas,
cuando la rentabilidad inmediata resulta conveniente, los productores
adoptan masivamente las nuevas tecnologías, independientemente
de los costos ambientales o sociales de tales decisiones. A este panorama
se suma la falta de espacios de debate y de canales de participación,
de lo cual resulta que la mayor parte de la sociedad queda excluida
de toda decisión y el paquete tecnológico y sus productos
se imponen rápidamente en ausencia de debate público.
Unos pocos disfrutan los beneficios inmediatos y la sociedad toda paga
los costos sociales y ambientales y asume los riesgos ecológicos
y sanitarios.



En este sentido, el caso de la soja transgénica resistente al
herbicida glifosato (sojaRR) en Argentina, resulta paradigmático.
Actualmente, la mitad de la producción de cereales y oleaginosas
esta constituida por soja, casi 100% transgénica, la cual es
destinada a la exportación para ser usada como forraje. El país
produce 35 millones de toneladas anuales que representan un 20% de la
producción mundial, abastece el 50% del mercado mundial de aceites,
es el principal productor de harina de soja y el tercer productor mundial
de poroto de soja. ¿Cómo se estableció este modelo
en un país típicamente productor y exportador de alimentos
variados y de buena calidad?



El avance de la soja, tuvo un auge sostenido desde la década
de 1970, pero en los últimos siete años el incremento
del área cultivada se aceleró notablemente, conjuntamente
con la introducción del paquete tecnológico soja RR-glifosato-siembra
directa. El liderazgo en el mercado se estableció debido a la
rápida y masiva adopción de esta tecnología, favorecida
por la relajación de los procedimientos para autorizar el cultivo
y el consumo de transgénicos.



Varios factores adicionales contribuyeron a incrementar el ritmo de
las transformaciones sufridas por el sistema de producción agropecuario:
el alto precio internacional de la soja, el bajo costo del glifosato
cuya patente había vencido, y la existencia de la llamada "bolsa
blanca" de semillas, práctica que consiste en que los productores
resembraban su propia semilla, con la permisividad de las empresas que
apostaban a imponer sus modalidades productivas para garantizar la conquista
del mercado en el mediano plazo.



El resultado de este proceso fue que en unos pocos años, la producción
de soja transgénica reemplazó a otros cultivos, desplazó
a otras actividades agropecuarias y avanzó sobre ecosistemas
naturales. El área sembrada con soja pasó de 10 millones
de hectáreas en 1990 a 35 millones de hectáreas en 2003.
Este aumento en la producción de soja, se corresponde con una
notable reducción en la producción de girasol, maíz
y arroz. En las provincias del Noroeste y el Noreste argentino, la soja
avanzó sobre cultivos tradicionales que requieren mano de obra
intensiva, como el algodón, la batata, la caña de azúcar
y los frutales. Al mismo tiempo, las plantaciones de soja RR reemplazaron
a otras explotaciones agropecuarias destinadas a ganadería de
vacunos, ovinos y porcinos, y a establecimientos tamberos y hortícolas.




El aumento del área sembrada también involucra una expansión
de la frontera agropecuaria. En los últimos cinco años,
en la región chaqueña fueron taladas un millón
de hectáreas para plantar soja, y en la región de las
yungas salteñas está ocurriendo un proceso similar, que
puede conducir a la destrucción de uno de los ecosistemas que
reúnen mayor biodiversidad de Argentina. Esto es especialmente
penoso si se asume que estos suelos vulnerables y no aptos para la agricultura,
sobreexplotados y erosionados, se agotarán en sólo cinco
años.



El cuadro presentado pone en evidencia que, en el caso argentino, a
los riesgos e impactos asociados a la introducción de cultivos
transgénicos, se suma el deterioro de los agroecosistemas que
introduce la práctica del monocultivo. Es claro para cualquier
especialista que el monocultivo es perjudicial para la sustentabilidad
de la tierra, ya que provoca un consumo desproporcionado de algunos
nutrientes y favorece la proliferación de plagas y malezas. La
soja, tiene la particularidad de ser un extractor de nutrientes muy
eficiente y es capaz de crecer aun en suelos empobrecidos. Como resultado
de ello, los productores continúan sembrando y cosechando sin
fertilizar, de manera tal que la concentración de fósforo,
potasio, nitrógeno y azufre en el suelo está bajando drásticamente.
Ello significa que junto con la soja, Argentina está exportando
parte de su suelo fértil, de modo que el monocultivo se ha convertido
prácticamente en una actividad extractiva.



En cuanto al uso de agroquímicos, si bien se ha presentado a
esta tecnología como amigable para el ambiente, el uso recurrente
de un mismo herbicida aumenta la frecuencia de las malezas resistentes
lo cual conduce a utilizar concentraciones cada vez mayores. Así,
el consumo de glifosato se duplicó al pasar de 28 millones de
litros en el período 1997-98 a 56 millones en 1998-99, y llegó
a 100 millones en la última temporada, con las consecuentes secuelas
de contaminación creciente de suelos y aguas.



Pero el más significativo de todos los impactos de este modelo
se expresa en el ámbito social y económico. La transformación
de la estructura agroproductiva durante la última década
muestra la exacerbación de tendencias preexistentes que abonan
la inequidad y la exclusión social: mayor concentración
de la riqueza, aumento del tamaño de la unidad productiva y reducción
de puestos de trabajo. Entre 1990 y 2003 desaparecieron el 30% de los
establecimientos agropecuarios medianos y pequeños (103.000 unidades
productivas) y el tamaño medio de la unidad productiva pasó
de 250 Ha a 538 Ha. Durante ese mismo periodo se produjo un notable
aumento de los alquileres de las tierras, debido a lo cual, los pequeños
productores pasaron a rentar sus parcelas a grandes corporaciones y
abandonaron el campo. Así desaparecieron alrededor de 600 pueblos
agrícolas y miles de pequeños productores y trabajadores
agrarios, excluidos de sus prácticas de trabajo tradicionales,
migraron del campo para pasar a engrosar los cinturones de pobreza de
las ciudades.



Las transformaciones en la estructura productiva del agro asociadas
al nuevo paquete tecnológico conducen a un modelo de agricultura
sin agricultores, industrializada y concentrada en la producción
de materias primas y forrajes para exportar a los países centrales.
Como contraparte, la pérdida de modos de producción tradicionales,
la exclusión social y la destrucción de un modelo equilibrado
de producción de alimentos que abastecía el mercado interno
y permitía exportar, contribuye a poner en riesgo la soberanía
alimentaria, al provocar la disminución de la calidad de los
alimentos y el aumento de su precio en el mercado interno.



Estas transformaciones constituyen la expresión a nivel del agro
de la política neoliberal implementada por el gobierno de Carlos
Menem y promovida por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial
durante la década de 1990, que condujo a la privatización
de las empresas públicas, a la desarticulación del Estado
y al cierre masivo de industrias, en el marco de una economía
basada en la especulación financiera. La retirada del Estado
y la reducción del gasto público afectaron los sistemas
de salud y educación. Del mismo modo, el sistema público
de investigación científica quedó arrinconado por
la falta de recursos. En estas circunstancias se explica la cooptación
de una parte de la comunidad científica por las empresas multinacionales
de biotecnología, que encontraron en los científicos locales
a promotores acríticos, calificados para el desarrollo de nuevos
ensayos transgénicos y dispuestos a impulsar la rápida
instalación de sus negocios. Ello explica, al menos en parte,
porqué en Argentina el modelo asociado a la introducción
del paquete tecnológico de la soja transgénica se estableció
temprana y rápidamente, alcanzando una masividad única
en el mundo, sin atravesar mayores escollos y en ausencia de un debate
público.



Para revertir esta situación es indispensable ampliar la discusión
y promover la participación ciudadana en la definición
de políticas de estado que reflejen un marco consensuado respecto
a este problema, orientado por la necesidad de atender, en primer lugar,
al bien común y resolver las necesidades de las mayorías
en un marco de sustentabilidad. Pero este proceso requiere asumir un
nuevo desafío: la democratización del conocimiento científico.
Resulta claro que el acceso a dicho saber se ha convertido en fuente
de desigualdades sociales en el interior de cada país, a la vez
que se acrecienta el distanciamiento entre países centrales y
periféricos.



En este contexto reapropiación social de conocimiento científico
representa una clave para el desarrollo económico-social de los
países y un aspecto fundamental en la construcción de
políticas científicas autónomas. Así entendido
el problema, el desafío no sólo consiste en difundir los
modelos hegemónicos del conocimiento científico actual,
decodificando el lenguaje esotérico y hermético de la
ciencia contemporánea para hacerlo accesible a todos los ciudadanos.
El principal escollo para favorecer el protagonismo ciudadano desde
una posición crítica, es desmitificar la condición
de "verdad" que se atribuye al conocimiento científico,
situándolo como una construcción social, atravesada por
supuestos y prejuicios culturales, provisoria, perfectible, controversial,
problemática y cargada de incertidumbres. Sólo así
el saber científico podrá servir al pueblo como un instrumento
transformador. Al respecto hacemos propio el reclamo de Gérard
Fourez quien en su libro "Alfabetización científica
y tecnológica" advierte que, generalmente, la divulgación
...consiste en una actividad de relaciones públicas de la comunidad
científica que se interesa por mostrar al "buen pueblo"
las maravillas que los científicos son capaces de producir...;
pero precisamente en la medida en que no se ofrece un conocimiento que
permita actuar, da un conocimiento superficial; es un saber que no lo
es, porque no es poder.



Alicia Massarini es Investigadora de Conicet. Maestría en Política
y Gestión de la Ciencia y la Tecnología. Facultad de Farmacia
y Bioquímica. Universidad de Buenos Aires.





Fuente Conicet.



Respuesta de los Doctores Moises Burachik y Esteban Hopp al artículo firmado por la Dra. Alicia Massarini y publicado en la página de Internet del CONICET.

Sobre Moisés Bourachik

http://biolo.bg.fcen.uba.ar/persdoc.htm

Según la página de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, estos son sus datos para contacto:


Burachik, Moises
Cargo: Prof. Tit.
e-mail: mobura#bg.fcen.uba.ar (reemplacen # por @)
Materia(s): Biotecnologia
Dependiente de: FCEN

También pueden contactarlo en:


Dr. Moisés Burachik Coordinador General Oficina de Biotecnología Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Av. Paseo Colón 982, piso 2, of. 236 C1063ACW - Buenos Aires Argentina Tel.: 54-11-4349-2200 Fax: 54-11-4349-2178

mburac#mecon.gov.ar (reemplacen # por @)
Fuente Conicet

Según el Grupo de Reflexión Rural:


Repudiamos la participación del lobbista de los agronegocios, Moisés Burachik como Jefe de la delegación argentina en la COP-MOP 4
Moisés Burachik, Secretario Ejecutivo, de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), Buenos Aires y Coordinador General de la Oficina de Biotecnología de la SAGPyA, Ministerio de Economía y Producción, Argentina
Moisés Burachik es el lobbista que trabajó para la demanda de Argentina en la OMC contra la UE. El ha sido uno de los principales autores intelectuales del modelo que en este mismo momento está estallando en la Argentina, poniendo en riesgo el tejido institucional nacional. Gracias a la participación de personas como él, así como su propio trabajo de lobbista para que las empresas de los agronegocios tomaran las riendas de las políticas agrícolas en la Argentina, la democracia está siendo severamente amenazada en este preciso instante. A pesar de esto, esta persona está representando al Gobierno Argentino en la COP-MOP 4, al mismo tiempo que la Presidenta Cristina Fernández está siendo rehén de las empresas agroindustriales. Consideramos incompentente a esta persona para representar a nuestro país.
Para encontrar la verdadera posición del Gobierno Argentino con respecto al avance de la frontera agrícola y sus consecuencias, por favor leer el documento de Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Marzo de 2008 que puede ser bajado de:


http://partido-pirata.blogspot.com/2008/04/informe-de-la-secretara-de-medio.html


GRR, Grupo de Reflexión Rural, Argentina Bonn, Alemania, 13 de mayo de 2008

http://www.grr.org.ar/


viernes, 16 de mayo de 2008

Un hambre infame

Por Boaventura de Sousa Santos *


Conocido hace tiempo por los que estudian la cuestión alimentaria, el escándalo finalmente estalló en la opinión pública: la sustitución de la agricultura familiar, campesina, orientada a la autosuficiencia alimentaria y a los mercados locales, por la gran agroindustria, orientada al monocultivo de productos de exportación (flores, soja, etc.), lejos de resolver el problema de la alimentación mundial, lo agrava. Habiendo prometido erradicar el hambre del mundo en veinte años, hoy nos enfrentamos con una situación peor de la que existía hace cuatro décadas. Cerca de un sexto de la humanidad pasa hambre: según el Banco Mundial, 33 países están al borde de una crisis alimentaria grave; aun en los países más desarrollados los bancos de alimentos están por perder sus reservas; y volvieron las revueltas del hambre, que en algunos países ya causaron muertes. Mientras tanto, la ayuda alimentaria de la ONU hoy está comprando a 780 dólares la tonelada de alimentos que en marzo pasado compraba a 460 dólares.

La opinión pública está siendo sistemáticamente desinformada sobre este tema para que no se dé cuenta de lo que está pasando. Es que lo que está pasando es explosivo y puede ser resumido del siguiente modo: el hambre del mundo es la nueva gran fuente de lucro del gran capital financiero, y sus ganancias aumentan en la misma proporción que el hambre.

El hambre en el mundo no es un fenómeno nuevo. Desde la Edad Media hasta el siglo XIX fueron famosas en Europa las revueltas del hambre (con el saqueo de comerciantes y la imposición de la distribución gratuita del pan). Lo que es nuevo en el hambre del siglo XXI son sus causas y el modo en que las principales son ocultadas. A la opinión pública se le ha informado que el hambre está ligado a la escasez de productos agrícolas, y que ésta se debe a las malas cosechas provocadas por el calentamiento global y las alteraciones climáticas; al aumento del consumo de cereales en la India y en China; al incremento de los costos de los transportes debido a la suba del petróleo; a la creciente reserva de tierras agrícolas para producir agrocombustibles. Todas estas causas han contribuido al problema, pero no son suficientes para explicar que el precio de la tonelada de arroz se haya triplicado desde el inicio de 2007.


Estos aumentos especulativos, como los del precio del petróleo, son el resultado de que el capital financiero (bancos, fondos de pensiones, fondos hedge de alto riesgo y rendimiento) ha comenzado a invertir fuertemente en los mercados internacionales de productos agrícolas, tras la crisis de la inversión en el sector inmobiliario. En articulación con las grandes empresas que controlan el mercado de semillas y la distribución mundial de cereales, el capital financiero invierte en el mercado de futuros con la expectativa de que los precios continuarán subiendo y, al hacerlo, se refuerza esa expectativa. Cuanto más altos sean los precios, más hambre habrá en el mundo, mayores serán las ganancias de las empresas y los retornos de las inversiones financieras. En los últimos meses, los meses en que aumentó el hambre, las ganancias de la mayor empresa de semillas y cereales aumentaron un 83 por ciento. O sea, el hambre de lucro de Cargill se alimenta del hambre de millones de seres humanos.

El escándalo del enriquecimiento de algunos a costa del hambre y la subnutrición de millones ya no puede ser disfrazado con “generosas” ayudas alimentarias. Tales ayudas son un fraude que encubre otro mayor: las políticas económicas neoliberales que hace treinta años vienen forzando a los países del Tercer Mundo a dejar de elaborar los productos agrícolas necesarios para alimentar a sus propias poblaciones y a concentrarse en productos de exportación, con los cuales ganarán divisas que les permitirán importar productos agrícolas... de los países más desarrollados. Quien tenga dudas sobre este fraude, que compare la reciente “generosidad” de los Estados Unidos en la ayuda alimentaria con su consistente voto en la ONU contra el derecho a la alimentación reconocido por todos los demás países.


El terrorismo fue el primer gran aviso de que no se puede continuar impunemente con la destrucción o el robo de la riqueza de algunos países para beneficio exclusivo de un pequeño grupo de países más poderosos. El hambre y la revuelta que acarrea parecen ser el segundo aviso. Para responder eficazmente será necesario poner fin a la globalización neoliberal tal como la conocemos. El capitalismo global debe volver a sujetarse a reglas que no sean las que él mismo establece para su beneficio. Debe exigirse una moratoria inmediata en las negociaciones sobre productos agrícolas en curso en la Organización Mundial del Comercio. Los ciudadanos tienen que comenzar a privilegiar los mercados locales, a rechazar en los supermercados los productos que vienen de lejos, a exigir del Estado y de los municipios la creación de incentivos a la producción agrícola local, a exigir que las agencias nacionales de seguridad alimentaria, donde las haya, entiendan que la agricultura y la alimentación industriales no son el remedio contra la inseguridad alimentaria. Bien por el contrario, son su causa.

* Doctor en Sociología, catedrático de las universidades de Coimbra (Portugal) y de Wisconsin (EE.UU.).



Traducción: Javier Lorca.



jueves, 15 de mayo de 2008

Hola Vieja!!!

Sobre el comercial de Telefónica...Hola Vieja!!.




El modelo de privatizaciones de Carlitos...


miércoles, 14 de mayo de 2008

La ruta de una empresa

Agente naranja, PCB y glifosato

Por Darío Aranda


La industria sojera argentina, que ocupa 17 millones de hectáreas, funciona a base de un agrotóxico: el “glifosato”, sustancia con la cual se rocían los campos, se eliminan las malezas y que sólo permite el crecimiento de soja transgénica, modificada en laboratorio. El nombre comercial del producto –que acumula denuncias por provocar malformaciones a recién nacidos, abortos espontáneos, cáncer y muerte– es “Roundup”, de la compañía estadounidense Monsanto, la semillera más grande del mundo, que controla el 20 por ciento del mercado internacional. La empresa tiene 107 años de historia y se le reconoce ser impulsor del PCB (elemento cancerígeno utilizado en transformadores eléctricos), proveer en la guerra de Vietnam del químico “agente naranja” (utilizado por las tropas estadounidense para arrasar el territorio enemigo), condenas por publicidad engañosa (justamente por su producto Roundup) y denuncias por presionar a la Agencia de Protección Ambiental (EPA), organismo estatal norteamericano que controla a la industria química.


Con sede central en el estado de Missouri, fue fundada en el 1901 por John Francis Queeny, empleado durante treinta años en la industria farmacéutica, que tomó el nombre de su esposa (Olga Méndez Monsanto) y creó una pequeña empresa, pero de rápido crecimiento; en la década del 20 ya había convertido a la compañía en una de las principales fabricantes de productos básicos de la industria química. En 1928, el hijo de Queeny, Edgar, tomó la presidencia de Monsanto, que alcanzó su era de expansión en la década del 30 con la adquisición de tres empresas químicas.

“El herbicida conocido como agente naranja, que fue usado por Estados Unidos para defoliar los ecosistemas de selva de Vietnam durante los años ’60, era una mezcla de químicos que provenía de varias fuentes, pero el agente naranja de Monsanto tenía concentraciones de dioxina muchas veces superiores al producido por Dow Chemical, el otro gran productor del defoliante”, detalla Brian Tokar en su investigación Monsanto: Una historia en entredicho. Según el trabajo, ese hecho convirtió a Monsanto en el principal acusado en la demanda interpuesta por veteranos de la guerra de Vietnam, que experimentaron un conjunto de síntomas atribuibles a la exposición al agente naranja. “Cuando en 1984 se alcanzó un acuerdo de indemnización por valor de 180 millones de dólares entre siete compañías químicas y los abogados de los veteranos de guerra, el juez ordenó a Monsanto pagar el 45,5 por ciento del total”, explica.

En 1981 la compañía se estableció como líder en investigación biotecnológica, pero recién en 1995 fueron aprobados una decena de sus productos modificados genéticamente, entre ellos la “soja RR”, resistente a glifosato. Promocionaba el Roundup como “un herbicida seguro y de uso general en cualquier lugar, desde céspedes y huertos hasta grandes bosques”. Pero el 26 de enero de 2007 fue condenada por el tribunal francés de Lyon a pagar multas por el delito de “publicidad mentirosa”.En el último trimestre de 2007, Monsanto Latinoamérica facturó 256 millones de dólares, contra los 90 millones de igual lapso de 2006, un incremento del 184 por ciento. En 2006, la facturación global llegó a 4476 millones de dólares. “Gran parte se debió al mayor precio del herbicida glifosato”, reconoce la empresa, que vende el cuestionado agrotóxico con un eslogan irrefutable: “Es el herbicida más vendido del mundo”.

Más sobre Monsanto, la película "El mundo según Monsanto” .Pero está sin subtítulos, en francés, si alguien consigue los subtítulos envíelos a:

enviolibros#gmail.com
(reemplace # por @)

“Una ceguera colectiva”

Influencias de una industria poderosa


Por Darío Aranda



Investigadores independientes, organizaciones sociales, poblaciones afectadas y comunidades campesinas e indígenas coinciden en el mismo reclamo: la urgente realización de estudios sobre los agrotóxicos y sus efectos a corto, mediano y largo plazo. “Las corporaciones como Syngenta o Cargill, por citar sólo dos, cuentan con poder económico y lobby político suficiente para dificultar cualquier investigación que pudiera mostrar lo nefasto de este modelo agropecuario”, denuncia el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Jorge Kaczewer, médico de la UBA especializado en ecotoxicología y compilador de investigaciones sobre el monocultivo de soja, completa: “Las empresas como Monsanto, Novartis y Bayer impulsan la supresión del disenso, con una influencia que parece generar en los científicos una ceguera selectiva que los hace ignorar o malinterpretar la evidencia científica”.


Con un mercado concentrado (sólo diez compañías controlan el 57 por ciento del mercado mundial de semillas) y una facturación sideral, la industria transgénica es denunciada por su poder de incidencia con quienes deben controlarla. Hasta la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos es acusada de haber cedido a sus presiones. En agosto de 2006, líderes sindicales de la EPA acusaron a las autoridades del organismo de ceder ante la presión política y permitir el uso de agrotóxicos perjudiciales. “Se corren graves riesgos en fetos, embarazadas, niños y ancianos”, denunciaban. La EPA había omitido estudios científicos que contradecían los patrocinados por la industria de los pesticidas. “La dirección de la EPA prioriza la industria de la agricultura y los pesticidas antes que nuestra responsabilidad para proteger la salud de nuestros ciudadanos”, finalizaba el comunicado.

“El Programa de Pesticidas de la EPA constituye un verdadero grupo de tareas del ‘lobby pesticida’”, asegura Kaczewer. Entre sus pruebas, exhibe un estudio del Grupo de Trabajo Ambiental de Estados Unidos, que investigó el origen de los ingresos de los evaluadores de mayor rango en la EPA y constató que, desde que comenzó el Programa de Pesticidas de ese organismo gubernamental, dos tercios de ellos recibían parte de su sueldo de entidades de la industria agroquímica.


“Existe un complejo sistema destinado a impedir la publicación de hallazgos adversos. Gigantescas empresas imponen el tipo de ciencia e investigación científica que se debe hacer. No es casualidad la ausencia de estudios toxicológicos a largo plazo ni bioensayos en aguas y suelos”, denuncia Kaczewer y cita como ejemplos locales la influencia, a través de subsidios, sobre las universidades. “Las corporaciones están comprando departamentos enteros de universidades públicas, no sólo en la parte agronómica, sino en la parte biológica, en la parte médica. Los gerentes de las multinacionales compraron firmas de científicos y la literatura del complejo de la soja está infectada de papers ridículos.”

La influencia de los agronegocios también avanzó sobre otros ámbitos. En 2003, campesinos formoseños del poblado Colonia Loma Senés denunciaron las fumigaciones con glifosato en la zona. Exhibieron sus plantaciones arruinadas, mostraron certificados médicos que confirmaban síntomas de envenenamiento y fotografías de sus animales muertos. En una inusual medida, la jueza Silvia Sevilla ordenó el cese inmediato de las fumigaciones con Roundup (nombre comercial del producto). Sentó precedente, fue la primera vez que se dictó una medida de ese tipo. Desde entonces, fue declarada enemiga de las empresas de monocultivos y comenzó un proceso de hostigamiento por parte de pares, superiores y el poder político. En diciembre de 2007 fue echada de su cargo bajo las acusaciones de “mal desempeño en el cargo”.


“Nunca me perdonaron que frenara las fumigaciones. Había ministros del gobierno involucrados, me presionaron jueces para que diera marcha atrás. Y el juicio de mi destitución fue un circo romano. La vida se me está haciendo cada vez más complicada. Me cuesta muchísimo trabajar en la profesión, los juzgados me hacen la vida imposible y debo presentar más recursos que otros abogados por los disparates que resuelven en mis causas”, afirmó Silvia Sevilla. La abogada de los campesinos denunciantes, Roxana Silva, fue categórica: “La echaron por cumplir con su deber. Todos sus fallos se ajustaron a derechos y aquí eso es un pecado. Nadie se puede meter contra el poder político y los empresarios sojeros”.

En Formosa continúan utilizando glifosato. Ningún otro juez prohibió las fumigaciones.



Trailer de la película Ensayo sobre la ceguera.



Pero en este caso la ceguera es mucho más grave.

Varias generaciones están comprometidas

Seis pueblos de la Pampa Húmeda, con niveles de cáncer superiores al normal por el uso de los agrotóxicos.
Una investigación del Hospital Italiano de Rosario confirmó los efectos en la salud de los agrotóxicos en los pueblos sojeros.

Por Darío Aranda

Malformaciones, cáncer y problemas reproductivos tienen vinculación directa con el uso y la exposición a contaminantes ambientales, entre ellos los agrotóxicos utilizados en los agronegocios. “Los hallazgos fueron contundentes en cuanto a los efectos de los pesticidas y solventes”, afirma Alejandro Oliva, médico y coordinador de la investigación que abarcó seis pueblos de la Pampa Húmeda y que confirma, en esas localidades, la existencia de diferentes tipos de cánceres –de próstata, testículo, ovario, hígado, páncreas, pulmón y mamas– muy por encima de la media nacional. El estudio también detalla que cuatro de cada diez hombres que consultaron por infertilidad habían sido expuestos a químicos agropecuarios y alerta que el efecto sanitario de los agrotóxicos puede manifestarse en las generaciones futuras. “Hijos o nietos de los trabajadores rurales, y las poblaciones cercanas, son los que dentro de décadas pueden sufrir las consecuencias”, advierte la investigación.

El estudio fue realizado entre 2004 y 2007 por un equipo del Hospital Italiano de Rosario, conducido por Oliva, con el respaldo del Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente (Ecosur), la Universidad Nacional de Rosario, la Federación Agraria local y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La hipótesis de estudio del grupo multidisciplinario (conformado por ecólogos, epidemiólogos, agrónomos, endocrinólogos y sociólogos) señalaba que ciertos agroquímicos podrían perturbar la fisiología hormonal. El relevamiento en terreno confirmó que las funciones reproductivas, tanto femeninas como masculinas, son altamente sensitivas a diferentes agentes químicos utilizados en la actividad agrícola. “Existen relaciones causales de casos de cáncer y malformaciones infantiles entre los habitantes expuestos a factores de contaminación ambiental, como los agroquímicos”, afirma el trabajo, realizado por etapas durante tres años y cuyos resultados finales acaban de ser publicados en los Cuadernos de Salud Pública de Brasil.


La investigación remarca que los factores ambientales, como la exposición a pesticidas y solventes, contribuyen a la severidad de la infertilidad y pueden empeorar los efectos de factores genéticos preexistentes. El relevamiento constata que el 40 por ciento de los hombres que consultaron por infertilidad habían sido expuestos a agrotóxicos y resalta que el sistema reproductivo masculino puede padecer severas alteraciones debido a causas ambientales, entre las que se destaca un aumento del cáncer de testículo, malformaciones urogenitales, disminución en la calidad seminal y disfunción eréctil.

La investigación recuerda que toda la zona se fumigó por años con “organoclorados” (como se denomina a productos como DDT, heptacloro, lindano y HCH), que de 1960 a 1978 tuvieron amplia difusión junto a los “organofosforados”, como el Parathion. Del ’78 al ’94 la tendencia introdujo nuevos químicos, como monocrotofós, endosulfán y piretroides. Y desde el ’94 se aplicaron estos dos últimos más el clorpirifós. “Sin olvidar la rotunda aparición del glifosato y sus agregados”, recuerda el científico. Justamente las organizaciones campesinas e indígenas acumulan denuncias contra ese producto, cuyo nombre comercial es Roundup, de la estadounidense Monsanto, el agrotóxico más utilizado en la agricultura actual. Sólo en el último año, y a razón de diez litros de glifosato por hectárea, las tierras más productivas de Argentina fueron rociadas con 165 millones de litros del cuestionado veneno. “Según cifras de la FAO, Argentina ha aumentado en más de un 200 por ciento el uso de agroquímicos, principalmente en la Pampa Húmeda, debido a los herbicidas que se utilizan en la soja transgénicas”, explica la investigación.


El grupo de profesionales remarca que la incidencia del cáncer en áreas rurales es menor que en las zonas urbanas, pero en su estudio detectaron lo opuesto: que algunos tipos de cánceres se encuentran con mayor incidencia en el mundo agrícola, tal es el caso de los linfomas no-Hodgkin y los de próstata, asociados con la fabricación y el empleo de agroquímicos. También sobresalen los cánceres de testículo y ovario, mostrando una incidencia tres veces mayor en el primer caso, y de casi dos veces en el segundo, comparados con las estimaciones a nivel nacional. Los cánceres de hígado fueron casi diez veces más y los de páncreas y pulmón, el doble de lo esperado. En cuanto a la mujer, se registra un aumento significativo de cáncer de mama. También sobresalieron los cánceres de tipo digestivo. “Esto puede ser por haber sido estas zonas muy expuestas a los clorados, y ahora son zonas expuestas al glifosato, que sabemos produce irritaciones digestivas permanentes”, explican.

En un apartado especial se explica que el efecto de los agrotóxicos puede manifestarse mediante dos mecanismos: el contacto directo con la sustancia o que los padres la hayan absorbido y trasmitido a través de sus espermatozoides y óvulos a los hijos. “En diferentes publicaciones se ha demostrado la existencia de casos de cáncer con pacientes que no habían estado expuestos directamente a los agroquímicos, pero si lo habían sido sus padres o sus abuelos. Se produce cuando el químico impacta en la trama genética y se va reproduciendo de generación en generación. O bien pasa a través del útero de la madre”, afirma Oliva. Y advierte:

“En materia de salud pública, se está comprometiendo en forma directa a varias generaciones”.

Además del uso de agroquímicos, se señaló como fuentes fijas de contaminación a las plantas de acopio de cereales, los depósitos de plaguicidas, los lugares donde se lavan y guardan los equipos de fumigaciones, basurales y transformadores con PCB. El relevamiento demostró que más del 90 por ciento de los casos de cáncer se encontraron dentro de los 300 metros de esos focos contaminantes.


El trabajo tomó como muestra de estudio áreas consideradas representativas del modelo de agronegocios predominante en la Pampa Húmeda: localidades rurales de hasta cinco mil habitantes, regiones donde la soja abarca el 95 por ciento de la tierra cultivable y con antecedentes de haber estado dedicadas a la producción agropecuaria al menos desde la década de 1950. Se trata de Pérez Millán, en el norte bonaerense, y Alcorta, Carreras, Máximo Paz, Santa Teresa y Bigand, todas localidades de Santa Fe.

Justamente en Bigand, el Ministerio de Salud de Nación realizó un estudio con el objetivo de “determinar factores de vulnerabilidad en poblaciones expuestas a los plaguicidas”. En el marco del Plan Nacional de Gestión Ambiental, con intervención de la Cátedra de Toxicología y Química de la UBA, las conclusiones detallaron: “Más de la mitad de los encuestados y el 100 por ciento de los fumigadores refieren que ellos o conocidos estuvieron intoxicados alguna vez. El 90 por ciento señala que no existen personas resistentes a las intoxicaciones”. El trabajo confirma efectos agudos como alergias, dolor de cabeza, mareos, irritación respiratoria, dérmica y de ojos. En el aspecto laboral, precisa que los trabajadores “en su inmensa mayoría no tienen contrato de trabajo, ni cobertura médica, y cobran a destajo”. “Son mencionados más de 40 pesticidas, predominando el uso de glifosato”, remarca el relevamiento. La fecha de publicación fue 2002. Nunca más el Ministerio de Salud difundió información sobre los agrotóxicos.



Más allá del tema retenciones si, o retenciones no, ¿no habría que plantearse un modelo de país diferente?.

¿Queremos que sigan contaminando todo, que miles de compatriotas estén condenados a enfermarse de cáncer por la voracidad de unos pocos?

En las próximas elecciones, vótenlo a Urquía...

martes, 13 de mayo de 2008

Los guardianes de Cargill

Por Raúl Dellatorre

La revelación fue hecha por la mañana por Alfredo De Angeli desde la ruta. Por la tarde la ratificó Néstor Roulet desde Córdoba. El primero, titular de Federación Agraria de Entre Ríos, lo hizo mientras cortaba las ramas de una plantita que tenía tomada desde el tallo, representando cómo se distribuía el resultante de la producción de soja. El segundo, vice de Confederaciones Rurales (CRA), describiendo quién se queda con qué “de los cien metros de bolsa de soja”.

“De los cien metros, el Gobierno se queda con 50 (por los impuestos); de los otros cincuenta, 10 se gastan en fletes, y 35 tenemos que pagar por los costos de siembra (semilla, fertilizantes, herbicidas, contratistas para la trilla y demás tareas); es decir que al productor solamente le quedan 5 metros.” Revelador: al exportador, justo al que le impusieron las retenciones, no le queda nada. Ni un centímetro de bolsa, en lenguaje de Roulet. Ni la punta de una ramita, en términos del rutero De Angeli.

Curioso y paradójico punto de llegada al que arriban las didácticas explicaciones de los dirigentes. Pero para nada ingenuo ni absurdo: es la lógica del planteo de los ruralistas desde que empezó el conflicto. Permanentemente han atacado la parte que queda en manos del Estado (impuesto), pero jamás aluden a la que se devora el comercializador que domina la mitad de la cadena, desde la tranquera hasta el barco. El dueño de las plantas de acopio, de los puertos privados, de los molinos y socio en la venta de fertilizantes y semillas. Tal es el caso, en toda la cadena, de Cargill y, en algunos eslabones, de Bunge, Dreyfus, Nidera y Aceitera General Deheza, grandes beneficiarios de la renta agropecuaria.

Para verlo más claramente: la retención que hace la Aduana, del 40 por ciento en el caso de la soja, no es “sobre los 100 metros de la bolsa”, sino sobre un valor inferior que, de acuerdo con el Código Aduanero, convierte el tributo en sólo 28,6 metros de esos 100. Pero como parte de la producción de granos va al mercado interno y parte se exporta con menor tasa de retención, lo que entra al fisco es mucho menos.

El acopiador-exportador se apropia de una parte de la producción igual o mayor que la que le corresponde al Estado. Encima, descontándole al productor un porcentaje por retenciones que ni siquiera ingresa al fisco. Y sin siquiera ser acusado por los dirigentes que encabezan la protesta ni ser imputado por el Gobierno. ¿Por qué será que toda la argumentación de este conflicto encubre la responsabilidad de los exportadores? ¿O éstos habrán sido expropiados por el Estado sin que nos demos cuenta y sus ingresos deben ser computados, como dice Roulet, dentro de “los 50 metros de la bolsa” que se queda el Gobierno?



lunes, 12 de mayo de 2008

El biocombustible se quema



De el diario "El País" de España.


"Un crimen contra la humanidad". Palabras gruesas que parecen destinadas a los nazis, el Gulag, la Camboya de Pol Pot o Srebrenica. Pero que las Naciones Unidas y el Gobierno de India -el segundo país más poblado del mundo- asocian ahora a los biocombustibles por su incidencia sobre la crisis alimentaria, los precios de los cereales y el hambre que acecha a millones de personas en todo el mundo. La demostración palpable de que el debate ha calado está en los autobuses madrileños: unos 400 autocares de la Comunidad de Madrid circulan ya con carburantes que utilizan en su fabricación cereales o aceites vegetales. Al lado de la flamante pegatina -"funciona con biodiésel"-, en algunos de esos vehículos podía leerse esta semana una pintada siniestra: "Asesinos".


Mimados por los subsidios y la legislación en Europa y en Estados Unidos, los biocarburantes han crecido en los últimos años a la misma velocidad que ahora pierden lustre y apoyos por todos lados. Han dejado de ser la quintaesencia de lo políticamente correcto. La ONU los ha puesto en el disparadero y las críticas arrecian desde el Fondo Monetario Internacional y la OCDE -foros donde dominan los países ricos- hasta el Banco Mundial y la FAO, las instituciones multilaterales centradas en el mundo en desarrollo.

"Sin los biocarburantes, la gasolina sería aún un 15% más cara. Pero el impacto sobre el incremento de los precios de los alimentos va mucho más allá. Probablemente hay que desandar una parte del camino y reducir los apoyos que han recibido; la crisis es grave y la escasez de alimentos es un argumento difícil, muy difícil de combatir", asegura Francisco Blanch, responsable mundial de materias primas del banco de inversión Merrill Lynch y una autoridad en la materia. "El problema es que no hay muchas alternativas: el crecimiento económico exige energía en grandes dosis. Y ante la pujanza de China e India, ¿de dónde va a venir la energía necesaria si no sale de ahí? ¿Vamos a decirles a los países en desarrollo que no crezcan?", se pregunta desde Londres.

Los productores de biocombustibles eran hace nada el súmmum de lo verde: una bendición para el medio ambiente y a su vez una alternativa al petróleo, cada vez más caro y escaso, y por lo tanto una apuesta de futuro para apuntalar la seguridad energética internacional. Entre ese halo de bondad -ahora en entredicho- y las alusiones a las trompetas del Apocalipsis de la ONU hay un buen puñado de causas, que van desde las oscuras presiones de los poderosos lobbies petroleros y alimentarios a la alta política, e incluso a la especulación en los mercados internacionales. Pero ante todo destaca el papel indiscutible -y a su vez contaminado con grandes dosis de demagogia- del biofuel en el fenomenal encarecimiento de los alimentos y su incidencia en el lado más tenebroso de la reciente crisis alimentaria: las hambrunas que afectan ya a casi 40 países.

Europa destina poco más del 4,5% de todos los cereales cultivados a la producción energética, unos 21,5 millones de toneladas. Pero las cifras globales son más importantes, y sobre todo la tendencia de crecimiento es abrumadora. Casi un tercio del maíz que creció el año pasado en los campos estadounidenses (cerca de 80 millones de toneladas) alimentan hoy coches, y no personas. Los fuertes subsidios y el apoyo regulatorio que ofrecen la Unión Europea y el Gobierno de EE UU al cultivo de materias primas para biofuel hacen cada vez más atractivo destinar las cosechas a llenar los depósitos y no los estómagos. Eso influye directamente en las cotizaciones. El aumento de la producción de maíz se ha obtenido a expensas de cosechas de otros cereales, con efectos sobre los precios por sus consecuencias en toda la cadena alimentaria.

Los expertos se cuestionan si el biocarburante, llamado a reducir la tiranía del petróleo, es tan rentable como parecía. Al margen de los subsidios, sólo salen a cuenta si se combinan altos precios para el crudo y bajos precios para el cereal (tal vez con la excepción del etanol de Brasil). Lo primero está servido: tanto el crudo brent europeo como el West Texas estadounidense han superado ya los 120 dólares por barril, y van camino de los 150 e incluso de los 200 dólares. Lo segundo es cada vez más complicado. El maíz vale ahora cerca de ocho dólares por bushel (24,5 kilos) en la Bolsa de Chicago, un 60% más que el año pasado. El trigo ha subido el 53% en un año. Y la soja un 40%.

El grado de responsabilidad de los biocarburantes en esta subida de las materias primas es casi un misterio. Según quién lo analice, la horquilla de impacto va del 5% al 60%. Lo que ya nadie discute es que alguna incidencia han tenido. Y lo que está por venir es más y más de lo mismo: un estudio de Naciones Unidas y la OCDE asegura que los precios de los alimentos aumentarán un 50% adicional en la próxima década por los biocombustibles. "En el contexto de muy bajas reservas de los últimos años, la demanda adicional procedente del biofuel dispara los precios", asegura Álvaro Mazarrasa, de la Asociación de Operadores Petroleros. "Ha habido precipitación a la hora de fijar objetivos de utilización de biofuel en Europa y EE UU. El impacto sobre los precios de los alimentos obliga a repensar esa política y establecer objetivos más prudentes", añade.

"El problema es que prácticamente no hay otra alternativa al crudo en el carburante para el transporte", asegura el catedrático de la Universidad de Barcelona Mariano Marzo. Las prisas asociadas a la necesidad de apuntalar la seguridad energética, combinadas con el estratosférico precio del petróleo, han alimentado la sed de biocarburantes. Pero la hambruna actual en decenas de países introduce un cambio radical de perspectiva. Ante esas distorsiones en el mercado alimentario, Marzo reclama "una moratoria en Europa" para retrasar los ambiciosos planes de utilización de biocarburantes, que según la normativa actual deben suponer al menos el 10% de las gasolinas en 2020.

Hasta en Estados Unidos un grupo de senadores republicanos ha apostado esta misma semana por replantear los apoyos al etanol procedente del maíz, por su impacto en los alimentos. Pero no parece que la Administración de Bush sea favorable a demasiados cambios al respecto.

El presidente George W. Bush declaró hace unos días que los biocombustibles "sólo son responsables del 15% de la inflación en los alimentos". Bush continúa defendiendo a capa y espada este combustible, al que considera indispensable para reducir la dependencia energética estadounidense, una de sus obsesiones. De ahí el gran volumen de subvenciones -hasta dos centenares de líneas de ayudas diferentes- que se conceden para la plantación de maíz y de las leyes que apoyan su transformación en carburante.

En la Unión Europea la situación es similar. Bruselas mantiene sus apoyos al biocarburante, pese a que ya han surgido las primeras voces discordantes. Ante la tormenta, la mayor parte de asociaciones agrarias se quejan de la demonización de los biofueles. El apoyo a cultivos para gasolina y las subvenciones están suponiendo un nuevo uso para las tierras y la revitalización de un sector de capa caída. La mayoría de asociaciones reivindica que la incidencia de este nuevo uso sobre los alimentos es limitada.

La comisaria de Agricultura, Mariann Fischer Boel, cerró filas el pasado miércoles en Bruselas en un duro discurso contra las críticas que se ciernen sobre el biofuel. "A pesar de la espiral que se ha desatado, el efecto es verdaderamente limitado sobre los precios de los alimentos. No necesitamos que los biocarburantes se conviertan en un chivo expiatorio: usados correctamente, son un arma ante los problemas derivados de la falta de oferta energética y en la lucha contra el cambio climático".

Todo eso está por ver. En plena redefinición. La conveniencia económica de los biocombustibles se pone en duda desde hace años. En España la mayor parte de las fábricas de este combustible están cerradas, porque esta campaña los cereales cuestan demasiado. Aun así los precios, a decir de algunos expertos, no deberían frenar la producción de una gasolina que frene el cambio climático. Sin embargo, este punto también levanta ampollas. La primera la pinchó Hartmut Michel, premio Nobel de Química en 1988.

Este gran aficionado a los combustibles de origen vegetal aseguró ya en 2007 que los biocarburantes no ahorran emisiones de CO2. Michel explicaba que para conseguir el combustible es necesario el uso de fertilizantes, maquinaria y una destilación que provocan que se acabe emitiendo más CO2 del que produce cualquier motor de gasolina en un coche. Los ecologistas apuntan otros factores. "Hay que añadir la deforestación que causan las plantaciones. Hay países donde se sustituyen cultivos, se destrozan bosques o se planta en zonas sumamente fértiles que podrían destinarse al autoabastecimiento", matizan los investigadores de Intermón.

Sara Pizzinato, de Greenpeace, explica que no está claro que se ahorren emisiones, "en especial con la tecnología actual". "Puede que en el futuro mejoren las prestaciones del biofuel, pero la crisis es aquí y ahora", abunda antes de afirmar que no debe incentivarse su uso "mientras no se demuestre fehacientemente que no van a causar la degradación de grandes forestas, como la Amazonia, y mientras no garanticen una reducción de emisiones que ahora no está asegurada".

No es una opinión aislada. El mexicano Ángel Gurría, secretario general de la OCDE -que agrupa a los 30 países más industrializados del mundo-, asegura que el biofuel actual "no proporciona ni la seguridad energética, ni la medioambiental ni los beneficios económicos que se habían pronosticado". "Tal vez más adelante se obtengan mejores resultados sin ese gran impacto sobre los precios alimentarios", aventura.

La patronal española rebate todas las críticas. Manuel Bustos, de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), denuncia la "campaña de criminalización, con declaraciones para la galería cuando la propia FAO limita el impacto sobre el encarecimiento de los alimentos a un máximo del 10%". "Lo fácil es criticar", añade. "La realidad es que los biocarburantes son la única alternativa disponible para empezar a sustituir al petróleo en el transporte, que produce el 25% de los gases de efecto invernadero. Y sobre su incidencia medioambiental no hay más que consultar los estudios de la Agencia Internacional de la Energía, la Comisión Europea o The White House National Economic Council, por citar sólo tres organismos".

En el fondo ésta es todavía una guerra de cifras. "Es complicado conseguir datos exactos porque los estudios económicos necesarios para valorar un impacto concreto incluyen parámetros muy diversos y complejos. Por eso, cuando no se conocen los detalles sobre un país o no se tiene suficiente perspectiva, muchos se tiran a la piscina y barren para casa, según lo que convenga", explica Teresa Cavero, investigadora de Intermón Oxfam. Esta ONG asegura tener datos fiables. Ha elaborado estadísticas cruzando el crecimiento de demanda de cereal para diferentes usos (alimentación humana, animal y uso industrial) en todos los países con sus incrementos de precios según el FMI. El resultado: el aceite de palma se ha encarecido un 37% por culpa del biocombustible. El maíz, un 60%. La soja, un 30%.

¿Qué pasa con el trigo o el arroz? "También hay un efecto sobre la cotización, pero aquí hay factores mucho más potentes como los climatológicos o de población. Pero influye por efecto contagio", remacha Cavero.

En ninguna polémica que se precie falta la teoría conspirativa. Aquí tampoco. Hay quien ve tras el alud de críticas una conspiración en toda regla que conjuga los intereses de los productores de petróleo y las multinacionales alimentarias con los de las grandes potencias. "La economía estadounidense es una de las grandes exportadoras de granos, y se beneficia de las cotizaciones actuales. No es raro que los lobbies presionen en Washington a favor de mantener los subsidios. Como tampoco es extraño que Alemania lo haga en Europa para que sigan construyéndose plantas de biocarburantes con su tecnología", apunta Jesús Ruiz, especialista en energía de la consultora Arthur D. Little.

Ruiz ve difícil una vuelta atrás en el desarrollo del sector. "Las empresas que han invertido lo han hecho pensando en la seguridad jurídica de áreas económicas tan poco sospechosas como EE UU y la UE, y en unas subvenciones que no son reversibles por el mismo motivo", apunta. La solución no parece sencilla: "Que el petróleo empiece a bajar; entonces empezarán a hacerlo también los alimentos".

El futuro de los biocarburantes se ha ensombrecido. Pero hace un año nadie o casi nadie alertaba de los problemas que podía acarrear la idea. Desde luego, las voces discordantes no surgían del FMI o del Banco Mundial. La primera andanada contundente salió de donde probablemente nadie se esperaba. En marzo del año pasado, un Fidel Castro aún convaleciente tras ocho meses de enfermedad se estrenaba como columnista del diario Granma con un artículo titulado 'Condenados a muerte por hambre y sed más de 3.000 millones de personas en el mundo', por la "idea siniestra" de "convertir alimentos en combustible". Pese a su habitual querencia por la desmesura, a la vista de los acontecimientos habrá que esperar nuevas entregas. -

A favor y, sobre todo, en contra

- Jean Ziegler, relator de la ONU, sociólogo y escritor. "Los biocarburantes son un crimen contra la humanidad", fruto de las "políticas aberrantes del Fondo Monetario Internacional".

- Paul Krugman, economista. "Es necesario tomar medidas contra el biofuel, que ha demostrado ser un terrible error".

- Jeffrey Sachs, economista y consejero especial del secretario general de Naciones Unidas. "No son la única causa, pero tienen parte de la culpa de la hambruna actual. La reducción significativa de los programas en la UE y en Estados Unidos sería una manera eficaz" de solucionar esta situación.

- Hartmut Michel, premio Nobel de Química. "Con los biocombustibles no se ahorran emisiones de CO2".

- Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial. "EE UU tiene que evaluar el efecto que causa en los asuntos humanitarios relacionados con el precio de los alimentos".

- Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. "Desarrollados con criterio, de acuerdo con las realidades de cada país, pueden generar ingresos e inclusión social".

- Jacques Diouf, director de la FAO. "Necesitamos desarrollar con urgencia una estrategia internacional para que la bioenergía beneficie a los pobres".

- Mariann Fischer Boel, comisaria europea de Agricultura. "El biofuel es más valioso como carburante que como chivo expiatorio".

- George W. Bush, presidente de EE UU. "Si dependes del petróleo extranjero, tienes un grave problema de seguridad nacional". "La nueva tecnología como el etanol nos ayudará a ser mejores custodios del medio ambiente".

- Fidel Castro, líder cubano, en marzo de 2007. La "idea siniestra" de "convertir alimentos en combustible" condena a muerte "por hambre y sed a más de 3.000 millones de personas". "Présteseles financiamiento a los países pobres para producir etanol del maíz o cualquier otro alimento y no quedará un árbol para defender a la humanidad del cambio climático".

El maná brasileño de la caña de azúcar

Cuando alguien plantea dudas sobre la viabilidad y rentabilidad de los biocombustibles, está obligado a añadir un pero a continuación: Brasil. En Estados Unidos y la Unión Europea, la producción es costosa y, pese a las subvenciones, es complicada la viabilidad del biocarburante. Sin embargo, en Brasil los costes de elaboración son mínimos en comparación con el resto de productores. Según datos de la OCDE, obtener una tonelada de biodiésel cuesta en la Unión Europea más de 500 dólares (320 euros). Producirla en Brasil vale menos de 300 (193 euros).

Algas para el depósito

Paja en vez de grano. En ese axioma se reduce el objetivo de las nuevas generaciones de biocarburantes. Se trata de alimentar coches sin dejar de alimentar personas, lo que pasaría por usar materiales no comestibles para la elaboración de gasolina. Una utopía que, según expertos y ecologistas, podría alcanzarse con los biocombustibles de segunda generación (2G), que necesitan más inversión y un tiempo prudencial para su desarrollo.

Los biocarburantes actuales se producen básicamente a partir de maíz o caña de azúcar (etanol) y de semillas, aceite de palma o cereales como el trigo (biodiésel). Para los 2G, todavía en desarrollo, se utiliza celulosa (material por el que más se apuesta), hierba, paja o incluso algas. El problema es que aunque el producto resultante es incluso mejor que el actual, su proceso de elaboración es químicamente más complejo y, de momento, necesita una gran cantidad de energía, por lo que aún no compensa. "Una de las mayores esperanzas está depositada en las algas", comenta Heikki Willstedt, experto en energía de WWF/Adena. Estas plantas producen mucha biomasa. Se plantan en estanques y se alimentan con gases como el CO2 o el azufre. Permiten recoger hasta una cosecha semanal. El problema: "Hay que investigar más. En Japón ya hacen pruebas con agua salada. Puede ser la solución, pero hay que desarrollarla, porque en lugares como España no se puede obviar que el agua dulce no sobra", matiza Willstedt. -