El audio del discurso de Félix Díaz:
Si quieren bajar el audio presionen donde dice descargar en el lugar donde está alojado el audio

Código QR de la dirección del archivo mp3
Fuente Agencia Rodolfo Walsh.(Buenos Aires, 11 de Diciembre de 2010). Los pueblos originarios, ante los hechos recientes de toma de tierras de hermanos latinoamericanos en capital federal, y la posterior represión, que derivó en la decisión del Gobierno Nacional de otorgar tierras y planes de vivienda, manifestamos que:
La usurpación de nuestras tierras, que habitamos en armonía ancestralmente y de manera preexistente a la conformación del Estado, no ha sido resuelta hasta la actualidad. Los usurpadores de nuestras tierras son terratenientes, empresas mineras, petroleras, corporaciones sojeras y los gobiernos provinciales. Ante esta situación, optamos por manifestarnos pacíficamente en reclamo de nuestros derechos, y aún así somos salvajemente reprimidos, como es el caso de los hermanos Qom en Formosa.
El gobierno nacional, lejos de aportar una solución, nos deja afuera de todo diálogo y nos ignora. Durante todo este período de gobierno de Cristina Kirchner, buscamos el diálogo, sin obtener respuesta alguna.
Por lo tanto, y a raíz de su último discurso por cadena nacional, en el que jamás se refirió a la muerte de nuestros hermanos, ni a la solución de nuestros propios conflictos territoriales y nuestros muertos en represión, damos como un hecho concreto el cierre de todo diálogo por parte del gobierno hacia nosotros. El actual gobierno demostró una vez más carecer de una política territorial y de ser xenófobo y discriminatorio al intentar invisibilizarnos y no considerarnos parte de esta sociedad.
Si, dada la actual situación, se entregan tierras a los hermanos bolivianos y de otros países luego de que éstos debieran ocupar terrenos ante su total carencia de un derecho humano fundamental, estamos ante un mensaje claro de que debemos optar por éste método de lucha: toma de parques nacionales, territorios ancestrales enrejados, etc. Tal vez así, sí nos escuchen. Agudizaremos en todo el país nuestro plan de lucha.
CONVOCAMOS A UN CORTE TOTAL DE LA 9 JULIO Y AV. DE MAYO EL MARTES 14 DE DICIEMBRE.
Báez Luis -- Pueblo Mocovi
Díaz Felix - Pueblo Qom
Jorge Nahuel -
Mamani Jorge -- Pueblo Kolla
Quispe Sixto - Pueblo Omaguacas
Choque Carolina - Pueblo Tilian
Tolay Policarpio - Pueblo Ocloya
Cruz Flora - Pueblo Guarani
Guanuco Eustaquio - Pueblo Diaguita
Miranda Tito - Pueblo Guarini
Vega juan - Pueblo Tapiete
Duarte Jose - PUEBLO Mbya Guarany
Salteño Anselmo - Pueblo Mocovi
Guala Oscar - Pueblo Rankel
Ángel Alfredo -- Pueblo Qom
Morales Sergio - Huarpe
Chico Juan - Pueblo Toba
Toledo Filemón - Pueblo Toba
ADHIERE: CENTRAL DE TRABAJADORES DE LA ARGENTINA (CTA)
CONTACTO: Luis Baez 0341-155775766
Ariel condolí: 15-6-222-3976
La diputada Silvia Vázquez (Concertación Forja) cuestionó duramente a la justicia formoseña por procesar a los indígenas y “no a policías y hacendados, que fueron los primeros en disparar”. El cacique de la comunidad La Primavera viajará mañana a Buenos Aires para ofrecer una conferencia de prensa y reunirse con los jefes de bloques de Diputados. Vázquez se encuentra al frente de las gestiones para una reunión entre el dirigente y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En declaraciones radiales, la diputada nacional Silvia Vázquez, que viajó a esa provincia, recalcó que los indígenas “son argentinos que no tienen acceso al agua potable. Viven con miedo por el accionar de la Justicia”. La diputada subrayó que por el momento, la Justicia provincial “ha procesado sólo a los indígenas. No a los policías y hacendados, que han sido los primeros en ir a disparar”.
La autora del proyecto de ley de Reparación Histórica de los pueblos originarios afirmó que “si el parlamento hubiera aprobado la ley o una similar con el aporte de otros partidos este y muchos otros conflictos que puedan desatarse se hubieran encaminado jurídicamente”.
“Estoy gestionando una entrevista con la presidenta para Félix Díaz (cacique de la comunidad La Primavera y representante del INADI en Formosa)”, adelantó Vázquez por Continental quien anticipó que acompañará mañana por la tarde en una conferencia de prensa a Díaz con el apoyo de Amnesty Internacional. También participarán entidades realacionadas con los pueblos originarios y de derechos humanos. Desde el despacho de la diputada Vázquez, informaron a NCN, que se está tramitando además una reunión especial con los jefes de bloques de la Cámara baja y Félix Díaz.

La agricultura campesina representa el 70 por ciento de las explotaciones agropecuarias de Argentina, produce el 53 por ciento de los alimentos que se consumen en el país y aporta la mitad del trabajo rural, según cifras oficiales. Las organizaciones campesinas también encabezan las estadísticas de desalojos, prisión y represiones, que en la última década se transformaron en hechos cotidianos. La avanzada represiva tuvo su punto máximo el último mes: 35 campesinos encarcelados y 95 pedidos de captura en sólo tres provincias, Santiago del Estero, Mendoza y Formosa. Denunciada como una “caza de brujas”, la judicialización de la lucha rural avanza sobre familias que rechazan el cultivo de soja, siembran para autoconsumo, crían animales y trabajan la tierra con sus propias manos, son la base de la pirámide rural. “Campesinos en lucha están sufriendo una persecución política, violenta e impune. Exigimos la inmediata liberación de compañeros, la investigación de funcionarios, jueces y policías que violaron derechos humanos, y exigimos la suspensión de los desalojos”, denunció el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que nuclea a 15.000 familias rurales de siete provincias.
En Mendoza no hay soja, pero el avance del monocultivo en otras regiones produjo el corrimiento de frontera ganadera y sus consecuentes desalojos. Históricas familias campesinas observaron cómo grandes hacendados avanzaban sobre sus tierras. José Quintero tiene siete hijos, vive en Jocolí, departamento de Lavalle, y es miembro de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST). Su padre criaba animales desde 1976, y él continuó el oficio. Desde hace más de veinte años ocupa y trabaja una finca en la que pastorean las cabras, chanchos y caballos. Aunque cuenta con posesión veinteañal, protegido por ley, la Liga de Rematadores ofertó la finca, con los campesinos dentro.
La UST, miembro del MNCI, denunció el hecho y logró que la Justicia dicte la “suspensión de todos los procedimientos del remate” e inicie una investigación de los hechos. También hizo lugar a la presentación de los derechos de posesión de José Quintero. La propiedad no pudo ser inscripta por los empresarios, pero éstos igual ingresaron topadoras y comenzaron a arrasar el monte. Quintero llegó hasta la comisaría de Jocolí, pero la policía no le recibió la denuncia. Como única opción, y junto con la UST, comenzó a frenar las topadoras. Entonces los efectivos sí actuaron: encarcelaron a Quintero y otros dos miembros de la organización. También ordenaron la captura de otros diez trabajadores rurales.
“Ante las denuncias de los campesinos, la Justicia y la policía jamás actúan. En cambio con sólo un llamado de los empresarios la policía acciona de inmediato”, denunció la UST de Mendoza y apuntó a la cuestión de fondo: “Hay una clara persecución y criminalización de la lucha por los derechos humanos campesinos y un intento de instalar el terror en la zona, para que los empresarios puedan apropiarse de fincas sin la resistencia de los poseedores legítimos y legales”.
En el departamento de San Rafael, al sur provincial, otros cuatro militantes campesinos de la UST enfrentan un juicio oral acusados de “usurpación” de la tierra donde viven desde hace tres generaciones. Y otros 30 campesinos están imputados por resistir a ser desalojados de sus fincas ancestrales. “Estamos amparados por leyes y artículos del Código Civil, pero algunos jueces, fiscales y policías parecen desconocer la legislación”, denunciaron los Sin Tierra de Mendoza.
En Formosa, el Movimiento Campesino provincial (Mocafor) forma parte del flamante Frente Nacional Campesino (FNC), nacido durante el conflicto de las entidades patronales y el Gobierno, apoyó la Resolución 125 y marchó al Congreso para su aprobación. El gobernador Gildo Insfrán es aliado del oficialismo, pero ni eso influyó al momento de la criminalización de la organización. En dos días sufrió la detención de tres militantes, que habían resistido el atropello de empresarios, y ordenaron la captura de otros cinco. El centro del conflicto es la Estancia La Florencia, de 90 mil hectáreas, en el oeste formoseño, que pretende echar a históricos habitantes. “Estábamos en un momento de tregua, sin movilizaciones, buscando el diálogo, y la Justicia, que obedece al gobernador, nos encarcela”, explicó Benigno López, referente del Mocafor. También remarcó que en todo el país “se está acentuando la violencia y agudizando la represión para que campesinos dejen sus tierras, algo que no dejaremos que suceda”.
Pioneros en la lucha contra el monocultivo de soja y la deforestación, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) nuclea a 9000 familias. Enfrentan a paramilitares y sojeros, cuentan con una escuela propia, radios comunitarias y emprendimientos productivos. Las veces que fueron desalojados, han vuelto a recuperar sus tierras. En el último mes sufrieron 29 detenciones, 50 pedidos de captura y tormentos propios de la dictadura militar, saqueo de viviendas por parte de efectivos policiales, simulacros de fusilamientos, disparos con balas de goma desde corta distancia, golpes y torturas.
“Como no han podido cooptar al Mocase-Vía Campesina, pretenden desarticularlo y quedarse con las tierras ancestrales. Es un accionar conjunto del poder político y judicial de Santiago del Estero para favorecer el avance de los agronegocios y los grandes terratenientes”, afirmaron desde la organización campesina.
En sólo un mes, la organización sufrió media docena de allanamientos en las localidades de Monte Quemado, Pinto, Quimilí, Tintina, Atamisqui y Termas de Río Hondo. La represión incluyó golpes de puño, patadas, insultos, robo en los ranchos campesinos; destruyeron viviendas, extrajeron herramientas y hasta les llevaron una camioneta. Todos los operativos fueron realizados de manera espectacular, con más de treinta efectivos con armas largas y rostros tapados. La policía recorría parajes y ranchos, allanaba sin orden judicial y apresaban sin razón alguna. “Una caza de brujas”, denunció el Mocase-VC, también miembro del Movimiento Campesino Indígena (MNCI).
Las acusaciones sobre los campesinos van desde “robo de un caballo” –según consta en la denuncia, y que provocó allanamientos masivos– hasta la supuesta “amenaza de muerte, tenencia de armas y hurto de productos forestales”. La mayoría de las causas están en manos de los jueces Alvaro Mansilla, Jorge Salomón, Ramón Tarchini Saavedra y Anselmo Juárez –ex abogado del jefe de inteligencia del juarismo, Musa Azar–. “Son las acusaciones que acostumbran los terratenientes de la zona contra quienes frenamos los desmontes y los alambrados, y hacemos respetar nuestros derechos. Según los jueces, cuando nosotros denunciamos inventamos la denuncia, y cuando denuncian contra nosotros sí son hechos delictivos”, explicaron desde el Mocase-VC, que exige el cumplimiento de la Ley de Bosques (que debiera frenar los desmontes) y la norma de “Emergencia Indígena, 26.160” (freno a desalojos). Ninguna de las leyes se cumple en tierra santiagueña.
El miércoles último, los campesinos santiagueños instalaron una carpa negra frente a los tribunales de Santiago capital. Exigen la liberación inmediata y la anulación de las “causas inventadas” que mantienen presos desde hace 40 días a Luis y Santos González, miembros del Mocase-VC procesados por resistir el desalojo de sus tierras ancestrales.
Con casi veinte años de lucha, el Mocase-VC sufrió represión, cárcel y asesinatos durante el juarismo, que gobernó Santiago del Estero durante cinco décadas. El hostigamiento nunca cesó, ni durante la intervención federal ni con el gobernador Gerardo Zamora, aliado del gobierno nacional, y que rechazó dialogar con PáginaI12. Conocida como la “capital nacional del desmonte”, Santiago del Estero encabeza la lista de destrucción de bosques nativos: 515.228 hectáreas entre 2002 y 2006, siempre de la mano del avance sojero.
El gobernador Zamora, sindicado por el Mocase-VC como máximo responsable de la criminalización campesina, asistió hace diez días al lanzamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, espacio que estaría al servicio de los campesinos, con promesas de subsidios y elogios al sector. En su provincia, en cuanto a problemática de tierras, el gobierno santiagueño sólo impulsó una “Mesa de Diálogo”, donde hay tan múltiples actores (incluso ONG que aceptan la soja y los agrotóxicos), y con tan poco poder de decisión, que no ha dado respuestas concretas a la problemática del sector. De esa Mesa también participa el Programa Social Agropecuario (PSA), instancia gubernamental que debiera asistir a familias rurales, pero que margina al Mocase-VC por su independencia del gobierno provincial.
El ministro de Justicia de Santiago del Estero, Ricardo Daives, tampoco aceptó hablar con este diario. Daives es acusado de impulsar la represión, en complicidad con el senador nacional Emilio Rached, ex vicegobernador y ex intendente de la localidad de Pinto, impulsor de la soja en la zona. Rached, legislador clave en el rechazo de la Resolución 125, aspira a la gobernación de Santiago del Estero y tiene entre sus principales detractores al Mocase-VC, única organización que lo enfrentó y que Rached no pudo vencer.
Teodoro Fernández es de Pirané, un pueblo de unos 40 mil habitantes, 100 kilómetros al oeste de la capital de Formosa. En 2003, el pueblo empezó a notar que algo sucedía con los cultivos de soja que se expandían alrededor. Entonces, contactaron a un equipo de técnicos para seguir los efectos. Observaron problemas en la salud de los animales, irritaciones en la piel de los hombres, granos, infecciones y diarreas. La preocupación todavía no pasó. Teodoro Fernández cree que la soja ahora es responsable de los casos de cáncer que empiezan a aparecer en el pueblo y de los nacimientos de niños con problemas.
“Hace tres meses –dice–, un bebé nació con un solo pulmoncito; yo mismo tuve una infección que no era una infección natural, que a uno se le pasa con un medicamento, y ahora hay 23 familias que denuncian la contaminación, porque los primeros tiempos eran los animales los que tenían los problemas, pero ahora son las personas mismas.”
En los últimos días, Fernández pasó por Buenos Aires. Con él llegaron otros nueve integrantes de la Asamblea Campesina del Norte argentino, una organización que nació en 2006, al calor de los desalojos de las tierras de trabajadores rurales e indígenas de Salta, Formosa, Chaco, Corrientes, Santiago del Estero y Santa Fe, en un espacio apoyado por el Instituto de Cultura Popular (Incupo). Políticamente, se mantuvieron por fuera del conflicto rural de los últimos meses. No están representados por “el campo”, dicen, porque el problema de ellos no es la exportación sino la producción para la supervivencia. Al Gobierno le exigen políticas de Estado para defender cinco temas esenciales: tierra, contaminación, agua, producción y comercialización, que es que lo que están perdiendo. En el paso raudo por Buenos Aires, tuvieron una audiencia con el flamante titular de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Guillermo Daniel Martini, a quien le presentaron sus demandas. En diálogo con Páginai12, contaron parte de esos reclamos. Entre ellos hay argumentos para las más terribles crónicas de un desastre anunciado. Hay ríos de aguas estancadas repletos de pirañas que se comen las ubres de las vacas; terneros desesperados que salen a buscar leche en las tetas de las madres muertas; pueblos que cierran las puertas abandonados por la gente o colonias de nativos que, del día a la noche, aparecen cercadas por nuevos propietarios.
“Somos organizaciones que llevamos años luchando y elaborando propuestas para defender los derechos de las familias campesinas y aborígenes a poder seguir viviendo con dignidad en y del campo”, explicó la Asamblea en la introducción del documento que entregaron al Gobierno. En un solo párrafo explican cuáles son los puntos de contacto entre los problemas de cada una de las provincias, y esos puntos de contacto tienen que ver con el imperio de la soja o, mejor, la expansión en los últimos diez años de la agroindustria en lugares donde antes había personas.
“Entre 1998 y 2002 –explican– desaparecieron 160.000 explotaciones agropecuarias, en su mayoría menores de 200 hectáreas, es decir, de pequeños productores.” En esa línea, 82 por ciento de esos productores ocupan sólo 13 por ciento de la tierra. El monocultivo de exportación desplazó a la lechería, maíz, trigo, lenteja, montes frutales, mandioca, batata, papas y se pierden las semillas criollas. Eso generó las primeras migraciones y desplazamientos de los pueblos campesinos y originarios: en los últimos 10 años, 120 parajes de la región –según sus datos– no crecieron y 40 por ciento del total de los pueblos con 300 mil habitantes está a punto de desaparecer.
Silvia Herrera es trabajadora social y directora del Instituto de Cultura Popular (Incupo), en cuyos orígenes se encuentran las organizaciones de base cristianas, y ahora es una de las columnas de la Asamblea. “En la región hay cinco ejes de problemas: la tierra, el agua, la contaminación y la producción y comercialización de las cosas”. Pero el tema de la tierra es el más importante.
El primer caso es el de aquellos que viven en sus tierras desde siempre, pero que ahora se encuentran con gente de afuera que llega con un título de propiedad. Ahí comienzan los desalojos. Eso es muy común en este momento en Santiago del Estero y Formosa porque las tierras fueron vendidas en bloque a una forestal y los poseedores de esos títulos nunca los usaron hasta el boom de la soja. Un segundo caso son las familias en tierras fiscales con adjudicaciones sin terminar. Hay situaciones así en Chaco, con tierras que a su vez fueron mal adjudicadas a empresas y sobre las que ahora existen presiones para que se vuelvan a entregar a las familias campesinas indígenas. Por último, dice Herrera, están los sin tierra, una situación muy común en Santa Fe y en Corrientes en las zonas de estancias, donde los campesinos quedaron en banquinas o en lotecitos de una o dos hectáreas.
En ese mapa general, en cada provincia se han generado problemas específicos. Formosa tiene uno de los casos más paradigmáticos, conocido como el Bañado de la Estrella. Hasta hace un tiempo, era uno de los lugares turísticos más importantes, pero ahora es una especie de trampa. El gobierno provincial construyó allí una obra de infraestructura vial que dividió el bañado en dos partes. Al comienzo, las comunidades campesinas de la zona creían que el terraplén iba a servir para estimular el turismo, pero provocó efectos como el loteo de las tierras y el cambio inesperado en la dinámica del agua. Entonces, dice Herrera, “zonas que antes no se inundaban, ahora sí, y zonas que antes no, ahora están secas”. Como las condiciones ambientales cambiaron, se empezaron a reproducir, además, animales que no son de ahí. Un ejemplo son las pirañas. Como el agua del bañado no corre, las pirañas quedan allí y se reproducen atacando a las vacas que bajan a bañarse. Según los lugareños, eso causó la pérdida de 40 mil cabezas de ganado porque las vacas perdieron sus ubres mordidas por las pirañas y la carne perdió su valor.
Teodoro Suárez era la primera vez que viajaba a Buenos Aires. Vive en el paraje 29 de la cuña boscosa del norte de Santa Fe, donde los poblados más chicos, dice, se están quedando sin gente. En su campo tiene ganado mayor y menor como vacas, chivas, ovejas y chanchos, pero no tiene agricultura porque es una zona seca para hacerlo.
“Nosotros nos vamos quedando sin los campos –dice– y sin la familia, porque los hijos se nos van. No queremos ser asistidos por planes sociales porque nosotros producimos, pero los pueblitos más chicos están desapareciendo, y eso nos duele porque no hay una política de trabajo, una política de desarrollo para el pequeño productor. ¿Por qué a mí me está faltando el agua y al otro que es un gran empresario le está sobrando el agua? ¿Cuántas máquinas para riego tienen y a nosotros nos están llevando el agua con los bidoncitos así? Se nos están muriendo los animales, no tenemos qué darles de comer, los campos que antes usábamos, que eran campos que no se conocían y que eran campos del Estado, ahora aparecen con dueño.”
En 2006 cinco organizaciones de la zona empezaron a juntarse a partir de los reclamos por los desalojos de las tierras, los mismos que dieron vida a muchos de los movimientos de campesinos e indígenas del país. La Asamblea nació con cuatro o cinco miembros, y ahora cuenta con unas cincuenta organizaciones distribuidas en las provincias de la región. Tienen una política menos combativa los movimientos nucleados en torno al Mocase vía campesina de Santiago. Y en ese sentido parece jugar un rol importante el Incupo. Muchos de los dirigentes que llegaron a Buenos Aires vienen de decenas de años de lucha, aunque se hayan reorganizado recién ahora. Conocieron las Ligas Agrarias o los movimientos de campesinos que nacieron para defender la tierra en todos estos años.
Eduardo Ibañes es, por ejemplo, de un pueblo santiagueño del departamento de Alberdi. Para llegar a su casa debe andar 150 kilómetros adentro de un camino de arenales. Para vivir cría chanchos, ovejas, chivos, vacas y hace algo de agricultura de subsistencia, o bueno, hacía, porque desde hace cuatro años la sequía se lo impide. El eje del problema en su provincia siempre fueron los desalojos. La semana pasada, a una familia le quemaron el cerco y mil postes y muchas veces él es el que sale.
Alfredo Riera, en cambio, vive en el corazón del Chaco salteño; su tierra quedó atrapada como un lunar de monte en un mar donde sólo avanza la soja. Riera tiene juicios por usurpación en su contra porque varias veces quisieron desalojarlo. Es ganadero y ahora está al frente de los reclamos para evitar los desmontes.
Oscar Gamarra es chaqueño, pertenece al grupo de familias que ocupó y recuperó unas 750 ha del ingenio de Las Palmas. Se dedica a la cría de vacas, aunque ahora está iniciándose con las chivas. Es miembro de la Unión de Pequeños Productores chaqueños, una de las muchas organizaciones que hay en una de las provincias con más tradición de defensa de la tierra.
Carlos Curima es tabacalero de Corrientes. “En mi provincia pasa lo mismo, no tanto con los desmontes pero sí con la desregularización y la venta de las tierras”, dice. “Es la más grave que hay, el plato favorito: en este momento hay un reservorio de agua dulce como los esteros del Iberá a donde tiene intereses gente extranjera. Hay gente que compra grandes extensiones y eso genera además otro problema que es que muchas pequeños productores quedaron dentro, con sus pequeñas porciones de tierra. Ahora están adentro cercados, por el campo de esa gente extranjera, y les hacen la vida imposible para que se vayan.”
Ante el gobierno nacional, la asamblea reclamó espacios para poder sentarse a discutir las políticas de desarrollo de los pequeños productores. Pero ése no fue el único encuentro. El año pasado una comisión similar viajó a Buenos Aires para reunirse con legisladores, con los que diseñaron una mesa de trabajo; el conflicto rural detuvo ese proyecto, pero ahora la agenda de urgencias declaradas intenta hacerla avanzar.
Investigadores independientes, organizaciones sociales, poblaciones afectadas y comunidades campesinas e indígenas coinciden en el mismo reclamo: la urgente realización de estudios sobre los agrotóxicos y sus efectos a corto, mediano y largo plazo. “Las corporaciones como Syngenta o Cargill, por citar sólo dos, cuentan con poder económico y lobby político suficiente para dificultar cualquier investigación que pudiera mostrar lo nefasto de este modelo agropecuario”, denuncia el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Jorge Kaczewer, médico de la UBA especializado en ecotoxicología y compilador de investigaciones sobre el monocultivo de soja, completa: “Las empresas como Monsanto, Novartis y Bayer impulsan la supresión del disenso, con una influencia que parece generar en los científicos una ceguera selectiva que los hace ignorar o malinterpretar la evidencia científica”.
“El Programa de Pesticidas de la EPA constituye un verdadero grupo de tareas del ‘lobby pesticida’”, asegura Kaczewer. Entre sus pruebas, exhibe un estudio del Grupo de Trabajo Ambiental de Estados Unidos, que investigó el origen de los ingresos de los evaluadores de mayor rango en la EPA y constató que, desde que comenzó el Programa de Pesticidas de ese organismo gubernamental, dos tercios de ellos recibían parte de su sueldo de entidades de la industria agroquímica.
La influencia de los agronegocios también avanzó sobre otros ámbitos. En 2003, campesinos formoseños del poblado Colonia Loma Senés denunciaron las fumigaciones con glifosato en la zona. Exhibieron sus plantaciones arruinadas, mostraron certificados médicos que confirmaban síntomas de envenenamiento y fotografías de sus animales muertos. En una inusual medida, la jueza Silvia Sevilla ordenó el cese inmediato de las fumigaciones con Roundup (nombre comercial del producto). Sentó precedente, fue la primera vez que se dictó una medida de ese tipo. Desde entonces, fue declarada enemiga de las empresas de monocultivos y comenzó un proceso de hostigamiento por parte de pares, superiores y el poder político. En diciembre de 2007 fue echada de su cargo bajo las acusaciones de “mal desempeño en el cargo”.
En Formosa continúan utilizando glifosato. Ningún otro juez prohibió las fumigaciones.
(reemplace # por @) y los pondré junto con el enlace de la película.
Trailer de la película Ensayo sobre la ceguera.



Para Participar en el Partido Pirata Argentino

Nuestras Lista de Correo para estar comunicados

Nuestra dirección de e-mail

Nuestro canal IRC-La Taberna del Pirata!

En Diáspora


1000 razones para ser un pirata deje en los comentarios la suya!!

Podcast del Partido Pirata Argentino-También elevamos nuestra voz!

Programas de radio seleccionados para escuchar o descargar!.

Que vuelvan los Nick's!! .

Videos, película, documentales y algo más.

Programas MOD MTV sobre los nuevos modelos de negocios y tendencias en Internet.

Nuestra sección dedicad a Hipólito Bouchard, nuestro corsario
.
No Al Canon Digital!.
Blog "No Oficial" del Partido Pirata Argentino Copyleft : Todos los izquierdos reservados -- This work is licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Argentina License.Este es el Blog No Oficial Visiten el Blog Oficial del Partido! Template created by O Pregador -- Powered by Blogger