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martes, 4 de junio de 2013

El cacique Felix Diaz recibe el premio Mauricio López por su lucha inclaudicable




El audio del discurso de Félix Díaz:



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viernes, 31 de mayo de 2013

Entrevista a Felix Díaz-Qarache Qom

Entrevista realizada durante el programa Lanata Sin Filtro (después de la columna agraria...)



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miércoles, 27 de marzo de 2013

Entrevista al líder qom sobre la marcha del 24 de marzo, el congreso de pueblos originarios de junio y la situación en Formosa.

Entrevista al líder qom sobre la marcha del 24 de marzo, el congreso de pueblos originarios de junio y la situación en Formosa.
Fuente PlazadeMayo.com




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viernes, 11 de enero de 2013

Viernes 11 de Enero 19 hs. Marchamos a la Casa de Formosa

Nos encontramos en la plaza que está en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Luis Sáenz Peña, Plaza Congreso, Mapa.
Para marchar a la Casa de la Provincia de Formosa :
Hipólito Yrigoyen 1429
Convocamos a todos los que quieran participar independientemente de su orientación partidaria.
Los argentinos sabemos lo que significa implementar la muerte como política de Estado.
Expresemos nuestro repudio a la matanza sistemática de quienes se resisten o no encajan en el modelo productivo del "modelo".
Digamos NO a esta política de Estado.
Viernes 11 de Enero, 19 hs. nos encontramos en Hipólito Yrigoyen y Luis Sáenz Peña en la plaza para marchar a la   Casa de la Provincia de Formosa : Hipólito Yrigoyen 1429
Están todos invitados a participar!


Sobre la Política de Estado implementada por Gildo Insfran en Formosa:



Acá hablamos con Agustín de la Comunidad Wichi de Ingeniero Juárez-Formosa sobre el asesinato de un niño cuando iba a buscar comida al basural porque el comedor de la escuela estaba cerrado por vacaciones
 
Sobre la política con los Qoms de Gildo Insfran en Formosa:

"En junio de 2010 la comunidad decidió un corte por tiempo indeterminado en la ruta 86 por reclamo de tierras ancestrales. El 23 de noviembre de 2010, la policía reprimió el corte. Asesinaron al abuelo qom Roberto López. Un día después fue atropellado Mario López, dirigente del pueblo pilagá. Murió arrollado por un oficial de policía cuando se dirigía a solidarizarse con la comunidad La Primavera.
El 28 de junio pasado, a la noche, una patota atacó a Abelardo Díaz, hijo de Félix Díaz. “Es la nueva modalidad que han puesto en práctica desde hace meses. Es terrible hasta dónde pueden llegar. Hacemos pública la denuncia, pero también decimos que no nos van a amedrentar con sus agresiones. Nosotros sólo reclamamos lo que es nuestro y pedimos justicia”, advirtió la comunidad en un comunicado el 30 de junio pasado.

El 9 de agosto fue el turno de Félix Díaz, en la ruta, cuando circulaba en ciclomotor y una camioneta se le fue encima. Siete puntos en la frente, fuertes golpes en el brazo, piernas y pecho. La camioneta no se detuvo.

Lila Coyipé, de 10 meses, y Celestina Jara, su abuela, de 49 años, murieron luego de ser atropelladas por un gendarme el 9 de diciembre pasado. Ricardo Coyipé, también atropellado, había denunciado que “no fue accidente, lo hizo a propósito”. La comunidad aseguró en su comunicado que el trasfondo es la disputa territorial. En esa ocasión, la versión policial y del gobierno fue la de “accidente”.
La semana pasada, en Laguna Blanca, una patota golpeó a Omar Avalos, de la comunidad La Primavera. Avalos denunció (junto a su esposa, que fue testigo de la golpiza) que los atacantes los acusaban de ser opositores al gobierno provincial. No hubo detenidos.

Lorena Cardín es antropóloga y docente de la UBA. Es investigadora del proyecto académico “Aboriginalidad, provincias y nación: reconfiguraciones contemporáneas de las estrategias y demandas indígenas por la implementación de sus derechos”. Desde hace doce años investiga la situación de los pueblos indígenas de Formosa y, en particular, de la comunidad La Primavera. “Los pueblos indígenas que habitan Formosa, en especial la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera), padecen una violencia estructural y cotidiana. Los reiterados casos de atropellos a los indígenas son sólo una modalidad del etnocidio que ocurre en dicha provincia. Padecen una discriminación estructural, de eso nos tenemos que preocupar y ocupar quienes pretendemos que se empiecen a respetar los derechos humanos en general y los derechos indígenas en particular en Formosa.”"
Fuente Dario Aranda, Página 12


Declaraciones del qarashe Qom Félix Díaz (Comunidad "La Primavera", Formosa) en el Tercer Seminario Internacional de Reflexión y Análisis "Planeta Tierra: movimientos antisistémicos". Chiapas, México, 30 de diciembre de 2012.
Más información en el blog de Javier Smaldone

lunes, 31 de diciembre de 2012

Con Agustín S, de la Comunidad Wichi de Ingeniero Juárez

El viernes atropellaron a un chico wichi en Ingeniero Juárez - Formosa.

Lo atropellaron a propósito, de atrás. El chico está en un hospital en Formosa de alta complejidad, parece que hubo daño encefálico.

Hablamos con Agustín S, de la Comunidad Wichi de Ingeniero Juárez para saber qué está pasando.

Agustín nos dice que andar en bicicleta por la ruta es peligroso, que si sos wichi pueden atropellarte a propósito.

Lo que estuve charlando con Agustín:




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martes, 5 de junio de 2012

Podcast con Nicolás Madoery sobre música, MICA y algo más.

domingo, 27 de mayo de 2012

Continúan ataques a la familia de Félix Díaz en Formosa, Gendarmería libera zona

Continúan ataques a la familia de Félix Díaz en Formosa, Gendarmería libera zona



Formosa, Territorio indígena Qom Potae Napocná Navogoh, 26 de mayo de 2012



En la madrugada de hoy la familia del Qarashe Félix Díaz sufrió intimidaciones por parte de pobladores criollos de la zona de Costa Alegre, vecinos de la familia Mendoza y Saucedo.



La compañera del representante de la Comunidad, Amanda Asijak, viéndose en riesgo junto a familiares, dio aviso a Gendarmería, que debe garantizar la seguridad e integridad física de la población, por recomendación de la CIDH, que ha sido acordada con el estado provincial y nacional. Sin embargo no se hicieron presentes, sino que se dirigieron a otro sector donde no pasaba nada, como acostumbran a hacer ante tales avisos, para luego decir que actúan pero que las denuncias son falsas, garantizando a los atacantes zona liberada en el sector donde se encuentran.



Estos hechos son frecuentes, y este último ocurre tres días después de cumplirse un año y medio de la represión aún impune que sufrieron, donde fue asesinado Roberto López, siendo aún decenas de víctimas de la represión los únicos imputados por hechos en torno al crimen de estado cometido en esa represión. Tras esos hechos realizaron un acampe por 5 meses en la ciudad de Buenos Aires reclamando por justicia y territorio. Pese a que desde el Estado se comprometieron a generar acciones en pos de la restitución de tierras y cumplimientos de derechos humanos básicos (salud, agua, DNI) que son violados, no se les reconoce ni el derecho a la vida de la población indígena en territorio, ninguno de los acuerdos se cumplieron, ni los derechos humanos e indígenas se hacen efectivos. Por el contrario, los ataques se agravan con la complicidad de las fuerzas destinadas a protegerlos.



visite el blog de la comunidad: http://comunidadlaprimavera.blogspot.com.ar/



ultimas notas a Félix Díaz para ver y escuchar:

http://troyanosdelsistema.blogspot.com.ar/2012/05/felix-diaz-x-felix-diaz.html



http://www.youtube.com/watch?v=9NUIhnaHHwU&list=UUKoiUDuPcOihRQ76PnwdoSQ&index=3&feature=plcp



http://www.plazademayo.com/2012/05/entrevista-a-felix-diaz-2/





sobre la represión:



http://www.youtube.com/watch?v=yo04_zqzcKs



http://www.youtube.com/watch?v=4jyQylc_Cvk&list=UUKoiUDuPcOihRQ76PnwdoSQ&index=2&feature=plcp

Fuente Indymedia.

viernes, 22 de abril de 2011

Carta abierta de Martha Pelloni al Gobernador de Formosa Gildo Insfrán

Fuente El Comercial.

Al Sr. Gobernador de Formosa Gildo Insfrán: Como coordinadora de la Red Infancia Robada, visitando Formosa el 29, 30 y 31 de marzo en la ciudad de Clorinda con motivo de realizar una capacitación de trata, tráfico, explotación sexual de niños/as, adolescentes y droga pude conocer la realidad que manifesté en los medios de comunicación locales y que posteriormente Ud. Sr. Gobernador no solamente la negó sino que desautorizó nuestra presencia en los mismos medios con agravios e insultos.
Ante esta circunstancia comunico y hago partícipe de la denuncia pública a los miembros de la Asamblea permanente de DD.HH con quienes comparto desde una acción ejecutiva toda defensa de situaciones donde los Derechos Humanos son atropellados.

Por eso Sr. Gobernador quiero dejar plasmado una vez más lo que vi la tarde del 29 de marzo en Clorinda paseando por el puente internacional (La “Pasarela”).

La Gendarmería de ambos países estaban sentados tomando mate y ni siquiera pedían documentos. La oficina de Migraciones estaba cerrada. La gente cubría de un lado al otro varias calles, incluyendo el puente con puestos de celulares, todo tipo de electrónica, ropa, comestibles, calzado.

Los que nos acompañaban nos mostraron las puertas de los localcitos donde guardan la mercadería con una habitación para la prostitución de menores, que funciona allí mismo donde compran sexo los mismos mercaderes y pagan con un celular, zapatos, ropa etc.

Al costado del puente del lado de Paraguay, una gran clínica privada de un tal Martínez. No dudaron en decirnos del tráfico de órganos. Me hacía acordar a la frontera de Juárez en México. Un gran cartel de pared a pared decía “Dentista” pensé que con un somnífero podían pasar al paciente para el otro lado.

Particularmente me impresionó la cantidad de niños esclavos laborales porque no tenían más de 15 años. Niños mulas porque lo que llevan en el cuerpo por ley no se revisa. Llevaban grandes bolsas y cajas de mercadería en la espalda, cabeza y brazos. Dentro de 10 años no tienen riñones ni columna vertebral sana.

La droga va y viene, los mismos chicos y taxistas te muestran quiénes son los que venden y mandan pasar de un lado a otro.
Todo esto que le digo no sólo lo comenté durante la capacitación, sino que estaban todos los medios de comunicación presentes y más tarde volví a darles notas porque les interesaba; ya que la gente tiene miedo de hablar.

Los amenazan y les quitan el trabajo. No obstante hablaron de las sendas clandestinas de todo tipo de tráfico y nos mostraron algunas.

Cuando regresábamos, la oficina de Migraciones tenía la puerta abierta y vimos cajas con ropa en el piso todo revuelto y un hombre que al vernos nos cerró la puerta en la cara.

Al día siguiente como todo fue dicho en los medios, la gente que fue a verificar lo comentado, vieron la oficina abierta con la atención de un hombre de uniforme y sin las cajas de ropa en el piso.

Todo esto para que comparemos los grandes diálogos de nuestros políticos y sus discursos con las verdaderas decisiones que muestran la realidad que le describo.

Su personal de inteligencia que tenía presente en la sala de capacitación se extendía hacia fuera de la sala porque contábamos con la presencia de gente de los pueblos originarios y el sacerdote Francisco Nazar que fue seguido hasta el hotel donde tuvo que encarar con su custodio a quienes lo perseguían.

Ud. es conocedor de la denuncia y del pedido de Habeas Corpus que con posterioridad tuvo que hacer Francisco Nazar.
Su gobierno tiene instalada la corrupción institucional que destruye todo intento de democratización y saneamiento de la convivencia ciudadana. Con tantos años de gobierno ha matado la libertad de los formoseños con las armas más siniestras y cobardes de esgrimir: la mentira y la amenaza.

Martha Pelloni
DNI 4.091.820 - Goya. Ctes. Abril de 2011

Fuente El Comercial.

lunes, 13 de diciembre de 2010

Los pueblos originarios cortarán la 9 de Julio y avenida de Mayo

Fuente Agencia Rodolfo Walsh.

Pueblos originarios cortarán la 9 de julio el próximo martes

(AW) Organizaciones de pueblos originarios realizarán el próximo martes 14 de diciembre un corte total de 9 de Julio y Av. de Mayo ante la decisión del gobierno de cortar el díalogo. Los organizadores reclaman sus derechos ancestrales sobre sus territorios y el castigo a los responsables de las muertes de los hermanos asesinados recientemente.


El gobierno nacional cortó el diálogo con los pueblos originarios.

(Buenos Aires, 11 de Diciembre de 2010). Los pueblos originarios, ante los hechos recientes de toma de tierras de hermanos latinoamericanos en capital federal, y la posterior represión, que derivó en la decisión del Gobierno Nacional de otorgar tierras y planes de vivienda, manifestamos que:

La usurpación de nuestras tierras, que habitamos en armonía ancestralmente y de manera preexistente a la conformación del Estado, no ha sido resuelta hasta la actualidad. Los usurpadores de nuestras tierras son terratenientes, empresas mineras, petroleras, corporaciones sojeras y los gobiernos provinciales. Ante esta situación, optamos por manifestarnos pacíficamente en reclamo de nuestros derechos, y aún así somos salvajemente reprimidos, como es el caso de los hermanos Qom en Formosa.
El gobierno nacional, lejos de aportar una solución, nos deja afuera de todo diálogo y nos ignora. Durante todo este período de gobierno de Cristina Kirchner, buscamos el diálogo, sin obtener respuesta alguna.
Por lo tanto, y a raíz de su último discurso por cadena nacional, en el que jamás se refirió a la muerte de nuestros hermanos, ni a la solución de nuestros propios conflictos territoriales y nuestros muertos en represión, damos como un hecho concreto el cierre de todo diálogo por parte del gobierno hacia nosotros. El actual gobierno demostró una vez más carecer de una política territorial y de ser xenófobo y discriminatorio al intentar invisibilizarnos y no considerarnos parte de esta sociedad.
Si, dada la actual situación, se entregan tierras a los hermanos bolivianos y de otros países luego de que éstos debieran ocupar terrenos ante su total carencia de un derecho humano fundamental, estamos ante un mensaje claro de que debemos optar por éste método de lucha: toma de parques nacionales, territorios ancestrales enrejados, etc. Tal vez así, sí nos escuchen. Agudizaremos en todo el país nuestro plan de lucha.

CONVOCAMOS A UN CORTE TOTAL DE LA 9 JULIO Y AV. DE MAYO EL MARTES 14 DE DICIEMBRE.

Báez Luis -- Pueblo Mocovi
Díaz Felix - Pueblo Qom
Jorge Nahuel -
Mamani Jorge -- Pueblo Kolla
Quispe Sixto - Pueblo Omaguacas
Choque Carolina - Pueblo Tilian
Tolay Policarpio - Pueblo Ocloya
Cruz Flora - Pueblo Guarani
Guanuco Eustaquio - Pueblo Diaguita
Miranda Tito - Pueblo Guarini
Vega juan - Pueblo Tapiete
Duarte Jose - PUEBLO Mbya Guarany
Salteño Anselmo - Pueblo Mocovi
Guala Oscar - Pueblo Rankel
Ángel Alfredo -- Pueblo Qom
Morales Sergio - Huarpe
Chico Juan - Pueblo Toba
Toledo Filemón - Pueblo Toba

ADHIERE: CENTRAL DE TRABAJADORES DE LA ARGENTINA (CTA)

CONTACTO: Luis Baez 0341-155775766
Ariel condolí: 15-6-222-3976

Fuente Agencia Rodolfo Walsh.

jueves, 2 de diciembre de 2010

Formosa: Silvia Vázquez (Concertación Forja) “Insfrán es un genocida”

Fuente Noticias del Congreso Nacional.

La diputada Silvia Vázquez (Concertación Forja) cuestionó duramente a la justicia formoseña por procesar a los indígenas y “no a policías y hacendados, que fueron los primeros en disparar”. El cacique de la comunidad La Primavera viajará mañana a Buenos Aires para ofrecer una conferencia de prensa y reunirse con los jefes de bloques de Diputados. Vázquez se encuentra al frente de las gestiones para una reunión entre el dirigente y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En declaraciones radiales, la diputada nacional Silvia Vázquez, que viajó a esa provincia, recalcó que los indígenas “son argentinos que no tienen acceso al agua potable. Viven con miedo por el accionar de la Justicia”. La diputada subrayó que por el momento, la Justicia provincial “ha procesado sólo a los indígenas. No a los policías y hacendados, que han sido los primeros en ir a disparar”.
La autora del proyecto de ley de Reparación Histórica de los pueblos originarios afirmó que “si el parlamento hubiera aprobado la ley o una similar con el aporte de otros partidos este y muchos otros conflictos que puedan desatarse se hubieran encaminado jurídicamente”.
“Estoy gestionando una entrevista con la presidenta para Félix Díaz (cacique de la comunidad La Primavera y representante del INADI en Formosa)”, adelantó Vázquez por Continental quien anticipó que acompañará mañana por la tarde en una conferencia de prensa a Díaz con el apoyo de Amnesty Internacional. También participarán entidades realacionadas con los pueblos originarios y de derechos humanos. Desde el despacho de la diputada Vázquez, informaron a NCN, que se está tramitando además una reunión especial con los jefes de bloques de la Cámara baja y Félix Díaz.

lunes, 20 de octubre de 2008

La pésima suerte de nacer campesino


Por Darío Aranda


La agricultura campesina representa el 70 por ciento de las explotaciones agropecuarias de Argentina, produce el 53 por ciento de los alimentos que se consumen en el país y aporta la mitad del trabajo rural, según cifras oficiales. Las organizaciones campesinas también encabezan las estadísticas de desalojos, prisión y represiones, que en la última década se transformaron en hechos cotidianos. La avanzada represiva tuvo su punto máximo el último mes: 35 campesinos encarcelados y 95 pedidos de captura en sólo tres provincias, Santiago del Estero, Mendoza y Formosa. Denunciada como una “caza de brujas”, la judicialización de la lucha rural avanza sobre familias que rechazan el cultivo de soja, siembran para autoconsumo, crían animales y trabajan la tierra con sus propias manos, son la base de la pirámide rural. “Campesinos en lucha están sufriendo una persecución política, violenta e impune. Exigimos la inmediata liberación de compañeros, la investigación de funcionarios, jueces y policías que violaron derechos humanos, y exigimos la suspensión de los desalojos”, denunció el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que nuclea a 15.000 familias rurales de siete provincias.



En Mendoza no hay soja, pero el avance del monocultivo en otras regiones produjo el corrimiento de frontera ganadera y sus consecuentes desalojos. Históricas familias campesinas observaron cómo grandes hacendados avanzaban sobre sus tierras. José Quintero tiene siete hijos, vive en Jocolí, departamento de Lavalle, y es miembro de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST). Su padre criaba animales desde 1976, y él continuó el oficio. Desde hace más de veinte años ocupa y trabaja una finca en la que pastorean las cabras, chanchos y caballos. Aunque cuenta con posesión veinteañal, protegido por ley, la Liga de Rematadores ofertó la finca, con los campesinos dentro.



La UST, miembro del MNCI, denunció el hecho y logró que la Justicia dicte la “suspensión de todos los procedimientos del remate” e inicie una investigación de los hechos. También hizo lugar a la presentación de los derechos de posesión de José Quintero. La propiedad no pudo ser inscripta por los empresarios, pero éstos igual ingresaron topadoras y comenzaron a arrasar el monte. Quintero llegó hasta la comisaría de Jocolí, pero la policía no le recibió la denuncia. Como única opción, y junto con la UST, comenzó a frenar las topadoras. Entonces los efectivos sí actuaron: encarcelaron a Quintero y otros dos miembros de la organización. También ordenaron la captura de otros diez trabajadores rurales.



“Ante las denuncias de los campesinos, la Justicia y la policía jamás actúan. En cambio con sólo un llamado de los empresarios la policía acciona de inmediato”, denunció la UST de Mendoza y apuntó a la cuestión de fondo: “Hay una clara persecución y criminalización de la lucha por los derechos humanos campesinos y un intento de instalar el terror en la zona, para que los empresarios puedan apropiarse de fincas sin la resistencia de los poseedores legítimos y legales”.



En el departamento de San Rafael, al sur provincial, otros cuatro militantes campesinos de la UST enfrentan un juicio oral acusados de “usurpación” de la tierra donde viven desde hace tres generaciones. Y otros 30 campesinos están imputados por resistir a ser desalojados de sus fincas ancestrales. “Estamos amparados por leyes y artículos del Código Civil, pero algunos jueces, fiscales y policías parecen desconocer la legislación”, denunciaron los Sin Tierra de Mendoza.



En Formosa, el Movimiento Campesino provincial (Mocafor) forma parte del flamante Frente Nacional Campesino (FNC), nacido durante el conflicto de las entidades patronales y el Gobierno, apoyó la Resolución 125 y marchó al Congreso para su aprobación. El gobernador Gildo Insfrán es aliado del oficialismo, pero ni eso influyó al momento de la criminalización de la organización. En dos días sufrió la detención de tres militantes, que habían resistido el atropello de empresarios, y ordenaron la captura de otros cinco. El centro del conflicto es la Estancia La Florencia, de 90 mil hectáreas, en el oeste formoseño, que pretende echar a históricos habitantes. “Estábamos en un momento de tregua, sin movilizaciones, buscando el diálogo, y la Justicia, que obedece al gobernador, nos encarcela”, explicó Benigno López, referente del Mocafor. También remarcó que en todo el país “se está acentuando la violencia y agudizando la represión para que campesinos dejen sus tierras, algo que no dejaremos que suceda”.



Pioneros en la lucha contra el monocultivo de soja y la deforestación, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) nuclea a 9000 familias. Enfrentan a paramilitares y sojeros, cuentan con una escuela propia, radios comunitarias y emprendimientos productivos. Las veces que fueron desalojados, han vuelto a recuperar sus tierras. En el último mes sufrieron 29 detenciones, 50 pedidos de captura y tormentos propios de la dictadura militar, saqueo de viviendas por parte de efectivos policiales, simulacros de fusilamientos, disparos con balas de goma desde corta distancia, golpes y torturas.



“Como no han podido cooptar al Mocase-Vía Campesina, pretenden desarticularlo y quedarse con las tierras ancestrales. Es un accionar conjunto del poder político y judicial de Santiago del Estero para favorecer el avance de los agronegocios y los grandes terratenientes”, afirmaron desde la organización campesina.



En sólo un mes, la organización sufrió media docena de allanamientos en las localidades de Monte Quemado, Pinto, Quimilí, Tintina, Atamisqui y Termas de Río Hondo. La represión incluyó golpes de puño, patadas, insultos, robo en los ranchos campesinos; destruyeron viviendas, extrajeron herramientas y hasta les llevaron una camioneta. Todos los operativos fueron realizados de manera espectacular, con más de treinta efectivos con armas largas y rostros tapados. La policía recorría parajes y ranchos, allanaba sin orden judicial y apresaban sin razón alguna. “Una caza de brujas”, denunció el Mocase-VC, también miembro del Movimiento Campesino Indígena (MNCI).



Las acusaciones sobre los campesinos van desde “robo de un caballo” –según consta en la denuncia, y que provocó allanamientos masivos– hasta la supuesta “amenaza de muerte, tenencia de armas y hurto de productos forestales”. La mayoría de las causas están en manos de los jueces Alvaro Mansilla, Jorge Salomón, Ramón Tarchini Saavedra y Anselmo Juárez –ex abogado del jefe de inteligencia del juarismo, Musa Azar–. “Son las acusaciones que acostumbran los terratenientes de la zona contra quienes frenamos los desmontes y los alambrados, y hacemos respetar nuestros derechos. Según los jueces, cuando nosotros denunciamos inventamos la denuncia, y cuando denuncian contra nosotros sí son hechos delictivos”, explicaron desde el Mocase-VC, que exige el cumplimiento de la Ley de Bosques (que debiera frenar los desmontes) y la norma de “Emergencia Indígena, 26.160” (freno a desalojos). Ninguna de las leyes se cumple en tierra santiagueña.



El miércoles último, los campesinos santiagueños instalaron una carpa negra frente a los tribunales de Santiago capital. Exigen la liberación inmediata y la anulación de las “causas inventadas” que mantienen presos desde hace 40 días a Luis y Santos González, miembros del Mocase-VC procesados por resistir el desalojo de sus tierras ancestrales.



En la capital nacional del desmonte
Por Darío Aranda



Con casi veinte años de lucha, el Mocase-VC sufrió represión, cárcel y asesinatos durante el juarismo, que gobernó Santiago del Estero durante cinco décadas. El hostigamiento nunca cesó, ni durante la intervención federal ni con el gobernador Gerardo Zamora, aliado del gobierno nacional, y que rechazó dialogar con PáginaI12. Conocida como la “capital nacional del desmonte”, Santiago del Estero encabeza la lista de destrucción de bosques nativos: 515.228 hectáreas entre 2002 y 2006, siempre de la mano del avance sojero.



El gobernador Zamora, sindicado por el Mocase-VC como máximo responsable de la criminalización campesina, asistió hace diez días al lanzamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, espacio que estaría al servicio de los campesinos, con promesas de subsidios y elogios al sector. En su provincia, en cuanto a problemática de tierras, el gobierno santiagueño sólo impulsó una “Mesa de Diálogo”, donde hay tan múltiples actores (incluso ONG que aceptan la soja y los agrotóxicos), y con tan poco poder de decisión, que no ha dado respuestas concretas a la problemática del sector. De esa Mesa también participa el Programa Social Agropecuario (PSA), instancia gubernamental que debiera asistir a familias rurales, pero que margina al Mocase-VC por su independencia del gobierno provincial.



El ministro de Justicia de Santiago del Estero, Ricardo Daives, tampoco aceptó hablar con este diario. Daives es acusado de impulsar la represión, en complicidad con el senador nacional Emilio Rached, ex vicegobernador y ex intendente de la localidad de Pinto, impulsor de la soja en la zona. Rached, legislador clave en el rechazo de la Resolución 125, aspira a la gobernación de Santiago del Estero y tiene entre sus principales detractores al Mocase-VC, única organización que lo enfrentó y que Rached no pudo vencer.



domingo, 31 de agosto de 2008

Demandas del otro campo-Página 12



La Asamblea Campesina del Norte argentino reúne a productores de Salta, Formosa, Chaco, Corrientes, Santiago del Estero y Santa Fe.

(* Nota: en este enlace puede encontrar un documental sobre lo que está pasando en el Chaco y ver el proceso de desmonte con mapas desde el año 2003 al 2007*)

Teodoro Fernández es de Pirané, un pueblo de unos 40 mil habitantes, 100 kilómetros al oeste de la capital de Formosa. En 2003, el pueblo empezó a notar que algo sucedía con los cultivos de soja que se expandían alrededor. Entonces, contactaron a un equipo de técnicos para seguir los efectos. Observaron problemas en la salud de los animales, irritaciones en la piel de los hombres, granos, infecciones y diarreas. La preocupación todavía no pasó. Teodoro Fernández cree que la soja ahora es responsable de los casos de cáncer que empiezan a aparecer en el pueblo y de los nacimientos de niños con problemas.



“Hace tres meses –dice–, un bebé nació con un solo pulmoncito; yo mismo tuve una infección que no era una infección natural, que a uno se le pasa con un medicamento, y ahora hay 23 familias que denuncian la contaminación, porque los primeros tiempos eran los animales los que tenían los problemas, pero ahora son las personas mismas.”



En los últimos días, Fernández pasó por Buenos Aires. Con él llegaron otros nueve integrantes de la Asamblea Campesina del Norte argentino, una organización que nació en 2006, al calor de los desalojos de las tierras de trabajadores rurales e indígenas de Salta, Formosa, Chaco, Corrientes, Santiago del Estero y Santa Fe, en un espacio apoyado por el Instituto de Cultura Popular (Incupo). Políticamente, se mantuvieron por fuera del conflicto rural de los últimos meses. No están representados por “el campo”, dicen, porque el problema de ellos no es la exportación sino la producción para la supervivencia. Al Gobierno le exigen políticas de Estado para defender cinco temas esenciales: tierra, contaminación, agua, producción y comercialización, que es que lo que están perdiendo. En el paso raudo por Buenos Aires, tuvieron una audiencia con el flamante titular de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Guillermo Daniel Martini, a quien le presentaron sus demandas. En diálogo con Páginai12, contaron parte de esos reclamos. Entre ellos hay argumentos para las más terribles crónicas de un desastre anunciado. Hay ríos de aguas estancadas repletos de pirañas que se comen las ubres de las vacas; terneros desesperados que salen a buscar leche en las tetas de las madres muertas; pueblos que cierran las puertas abandonados por la gente o colonias de nativos que, del día a la noche, aparecen cercadas por nuevos propietarios.



“Somos organizaciones que llevamos años luchando y elaborando propuestas para defender los derechos de las familias campesinas y aborígenes a poder seguir viviendo con dignidad en y del campo”, explicó la Asamblea en la introducción del documento que entregaron al Gobierno. En un solo párrafo explican cuáles son los puntos de contacto entre los problemas de cada una de las provincias, y esos puntos de contacto tienen que ver con el imperio de la soja o, mejor, la expansión en los últimos diez años de la agroindustria en lugares donde antes había personas.



“Entre 1998 y 2002 –explican– desaparecieron 160.000 explotaciones agropecuarias, en su mayoría menores de 200 hectáreas, es decir, de pequeños productores.” En esa línea, 82 por ciento de esos productores ocupan sólo 13 por ciento de la tierra. El monocultivo de exportación desplazó a la lechería, maíz, trigo, lenteja, montes frutales, mandioca, batata, papas y se pierden las semillas criollas. Eso generó las primeras migraciones y desplazamientos de los pueblos campesinos y originarios: en los últimos 10 años, 120 parajes de la región –según sus datos– no crecieron y 40 por ciento del total de los pueblos con 300 mil habitantes está a punto de desaparecer.



Silvia Herrera es trabajadora social y directora del Instituto de Cultura Popular (Incupo), en cuyos orígenes se encuentran las organizaciones de base cristianas, y ahora es una de las columnas de la Asamblea. “En la región hay cinco ejes de problemas: la tierra, el agua, la contaminación y la producción y comercialización de las cosas”. Pero el tema de la tierra es el más importante.



El primer caso es el de aquellos que viven en sus tierras desde siempre, pero que ahora se encuentran con gente de afuera que llega con un título de propiedad. Ahí comienzan los desalojos. Eso es muy común en este momento en Santiago del Estero y Formosa porque las tierras fueron vendidas en bloque a una forestal y los poseedores de esos títulos nunca los usaron hasta el boom de la soja. Un segundo caso son las familias en tierras fiscales con adjudicaciones sin terminar. Hay situaciones así en Chaco, con tierras que a su vez fueron mal adjudicadas a empresas y sobre las que ahora existen presiones para que se vuelvan a entregar a las familias campesinas indígenas. Por último, dice Herrera, están los sin tierra, una situación muy común en Santa Fe y en Corrientes en las zonas de estancias, donde los campesinos quedaron en banquinas o en lotecitos de una o dos hectáreas.



En ese mapa general, en cada provincia se han generado problemas específicos. Formosa tiene uno de los casos más paradigmáticos, conocido como el Bañado de la Estrella. Hasta hace un tiempo, era uno de los lugares turísticos más importantes, pero ahora es una especie de trampa. El gobierno provincial construyó allí una obra de infraestructura vial que dividió el bañado en dos partes. Al comienzo, las comunidades campesinas de la zona creían que el terraplén iba a servir para estimular el turismo, pero provocó efectos como el loteo de las tierras y el cambio inesperado en la dinámica del agua. Entonces, dice Herrera, “zonas que antes no se inundaban, ahora sí, y zonas que antes no, ahora están secas”. Como las condiciones ambientales cambiaron, se empezaron a reproducir, además, animales que no son de ahí. Un ejemplo son las pirañas. Como el agua del bañado no corre, las pirañas quedan allí y se reproducen atacando a las vacas que bajan a bañarse. Según los lugareños, eso causó la pérdida de 40 mil cabezas de ganado porque las vacas perdieron sus ubres mordidas por las pirañas y la carne perdió su valor.



Teodoro Suárez era la primera vez que viajaba a Buenos Aires. Vive en el paraje 29 de la cuña boscosa del norte de Santa Fe, donde los poblados más chicos, dice, se están quedando sin gente. En su campo tiene ganado mayor y menor como vacas, chivas, ovejas y chanchos, pero no tiene agricultura porque es una zona seca para hacerlo.



“Nosotros nos vamos quedando sin los campos –dice– y sin la familia, porque los hijos se nos van. No queremos ser asistidos por planes sociales porque nosotros producimos, pero los pueblitos más chicos están desapareciendo, y eso nos duele porque no hay una política de trabajo, una política de desarrollo para el pequeño productor. ¿Por qué a mí me está faltando el agua y al otro que es un gran empresario le está sobrando el agua? ¿Cuántas máquinas para riego tienen y a nosotros nos están llevando el agua con los bidoncitos así? Se nos están muriendo los animales, no tenemos qué darles de comer, los campos que antes usábamos, que eran campos que no se conocían y que eran campos del Estado, ahora aparecen con dueño.”



En 2006 cinco organizaciones de la zona empezaron a juntarse a partir de los reclamos por los desalojos de las tierras, los mismos que dieron vida a muchos de los movimientos de campesinos e indígenas del país. La Asamblea nació con cuatro o cinco miembros, y ahora cuenta con unas cincuenta organizaciones distribuidas en las provincias de la región. Tienen una política menos combativa los movimientos nucleados en torno al Mocase vía campesina de Santiago. Y en ese sentido parece jugar un rol importante el Incupo. Muchos de los dirigentes que llegaron a Buenos Aires vienen de decenas de años de lucha, aunque se hayan reorganizado recién ahora. Conocieron las Ligas Agrarias o los movimientos de campesinos que nacieron para defender la tierra en todos estos años.



Eduardo Ibañes es, por ejemplo, de un pueblo santiagueño del departamento de Alberdi. Para llegar a su casa debe andar 150 kilómetros adentro de un camino de arenales. Para vivir cría chanchos, ovejas, chivos, vacas y hace algo de agricultura de subsistencia, o bueno, hacía, porque desde hace cuatro años la sequía se lo impide. El eje del problema en su provincia siempre fueron los desalojos. La semana pasada, a una familia le quemaron el cerco y mil postes y muchas veces él es el que sale.



Alfredo Riera, en cambio, vive en el corazón del Chaco salteño; su tierra quedó atrapada como un lunar de monte en un mar donde sólo avanza la soja. Riera tiene juicios por usurpación en su contra porque varias veces quisieron desalojarlo. Es ganadero y ahora está al frente de los reclamos para evitar los desmontes.



Oscar Gamarra es chaqueño, pertenece al grupo de familias que ocupó y recuperó unas 750 ha del ingenio de Las Palmas. Se dedica a la cría de vacas, aunque ahora está iniciándose con las chivas. Es miembro de la Unión de Pequeños Productores chaqueños, una de las muchas organizaciones que hay en una de las provincias con más tradición de defensa de la tierra.



Carlos Curima es tabacalero de Corrientes. “En mi provincia pasa lo mismo, no tanto con los desmontes pero sí con la desregularización y la venta de las tierras”, dice. “Es la más grave que hay, el plato favorito: en este momento hay un reservorio de agua dulce como los esteros del Iberá a donde tiene intereses gente extranjera. Hay gente que compra grandes extensiones y eso genera además otro problema que es que muchas pequeños productores quedaron dentro, con sus pequeñas porciones de tierra. Ahora están adentro cercados, por el campo de esa gente extranjera, y les hacen la vida imposible para que se vayan.”



Ante el gobierno nacional, la asamblea reclamó espacios para poder sentarse a discutir las políticas de desarrollo de los pequeños productores. Pero ése no fue el único encuentro. El año pasado una comisión similar viajó a Buenos Aires para reunirse con legisladores, con los que diseñaron una mesa de trabajo; el conflicto rural detuvo ese proyecto, pero ahora la agenda de urgencias declaradas intenta hacerla avanzar.



miércoles, 14 de mayo de 2008

“Una ceguera colectiva”

Influencias de una industria poderosa


Por Darío Aranda



Investigadores independientes, organizaciones sociales, poblaciones afectadas y comunidades campesinas e indígenas coinciden en el mismo reclamo: la urgente realización de estudios sobre los agrotóxicos y sus efectos a corto, mediano y largo plazo. “Las corporaciones como Syngenta o Cargill, por citar sólo dos, cuentan con poder económico y lobby político suficiente para dificultar cualquier investigación que pudiera mostrar lo nefasto de este modelo agropecuario”, denuncia el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Jorge Kaczewer, médico de la UBA especializado en ecotoxicología y compilador de investigaciones sobre el monocultivo de soja, completa: “Las empresas como Monsanto, Novartis y Bayer impulsan la supresión del disenso, con una influencia que parece generar en los científicos una ceguera selectiva que los hace ignorar o malinterpretar la evidencia científica”.


Con un mercado concentrado (sólo diez compañías controlan el 57 por ciento del mercado mundial de semillas) y una facturación sideral, la industria transgénica es denunciada por su poder de incidencia con quienes deben controlarla. Hasta la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos es acusada de haber cedido a sus presiones. En agosto de 2006, líderes sindicales de la EPA acusaron a las autoridades del organismo de ceder ante la presión política y permitir el uso de agrotóxicos perjudiciales. “Se corren graves riesgos en fetos, embarazadas, niños y ancianos”, denunciaban. La EPA había omitido estudios científicos que contradecían los patrocinados por la industria de los pesticidas. “La dirección de la EPA prioriza la industria de la agricultura y los pesticidas antes que nuestra responsabilidad para proteger la salud de nuestros ciudadanos”, finalizaba el comunicado.

“El Programa de Pesticidas de la EPA constituye un verdadero grupo de tareas del ‘lobby pesticida’”, asegura Kaczewer. Entre sus pruebas, exhibe un estudio del Grupo de Trabajo Ambiental de Estados Unidos, que investigó el origen de los ingresos de los evaluadores de mayor rango en la EPA y constató que, desde que comenzó el Programa de Pesticidas de ese organismo gubernamental, dos tercios de ellos recibían parte de su sueldo de entidades de la industria agroquímica.


“Existe un complejo sistema destinado a impedir la publicación de hallazgos adversos. Gigantescas empresas imponen el tipo de ciencia e investigación científica que se debe hacer. No es casualidad la ausencia de estudios toxicológicos a largo plazo ni bioensayos en aguas y suelos”, denuncia Kaczewer y cita como ejemplos locales la influencia, a través de subsidios, sobre las universidades. “Las corporaciones están comprando departamentos enteros de universidades públicas, no sólo en la parte agronómica, sino en la parte biológica, en la parte médica. Los gerentes de las multinacionales compraron firmas de científicos y la literatura del complejo de la soja está infectada de papers ridículos.”

La influencia de los agronegocios también avanzó sobre otros ámbitos. En 2003, campesinos formoseños del poblado Colonia Loma Senés denunciaron las fumigaciones con glifosato en la zona. Exhibieron sus plantaciones arruinadas, mostraron certificados médicos que confirmaban síntomas de envenenamiento y fotografías de sus animales muertos. En una inusual medida, la jueza Silvia Sevilla ordenó el cese inmediato de las fumigaciones con Roundup (nombre comercial del producto). Sentó precedente, fue la primera vez que se dictó una medida de ese tipo. Desde entonces, fue declarada enemiga de las empresas de monocultivos y comenzó un proceso de hostigamiento por parte de pares, superiores y el poder político. En diciembre de 2007 fue echada de su cargo bajo las acusaciones de “mal desempeño en el cargo”.


“Nunca me perdonaron que frenara las fumigaciones. Había ministros del gobierno involucrados, me presionaron jueces para que diera marcha atrás. Y el juicio de mi destitución fue un circo romano. La vida se me está haciendo cada vez más complicada. Me cuesta muchísimo trabajar en la profesión, los juzgados me hacen la vida imposible y debo presentar más recursos que otros abogados por los disparates que resuelven en mis causas”, afirmó Silvia Sevilla. La abogada de los campesinos denunciantes, Roxana Silva, fue categórica: “La echaron por cumplir con su deber. Todos sus fallos se ajustaron a derechos y aquí eso es un pecado. Nadie se puede meter contra el poder político y los empresarios sojeros”.

En Formosa continúan utilizando glifosato. Ningún otro juez prohibió las fumigaciones.



Trailer de la película Ensayo sobre la ceguera.



Pero en este caso la ceguera es mucho más grave.