El Rock que deberá estar cantando Teddy Bautista!!!
El invitado de honor de Jorge Coscia, nuestro Secretario de Educación!!!
La sede de la Sociedad General de Autores Españoles (SGAE) fue allanada este viernes en el marco de una investigación por presunta apropiación indebida de dinero y malversación de fondos.
El presidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores y Editores, Eduardo "Teddy" Bautista, es uno de los nueve detenidos en
la operación policial. La SGAE agrupa a más de 100.000 socios entre
creadores, escritores y músicos, y su principal labor es la gestión de
los derechos de propiedad intelectual de los autores.
La operación policial culmina tras dos años de investigación de la Fiscalía Anticorrupción luego de una denuncia presentada por varias asociaciones.
Según el escrito judicial, se cometieron presuntas irregularidades en la
gestión económica de la SGAE desde hace varios años, en la que las cantidades recaudadas a través del "canon digital" en concepto de derechos de autor se
invertían en otras actividades lucrativas. Entre las acusaciones, se
encuentra la que sindica a José Luis Rodríguez Neri, un alto directivo
de la SGAE, de desviar presuntamente decenas de miles de euros a
empresas de su propiedad.
La Sociedad goza de muy mala fama en España. Se le acusa de excesivo afán recaudatario y
de intransigencia con la internet. De hecho, la noticia de la redada
policial provocó un enorme impacto en las redes sociales, y la palabra
"Teddy" Bautista se convirtió en Trending Topic de Twitter a nivel
mundial.
La SGAE fue la principal impulsora de la ampliación del llamado "canon digital", una polémica norma que grava el precio de cualquier dispositivo electrónico -CD,
MP3, DVD, PDA y teléfonos celulares- capaz de almacenar y reproducir
música. El canon digital nació como una tasa con la que se quiere
compensar a los autores, editores y distribuidores como consecuencia de
la piratería de música.
El dinero de esa tasa se debería haber repartido entre los autores y compositores, según era la intención del impuestazo tecnológico. Según el diario El País, el desvío de fondos puede alcanzar los 550 millones de dólares.
Transcurridas tres semanas desde la reapertura del Teatro Colón, la primera función del Ballet Estable fue suspendida por múltiples problemas no resueltos durante su prolongado cierre y otros sucedidos con posterioridad a la inauguración. El funcionamiento de la sala permitió advertir falencias en la obra realizada y en la que hasta el momento no se realizó. El piso del escenario no es apto para la danza porque la madera utilizada para el cambio es excesivamente dura e impide que los integrantes del cuerpo de baile puedan desarrollar sin temor sus capacidades, pues afecta su integridad física por los daños que puede provocar en sus exigidos cuerpos. Igual situación sucede en las salas de ensayo. El Teatro Colón, por su ley de creación, es un centro “lírico-coreográfico”. Por consiguiente, la danza ocupa el mismo lugar que la ópera y debió atenderse a las necesidades de su compañía y artistas invitados en las modificaciones introducidas en el escenario. Esta situación fue denunciada públicamente por integrantes del cuerpo luego de la función de inauguración del 24 de mayo pasado, pero no se dio solución a un pedido de tanto interés para el normal funcionamiento del organismo, máxime cuando el segundo espectáculo del año era el montaje y estreno de la obra del coreógrafo inglés Kenteth McMillan, Manon, que implicó la adquisición de los derechos y la contratación de un coreógrafo repositor. Por otra parte, las demoras en los cambios de decorados durante la representación de la ópera La Bohème demostraron la ausencia de renovación tecnológica en el escenario, que debería haber sido el principal motivo de la restauración emprendida en el teatro. En un organismo de producción artística, la renovación tecnológica y la modernización de todos los elementos que permitan el mejor desarrollo de la actividad artística deben ser el principal motivo de una obra que mantuvo cerrada la sala durante un lapso tan prolongado. A estas falencias de la cuestión edilicia, se suman la falta de resolución de problemas de personal artístico y técnico, que han motivado numerosas y unánimes resoluciones judiciales contrarias a las medidas adoptadas por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero a los problemas ya planteados (desaparición de departamentos escenotécnicos, intimación a jubilarse a miembros del ballet estable sin régimen diferencial vigente, entre otros), se agregaron nuevas intimaciones para la jubilación antes de la edad prevista en la ley general, a personal técnico que realiza tareas que se consideran insalubres. Esta medida también fue adoptada sin previo aviso a quienes recibieron intimaciones y sin que el Gobierno cumpliera obligaciones que la ley que regula el sistema previsional establece para los regímenes considerados especiales. Este conjunto de problemas frustró un estreno que constituía uno de los acontecimientos del año por la importancia de la incorporación de una nueva obra en el repertorio del ballet y por el regreso de este cuerpo a su sede originaria. El anuncio posterior de la reducción a dos funciones, de las cinco programadas, demuestra también la incapacidad técnica del teatro para reorganizar funciones y cumplir con los objetivos propuestos. La reducción de funciones de una obra encarece su costo de producción y produce una frustración en artistas y espectadores. Como tantas veces antes de su cierre, el público que había abonado la entrada y reservado su noche para disfrutar del espectáculo quedó frustrado por la falta de solución a tiempo de problemas de administración que la autoridad política tiene obligación de resolver sin afectar los derechos de la población que lo visita y los artistas participantes. La misión social del teatro se diluye por la reducción de funciones y la pérdida de confianza en el cumplimiento de las obligaciones asumidas ante la población.
*Profesor de Derecho Constitucional y Legislación Cultural en UBA, UNC y Flacso.
Fuertes lobbies en el Gobierno a favor y en contra de prohibir el glifosato
Desde principìos de este año se están cuestionando los efectos secundarios del uso de glifosato, el herbicida clave en el negocio de la soja. Se argumenta que es tóxico y responsable de malformaciones. El debate llegó hasta la Casa Rosada, y la presidenta de la Nación pidió más evidencia científica para determinar si se puede seguir fumigando o no. Esta semana se filtró un documento que dejó al descubierto las internas en el Gobierno. Los proyectos para prohibirlo.
Por Martin De Ambrosio
“Si llega a comprobarse que un solo chico nació con malformaciones por culpa del glifosato, lo prohíbo por decreto.” Las palabras de la presidenta Cristina Kirchner, sensibilizada por las imágenes de niños nacidos con enfermedades congénitas que mostraba un informe de televisión, resonaron en los oídos de un par de sus más estrechos colaboradores. Y volvieron a desnudar una interna que se da en el Gobierno respecto de qué hacer con el principal herbicida usado en el campo como elemento clave para la producción de soja.
Por un lado, hay un sector relacionado con el perfil productivo industrial del país, que busca detener el impulso del modelo sojero. Para ellos, vienen de perillas los informes y denuncias acerca de que el uso de este agroquímico podría provocar defectos en los embriones y hasta estar relacionado con las altas tasas de cáncer en las zonas de cultivo (con el caso emblemático de Ituzaingó, en Córdoba). Ellos son los que le dicen a Cristina que hay que ponerle freno (el contexto de la “guerra contra el campo” ayuda, por supuesto).
Del otro lado, existe en el mismo Gobierno un sector que sostiene que no hay pruebas concluyentes sobre la toxicidad del glifosato. Encabezado por el ministro de Ciencia, Lino Barañao (un sospechado de “poco peronista” que prefirió no hablar para esta nota), este sector busca que se compruebe con rigor científico los problemas que causa, o no, esta sustancia química en las personas, los animales y el medio ambiente.
Investigaciones. Convencida de la necesidad de asesoría científica en el tema, en enero de este año la Presidenta firmó el decreto 21/2009 para que se creara en el ámbito del Ministerio de Salud una comisión “para la investigación, prevencion, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación” por agroquímicos (toma en cuenta un total de 12, aunque hace foco en el glifosato). La comisión está integrada por Salud, la Secretaría de Ambiente, la de Agricultura, el INTA y el INTI; luego se invitó al Ministerio de Ciencia, que constituyó un consejo científico en el marco del Conicet.
En el contexto de estas internas, esta semana se filtró un borrador del informe que elaboró el Conicet a pedido de esa comisión, en el que se repasa qué dice la bibliografía internacional sobre la toxicidad del glifosato. Sin embargo, para enojo de varios de sus integrantes, se difundió públicamente como si fuera la concusión final de la comisión. El informe tiene 130 páginas en las que, en síntesis, se absuelve al agroquímico aunque se asegura que “faltan más estudios”. Y tiene las carencias propias de su carácter parcial.
Según pudo saber PERFIL, los responsables aseguran que el informe final será más completo y no una mera revisión bibliográfica y se presentará dentro de 10 o 15 días. “Hará foco en la necesidad de buenas prácticas agropecuarias, de reforzar la legislación y que haya controles incluso del Ministerio de Trabajo a la hora de la fumigación”, manifestaron. Es la misma postura que sostienen las empresas que venden el producto: puede haber excesos a la hora de utilizarlo, pero en sí el glifosato es de los agroquímicos más suaves entre los existentes. Y se lo compara con la lavandina, que al ingerirla puede causar la muerte, pero bien usada es un gran producto higiénico y no por errores en el uso hay que prohibirla, argumentan.
Parcial. Mientras tanto, Enrique Martínez, presidente del INTI, uno de los organismos que integran la comisión investigadora de agroquímicos, sostuvo a este diario que la institución que preside “no va a avalar este informe ni uno opuesto; nuestra tarea técnica en esa comisión ya terminó”, dijo a la vez que negó que su partida signifique descalificar la comisión que creó la Presidenta.
También rechazó haber tenido algún tipo de conversación con Cristina sobre este tema. “Hemos comunicado a la comisión que nuestro aporte ya está hecho. Hicimos sugerencias acerca de cómo manejar los envases y recomendación sobre aspectos estrictamente de tecnología industrial. No queremos avalar un informe como el que se emitió”, señaló a PERFIL.
—¿Qué hacer mientras tanto? –preguntó este diario.
—El glifosato se usa hace más de veinte años. En rigor, se tendría que haber discutido este tema antes de adoptarlo, y, en todo caso, hay numerosas disposiciones provinciales y municpales sobre cómo evitar contacto peligroso entre población y glifosato. Hay que prohibir la fumigación por avión y controlar las que se hacen por tierra. En fin, un sistema complejo no tan difícil de implementar. Pero hay una superposición de un sistema que busca la ganancia y una situación de salud que muchas veces no se resuleve adecuadamente.
—¿Se evalúa la prohibición vía decreto presidencial?
—Cómo lo puedo saber, hermano (sic). Si la comisión no dictó opinión no se puede saber, no tengo la manera de saberlo.
Otras opciones. Pero el decreto que evalúa Cristina Kirchner si la comisión llegara a concluir que el glifosato provoca malformaciones no sería la única vía contra el herbicida. Hay al menos dos proyectos de ley de legisladores oficialistas que buscan “prohibir su comercialización hasta tanto se compruebe que no es nocivo”, tal como dijo a PERFIL Juan Sylvestre Begnis, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y coautor de uno de ellos. El proyecto de Begnis -firmado también por Claudio Morgado, Julio Piumato y Remo Carlotto, entre otros- fue presentado el 14 de agosto y hoy está en poder de los asesores que analizan, entre otras cuestiones, las consecuencias económicas de la prohibición (ver recuadro).
Pero hay más. El también diputado oficialista de Entre Ríos, Raúl P. Solanas está detrás de un proyecto de prohibición total del comercio y utilización del glifosato en todas sus formas, ingresado el 28 de abril de este año. Y la senadora Blanca Osuna ha dedicado esfuerzos en este sentido, aunque sólo fueron pedidos de informes.
Los costos económicos
Más allá de la evidencia científica o su ausencia, la prohibición del glifosato conllevaría una serie de problemas económicos de una considerable magnitud para el país.
Lo insinúan las empresas del sector del mismo modo que otros actores involucrados, como el propio científico Andrés Carrasco o el titular de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Juan Sylvestre Begnis, que firmó un proyecto que impulsa su prohibición.
Lo cierto es que si se dejara de usar el herbicida que está en el ojo de la tormenta, caería al menos el 40% de la producción agropecuaria, atada como está en la actualidad al monocultivo de la soja en amplios sectores de la Argentina ganadera, incluso en zonas habitualmente poco propicias para esa actividad.
Con la reducción de la producción disminuiría casi en el mismo porcentaje la recaudación fiscal. “Prácticamente, el escenario sería el de una guerra civil”, analiza una experta en biotecnología, que pidió no dar su nombre.
Si bien el decreto presidencial que ordena la comisión investigadora sobre los efectos de agroquímicos en la salud humana es de enero, el tema consiguió su punto álgido luego de las notas periodísticas –sobre todo de Página/12– que diera el investigador en embriología Andrés Carrasco, ex presidente del Conicet, sobre los resultados que había obtenido y confirmaban los efectos negativos del glifosato en embriones de anfibios.
“Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión, sugiriendo la posibilidad de que se estén interfiriendo mecanismos normales del desarrollo embrionario”, dice una de esas notas. A Carrasco se le cuestionó que no se hubiera expuesto a la habitual revisión de pares ni que lo publicara en una revista de categoría. Poco tiempo después renunció a su puesto en el Ministerio de Defensa, aunque él insiste en que el debate por el glifosato no tuvo que ver.
Carrasco le confió a PERFIL estar sensibilizado tras ver lo que sucede en el interior. “Respecto de la revisión de pares, estuve en un Congreso en San Francisco (EE.UU.) y me enteré de que hay investigadores en Canadá que trabajan con líneas similares a las mías”, explicó. Sobre la hipótesis de que la solución al problema sería emplear buenas prácticas a la hora de fumigar, Carrasco señaló que “eso es relativo”. “Esa es la teoría de Barañao, que dijo en un congreso de Aapresid (N. de la R.: ONG relacionada con el negocio sojero) que todo se reduce a mala praxis”, criticó.
Con todo, el científico no pide la prohibición total del glifosato y propone algo intermedio. “Soy consciente de que hay una complejidad muy grande en este tema, ya que un 60% de la producción agrícola está asentada en los transgénicos. Prohibir conllevaría un impacto económico demasiado grande”, concluyó.
Hasta acá las notas del diario Perfil, si quieren saber algo más los invito a que vean el programa "La Liga" dedicado a la Soja Transgénica:
Y piense qué le parecería vivir cerca de un lugar en donde ud. y sus hijos son rociados por glifosato...
Por las dudas pueden ver la opinión del Ministro de Ciencia y Tecnología Lino Barañao conversando con el Jefe del Clarín Rural, el Ingeniero Huergo en el Programa Campo, la Industria Verde que es transmitido por Clarín
Y aclarar que si bien a nadie, o nadie más o menos sano, se le ocurriría darle leche con gasoil a un chico, si , a muchos, se les ocurre rociar con agroquímicos a poblaciones y casas, lo cual es casi lo mismo.
De todas maneras el Ministro decide estar sentado con el Ingeniero Huergo, no con los afectados por las fumigaciones.
Más información sobre el estudio del Dr. Carrasco en:
