La semana pasada se inició en Estocolmo (Suecia) el juicio contra los fundadores de The Pirate Bay (piratebay.org), un sitio que muchos definen como “el buscador de descargas más grande del mundo”. Fredrik Neij, Gottfrid Svartholm, Peter Sunde y Carl Lundström se enfrentan a la Federación Internacional de la Música Fonográfica (IFPI), más una alianza de las industrias cinematográfica y discográfica que involucra a Warner Bros. Entertainment, MGM Pictures, Columbia Pictures Industries, 20th Century Fox Films, Sony BMG, Universal y EMI. El catering debe ser buenísimo, pero el nudo del asunto es que los gigantes están ahí para pedir una compensación millonaria por daños y perjuicios; y hasta amenazan con la cárcel. ¿Los cargos? Ayudar a millones de usuarios de Internet a conseguir “ilegalmente” películas, música y videojuegos protegidos por las leyes de propiedad intelectual.
El litigio promete convertirse en un capítulo decisivo de la batalla por el acceso a los bienes culturales, que no reconoce fronteras y se está poniendo al rojo vivo. Lo entienden los medios, que han salido a endilgarles a los que están en el banquillo diversos grados de perversidad y degeneración. También lo saben los miles que siguen las instancias minuto a minuto, a través de las transmisiones que hacen los activistas desde los tribunales. Por lo pronto, los primeros cinco días de la compulsa dejaron perlitas que son hit en la red. Era de esperarse, ya que desde el principio los representantes del célebre tracker adelantaron que convertirían al evento en un “Spectrial”, una mezcla entre espectáculo (“spectacle”) y juicio (“trial”) que los hispanoparlantes han rebautizado como “Juishow”.
“Somos los mayores distribuidores de cultura. Intentaron cerrarnos una vez, dejemos que vuelvan a fracasar”, afirmaron los acusados en una conferencia de prensa previa. Ante las advertencias de las discográficas, los jóvenes habían contestado con mensajes como “sigan mandando amenazas, que andamos cortos de papel higiénico”. Y eso que les habían dado a entender que la mano venía en serio. Tres años atrás, la policía confiscó las computadoras que usaban para mantener activo el proyecto, lo que no impidió que lo rearmaran y que actualmente concentren más del 50 por ciento de las descargas mundiales.
Mientras, sus antagonistas parecen más preocupados por lograr un castigo ejemplar que por encontrar la manera de que los artistas puedan ejercer su indiscutible derecho a ganar plata a través de modelos de negocios sostenibles en el tiempo. Para colmo, al segundo día de pleito se cayeron la mitad de sus acusaciones por falta de evidencias. Desde la IFPI salieron a explicar que el papelón no era índice de derrota: “Son temas técnicos que no cambian en nada el pedido de compensaciones, y no modifican en absoluto nuestros principales argumentos. De hecho, se nos simplificará la tarea, al permitir que nos concentremos en el hecho de que estas personas han puesto a disposición de otras trabajos protegidos por la ley”. La defensa retrucó aduciendo que existen investigaciones que muestran que en YouTube y MySpace se puede encontrar una cantidad igual o mayor de material “protegido” que en la Bahía Pirata. “Sólo ofrecemos intercambio de información. La responsabilidad de lo que se envía y se recibe corre por cuenta de los que se comunican”, sostienen.
Las escaramuzas continuaron hasta el viernes. Cada tanto, la diferencia generacional entre los hackers y los juristas provocaba escenas tragicómicas. Es que “Anakata” Svartholm, el fundador de la criatura, nació el 17 de octubre de 1984. Tiene sólo 24 años, y sus compañeros no le llevan mucho, con excepción del empresario Lundström. Según contaron los simpatizantes que transmiten en vivo por la web y por SMS, en un momento la querella preguntó cuándo se habían conocido “en la vida real” dos de los acusados. Y uno de los pibes respondió con ironía: “Nosotros le decimos AFK (Away From Keyboard, “lejos del teclado”). En rigor, todo es la ‘vida real’”.
Real es también la plata que les quieren exigir. De acuerdo con el Movimiento de Solidaridad con Piratebay (www.bahiapirata.org), las empresas de música solicitan una indemnización de 2,1 millones de euros. Más allá de los números, Peter Danowsky –uno de los representantes de la industria del entretenimiento– añadió que el verdadero inconveniente es que les ha nacido “un competidor inatacable que condujo a la reducción de las posibilidades de ventas en línea y los nuevos servicios de música digital”.
El sumario –que ya ocupa miles de páginas– seguirá engrosándose. Mañana a partir de las 13 (las 9 en Buenos Aires) arrancarán las declaraciones de los testigos. Los impacientes tendrán la chance de seguir desde hoy los videos que Sofía, una allegada a los muchachos, está posteando permanentemente en inglés a través de su celular por http://bambuser.com/channel/Spectrial/broadcast. Para los que prefieran el español, se ha activado un canal de Twitter llamado “#spectrial-es”.
