10 motivos para luchar contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina

10 motivos para luchar contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina

Sectores del Agronegocio, de las transnacionales, asi como el Ministro de agricultura y otros funcionarios, vienen trabajando sobre un nuevo proyecto de Ley de semillas. Segun los borradores que se conocen y por las declaraciones publicas, el mismo busca subordinar la politica nacional de semillas a las exigencias de la UPOV y las transnacionales.

Las consecuencias las sufriran los campesinos y agricutores familiares, pero tambien el pueblo argentino, ya que golperá sobre el mercado interno de alimentos.

Podemos afrimar que:

1. La ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad; sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. De esta forma expande un principio inaceptable, el de que es posible y aceptable privatizar los conocimientos y diversas formas de vida La ley es parte de un conjunto de normas e iniciativas políticas que fomentan la privatización de los conocimientos y de las formas de vida, como las leyes de patentes, la privatización de los sistema de investigación, la privatización de la educación, etc. Este tipo de normas concentra un poder creciente en manos de unas pocas empresas transnacionales, expropia y privatiza el patrimonio biológico nacional, arruina los sistemas nacionales de investigación, dificulta el intercambio de información -fundamento del avance científico-, agrede e impide el normal desarrollo de las formas campesinas e indígenas de relacionarse y hacer agricultura, y violenta principios éticos fundamentales, como es el libre acceso al conocimiento. Al permitir la privatización de las semillas, esta ley y su antecesora además ponen el lucro por sobre el derecho fundamental a la alimentación.

2. Abre las puertas para que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina. El proyecto de ley hace posible la mayor privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de Argentina al expandir los llamados derechos de obtentor sobre las especies vegetales. Al aplicarse la ley a todas las especies vegetales, el proyecto permite que toda especie nativa pueda transformarse en propiedad de empresas nacionales o extranjeras. Lo único que se requerirá es hacer un trabajo simple de selección para lograr una población o grupo de plantas relativamente homogéneas. Adicionalmente, el proyecto de ley facilita que cualquier empresa se apropie de las variedades campesinas e indígenas, al considerar como “nuevo” cualquier variedad que no haya sido comercializada ampliamente o inscrita en registros de propiedad intelectual.

3. Ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior. Esta práctica es un derecho fundamental de los agricultores y agricultoras del mundo -incluso reconocida por el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO- que además fue central en crear la diversidad y riqueza genética utilizadas por las mismas empresas semilleras que buscan hoy prohibir aquella práctica. El proyecto de ley impedirá que las comunidades campesinas e indígenas experimenten, mejoren e intercambien libremente las semillas, proceso a través del cual generaron toda la diversidad que hoy sustenta a la agricultura. Peor aún, la combinación de esta ley con la ley de patentes hará posible que los agricultores cuyas variedades hayan sido contaminadas por cultivos transgénicos sean penalizados y sus variedades sean confiscadas. Se crea así una clásica situación del ladrón detrás del juez.

De esta manera, el proyecto de ley entra en conflicto con el Tratado de Recursos Genéticos de la FAO, del que Argentina es signatario.

4. Fortalece las condiciones para que se profundice la introducción de nuevos cultivos transgénicos y su expansión, al otorgar propiedad sobre variedades sin exigir prueba efectiva de mejoramiento y en base a la simple expresión de un carácter. La definición de los requisitos para otorgar propiedad no exige que una variedad sea efectivamente mejor que las ya existentes, ni siquiera exige que sea útil o inocua. Al definir que basta la diferenciación de un carácter, facilita significativamente la práctica común de las empresas biotecnológicas de utilizar variedades antiguas para adicionar transgenes o genes cosméticos (sin valor productivo, pero capaces de provocar una diferencia visible) y luego registrarlas como “nuevas”. La no exigencia de mejorías comprobables o de inocuidad facilita además la introducción de cultivos tóxicos.

5. Crea condiciones para expandir la presencia de empresas semilleras transnacionales en el país, en desmedro del desarrollo nacional de variedades vegetales. La experiencia mundial ha demostrado que las leyes de propiedad industrial sobre las plantas han provocado un proceso de concentración extrema de la producción de semillas a nivel mundial, restringiendo así el acceso a nuevas variedades. Al no permitir el libre uso de las variedades existentes para crear nuevas variedades -base de los grandes avances en mejoramiento genético- la nueva ley hace muy difícil el ingreso de nuevos actores a los procesos de mejoramiento genético, reduciendo así la oferta tecnológica.

6. Al otorgar poderes monopólicos sobre las semillas, dificultar los procesos de mejoramiento genético independiente, impedir que los agricultores produzcan sus propias semillas y facilitar los procesos de concentración de las empresas semilleras, provocará inevitablemente el alza de los precios de las semillas, encareciendo la producción agrícola en general y la de alimentos en particular. El proyecto de ley crea las condiciones para un control monopólico del primer eslabón (las semillas) de la cadena de producción de los alimentos, quedando gran parte de la población expuesta a esta vulnerabilidad. Esta situación a la fecha no ha sido posible debido a que la producción de semillas se encuentra en manos de muchos y muchas agricultoras.

7. Otorga a las empresas semilleras el “poder de policía”, ya que deja en sus manos el asegurar que las disposiciones de la ley se observen adecuadamente. Es conocido que empresas como Monsanto y Syngenta han creado verdaderos cuerpos policiales para controlar que los agricultores y campesinos no utilicen lo que ellos consideran su propiedad. Se violan así incluso normas fundamentales del país, como el que los cuerpos policiales están bajo el control y mando del Estado y los poderes fiscalizadores dependen o son supervisados por éste. Es inadmisible la privatización del poder de policía.

8. Permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley. Esto se puede traducir en la destrucción de cultivos y plantaciones frutales, en el decomiso de productos ya a la venta, e incluso en el embargo de exportaciones argentinas. La ley facilita demandas sin fundamento y limita el derecho a defensa de los demandados.

9. El proceso de negociación de la ley está viciado de secretismo y sectarismo al ser llevado adelante a puertas cerradas y únicamente con la participación de sectores corporativos, sin darse a conocer al público el borrador que se está discutiendo ni posibilitar la participación de toda la sociedad en el debate. Una nueva Ley de Semillas de estas características afectará al conjunto de la sociedad. Impedir su debate público es un atentado a los derechos humanos de todo el pueblo argentino. Negar la información sobre el Proyecto, como ha hecho el CONASE a las organizaciones que lo han solicitado (no respondiendo el pedido) demuestra que no existe intención alguna de abrir las puertas al debate.

10. El anuncio de la modificación de la Ley hecho simultáneamente con la aprobación de la soja rr2 de Monsanto confirma quien es el principal beneficiario de este Proyecto. La anunciada “Alianza Estratégica” con Monsanto tiene a la modificación de la Ley de Semillas como uno de sus pilares. De hecho, la mayor corporación biotecnológica del mundo ha expresado este reclamo desde comienzos del Siglo 20 exigiendo que Argentina le garantice la “seguridad jurídica” para introducir nuevos transgénicos.

Hacemos un llamado a Rechazar un proyecto de ley que atenta gravemente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo.

• NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LAS SEMILLAS Y LA VIDA
• FUERA MONSANTO Y LAS CORPORACIONES DEL AGRONEGOCIO DE AMÉRICA LATINA
• POR UNA AGRICULTURA PARA ALIMENTAR Y EN MANOS DE LOS PUEBLOS

Organizaciones firmantes:

Movimiento Nacional Campesino Indígena

CLOC - Vía Campesina Argentina

GRAIN

Amigos de la Tierra

Acción por la Biodiversidad

Enviá tu adhesión a: carlos@grain.org  o secretaria.mnci@gmail.com 

#Agronegocios o derechos humanos- #sojeros-Darío Aranda

Fuente Blog de Darío Aranda.

El 27 de abril al mediodía, en la Casa de Gobierno, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros.
Los medios de comunicación aliados al Gobierno hicieron tapa con el anuncio, como si dieran cuenta de una reforma agraria.

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La compañía internacional Benetton posee en la Patagonia 970 mil hectáreas. ¿Sería mejor si estuvieran en manos del bonaerense Gustavo Grobocopatel? ¿O quizá el salteño Alfredo Olmedo? ¿O es preferible que las maneje la Mesa de Enlace (con todos dirigentes nacidos en Argentina)?

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En el país no existen datos, ni siquiera aproximados, sobre extranjerización de tierras. Sólo hay casos emblemáticos, que suelen repetirse como si fueran los principales responsables de los males del país y del modelo extractivo: Carlo y Luciano Benetton, Douglas Tompkins, Joseph Lewis y Ted Turner.
Federación Agraria Argentina (en antaño tan cercana a la Sociedad Rural, en la actualidad tan cerca del Gobierno) arriesga cifras tan dispares como difícil de comprobar. Suele mencionar un supuesto relevamiento propio, pero nunca lo hizo público (los diarios igual lo citan como verdad revelada).
El proyecto de ley del Gobierno propone un registro de poseedores extranjeros de tierras rurales. Quizá el punto más relevante de la propuesta legislativa.

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“Será una norma amplia, que proteja a los agricultores familiares (…) Hay modelos a mirar, como Brasil”, había anticipado la Presidenta el 1 de marzo de 2011 al inaugurar la sesiones del Congreso, cuando anunció que se trabajaba en el proyecto de ley.
El anuncio había creado expectativas en las organizaciones campesinas. Sobre todo porque la legislación de Brasil contempla la función social de la tierra, un anhelo de los movimientos rurales de base, que rechazan la concepción meramente mercantilista de la tierra, en busca sólo de rentabilidad, y que entienden a la tierra como un elemento indispensable para producir alimentos sanos para el pueblo, pilar la soberanía alimentaria de un país.
El 27 de abril, sólo 58 días después del anuncio en el Congreso, la Presidenta dio a conocer finalmente el proyecto de ley. En ninguna de las siete carillas se menciona la función social de la tierra. Tampoco existe mención alguna a los “agricultores familiares”, muchos menos sobre campesinos o pueblos originarios.

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Pocos pueden oponerse a que en Argentina se legisle sobre la venta de tierras a extranjeros. Sobre todo, no se opondrán quienes impulsan el actual modelo agropecuario porque una ley de ese tipo no afecta ningún interés de los ganadores del modelo de agronegocios actual (donde la soja es sólo su cara más visible).
Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración de la tierra. Muy pocos tienen mucha tierra. La gran mayoría tiene muy poco.
El Censo Agropecuario de 1988 revela había en el país 422.000 explotaciones agropecuarias, que disminuyeron a 318.000 en 2002 (un 24,6 por ciento menos).
La investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), “La tierra en Argentina”, de Marcelo Sili y Luciana Soumoulou, resume: “Desde el punto de vista de la estructura agraria, la distribución de la tierra es sumamente inequitativa”. Y revela que el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las explotaciones cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra.
Todo indica que en los últimos nueve años la concentración aumentó, pero (Indec mediante) no existen datos oficiales. En 2008, en plena disputa entre el Gobierno y la Mesa de Enlace, se realizó el Censo Agropecuario. Aportaría datos precisos luego de seis años de falta de estadísticas oficiales del sector rural. Pero el esperado relevamiento no escapó a las irregularidades del Indec. El Censo 2008 no abarcó todo el territorio nacional y nunca se presentaron todos los datos relevados. Los científicos sociales no lo toman como válido y, a su pesar, deben seguir manejándose con el Censo 2002.

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El Foro por la Tierra del Chaco denunció que en 1995 las explotaciones de más de 1000 hectáreas representaban el ocho por ciento del total de la provincia. En 2002 pasaron a representar el 56 por ciento del total, en su mayoría para siembra de soja.
“Deforestación, agricultura y biodiversidad” es el informe de Marcelo Cabido y Marcelo Zak, investigadores principales de la Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet. Además de los efectos ambientales, confirmaron la concentración de la tierra en la provincia: sobre cuatro departamentos del norte provincial (Ischilín, Sobremonte, Totoral y Tulumba) demostraron que, entre 1988 y 1999, las chacras de menos de 200 hectáreas disminuyeron un 32 por ciento. En el mismo lapso, las estancias de más de 2500 hectáreas aumentaron un 30 por ciento. Pequeñas parcelas fueron absorbidas por grandes propietarios.
Misiones no escapa al fenómeno. El último Censo Agropecuario detalla que en la provincia existen 27.000 “explotaciones agropecuarias”. Sólo 161 de ellas (el 0,6 por ciento del total) poseen el 44 por ciento de la tierra de Misiones (917.000 hectáreas). Ilustrativo es el caso de la Papelera Alto Paraná: es propietaria del diez por ciento del suelo provincial, 233 mil hectáreas. En el municipio de Puerto Piray, es dueña del 62,5 por ciento de la tierra.
La soja no llega hasta Mendoza, pero sí llegan sus consecuencias. El monocultivo desplazó a la ganadería desde el Litoral y La Pampa hacia Cuyo. “Hacendados y empresas, donde también están las mineras, intentan por todos los medios apropiarse de tierras y agua, comprando, fraguando títulos, usurpando, y prometiendo un progreso y empleo que son mentiras”, explica la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza (UST).
La Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad de Politécnica de Cataluña es un espacio de referencia en el estudio de modelos productivos y sus impactos sociales, políticos y económicos. Durante 2008 y 2009 un equipo multidisciplinario analizó el modelo agrario y minero de seis provincias argentinas (Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca y Mendoza) y lo presentó ante Naciones Unidas bajo el nombre “Situación de los derechos humanos en el noroeste argentino”. “Como consecuencia del modelo agropecuario, en los últimos 15 años ha aumentado en Mendoza la concentración de la tierra en un 40 por ciento, desaparecieron el 33 por ciento de los productores y el 84 por ciento de los hogares rurales no tienen posibilidades de producir por falta de agua o de tierra”, afirma el trabajo y denunció que la situación de derechos humanos en la provincia es “crítica”.
En el análisis de distribución de tierras, la Cátedra Unesco tomó como muestra los departamentos de Lavalle, San Martín y San Rafael. Llegó a la conclusión que el 51 por ciento de las explotaciones agropecuarias tienen una superficie de diez hectáreas o menos, y estos pequeños productores sólo ocupan el dos por ciento de la superficie de los departamentos estudiados. En tanto las explotaciones con más de mil hectáreas son sólo el 0,31 por ciento de las propiedades, pero concentran el 75 por ciento de las tierras.

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“No se afectará los derechos ya adquiridos. Esto quiero que quede absolutamente claro, porque si no significaría cambiar las reglas de juego y perjudicar a aquellos que adquirieron de buena fe con reglas que estaban vigentes hasta ese momento”, remarcó la Presidenta cuando anunció el proyecto de ley sobre extranjerización de tierras. Y consideró que, no respetar la legislación, “hablaría de un país poco serio”.
Pueblos originarios y campesinos cuentan con legislación que protege sus derechos territoriales. Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), Convenio 169 OIT, Ley 26160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil. Rara vez se cumplen.

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El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario.
En 2001 se sembraron en el Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2003 había 12 millones. Luego de ocho años de kirchnerismo se llegó al récord de 19 millones de hectáreas con monocultivo, el 56 por ciento de la tierra cultiva. Nunca antes la soja había crecido tanto.
“Corrimiento de la frontera agropecuaria”, festejan los técnicos y funcionarios. En la cotidianidad del campo implicó desalojos tan violentos como masivos. Donde el Movimiento Nacional Campesino Indígena tiene gran presencia, como en Santiago del Estero y Córdoba, las topadoras suelen estar al servicio de pooles de siembra y de la Mesa de Enlace (sobre todo Federación Agraria, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas), casi siempre argentinos.
El panorama no es alentador. El “Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2016”, proyecto oficial que apuesta a aumentar la producción de soja (entre otros productos) en 20 millones de toneladas.
Por si quedaran dudas, el Ministerio de Agricultura envió el 28 de junio una gacetilla alentadora para el complejo de agronegocios: “Existen excelentes posibilidades para aumentar la producción (…) Hay un conjunto de factores que funcionan como impulsores de la demanda alimentaria, entre los que se destaca el aumento del consumo en los países desarrollados y la generación de biocombustibles”.
El Ministerio reconoce que la soja aumentará en área sembrada. Y pretende, para 2020, llegar a 160 millones de toneladas de granos (60 por ciento más que en la última cosecha). En la misma línea, en la Cumbre de Ministro de Agricultura de países que integran el Grupo de los 20 (G-20), la propuesta argentina fue aumentar la producción de granos.
El incremento granario multiplicará las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias. El corrimiento de la frontera agropecuaria será una consecuencia lógica.
En respuesta a esa postura, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) elaboró un duro documento, donde alertó sobre la profundización del modelo agropecuario, advirtió sobre el aumento de los desalojos, desmontes y mayor uso de agrotóxicos. Remarcó que el actual modelo de agronegocios consolida a la Argentina como productor de materias primas en el marco de un “saqueo transnacional” que implica subordinar al país en un esquema colonial.
“Aumentar a 160 millones de toneladas de granos, forrajeros y no alimentarios, es sumar otras diez millones de hectáreas a las 20 millones que se cultivan de soja transgénica. Y no tiene otra forma de hacerse que a partir de los desalojos de las familias campesinas”, advirtió el MNCI y apuntó a las banderas del kirchnerismo: “Plantear que debemos redoblar las exportaciones en el marco del modelo actual genera claras contradicciones con las aspiraciones de un desarrollo industrial armónico con justicia social y con las políticas de derechos humanos”.

Por Darío Aranda. Artículo publicado en el periódico MU de julio (de www.lavaca.org )
Fuente Blog de Darío Aranda.

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Sobre Moisés Bourachik

http://biolo.bg.fcen.uba.ar/persdoc.htm

Según la página de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, estos son sus datos para contacto:


Burachik, Moises
Cargo: Prof. Tit.
e-mail: mobura#bg.fcen.uba.ar (reemplacen # por @)
Materia(s): Biotecnologia
Dependiente de: FCEN

También pueden contactarlo en:

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Dr. Moisés Burachik Coordinador General Oficina de Biotecnología Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Av. Paseo Colón 982, piso 2, of. 236 C1063ACW - Buenos Aires Argentina Tel.: 54-11-4349-2200 Fax: 54-11-4349-2178

mburac#mecon.gov.ar (reemplacen # por @)
Fuente Conicet

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Según el Grupo de Reflexión Rural:

Repudiamos la participación del lobbista de los agronegocios, Moisés Burachik como Jefe de la delegación argentina en la COP-MOP 4
Moisés Burachik, Secretario Ejecutivo, de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), Buenos Aires y Coordinador General de la Oficina de Biotecnología de la SAGPyA, Ministerio de Economía y Producción, Argentina
Moisés Burachik es el lobbista que trabajó para la demanda de Argentina en la OMC contra la UE. El ha sido uno de los principales autores intelectuales del modelo que en este mismo momento está estallando en la Argentina, poniendo en riesgo el tejido institucional nacional. Gracias a la participación de personas como él, así como su propio trabajo de lobbista para que las empresas de los agronegocios tomaran las riendas de las políticas agrícolas en la Argentina, la democracia está siendo severamente amenazada en este preciso instante. A pesar de esto, esta persona está representando al Gobierno Argentino en la COP-MOP 4, al mismo tiempo que la Presidenta Cristina Fernández está siendo rehén de las empresas agroindustriales. Consideramos incompentente a esta persona para representar a nuestro país.
Para encontrar la verdadera posición del Gobierno Argentino con respecto al avance de la frontera agrícola y sus consecuencias, por favor leer el documento de Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Marzo de 2008 que puede ser bajado de:

http://partido-pirata.blogspot.com/2008/04/informe-de-la-secretara-de-medio.html

GRR, Grupo de Reflexión Rural, Argentina Bonn, Alemania, 13 de mayo de 2008

http://www.grr.org.ar/

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