ONU: “El Gobierno debe dar mayor prioridad a los derechos humanos de los pueblos indígenas”

James Anaya en Formosa

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Fuente Blog de Darío Aranda.

El Relator Especial de Naciones Unidas, James Anaya, visitó comunidades de Neuquén, Salta, Jujuy y Formosa. Confirmó el incumplimiento de la normativa que protege los derechos indígenas, denunció la “inseguridad jurídica” respecto a los territorios y alertó sobre las consecuencias de las industrias extractivas.

Por Darío Aranda
“El Gobierno debe dar mayor prioridad a los temas relacionados con los derechos humanos de los pueblos indígenas (…) Una preocupación central es la falta de seguridad jurídica de sus derechos sobre sus tierras tradicionales y los desalojos”, afirmó la más alta autoridad en materia indígena de Naciones Unidas, James Anaya, luego de recorrer durante once días comunidades originarias de Argentina. Organismos de derechos humanos, que propiciaron su visita al país, entregaron un informe donde denuncian que “los desalojos continúan sucediendo y, en múltiples casos, los reclamos por el cumplimiento de sus derechos han sido objeto de serias respuestas violentas estatales que incluyen la criminalización de la protesta, represión y asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad. Todo esto sucede en un marco institucional de exclusión política”.
Neuquén, Salta, Jujuy y Formosa, cuatro de las provincias con más denuncias de violación de derechos de pueblos originarios, fueron visitadas la última semana por el diplomático de Naciones Unidas. Escuchó, de boca de los propios indígenas, la sistemática vulneración de derechos y confirmó el avance de petroleras, mineras y empresarios agropecuarios sobre territorios comunitarios. También se entrevistó con comunidades de Río Negro, Chubut y Tucumán. A pesar de ser un alto diplomático de la ONU, no fue recibido por funcionarios de primera línea del gobierno nacional.
En la conferencia de prensa brindada ayer en la Ciudad de Buenos Aires, Anaya destacó la frondosa legislación indígena vigente en Argentina. Constitución Nacional (artículo 75), constituciones provinciales, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, de rango supralegal) y, entre otras, la Ley 26160, que suspende los desalojos indígenas y ordena la realización de un relevamiento catastral. “Existen retrasos en los procesos de relevamiento territorial”, afirmó el Relator Especial.
En la misma línea, en Equipo de Pastoral Aborigen (Endepa) publicó en agosto último un relevamiento nacional sobre el nivel de cumplimiento de la ley. “Existe un notorio incumplimiento por parte del Estado argentino en relación a la ejecución de las leyes que ordenan la realización de un relevamiento técnico, jurídico, catastral de las tierras que ocupan tradicionalmente las comunidades indígenas”, había afirmado Endepa y precisó que, a más de cuatro años de aprobada la ley, se “han completado los trabajos correspondientes a sólo seis comunidades en todo el país”.
Anaya visitó en Neuquén comunidades que resisten al avance petrolero (Lof Kaxipayiñ y Wenxu Xawvn Leufu) y en conflicto con especuladores inmobiliarios (Paichil Antriao, de Villa la Angostura). En Salta se entrevistó con comunidades del norte provincial que resisten el avance del modelo agropecuario (monocultivos de soja y agricultura intensiva, entre otros). También recibió a la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND), donde se interiorizó respecto del asesinato del diaguita Javier Chocobar, el 12 de octubre de 2009 en Tucumán. Luego viajó a la Salinas Grandes de la Laguna de Guayatayoc (Jujuy), donde 33 comunidades kollas y atacama rechazan el avance de la minería de litio sobre territorio comunitario. Le explicaron que la minería “vulnera todos los derechos indígenas” y recordaron que esperan una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (donde descansa un amparo).
El lunes y martes último cerró su recorrida en Formosa junto a la comunidad qom “Potae Napocná – Navogoh” (“Puño de oso hormiguero – La Primavera”). “Escuchó las denuncias de muchos hermanos. Todas referidas a la cotidiana violación de derechos humanos”, explicó el dirigente Félix Diaz. Anaya solicitó recorrer el lugar exacto de la represión del 23 de noviembre de 2010, donde se incendiaron una veintena de casas de la comunidad y fue asesinado el qom Roberto López.
En la conferencia de prensa de ayer Anaya volvió a remarcar la peligrosidad de la “industrias extractivas dentro o cerca” de los territorios indígenas y alertó sobre los “efectos en la salud y el medio ambiente”. “Las condiciones de salud de los indígenas son peores que los de la población general y hay contaminación del medio ambiente a causa de la extracción de recursos como el petróleo y minerales”, afirmó.
Al llegar al país (el 27 de noviembre), Anaya había alertado que “las industrias extractivas son la más grave amenaza para el cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.
Las industrias extractivas que avanzan en Argentina sobre territorio indígena y campesino son la megaminería, hidrocarburos, agronegocios (soja y ganadería intensiva, entre otros) y monocultivo de árboles. También la especulación inmobiliaria y el turismo cinco estrellas (complejos exclusivos en Misiones, Patagonia y Jujuy, entre otros).
Respecto al asesinato de cuatro indígenas y campesinos (Javier Chocobar, Sandra Juárez, Roberto López y Cristian Ferreyra) en sólo dos años. Anaya las evaluó como “tragedias evitables, como otras que se repiten en la lucha lucha social vinculada al derecho básico al territorio”.
La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) informó al Relator el incumplimiento de la Ley 26.160 y denunció que el gobierno nacional apuesta a la división de organizaciones indígenas mediante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Dirección de Pueblos Originarios (de la Secretaría de Ambiente de Nación).
“El Relator se hizo presente en vista de los abusos de autoridad y la impunidad de los poderes tradicionales (empresas y terratenientes), amparados por los poderes políticos y judiciales del Estado”, explicó en un comunicado la Confederación Mapuche, que acompañó a Anaya durante los tres días que recorrió territorio mapuche.
“No sólo el Estado incumple la normativa sobre derecho indígena, sino que reprime la acción mapuche de proteger el ambiente, el recurso agua, la cultura y cosmovisión mapuche”, denunció la Confederación. Juan Carlos Curruhuinca, de la comunidad Wenxu Xawvn Leufu, resumió el paso de Anaya por territorio mapuche: “Le informamos de la discriminación, marginación y no reconocimiento que tienen por comunidades originarias. Han pasado muchos años y no hay voluntad política de la Provincia ni de la Nación. Ellos sí tienen voluntad de crear acuerdos con petroleras y mineras para invadir nuestros territorios. Le contamos que incluso vivimos la militarización de nuestros territorios”.
Anaya elaborará un informe donde detallará su recorrida por Argentina. Será elevado al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y contendrá “recomendaciones” al Estado argentino.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Comisión de Derechos de los Pueblos Originarios de la UBA y la Comisión de Pueblos Originarios de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de La Plata –entre otras organizaciones– elaboraron un informe de 60 páginas en las que detallan, a partir de casos concretos, la situación de los pueblos indígenas. Fue entregado en mano al Relator.
“Los pueblos indígenas siguen subordinados a las formas y prácticas neocoloniales. La participación en las decisiones de gobierno que les atañen es sumamente restringida y tratada como una cuestión meramente asistencial”, denuncia el informe y advierte que “la falta de implementación efectiva de los derechos territoriales indígenas se ve agravada por el hecho que, en varios casos, las luchas emprendidas por las comunidades reciben una respuesta institucional violenta que incluye la criminalización, la represión, el asesinato y la persecución y amedrentamiento de las autoridades indígenas y los defensores”.

Documento de la ONU rechaza medidas de filtrado o bloqueo de internet

 

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Fuente Derecho a Leer

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Junto con Bea y Vía Libre preparamos este documento para imprimir y repartir, con la transcripción del comunicado de prensa de la OEA sobre un pronunciamiento muy fuerte de la ONU que implícita y explicitamente cuestiona muchas de las medidas que gobiernos y lobbies de las industrias del entretenimiento, establecen o intentan establecer para limitar la libertad de expresión en la red, o con la excusa de la "protección de los derechos de autor" (HADOPI, ley Sinde, iniciativas como PROTECT IP, ACTA, la ley Lleras en Colombia o los proyectos del senador Lieberman en Estados Unidos, entre otros).
Sería interesante confrontar este documento con las propuestas que seguramente recomendará la Vice-Presidente Ejecutiva IFPI Shira Perlmutter en su charla La responsabilidad de los ISPs y su rol en la lucha contra la piratería, (de 11:00 a 13:00 en la Sala 3), mañana viernes en el MICA (el "Mercado de las Industrias Culturales Argentinas").

Libertad de Expresión en Internet

Es una declaración conjunta de nada menos que las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
Entre otras cosas, la declaración se pronuncia en principios básicos para garantizar la libertad de expresión:

• Se opone a la idea de convertir a los intermediarios de servicios de internet en policias o censores y responsabilizarlos por lo que hagan sus usuarios: los intermediarios no deberán ser responsables por los contenidos generados por terceros y tampoco se les deberá exigir controlar el contenido generado por los usuarios.
• Afirma que internet debe ser tratada como el resto de los medios: la libertad de expresión debe ser aplicada a Internet del mismo modo que al resto de medios de comunicación. Un aspecto sobre el que Richard Stallman llamaba la atencion hace poco: la precariedad de estado de nuestros derechos en la red, en comparación con el mundo analógico.
• Cuestiona medidas de bloqueo del servicio de internet a la población, ni siquera bajo el argumento de "la seguridad nacional", ya que los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet. Y declara en general ilegítimos los cortes de servicio a los usuarios (por ejemplo leyes de "los tres avisos")
• Cuestiona el bloqueo de sitios y filtrado de contenidos, ya que son acciones incompatibles con la libertad de expresión los sistemas de filtrado de contenido, y remarcando la necesidad de un proceso judicial con garantias para cualquier acción (duro golpe a la ley Sinde), ya que los proveedores solo deben responder cuando hay una orden judicial legítima, proferida de conformidad con el debido proceso.
• Defiende la neutralidad de la red: no aplicar ningún tipo de discriminación en el tratamiento de los datos o el tráfico
• Cuestiona las actuales estrategias de aplicación de medidas judiciales en paises distintos a donde ocurren los hechos, por ejemplo el bloqueo de dominios desde otro país, ya que la competencia para resolver conflictos originados por contenidos en la red debería corresponder a los Estados que tengan más cercanía con la causa

JEAN ZIEGLER, RELATOR DE LA ONU SOBRE ALIMENTACION

“El precio de los alimentos no puede ser fijado por la Bolsa”

El experto internacional habla de la decepción que le provocó el resultado de la cumbre de la FAO, que se realizó en Roma la semana pasada. Asegura que los Estados Unidos sabotearon la resolución para que no se mencionaran los biocarburantes, la especulación bursátil y las políticas del FMI.

Por Vicente Romero

Desde Ginebra

Firme y radical en sus convicciones, el suizo Jean Ziegler es uno de los más lúcidos analistas de la realidad mundial. Tras haber sido durante muchos años diputado socialista y enfant terrible de la II Internacional, sus opiniones son respetadas especialmente en el ámbito de los Derechos Humanos. Como relator especial de las Naciones Unidas sobre Alimentación ha denunciado los despiadados negocios que se ocultan tras el hambre de millones de seres humanos. Incansable, pese a haber superado la barrera de los setenta años, el profesor Ziegler continúa alzando su voz frente a las injusticias que constituyen la base del sistema económico internacional.

Tras la cumbre convocada por la FAO en Roma, Ziegler no vacila en señalar a los instigadores del fracaso de Naciones Unidas, precisando que habla a título personal ya que el ejercicio de su cargo le impediría pronunciarse sobre algunas cuestiones.

“Lo positivo –dice– es que por primera vez se reunieran más de 50 jefes de estado o de gobierno y 2000 altos funcionarios para discutir estrategias comunes contra las masacres del hambre. Pero el resultado final es extremadamente decepcionante, porque la resolución final no dice nada sobre los biocarburantes, que queman centenares de millones de toneladas de grano; nada sobre la especulación bursátil que hace explotar los precios de las materias primas agrícolas; nada sobre las políticas absurdas del Fondo Monetario Internacional y de la Banca Mundial. La causa principal de este fracaso es el sabotaje norteamericano. Los Estados Unidos y sus aliados consideran que la mano invisible del mercado resolverá por sí sola el espantoso problema del hambre. Y que hace falta liberalizar aún más el mercado mundial, privatizar todo el sector público, para que las fuerzas de producción se desarrollen y conjuren el hambre. Esa es también la teoría de las grandes sociedades multinacionales que controlan el comercio alimentario mundial.”

–¿No es absurdo que los alimentos básicos coticen en Bolsa y estén sujetos a maniobras especulativas, cuando su comercio condiciona la supervivencia de millones de personas?

–Absolutamente. Es un despropósito que el precio de los alimentos sea fijado por la Bolsa, cuando deberían ser retirados de la especulación. Lo ocurrido entre diciembre y marzo pasados fue escandaloso: tras el crack financiero, que provocó más de un billón de dólares de pérdidas en valores patrimoniales, los grandes especuladores emigraron de la Bolsa de Nueva York hacia la de Chicago. Es decir, pasaron de especular y perder con acciones y obligaciones, a hacerlo y conseguir enormes beneficios con materias primas agrícolas, con arroz, trigo, mijo, etcétera. La sociedad civil exige que los alimentos sean declarados bien público y que su precio se fije mediante negociaciones entre países productores y países consumidores. El sistema para hacerlo ya ha sido puesto a punto por la Untacd, que presentó en Roma siete métodos para fijar los precios de las materias primas alimentarias. Pero las presiones de la delegación norteamericana y de las grandes sociedades multinacionales lograron que quedara descartado.

–Parece que las instituciones económicas internacionales aceptan la desigualdad como un orden natural del mercado mundial y cierran los ojos ante las responsabilidades criminales de las grandes corporaciones financieras privadas...

–Sí. Para las organizaciones responsables del orden económico mundial, como la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional, lo que cuenta es el mercado. Por eso pretenden desarmar a los estados, privatizar todo el sector público y arrebatar a los pueblos el control de las riquezas. Pretenden que una liberalización total liberará fuerzas que duermen en el mercado mundial y creará riquezas inmensas. Y anuncian que un día se producirá una golden rain, una lluvia de oro que beneficiará a todo el mundo. Sin embargo, desde que se inició la globalización tras la desaparición de la bipolaridad del mundo, el producto mundial se ha doblado y el comercio mundial se ha triplicado. Pero las inmensas riquezas creadas se han quedado entre las manos de las oligarquías financieras, que tienen hoy mayor poder del que jamás ha tenido ningún jefe de estado, rey, papa o emperador. Las grandes corporaciones multinacionales controlaron el pasado año el 52 por 100 del producto mundial bruto. Y, al mismo tiempo, dos mil millones de personas, según las estadísticas de las Naciones Unidas, viven en la miseria más extrema, sumidas en un terror cotidiano, condenados a la angustia cotidiana de saber que mañana tampoco tendrán con qué comprar los alimentos que precisan sus familias. Pero las oligarquías financieras que detentan el poder económico no tienen interés alguno en favorecer un reparto más justo ni se plantean objetivos de justicia social.

–¿Disponen los Estados de suficiente poder para oponerse a los designios de las grandes corporaciones multinacionales?

–En el orden mundial del capitalismo globalizado, con el mercado como instancia decisoria central expresada mediante la bolsa, el poder de los estados ha disminuido, ha retrocedido. Lo que cuenta son las oligarquías detentadoras del capital financiero. Así, ocho sociedades multinacionales controlan más del 80 por 100 de todo el comercio mundial de alimentos básicos. Cargill, por ejemplo, monopoliza el 25 por 100 del comercio de cereales. Las sociedades multinacionales no son la Cruz Roja: su misión es conseguir beneficios, incrementar su valor financiero; sería absurdo pedirles que bajaran los precios, que pensaran en los hambrientos.

Porque corresponde a los estados imponer el bien público, emprender una lucha efectiva contra la masacre cotidiana del hambre. Pero los estados no están haciendo ese trabajo y las Naciones Unidas tampoco, aunque técnicamente existen los instrumentos precisos para ello. Lo que falta es una presión pública, democrática, que lo exija.

–¿No cabe esperanza alguna?

–La única esperanza que nos queda es la insurrección de las conciencias, el imperativo moral de cada uno de nosotros. Nos cabe publicar los datos dramáticos del hambre para favorecer una toma de conciencia que movilice a la ciudadanía. Si los ciudadanos dijeran no queremos tolerar que cada cinco segundos muera un niño de hambre, no queremos tolerar que los especuladores decidan los precios de los alimentos, nuestros gobiernos estarían forzados a reaccionar. Y el hambre desaparecería en pocos meses.

–Una de las cuestiones urgentes que la cumbre de Roma ha dejado sin responder es el impacto de los biocombustibles sobre la crisis alimentaria.

–Los agrocarburantes, agroetanol o agrodiesel, son un crimen contra la humanidad. El año pasado, pongo un ejemplo, los Estados Unidos quemaron 131.000 millones de toneladas de maíz, el tercio de su cosecha, más otros centenares de millones de toneladas de cereales, para fabricar agrocarburantes. El argumento del presidente Bush no es totalmente absurdo: pretende luchar contra la degradación del clima y contra la excesiva dependencia del petróleo proveniente del Medio Oriente. Pero hay un derecho que prima sobre cualquier argumentación, que es el derecho a la vida, el derecho a la alimentación. Y si se retiran del mercado 131.000 toneladas de maíz del mercado para fabricar agrocarburantes destinados a los cientos de millones de automóviles norteamericanos, se provoca que los precios de la alimentación básica exploten en México. Eso es intolerable. Para valorar qué suponen los agrocombustibles basta un ejemplo: llenar con 50 litros de bioetanol el depósito de un vehículo de turismo normal requiere quemar 358 kilos de maíz. Y con 358 kilos de maíz un niño mexicano o de Zambia, por citar dos países donde el maíz es alimento básico, puede vivir durante un año.

Fuente: Página 12.

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