En esta ocasión hablamos con Walter sobre patentes de software, software libre, patentes de semillas, formas de aprendizaje , el campo, la soja y algo más.
Por Darío Aranda
Plazademayo.com reproduce el artículo completo que fue censurado por Página 12 y, posteriormente, borrado del blog personal del periodista. La muerte de Cristian Ferreyra, como consecuencia de un modelo sojero en expansión.
Cristian Ferreyra nació y vivió sus 23 años en el mismo lugar, paraje San Antonio, norte de Santiago del Estero. Quería mantener una forma de vida que implica trabajar la tierra, criar animales, sembrar y cosechar su comida. Pero un disparo de escopeta lo hirió cuando se negó a dejar el territorio, pretendido por un empresario. “Esto es el lejano oeste, no se cumplen nuestros derechos, nos matan como animales en la Argentina de hoy”, denunció Marilena Santillán, con voz entrecortada, aún conmovida, compañera de militancia de Ferreyra e integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina). También fue herido Darío Godoy, de 26 años. En los últimos dos años fueron asesinados en Argentina cuatro campesinos e indígenas. El Mocase-VC denunció que la represión tiene directa relación con el avance del modelo de agronegocios, con la soja y la ganadería intensiva sobre territorios comunitarios.
Ferreyra formaba parte de la comunidad indígena lule-vilela de San Antonio, que habitan 2000 hectáreas comunitarias desde hace generaciones. A pesar de su juventud era identificado como un referente, tranquilo, pero decidido a permanecer en territorio ancestral, a 60 kilómetros de Monte Quemado. Desde hace dos años denuncian el acoso de empresarios que pretenden las tierras comunitarias: cierre de caminos vecinales, amenazas a niños cuando iban a la escuela y matanza de animales.
El miércoles a la siesta llegaron hasta la casa de Darío Godoy dos personas (Javier y Arturo Juárez, señalados por el Mocase como guardias privados al servicio del empresario José Ciccioli). Buscaban a Cristian Ferreyra. Sin mediar palabra le dispararon a Ferreyra con una escopeta. Falleció desangrado, junto a su esposa y su hijo de 2 años.
También fue herido Godoy (del Mocase), con disparos en las piernas. Aún permanece internado en el hospital. Los agresores huyeron y hasta ayer no habían sido detenidos.
“Mataron a Cristian porque era un joven fuerte, decidido a defender el territorio de sus padres y de su hijo. Él hablaba, dialogaba, pero no negociaba el territorio. Por eso lo mataron”, lamentó Santillán y precisó que el ataque fue un día antes de una asamblea que iba a realizarse en casa de Ferreyra con el objetivo de definir un plan para frenar las topadoras.
El Mocase-VC emitió un comunicado: “Esto ocurre con complicidad y alevosía de parte de autoridades provinciales y funcionarios del Poder Judicial e instituciones como la Dirección Provincial de Bosques, quien autorizó desmonte en un lugar donde viven familias campesinas indígenas de varias generaciones. A todos ellos los hacemos responsables directos del asesinato de Cristian”.
El gobernador Gerardo Zamora, que no respondió los llamados de este diario, va por su segundo mandato y denominó a la provincia como la “capital nacional del kirchnerismo” luego de obtener en las últimas elecciones el 82 por ciento de los votos. Se autodefine “radical k”. El Mocase lo señala –en cuanto a la represión al campesinado– como la continuidad del juarismo.
Desde el Mocase-VC, que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), explicaron que las tierras ancestrales que familias rurales y originarias habitaron durante generaciones comenzaron a ser pretendidas por empresarios a medida que la frontera agropecuaria (de la mano de soja) comenzó a expandirse. Y también de la ganadería, que es desplazada por la agricultura.
La Secretaría de Ambiente de la Nación precisa que Santiago es de las provincias líderes en desmonte, 515 mil hectáreas entre 2003 y 2007, un 72 por ciento más que entre 1998 y 2002. Avance del monocultivo y devastación de bosques tienen directa relación.
La soja transgénica con uso intensivo de agrotóxicos fue autorizada en 1996, cuando abarcaba una superficie de 6,6 millones de hectáreas. En el 2000 ya había trepado hasta las 10,5 millones. Y en la actualidad cubre 19,8 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la tierra cultivada de Argentina, 50 millones de toneladas de soja. El Pan Estratégico Agroalimentario (PEA) 2010-2020 del Gobierno insta a aumentar la producción granaria actual un 60 por ciento (de 100 millones de toneladas a 160). Y reconoce la necesidad de avanzar sobre nuevos territorios, hoy en manos de campesinos e indígenas.
El geógrafo y docente de la Universidad Nacional, Marcelo Giraud, analizó el avance agropecuario en Santiago. En 1996 en la provincia había sólo 95.000 hectáreas con soja. En 2008 había saltado a 629 mil hectáreas y dos años después, 2010, al récord de 1,1 millón de hectáreas. “En sólo dos años aumentó un 75 por ciento”, afirmó.
La ONG Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) publicó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”. Hasta octubre de 2010 había contabilizado 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo agropecuario.
En sólo dos años fueron asesinados cuatro militantes de la defensa del territorio. El 12 de octubre de 2009 ejecutaron en Tucumán al diaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo de 2010 falleció de un paro cardíaco frente a una topadora la campesina santiagueña Sandra “Ely” Juárez. El 23 de noviembre de 2010 fue asesinado en un corte de ruta el qom de Formosa Roberto López. El miércoles la lista sumó a Cristian Ferreyra. En ningún caso están detenidos los autores materiales ni intelectuales de los crímenes.
El Código Civil establece el “derecho veinteañal”, que otorga derechos a quién ocupó y trabajó una tierra durante dos décadas. Y también están vigentes leyes específicas para pueblos originarios (Convenio 169 de la OIT, Ley 26.160 de suspensión de desalojos, Artículo 75 de la Constitución Nacional), pero (salvo excepciones) el Poder Judicial no aplica esas leyes.
“El asesinato de Cristian Ferreyra no va a quedar impune. Con toda la rabia y el dolor que sentimos sus compañeros reafirmamos una vez más que en la defensa de nuestros territorios llegaremos hasta la últimas consecuencias”, avisó el Mocase-VC. Diego Montón, del MNCI, advirtió: “El agronegocio se cobró otra vida campesina, esta vez la de un joven militante. No es posible la convivencia con el agronegocio, su lógica es de muerte y lucro, es un modelo donde no hay lugar para la vida”.
La violencia rural
-El 21 de julio de 2010, hombres armados ingresaron a tierras campesinas del paraje Agua Amarga (en el norte provincial) y golpearon a familias campesinas. La Policía dejó libre a los agresores y detuvo a las víctimas.
-En agosto de 2010, en el paraje santiagueño de Pozo del Castaño, guardias privados armados amenazaron a familias rurales y dispararon frente a la escuela de la comunidad. La policía no tomó la denuncia de las familias del Mocase.
-El 22 de octubre de 2010 la comunidad mapuche Enrique Sepúlveda sufrió el incendio de una vivienda y balearon a su lonko, Abelardo Sepúlveda. La comunidad habita desde inicios del siglo pasado en el paraje Buenos Aires Chico (Chubut). Cuatro días después, en la localidad Tecka, la policía hirió al mapuche Gustavo Pallalef. No se detuvo a los agresores.
-En noviembre de 2010, campesinos santiagueños cortaron la ruta 34 durante un mes. Exigieron una ley que frene los desalojos y pidieron detener la represión que padecen en el campo. También, que se ponga en marcha el acuerdo firmado con el gobierno provincial (luego de dos años de diálogo) y firmado el 15 de julio. El Gobernador se había comprometido a solucionar casos urgentes de conflictos por tierras. El Mocase denunció que nada se cumplió.
-En Pampa del Indio, Chaco, la comunidad qom Adriani-Berdún habita el mismo lugar desde hace cincuenta años, pero la acusan de “usurpadora”. El 30 de marzo de 2011 fueron desalojados, reprimidos, destruida parte de su humilde vivienda y encarcelados.
-El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) alertó que sólo en Neuquén hay al menos 250 mapuches imputados por defender el territorio. El Mocase contabilizó “al menos 500 procesados”.
-El referente del Mocase-VC Ricardo Cuellar fue detenido e incomunicado el 2 de agosto. Estuvo una semana en prisión. El delito fue negarse a dejar la tierra donde nació. El 10 de septiembre atacaron con bombas molotov la radio FM Paj Sachama del Mocase.
-El martes 8 de noviembre último dispararon contra el hijo y el nieto de Félix Diaz, referentes qom de Formosa.
-Dos niños guaraníes, de 3 y 7 años, fueron atacados a balazos cuando se refrescaban en un arroyo dentro del territorio de la comunidad Ysyry, localidad de Colonia Delicia, Misiones. Fue el viernes 4 de noviembre y se enmarca en una avanzada de empresarios forestales sobre la comunidad guaraní.
-Campesinos de la comunidad La Verde (departamento mendocino de San Martín) se enfrentaron el lunes pasado con empleados de la empresa coreana Nuevo Cosmos, que pretende instalarse en tierras comunitarias. Los campesinos, junto con la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), fueron atacados por el personal de la empresa.
Sólo algunos casos de una extensa lista de represiones a campesinos y pueblos originarios.
Repudios
Legisladores de distintos bloques y organizaciones sociales repudiaron el asesinato de Cristian Ferreyra y exigieron justicia. El Mocase-Vía Campesina anunció que hoy habrá una marcha desde el Obelisco hasta la Casa de Santiago del Estero en Buenos Aires (en Florida al 200).
En una conferencia de prensa en el Congreso participaron Claudio Lozano, Victoria Donda, Horacio Alcuaz, Alicia Sciliani, Verónica Benas, Liliana Parada y Eduardo Macaluse (del Frente Amplio Progresista); Cecilia Merchan (Libres del Sur); Jorge Cardelli (Proyecto Sur); Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires) y Julia Perié (única legisladora presente por el Frente para la Victoria). También estuvieron presentes Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo-Linea Fundadora), el diputado electo Víctor De Gennaro y el senador Luis Juez (ambos del FAP). Emitieron comunicados de repudio Martín Sabbatella y Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro)
“Instamos al Estado a hacerse presente garantizando los derechos humanos y terminando con los desalojos y desmontes de miles de hectáreas. Es inadmisible que los pobladores sean corridos del lugar que les pertenece y todo por la fiebre por las tierras para la soja”, denunció Donda, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
Sabbatella señaló que “es necesario que se identifique no sólo a los responsables materiales sino también a los representantes del poder económico y a los responsables políticos y judiciales que desconocen el derecho de las comunidades campesinas y que muchas veces son cómplices de los violentos desalojos”.
Claudio Lozano comparó la represión en Santiago del Estero con la sufrida por la comunidad qom de Formosa el 23 de noviembre del año pasado “porque tienen la misma matriz de gobiernos provinciales, aliados a un gobierno nacional, que privilegian el avance de un modelo de agricultura industrial que vulnera los derechos de campesinos e indígenas”.
El Frente Popular Darío Santillán, la Unión de Asambleas Ciudadanas, la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), la CTA (línea Pablo Micheli), el gremio de Trabajadores del Subte, el Movimiento Campesino Liberación (MCL) y Greenpeace fueron algunos de los espacios que repudiaron el asesinato.
Ningún funcionario del primera línea del Gobierno se refirió al tema.
Una aclaración sobre lo que tuvo que borrar Darío:
Aclaración que manda Darío Aranda:
La nota que hoy aparece en Página12 con mi firma no se corresponde con la
que escribí. Específicamente el primer párrafo (lo más importante de una
nota periodística). Un derecho básico de los periodistas es tener la
posibilidad de retirar la firma. No me han respetado ese derecho. Por este
oficio que abrazo y por las organizaciones sociales en lucha (y por los
asesinados por este modelo extractivo) es imprescindible esta aclaración.
Copio la cabeza original. Había sido acordada así con el editor. Todo lo
que está en negrita lo borraron sin avisarme: “Asesinado por el
agronegocio. Cristian vive, la lucha sigue”, resumía la extensa bandera al
frente de la marcha que ayer reclamó justicia por el asesinato del
campesino santiagueño Cristian Ferreyra, ocurrida por una disputa
territorial. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), donde
militaba Ferreyra, enumeró cuatro niveles de responsabilidad: el modelo
agropecuario, el gobernador Gerardo Zamora, el Poder Judicial provincial y
el Gobierno Nacional. Desde la puerta de la Casa de Santiago del Estero en
Buenos Aires el vocero del MNCI, Adolfo Farías, fue explícito: “Hacemos
público que vamos por el Gobernador, es el responsable de las represiones.
No habrá más asesinatos en el monte santiagueño”. También hubo marchas en
Santiago y Córdoba.
La cabeza publicada por el diario: “Asesinado por el agronegocio. Cristian
vive, la lucha sigue”, resumía la extensa bandera al frente de la marcha
que ayer reclamó justicia por el asesinato del campesino santiagueño
Cristian Ferreyra, ocurrida por una disputa territorial. La marcha partió
del Obelisco, se dirigió por avenida Corrientes y terminó en Florida 274.
Dos cuadras de personas y dos consignas que se repitieron: “¿Quiénes
somos? Campesinos. ¿Qué queremos? Tierra, trabajo y justicia” y “Alerta
que camina la lucha campesina por América latina”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-181602-2011-11-19.html
Cristina Kirchner anunciando la expansión sojera en el G 20
Cristian Ferreyra, de 23 años, fue baleado por dos hombres cuando intentó resistir un desalojo en el campo donde vivió toda su vida. Desde el Mocase denunciaron que los homicidas trabajan para un empresario agropecuario de la zona.
"“Esto es el Lejano Oeste, no se cumplen nuestros derechos, nos matan como animales”, denunció Marilena Santillán, compañera de militancia de Ferreyra e integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), con voz entrecortada, aún conmovida. También fue herido Darío Godoy, de 26 años. En los últimos dos años fueron asesinados en la Argentina cuatro campesinos e indígenas. La organización campesina denunció que la represión tiene directa relación con el avance del modelo de agronegocios, con la soja y la ganadería intensiva, sobre territorios comunitarios."
"“Mataron a Cristian porque era un joven fuerte, decidido a defender el territorio de sus padres y de su hijo. El hablaba, dialogaba, pero no negociaba el territorio. Por eso lo mataron”, lamentó Santillán y precisó que el ataque fue un día antes de una asamblea que iba a realizarse en casa de Ferreyra con el objetivo de definir un plan para frenar las topadoras."
"
El geógrafo y docente Marcelo Giraud analizó el avance agropecuario en Santiago. En 1996, en la provincia había sólo 95 mil hectáreas con soja. En 2008 había saltado a 629 mil hectáreas y dos años después, en 2010, al record de 1,1 millón de hectáreas. “En sólo dos años aumentó un 75 por ciento”, afirmó.
La ONG Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) publicó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”. Hasta octubre de 2010 había contabilizado 164 conflictos de tierras y ambientales, casi 8 millones de hectáreas.
En sólo dos años fueron asesinados cuatro militantes por la defensa del territorio. El 12 de octubre de 2009 ejecutaron en Tucumán al diaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo de 2010 falleció de un paro cardíaco frente a una topadora la campesina santiagueña Sandra “Ely” Juárez. El 23 de noviembre de 2010 fue asesinado en un corte de ruta el qom de Formosa Roberto López. El miércoles, la lista sumó a Cristian Ferreyra. En ningún caso están detenidos los autores materiales ni intelectuales de los crímenes."
Lamentáblemente los sojeros asumieron el discurso de Cristina:
En la tarde de ayer, miércoles 16 de noviembre, la comunidad de San Antonio comunicó, que en la casa de la Familia Ferreyra se apersonaron Javier y Arturo Juaréz, sicarios de empresario Ciccioli oriundo de Santa Fé, y dispararon a sangre fria contra dos campesinos, causando la muerte con una escopeta a Cristián Ferreyra de 25 años e hirieron de gravedad a otro compañero que se encuentra en observación en el hospital de la capital santiagueña y un tercero con golpes graves. Por MOCASE-VC. Audios del programa Al Oeste, de FM En Transito y La Colectiva Radio
Programa de radio que intenta buscar explicaciones en las cosas que no se dicen. Lo hacemos Andrés Carrasco y Jaime Farji, un científico (cuerdo) y un economista (pobre). Producción: Aluminé Cabrera. Domingos a las 17 por FM La Tribu 88.7
Gracias a la producción del programa que nos los comparte.
Sobre este programa:
No hubo invitado, fue un programa más bien de reflexión. Entre los temas que trataron estuvo el caso de la tragedia de tren del barrio de Flores, la semana pasada y el ataque a la FM Sajpachama de Santiago del Estero.
Familias rurales cortan la Ruta 34, en Santiago del Estero, desde hace un mes. Exigen una ley que frene los desalojos y piden detener la represión que padecen en el campo. También, que se ponga en marcha el acuerdo firmado con el gobierno provincial.
Por Darío Aranda
Topadoras que avanzan ilegalmente sobre ranchos campesinos, hombres y mujeres presos por defender su territorio, policías que reprimen a familias que se niegan a dejar los campos donde vivieron durante generaciones. Sólo tres de las acciones que se repiten en Santiago del Estero a medida que avanza la frontera agropecuaria. Luego de dos años de reuniones, el Movimiento Campesino provincial (Mocase) firmó un acuerdo con el gobernador, Gerardo Zamora, quien se comprometió a dar soluciones inmediatas. “Desde el gobierno provincial dejaron que todo siga igual. Mucha reunión, ninguna solución”, explicó Guido Corvalán, presidente del Mocase, sobre la Ruta Nacional 34, a sólo quince kilómetros de la capital santiagueña, donde ayer cumplió un mes de corte y aún no tienen respuesta del gobierno.
“Exigimos justicia, el inmediato desalojo de los empresarios usurpadores de nuestro territorio y denunciamos que, a pesar de que se firmó un acuerdo con el gobernador Zamora mediante el cual se garantizarían los derechos de los campesinos, una vez más nos encontramos frente a la ausencia de políticas que resuelvan la principal problemática del sector, la tierra”, denunció la organización campesina, que apuntó también contra lo que considera el otro actor que posibilita los desalojos: “Presentamos ante el Tribunal Superior de Justicia más de 250 casos graves donde se violan sistemáticamente los derechos de las familias rurales. No les importaron nuestras pruebas, los jueces siguieron del lado del que tiene dinero”.
Luego de dos años de reuniones con funcionarios de distintos niveles, el 15 de julio pasado, el gobernador Zamora firmó un acuerdo de doce puntos. Se comprometió a solucionar casos urgentes de conflictos por tierras, solicitar al bloque oficialista que sancione una ley de emergencia territorial que suspenda los desalojos e implementar políticas participativas de regulación dominial. También prometió investigar y sancionar los abusos policiales contra familias campesinas.
Seis días después, el 21 de julio, hombres armados al mando de un empresario ingresaron a tierras campesinas del paraje Agua Amarga (en el norte provincial) y golpearon a familias campesinas. En un hecho insólito, la policía santiagueña dejó libre a los agresores y detuvo a las víctimas. “Una vez más estamos viviendo hechos de injusticia, violencia y usurpación de nuestras tierras. Proliferan bandas armadas con total impunidad”, denunció el Mocase y ante “el cómplice accionar policial” llamó a ejercer el “legítimo derecho a la autodefensa”.
El Movimiento advirtió que detendría el avance empresario (en su mayoría sojeros y ganaderos), los desmontes y, sobre todo, no permitiría que las familias sean expulsadas de las tierras que trabajaron por generaciones.
En septiembre, en el departamento de Copo, empresarios inmobiliarios y policías ingresaron a territorios campesinos, rompieron alambrados, amenazaron y robaron herramientas. En agosto, en el paraje Pozo del Castaño, guardias privados armados amenazaron a familias rurales y dispararon frente a la escuela de la comunidad. La policía local no tomó la denuncia de las familias del Mocase ni encarceló al agresor, que luego se paseó por el pueblo ufanándose del hecho. La intimidación es muy similar a la registrada en el asesinato del cacique diaguita Javier Chocobar, el 12 de octubre de 2009 en Tucumán, que también fue filmada y donde tampoco hay condenados. La diferencia: en Santiago del Estero falló la puntería y se evitó la muerte.
La vuelta al diálogo fue el 14 de octubre, cuando el gobernador Zamora recibió en su despacho a referentes del Foro Nacional de Agricultura Familiar (Fonaf) –espacio estatal reconocido y legitimado por el gobierno nacional– y a dirigentes del Mocase. El gobernador reiteró su compromiso a cumplir los doce puntos del acta-acuerdo firmada en julio, prometió la entrega de títulos, políticas para mejorar la producción, herramientas e, incluso, invitó a discutir el Presupuesto 2011.
Pero el Mocase denunció que el gobierno provincial aún no cumplió ninguno de los doce puntos firmados y alertó que “jueces, policías y empresarios siguen atentando contra la vida campesina”.
Es bueno que sean los Ingenieros Agrónomos los que hablen...Me llama la atención ya que hasta ahora no decían nada y deben saber lo que está pasando. "El presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santiago del Estero, Juan Tula Peralta, denunció este jueves que en la provincia se producen más de cien nacimientos anuales de bebés con malformaciones relacionadas con el uso de agroquímicos.
Peralta explicó a la prensa local que esos datos surgieron de una investigación que efectuaron sus colegas durante más de un año en el interior provincial. "En Santiago se producen más de un centenar de nacimientos con malformaciones al año por el uso de agroquímicos", aseveró el experto.
Sin embargo, aclaró que no es el único problema que afecta particularmente a los recién nacidos cuyos progenitores viven en zonas rurales, sino que tienen registrados unos 300 casos de personas vinculadas a la actividad productiva que presentan problemas de salud por manipular o haber sido rociados con agroquímicos.
Las enfermedades que se presentan con mayor asiduidad, como daño colateral por el contacto con agroquímicos, son el cáncer de piel e inconvenientes en las vías digestiva y respiratorias. Si bien la exposición a los agroquímicos es altamente peligrosa, el consumo del "yuyo" tampoco es aconsejable para los niños , tal como reveló Críticadigital el pasado 5 de mayo, ya que el abuso de plaguicidas les puede provocar problemas hormonales y anemia.
La aplicación de glifosato, que es esencial para combatir las pestes en los cultivos de soja, se volvió común en la provincia debido al incesante incremento del área sembrada con esa oleaginosa. El herbicida es utilizado para la soja transgénica, que es el principal cultivo en la Argentina. "
"La denuncia en Santiago del Estero tiene otro aspecto preocupante: la incidencia de los tóxicos en los menores de edad dado que muchos de ellos colaboran con sus padres en las tareas rurales y a menudo se desempeñan como banderilleros, es decir, marcan con su presencia y banderas los lugares en los que las avionetas fumigadoras deben esparcir los herbicidas.
"Los chicos, no muestran de forma inmediata la sintomatología. Es un proceso que al cabo de unos años empieza a aparecer", señaló el ingeniero agrónomo y recordó que anualmente se desechan entre 600 y 700 toneladas de envases plásticos que contenían los pesticidas, los que al no tener un tratamiento como un residuo peligroso, llegan a convertirse en potenciales contaminantes de suelos y del agua."
"Asimismo, el ingeniero agrónomo recordó que anualmente se desechan entre 600 y 700 toneladas de envases plásticos que contenían los pesticidas, que al no tener un tratamiento como residuo peligroso, llegan a convertirse en potenciales contaminantes de suelos y del agua."
La agricultura campesina representa el 70 por ciento de las explotaciones agropecuarias de Argentina, produce el 53 por ciento de los alimentos que se consumen en el país y aporta la mitad del trabajo rural, según cifras oficiales. Las organizaciones campesinas también encabezan las estadísticas de desalojos, prisión y represiones, que en la última década se transformaron en hechos cotidianos. La avanzada represiva tuvo su punto máximo el último mes: 35 campesinos encarcelados y 95 pedidos de captura en sólo tres provincias, Santiago del Estero, Mendoza y Formosa. Denunciada como una “caza de brujas”, la judicialización de la lucha rural avanza sobre familias que rechazan el cultivo de soja, siembran para autoconsumo, crían animales y trabajan la tierra con sus propias manos, son la base de la pirámide rural. “Campesinos en lucha están sufriendo una persecución política, violenta e impune. Exigimos la inmediata liberación de compañeros, la investigación de funcionarios, jueces y policías que violaron derechos humanos, y exigimos la suspensión de los desalojos”, denunció el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que nuclea a 15.000 familias rurales de siete provincias.
En Mendoza no hay soja, pero el avance del monocultivo en otras regiones produjo el corrimiento de frontera ganadera y sus consecuentes desalojos. Históricas familias campesinas observaron cómo grandes hacendados avanzaban sobre sus tierras. José Quintero tiene siete hijos, vive en Jocolí, departamento de Lavalle, y es miembro de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST). Su padre criaba animales desde 1976, y él continuó el oficio. Desde hace más de veinte años ocupa y trabaja una finca en la que pastorean las cabras, chanchos y caballos. Aunque cuenta con posesión veinteañal, protegido por ley, la Liga de Rematadores ofertó la finca, con los campesinos dentro.
La UST, miembro del MNCI, denunció el hecho y logró que la Justicia dicte la “suspensión de todos los procedimientos del remate” e inicie una investigación de los hechos. También hizo lugar a la presentación de los derechos de posesión de José Quintero. La propiedad no pudo ser inscripta por los empresarios, pero éstos igual ingresaron topadoras y comenzaron a arrasar el monte. Quintero llegó hasta la comisaría de Jocolí, pero la policía no le recibió la denuncia. Como única opción, y junto con la UST, comenzó a frenar las topadoras. Entonces los efectivos sí actuaron: encarcelaron a Quintero y otros dos miembros de la organización. También ordenaron la captura de otros diez trabajadores rurales.
“Ante las denuncias de los campesinos, la Justicia y la policía jamás actúan. En cambio con sólo un llamado de los empresarios la policía acciona de inmediato”, denunció la UST de Mendoza y apuntó a la cuestión de fondo: “Hay una clara persecución y criminalización de la lucha por los derechos humanos campesinos y un intento de instalar el terror en la zona, para que los empresarios puedan apropiarse de fincas sin la resistencia de los poseedores legítimos y legales”.
En el departamento de San Rafael, al sur provincial, otros cuatro militantes campesinos de la UST enfrentan un juicio oral acusados de “usurpación” de la tierra donde viven desde hace tres generaciones. Y otros 30 campesinos están imputados por resistir a ser desalojados de sus fincas ancestrales. “Estamos amparados por leyes y artículos del Código Civil, pero algunos jueces, fiscales y policías parecen desconocer la legislación”, denunciaron los Sin Tierra de Mendoza.
En Formosa, el Movimiento Campesino provincial (Mocafor) forma parte del flamante Frente Nacional Campesino (FNC), nacido durante el conflicto de las entidades patronales y el Gobierno, apoyó la Resolución 125 y marchó al Congreso para su aprobación. El gobernador Gildo Insfrán es aliado del oficialismo, pero ni eso influyó al momento de la criminalización de la organización. En dos días sufrió la detención de tres militantes, que habían resistido el atropello de empresarios, y ordenaron la captura de otros cinco. El centro del conflicto es la Estancia La Florencia, de 90 mil hectáreas, en el oeste formoseño, que pretende echar a históricos habitantes. “Estábamos en un momento de tregua, sin movilizaciones, buscando el diálogo, y la Justicia, que obedece al gobernador, nos encarcela”, explicó Benigno López, referente del Mocafor. También remarcó que en todo el país “se está acentuando la violencia y agudizando la represión para que campesinos dejen sus tierras, algo que no dejaremos que suceda”.
Pioneros en la lucha contra el monocultivo de soja y la deforestación, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) nuclea a 9000 familias. Enfrentan a paramilitares y sojeros, cuentan con una escuela propia, radios comunitarias y emprendimientos productivos. Las veces que fueron desalojados, han vuelto a recuperar sus tierras. En el último mes sufrieron 29 detenciones, 50 pedidos de captura y tormentos propios de la dictadura militar, saqueo de viviendas por parte de efectivos policiales, simulacros de fusilamientos, disparos con balas de goma desde corta distancia, golpes y torturas.
“Como no han podido cooptar al Mocase-Vía Campesina, pretenden desarticularlo y quedarse con las tierras ancestrales. Es un accionar conjunto del poder político y judicial de Santiago del Estero para favorecer el avance de los agronegocios y los grandes terratenientes”, afirmaron desde la organización campesina.
En sólo un mes, la organización sufrió media docena de allanamientos en las localidades de Monte Quemado, Pinto, Quimilí, Tintina, Atamisqui y Termas de Río Hondo. La represión incluyó golpes de puño, patadas, insultos, robo en los ranchos campesinos; destruyeron viviendas, extrajeron herramientas y hasta les llevaron una camioneta. Todos los operativos fueron realizados de manera espectacular, con más de treinta efectivos con armas largas y rostros tapados. La policía recorría parajes y ranchos, allanaba sin orden judicial y apresaban sin razón alguna. “Una caza de brujas”, denunció el Mocase-VC, también miembro del Movimiento Campesino Indígena (MNCI).
Las acusaciones sobre los campesinos van desde “robo de un caballo” –según consta en la denuncia, y que provocó allanamientos masivos– hasta la supuesta “amenaza de muerte, tenencia de armas y hurto de productos forestales”. La mayoría de las causas están en manos de los jueces Alvaro Mansilla, Jorge Salomón, Ramón Tarchini Saavedra y Anselmo Juárez –ex abogado del jefe de inteligencia del juarismo, Musa Azar–. “Son las acusaciones que acostumbran los terratenientes de la zona contra quienes frenamos los desmontes y los alambrados, y hacemos respetar nuestros derechos. Según los jueces, cuando nosotros denunciamos inventamos la denuncia, y cuando denuncian contra nosotros sí son hechos delictivos”, explicaron desde el Mocase-VC, que exige el cumplimiento de la Ley de Bosques (que debiera frenar los desmontes) y la norma de “Emergencia Indígena, 26.160” (freno a desalojos). Ninguna de las leyes se cumple en tierra santiagueña.
El miércoles último, los campesinos santiagueños instalaron una carpa negra frente a los tribunales de Santiago capital. Exigen la liberación inmediata y la anulación de las “causas inventadas” que mantienen presos desde hace 40 días a Luis y Santos González, miembros del Mocase-VC procesados por resistir el desalojo de sus tierras ancestrales.
Con casi veinte años de lucha, el Mocase-VC sufrió represión, cárcel y asesinatos durante el juarismo, que gobernó Santiago del Estero durante cinco décadas. El hostigamiento nunca cesó, ni durante la intervención federal ni con el gobernador Gerardo Zamora, aliado del gobierno nacional, y que rechazó dialogar con PáginaI12. Conocida como la “capital nacional del desmonte”, Santiago del Estero encabeza la lista de destrucción de bosques nativos: 515.228 hectáreas entre 2002 y 2006, siempre de la mano del avance sojero.
El gobernador Zamora, sindicado por el Mocase-VC como máximo responsable de la criminalización campesina, asistió hace diez días al lanzamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, espacio que estaría al servicio de los campesinos, con promesas de subsidios y elogios al sector. En su provincia, en cuanto a problemática de tierras, el gobierno santiagueño sólo impulsó una “Mesa de Diálogo”, donde hay tan múltiples actores (incluso ONG que aceptan la soja y los agrotóxicos), y con tan poco poder de decisión, que no ha dado respuestas concretas a la problemática del sector. De esa Mesa también participa el Programa Social Agropecuario (PSA), instancia gubernamental que debiera asistir a familias rurales, pero que margina al Mocase-VC por su independencia del gobierno provincial.
El ministro de Justicia de Santiago del Estero, Ricardo Daives, tampoco aceptó hablar con este diario. Daives es acusado de impulsar la represión, en complicidad con el senador nacional Emilio Rached, ex vicegobernador y ex intendente de la localidad de Pinto, impulsor de la soja en la zona. Rached, legislador clave en el rechazo de la Resolución 125, aspira a la gobernación de Santiago del Estero y tiene entre sus principales detractores al Mocase-VC, única organización que lo enfrentó y que Rached no pudo vencer.
Teodoro Fernández es de Pirané, un pueblo de unos 40 mil habitantes, 100 kilómetros al oeste de la capital de Formosa. En 2003, el pueblo empezó a notar que algo sucedía con los cultivos de soja que se expandían alrededor. Entonces, contactaron a un equipo de técnicos para seguir los efectos. Observaron problemas en la salud de los animales, irritaciones en la piel de los hombres, granos, infecciones y diarreas. La preocupación todavía no pasó. Teodoro Fernández cree que la soja ahora es responsable de los casos de cáncer que empiezan a aparecer en el pueblo y de los nacimientos de niños con problemas.
“Hace tres meses –dice–, un bebé nació con un solo pulmoncito; yo mismo tuve una infección que no era una infección natural, que a uno se le pasa con un medicamento, y ahora hay 23 familias que denuncian la contaminación, porque los primeros tiempos eran los animales los que tenían los problemas, pero ahora son las personas mismas.”
En los últimos días, Fernández pasó por Buenos Aires. Con él llegaron otros nueve integrantes de la Asamblea Campesina del Norte argentino, una organización que nació en 2006, al calor de los desalojos de las tierras de trabajadores rurales e indígenas de Salta, Formosa, Chaco, Corrientes, Santiago del Estero y Santa Fe, en un espacio apoyado por el Instituto de Cultura Popular (Incupo). Políticamente, se mantuvieron por fuera del conflicto rural de los últimos meses. No están representados por “el campo”, dicen, porque el problema de ellos no es la exportación sino la producción para la supervivencia. Al Gobierno le exigen políticas de Estado para defender cinco temas esenciales: tierra, contaminación, agua, producción y comercialización, que es que lo que están perdiendo. En el paso raudo por Buenos Aires, tuvieron una audiencia con el flamante titular de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Guillermo Daniel Martini, a quien le presentaron sus demandas. En diálogo con Páginai12, contaron parte de esos reclamos. Entre ellos hay argumentos para las más terribles crónicas de un desastre anunciado. Hay ríos de aguas estancadas repletos de pirañas que se comen las ubres de las vacas; terneros desesperados que salen a buscar leche en las tetas de las madres muertas; pueblos que cierran las puertas abandonados por la gente o colonias de nativos que, del día a la noche, aparecen cercadas por nuevos propietarios.
“Somos organizaciones que llevamos años luchando y elaborando propuestas para defender los derechos de las familias campesinas y aborígenes a poder seguir viviendo con dignidad en y del campo”, explicó la Asamblea en la introducción del documento que entregaron al Gobierno. En un solo párrafo explican cuáles son los puntos de contacto entre los problemas de cada una de las provincias, y esos puntos de contacto tienen que ver con el imperio de la soja o, mejor, la expansión en los últimos diez años de la agroindustria en lugares donde antes había personas.
“Entre 1998 y 2002 –explican– desaparecieron 160.000 explotaciones agropecuarias, en su mayoría menores de 200 hectáreas, es decir, de pequeños productores.” En esa línea, 82 por ciento de esos productores ocupan sólo 13 por ciento de la tierra. El monocultivo de exportación desplazó a la lechería, maíz, trigo, lenteja, montes frutales, mandioca, batata, papas y se pierden las semillas criollas. Eso generó las primeras migraciones y desplazamientos de los pueblos campesinos y originarios: en los últimos 10 años, 120 parajes de la región –según sus datos– no crecieron y 40 por ciento del total de los pueblos con 300 mil habitantes está a punto de desaparecer.
Silvia Herrera es trabajadora social y directora del Instituto de Cultura Popular (Incupo), en cuyos orígenes se encuentran las organizaciones de base cristianas, y ahora es una de las columnas de la Asamblea. “En la región hay cinco ejes de problemas: la tierra, el agua, la contaminación y la producción y comercialización de las cosas”. Pero el tema de la tierra es el más importante.
El primer caso es el de aquellos que viven en sus tierras desde siempre, pero que ahora se encuentran con gente de afuera que llega con un título de propiedad. Ahí comienzan los desalojos. Eso es muy común en este momento en Santiago del Estero y Formosa porque las tierras fueron vendidas en bloque a una forestal y los poseedores de esos títulos nunca los usaron hasta el boom de la soja. Un segundo caso son las familias en tierras fiscales con adjudicaciones sin terminar. Hay situaciones así en Chaco, con tierras que a su vez fueron mal adjudicadas a empresas y sobre las que ahora existen presiones para que se vuelvan a entregar a las familias campesinas indígenas. Por último, dice Herrera, están los sin tierra, una situación muy común en Santa Fe y en Corrientes en las zonas de estancias, donde los campesinos quedaron en banquinas o en lotecitos de una o dos hectáreas.
En ese mapa general, en cada provincia se han generado problemas específicos. Formosa tiene uno de los casos más paradigmáticos, conocido como el Bañado de la Estrella. Hasta hace un tiempo, era uno de los lugares turísticos más importantes, pero ahora es una especie de trampa. El gobierno provincial construyó allí una obra de infraestructura vial que dividió el bañado en dos partes. Al comienzo, las comunidades campesinas de la zona creían que el terraplén iba a servir para estimular el turismo, pero provocó efectos como el loteo de las tierras y el cambio inesperado en la dinámica del agua. Entonces, dice Herrera, “zonas que antes no se inundaban, ahora sí, y zonas que antes no, ahora están secas”. Como las condiciones ambientales cambiaron, se empezaron a reproducir, además, animales que no son de ahí. Un ejemplo son las pirañas. Como el agua del bañado no corre, las pirañas quedan allí y se reproducen atacando a las vacas que bajan a bañarse. Según los lugareños, eso causó la pérdida de 40 mil cabezas de ganado porque las vacas perdieron sus ubres mordidas por las pirañas y la carne perdió su valor.
Teodoro Suárez era la primera vez que viajaba a Buenos Aires. Vive en el paraje 29 de la cuña boscosa del norte de Santa Fe, donde los poblados más chicos, dice, se están quedando sin gente. En su campo tiene ganado mayor y menor como vacas, chivas, ovejas y chanchos, pero no tiene agricultura porque es una zona seca para hacerlo.
“Nosotros nos vamos quedando sin los campos –dice– y sin la familia, porque los hijos se nos van. No queremos ser asistidos por planes sociales porque nosotros producimos, pero los pueblitos más chicos están desapareciendo, y eso nos duele porque no hay una política de trabajo, una política de desarrollo para el pequeño productor. ¿Por qué a mí me está faltando el agua y al otro que es un gran empresario le está sobrando el agua? ¿Cuántas máquinas para riego tienen y a nosotros nos están llevando el agua con los bidoncitos así? Se nos están muriendo los animales, no tenemos qué darles de comer, los campos que antes usábamos, que eran campos que no se conocían y que eran campos del Estado, ahora aparecen con dueño.”
En 2006 cinco organizaciones de la zona empezaron a juntarse a partir de los reclamos por los desalojos de las tierras, los mismos que dieron vida a muchos de los movimientos de campesinos e indígenas del país. La Asamblea nació con cuatro o cinco miembros, y ahora cuenta con unas cincuenta organizaciones distribuidas en las provincias de la región. Tienen una política menos combativa los movimientos nucleados en torno al Mocase vía campesina de Santiago. Y en ese sentido parece jugar un rol importante el Incupo. Muchos de los dirigentes que llegaron a Buenos Aires vienen de decenas de años de lucha, aunque se hayan reorganizado recién ahora. Conocieron las Ligas Agrarias o los movimientos de campesinos que nacieron para defender la tierra en todos estos años.
Eduardo Ibañes es, por ejemplo, de un pueblo santiagueño del departamento de Alberdi. Para llegar a su casa debe andar 150 kilómetros adentro de un camino de arenales. Para vivir cría chanchos, ovejas, chivos, vacas y hace algo de agricultura de subsistencia, o bueno, hacía, porque desde hace cuatro años la sequía se lo impide. El eje del problema en su provincia siempre fueron los desalojos. La semana pasada, a una familia le quemaron el cerco y mil postes y muchas veces él es el que sale.
Alfredo Riera, en cambio, vive en el corazón del Chaco salteño; su tierra quedó atrapada como un lunar de monte en un mar donde sólo avanza la soja. Riera tiene juicios por usurpación en su contra porque varias veces quisieron desalojarlo. Es ganadero y ahora está al frente de los reclamos para evitar los desmontes.
Oscar Gamarra es chaqueño, pertenece al grupo de familias que ocupó y recuperó unas 750 ha del ingenio de Las Palmas. Se dedica a la cría de vacas, aunque ahora está iniciándose con las chivas. Es miembro de la Unión de Pequeños Productores chaqueños, una de las muchas organizaciones que hay en una de las provincias con más tradición de defensa de la tierra.
Carlos Curima es tabacalero de Corrientes. “En mi provincia pasa lo mismo, no tanto con los desmontes pero sí con la desregularización y la venta de las tierras”, dice. “Es la más grave que hay, el plato favorito: en este momento hay un reservorio de agua dulce como los esteros del Iberá a donde tiene intereses gente extranjera. Hay gente que compra grandes extensiones y eso genera además otro problema que es que muchas pequeños productores quedaron dentro, con sus pequeñas porciones de tierra. Ahora están adentro cercados, por el campo de esa gente extranjera, y les hacen la vida imposible para que se vayan.”
Ante el gobierno nacional, la asamblea reclamó espacios para poder sentarse a discutir las políticas de desarrollo de los pequeños productores. Pero ése no fue el único encuentro. El año pasado una comisión similar viajó a Buenos Aires para reunirse con legisladores, con los que diseñaron una mesa de trabajo; el conflicto rural detuvo ese proyecto, pero ahora la agenda de urgencias declaradas intenta hacerla avanzar.
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