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miércoles, 18 de mayo de 2011
jueves, 9 de septiembre de 2010
La SGAE pide el cierre de Exgae por insultos y violación de marca
Fuente "El País" de España.
La SGAE pide el cierre de Exgae por insultos y violación de marca
La sociedad exige la retirada de "las referencias denigratorias", depositadas ante notario y consideradas "competencia desleal" - El colectivo niega las acusaciones
La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) exige el cierre del sitio Exgae y de su actividad por violación de marca, insultos y competencia desleal. Exgae niega las acusaciones: "Somos ciudadanos, la mayoría artistas, que ponemos en común nuestro conocimiento para mejorar la creatividad", asegura Simona Levi, portavoz ocasional del colectivo.El 2 de agosto la asociación cultural Conservas recibió por burofax la petición del bufete de abogados de la SGAE, Lehman & Cabaleiro, fechada el 20 de julio: "Les requiero para que cesen de inmediato en los actos de infracción de la marca SGAE y en la comisión de actos de competencia desleal" a la Sociedad de Autores.
Desde Exgae contestaron: "Estamos de vacaciones nosotros y nuestros abogados. Nos pondremos con el tema en septiembre", coincidiendo con la reapertura de los tribunales de lo mercantil.
Conservas, creada en 1993, usa el arte para proyectos de transformación social y forma parte de Exgae, colectivo que agrupa a más de 8.000 personas y que se autodefine como "asesoría especializada en librar a los ciudadanos de los abusos de las entidades de gestión y de la industria cultural".
La misiva daba "siete días naturales" a Conservas para cumplir sus exigencias antes de recurrir a la vía judicial: el cese "en la utilización de signos que incluyan las denominaciones SGAE o Exgae por sí solas o acompañadas de otros elementos denominativos o gráficos, incluyendo el nombre Exgae.net".
La 's' fricativa
La sociedad considera que desde el punto de vista fonético, "anteponer a la consonante fricativa alveolar sorda /s/ la oclusiva velar sorda (/k/) evidencia la inequívoca voluntad de traer a la mente del público" su imagen. Y, desde el punto de vista semántico, la variación antepone el prefijo "ex" a su marca para presentarse como "su evolución". Además, pide que "retiren del mercado [...] las ofertas de servicio de asesoramiento jurídico, asesoramiento artístico y los diseños gráficos para impresión de cartelería que contengan dichas denominaciones".
Exgae.net recibe 10.000 visitas mensuales y ha informado a "1.400 personas" sobre el uso de licencias libres, las relaciones con las entidades de gestión y otros aspectos relacionados con los derechos de autor y la sociedad digital. El colectivo, sin embargo, niega que Conservas y Exgae "presten servicio alguno, por lo que malamente podremos contravenir la normativa" de marcas.
La SGAE también solicita la retirada de las "constantes e inaceptables referencias a sus siglas (siendo el leitmotiv del sitio web) contrarias a la ley de competencia desleal", encontradas en Exgae.net y depositadas ante el colegio de notarios de Madrid.
Exgae no sólo niega los insultos. No entiende por qué consideran difamatorias sus críticas. "No denigramos a nadie. Opinamos firmemente sobre los cambios en la era digital y sobre sus actores, entre ellos las entidades de gestión. El 30% de nosotros somos miembros de alguna de ellas, incluida la SGAE. Somos muy críticos con la forma en que nos representan y consideramos que frenan las opciones que la era digital ofrece a sus asociados; en lugar de demandar a todo el mundo, deberían iniciar un proceso de diálogo entre la antigua y la nueva forma de gestionar los derechos de autor". Las partes se verán en los tribunales porque SGAE "seguirá adelante con la vía judicial para preservar y salvaguardar su marca"
Hoy intento entrar en el site de Exgae y me da error....
martes, 5 de enero de 2010
Algo de "terror" en el Diario El País de España
Es una nota del diario El País de España:
El Gobierno ya tiene perfilado el procedimiento para bloquear páginas web que alojen o faciliten sin permiso la descarga de archivos sujetos a derechos de autor como películas, canciones o videojuegos. El modelo permitirá el bloqueo de las páginas o la retirada de contenidos ilícitos por un procedimiento rápido -menos de un mes- a propuesta de la Comisión de la Propiedad Intelectual, pero con autorización judicial previa.
Habrá que ver qué pasa el 8 de enero cuando se reúna el Consejo de Ministros español.
De todas maneras si leen los comentarios que dejaron en la nota del diario se darán alguna idea sobre la posible repercusión que tendrá todo ésto en las futuras elecciones españolas.
Las 'webs' de descargas se podrán cerrar en un mes con orden judicial
La futura Comisión de Propiedad Intelectual actuará como órgano denunciante
El Gobierno ya tiene perfilado el procedimiento para bloquear páginas web que alojen o faciliten sin permiso la descarga de archivos sujetos a derechos de autor como películas, canciones o videojuegos. El modelo permitirá el bloqueo de las páginas o la retirada de contenidos ilícitos por un procedimiento rápido -menos de un mes- a propuesta de la Comisión de la Propiedad Intelectual, pero con autorización judicial previa.
Este modelo de la autorización judicial para adoptar una medida cautelar es el que emplean los ayuntamientos para la paralización de una obra o el que permite la retirada de anuncios y campañas publicitarias ilícitas, bien por tratarse de publicidad falsa o porque difunden mensajes que dañan la reputación de una persona o una entidad. En ambos casos, la petición proviene de un organismo administrativo o un particular: Instituto Nacional de Consumo, ayuntamientos, asociaciones de consumidores o titulares de un derecho o de un interés legítimo, entre otros.
Para pedir la cesación de la actividad es preciso una autorización judicial previa, aunque el juez no entra en el fondo del asunto, sino que sólo decide si el organismo solicitantes es pertinente para pedir la suspensión, y con ésta no se vulnera algún derecho fundamental. Esta intervención cautelar otorga una mayor rapidez al proceso, añadiendo efectividad a la medida que, de seguir el cauce judicial ordinario resultaría ineficaz, al haberse producido el daño ya, puesto que la sentencia llegaría posteriormente.
En el caso de las descargas de Internet, el organismo administrativo será la controvertida Comisión de Propiedad Intelectual. Ésta tendrá la potestad de pedir autorización judicial para que la página web que vulnere los derechos de propiedad intelectual retire los contenidos ilícitos o, en su caso, sea bloqueada. El juez deberá decidir si la solicitud está fundamentada, si la Comisión es competente para pedir el bloqueo de esa página y si al hacerlo no se vulnera ningún derecho fundamental. No obstante, el fondo del asunto es decir, la controversia derivada de si la página web vulnera o no la ley -en este caso la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y la Ley de Propiedad Intelectual (LPI)- pueden ser dirimidas a posteriori por los cauces ordinarios. Es decir, se trata de un procedimiento mixto que permitiría a la Comisión pedir medidas cautelares rápidas con una autorización judicial previa, aunque tanto la Comisión como los responsables de la web denunciada deben dirimir la querella sobre el fondo del asunto en la jurisdicción ordinaria. El trámite entre la solicitud del cierre de la web y la concesión o denegación del mismo será "brevísimo", menos de un mes, y, en "casos especiales, incluso en una semana", según fuentes del Ejecutivo.
El Gobierno intenta dar así una solución salomónica que contente a la industria cultural -representada por la llamada Coalición de Creadores-, ofreciéndole tal y como reclamaba un procedimiento rápido para impedir las descargas no autorizadas, y de paso calmar a gran parte de la comunidad internauta, introduciendo la autorización judicial previa, cuya demanda provocó una revuelta digital que obligó al Gobierno, con su presidente José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, a salir a la palestra para asegurar que "no se cerrará ninguna web" sin que lo decidiera un juez.
Antes de que un juez adopte cualquier medida cautelar, será preciso otorgar una serie de garantías a los dueños de las páginas web, como concederles un plazo para que supriman los elementos ilícitos de las páginas afectadas, cuya duración podría rondar los tres días, como sucede en el caso de la publicidad engañosa.
Para la puesta en marcha de este procedimiento, el Gobierno quiere evitar a toda costa modificar ninguna ley y pretende introducir este mecanismo en un reglamento que desarrolle la disposición final de la Ley de Economía Sostenible. Fue en esa disposición en la que el Ejecutivo modificó la LSSI equiparando la "salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual" a los otros cuatro motivos que hasta ahora permitían restringir y, en su caso, interrumpir la prestación del servicio, como son la investigación penal y la seguridad nacional; la salud pública; la dignidad de la persona y la protección de la infancia. La disposición también modificaba la Ley de Propiedad Intelectual creando la Comisión de Propiedad Intelectual, una comisión de ámbito nacional integrada por expertos independientes encargada de la salvaguarda de los derechos de autor en Internet.
El reglamento debe precisamente dilucidar la composición y el funcionamiento de esta comisión. Se quiere que la misma esté integrada por expertos independientes, entre los que figuren magistrados, abogados expertos en propiedad intelectual y representantes del mundo de la cultura e Internet.
Fuente diario El País de España.
Habrá que ver qué pasa el 8 de enero cuando se reúna el Consejo de Ministros español.
De todas maneras si leen los comentarios que dejaron en la nota del diario se darán alguna idea sobre la posible repercusión que tendrá todo ésto en las futuras elecciones españolas.
sábado, 26 de diciembre de 2009
Por un libro universal-Javier Calvo para El País de España
Fuente diario El País de España.
Asistimos estos días a la enésima versión de un enfrentamiento clásico: por un lado, la orientación democrática de la mayoría de innovaciones en el terreno de la comunicación digital. Por otro, el inevitable movimiento de actores empresariales y políticos para restringir el alcance de las nuevas tecnologías y ponerlas a rendir beneficios. Este antagonismo, que se ha instalado en el centro del debate de la cultura al convertirse Internet en uno de los principales medios de transmisión cultural, ya ha zarandeado violentamente el cine y la música y ahora alcanza al libro.
Los textos en soporte digital plantean a editores y libreros el problema de cómo impedir que, al igual que ocurre ya con la música y el cine, el público los consiga gratis. Lectores y autores pueden salir beneficiados
JAVIER CALVO 24/12/2009Asistimos estos días a la enésima versión de un enfrentamiento clásico: por un lado, la orientación democrática de la mayoría de innovaciones en el terreno de la comunicación digital. Por otro, el inevitable movimiento de actores empresariales y políticos para restringir el alcance de las nuevas tecnologías y ponerlas a rendir beneficios. Este antagonismo, que se ha instalado en el centro del debate de la cultura al convertirse Internet en uno de los principales medios de transmisión cultural, ya ha zarandeado violentamente el cine y la música y ahora alcanza al libro.
El presente artículo defiende que el actual sistema de implantación del libro electrónico no es solamente una transición del papel al soporte digital, sino básicamente una extensión del modelo tradicional de edición. Una extensión insostenible y en última instancia perjudicial para el autor y el lector. La meta para la nueva década, en mi opinión, debe ser la distribución gratuita del libro por Internet. Y por una vez, lo ideal es también lo que tiene más números de ir a suceder.
¿Cuál es el modelo actual de implantación del libro electrónico? En Estados Unidos, el primer país donde se han comercializado de forma masiva los libros electrónicos, las grandes editoriales dan la opción de comprar sus novedades y parte de su catálogo en formato digital a través de tiendas online (principalmente, Amazon y Barnes & Noble). Existen dos aparatos lectores (el Kindle de Amazon y el Reader de Sony) que se están vendiendo bien. Aunque todo el mundo se guarda bastante sus cifras, Amazon anunció que en 2009, de todos sus libros que se comercializaban simultáneamente en papel y en formato electrónico, el libro electrónico ya alcanzaba el 10% de las ventas y este porcentaje estaba subiendo muy deprisa. Para quienes ya usamos lectores de e-books, es evidente por qué. El libro electrónico es mucho más barato, gratuito en el caso de las obras libres de derechos (que abarcan todo el canon literario previo al siglo XX); permite la adquisición inmediata, elimina problemas de espacio y, pese a que alguno vaya a levantar la ceja, es más cómodo y manejable que un libro.
Ahora bien: como es obvio, todo este montaje, del que se benefician principalmente tiendas online y editoriales, depende de que la gente no pueda conseguir el libro gratis. El mismo dilema que afrontan la música y el cine. Para evitar que el usuario obtenga el libro sin pagar existe la llamada Gestión de Derechos Digitales (DRM, por las siglas inglesas) destinada a restringir la circulación de la obra en formato digital y a evitar que ésta pueda ser copiada, impresa o compartida. El mecanismo de DRM que se usa en la actualidad para el libro electrónico es el algoritmo anticopia, que permite que un libro comprado solamente pueda ser usado por un número restringido de usuarios (de uno a cinco, dependiendo del título).
Este mecanismo ya está desfasado, y han aparecido varios métodos para eludirlo, desde localizar el algoritmo de protección y anularlo hasta otros más pedestres como pasar el e-book por un escáner fotográfico y generar una copia digital-físico-digital. El próximo sistema de DRM que se investiga es la llamada huella digital, que consiste en insertar en los contenidos del libro un conjunto de bits (marca de agua digital) que contienen información del comprador, lo cual permite detectar al responsable de la copia ilegal. No hay duda de que el nuevo sistema se mostrará eficaz durante unos meses, pero en la práctica todos los sistemas de DRM que se han usado ampliamente han sido derrotados cuando se los ha desplegado a bastantes consumidores.
No hay duda de que esa insostenibilidad "estructural" del modelo editorial tradicional aplicado al e-book es una mala noticia para editoriales y grandes librerías, que ya deben de estar temblando al pensar en el dinero que perderán cuando la gente se descargue gratis el nuevo Dan Brown. Su gran preocupación no son los "derechos de autor", obviamente: la gratuidad favorece el consumo y eso interesa al autor. Son los beneficios de sus accionistas lo que peligra. Los empresarios tienen tanto miedo a que la gente acceda a los libros gratis que están generando situaciones grotescas: varios grupos editoriales americanos, por ejemplo, ya han declarado una guerra contra las bibliotecas públicas para que éstas limiten al máximo el préstamo de e-books, presionando, por ejemplo, para impedir las lecturas simultáneas. Una idiotez diametralmente opuesta a la idea de biblioteca pública.
A quien realmente beneficia la insostenibilidad del modelo editorial es a los lectores y a los autores: la extensión natural de la piratería tiene que favorecer un modelo alternativo al que ofrecen las editoriales actuales. Sin las cortapisas que imponen el DRM y su legislación asociada, autor y lector tienen la oportunidad de adentrarse en una nueva era delimitada por los horizontes ideales de la distribución universal y el acceso universal. (Algo que, como he mencionado, ya es una posibilidad efectiva en el caso de los "clásicos" libres de derechos). La auto-edición digital, ya sea comercial o gratuita, es una de las opciones más atractivas.
En su página web, el escritor José Antonio Millán calculaba recientemente que un autor que editara y comercializara él mismo sus libros electrónicos desde su sitio web obtendría algo más del 75% de lo que pagara el comprador, tras asumir los costes del alojamiento, el ancho de banda y la pasarela de pago y pagar al proveedor de formatos. (La autoedición, claro, implica renunciar al célebre anticipo). Por el contrario, una obra electrónica de las que se comercializan hoy bajo formato protegido reparte un 10% de beneficios para el editor, 10% para el agente, 10% para el proveedor del formato y 40% para la tienda online.
Por supuesto, construir un sitio web que permita descargar e-books no es sencillo: hacen falta una pasarela de pago seguro y una recomposición completa del dominio en https que asocien pasarela de pago y descargas, además del coste del alojamiento y del ancho de banda. En caso de considerarse la autoedición comercial, esto obligaría a los autores a asociarse para constituir pequeñas tiendas online. Dichas tiendas, en última instancia, estarían expuestas al mismo riesgo de copia por parte del usuario que las grandes librerías, lo cual, si se buscara la sostenibilidad económica, obligaría a ofrecer la descarga gratuita y obtener ingresos por otras vías: desde la publicidad en el sitio web o dentro del contenido del libro hasta el evento en directo.
Siguiendo el modelo del músico, el evento en directo (lectura o performance, a menudo en el marco de un festival) se presenta como alternativa viable al descenso de ingresos por ventas. Aun así, este nuevo modelo no se libra de otros dos problemas tradicionales de la auto-edición, que a los editores tradicionales les encanta señalar como infranqueables: la promoción y el marketing. El horizonte que propongo pasaría por combinar conceptos como la gira promocional, el uso de agencias de relaciones públicas especializadas y las distintas técnicas de marketing viral, obligando al escritor que quiera darse a conocer a asumir varias funciones del empresario.
Ya hay muchas organizaciones, algunas tan grandes como Electronic Fronter Foundation o Free Software Foundation, que combaten el DRM y abogan por el nuevo modelo de comunicación cultural libre. Pero tenemos que ser los creadores quienes empecemos a mover ficha. No vamos a cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero no hay duda de que un panorama donde los lectores tengan acceso libre y gratuito a los libros es el modelo deseable, y vale la pena trabajar en esa dirección. La tecnología lo permite, en el marco de una serie de prácticas que devuelven cierto control al artista y que ya están teniendo precedentes apasionantes en experiencias de autogestión en el mundo audiovisual.
Javier Calvo es escritor. Su última novela publicada es Mundo maravilloso (Mondadori).
jueves, 23 de julio de 2009
La encuesta en El País de España..Y nuestra humilde encuesta
Imagen del resultado parcial al 22 de julio de la encuesta sobre prohibición de transgénicos realizado por el diario El País de España
Parece que después de ésto será difícil que hagan alguna consulta popular sobre el tema...
- Para realizar una iniciativa popular contra los transgénicos en la Argentina.
- Al final de esta entrada nuestra humilde encuesta...Algo perdida anda.
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