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Se trató en una audiencia pública en Diputados. Proyecto Sur propuso prohibir las fumigaciones aéreas y restringir las terrestres a mil metros de las zonas pobladas. La Cámara agroaérea, preocupada por el impacto en el trabajo.
Cuatrocientos por ciento más de malformaciones congénitas y 300% de patologías oncológicas infantiles. Esto no es paranoia. No es persecución. Son datos epidemiológicos oficiales. Para tratar este problema no tenemos cien años de democracia. No tenemos tiempo”, advirtió el doctor Andrés Carrasco, director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires e investigador principal del CONICET, en la audiencia pública La aplicación de plaguicidas y sus consecuencias en la salud, realizada en el Congreso de la Nación, por iniciativa de la legisladora Cecilia Merchán.
Carrasco fue el primero de una lista de 33 oradores especializados en el tema, que ayer debatieron frente a los diputados Fernando Pino Solanas, Miguel Bonasso, Victoria Donda, Lisandro Viale, Fabio Basteiro y Eduardo Macaluse. El encuentro es la antesala al tratamiento en comisión de un proyecto de ley del interbloque Proyecto Sur que prohíbe las fumigaciones aéreas y restringe las terrestres a mil metros de distancia de las zonas urbanas y periurbanas.
Los datos citados por Carrasco corresponden a uno de los pocos estudios oficiales, realizado en la provincia de Chaco por pedido del Ejecutivo, y que revelaron un crecimiento exponencial de enfermedades agudas y severas en la provincia, entre los períodos 1990-1999 y 2000-2009. El mismo Carrasco tiene un artículo publicado en los Estados Unidos, donde se demuestra que el glifosato tiene acción sobre el ácido retinoico, provocando malformaciones en embriones de vertebrados.
También el doctor Medardo Ávila, coordinador del primer encuentro de médicos de pueblos fumigados, citó un estudio de la Universidad Nacional de Río Cuarto y CONICET, donde se demostró que las poblaciones expuestas a pulverizaciones con glifosato y otros herbicidas, como 24D y Atrazina, mostraban lesiones genéticas cinco veces mayores que las de otras localidades de referencia. “Esto es una guerra química”, alertó.
Entre las voces opositoras al proyecto, estuvo presente Orlando Martínez de la Federación Argentina Cámaras Agroaéreas. “Es un acto de discriminación. Esta propuesta no tiene sustento técnico y va a dejar sin trabajo a 50 mil trabajadores que viven de la aeroaplicación. Prohíban los productos pero dejen en paz a la actividad. Y si no, prohíban las terrestres también porque usamos las mismas sustancias”, explicó.
Por su parte, la socióloga rural Norma Giarraca situó el aumento de las aplicaciones de glifosato, que pasaron de 12 millones de litros por año en 1996 a 200 millones en la actualidad.
No fue la única en asociar el problema sanitario con el perfil productivo. También Pino Solanas advirtió: “Tenemos que pensar políticas de Estado para salir de esto. El modelo sojero cambió la estructura agraria. Hoy la contaminación también es social y cultural.”
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