Fuente "La Vaca"El martes la organización ecologista Greenpeace bloqueó el camino privado que conduce a la mina Veladero y al proyecto Pascua Lama de la empresa canadiense Barrick Gold.
El objetivo de la acción fue denunciar la presión que ejerce el sector minero sobre la justicia provincial al dar lugar a un amparo que frena la aplicación de la ley de glaciares en todo el país. La salida de los ambientalistas del camino, luego de la detención de los cincuenta manifestantes, también fue otra muestra de obediencia judicial.
El abogado de la oenegé Claudio Pandolfi define la actuación de la jueza Silvia Rodríguez y de los empleados de su juzgado como macondiana, haciendo referencia al realismo mágico plasmado en el libro del escritor García Márquez ‘Cien años de soledad’. “La magistrada ordenó la detención de las 50 personas que sostenían el bloqueo del camino a la Barrick y desapareció. Fuimos al juzgado y tanto la policía como sus empleados no pudieron localizarla. Además, a la 1 del mediodía los trabajadores se fueron y nos dejaron parados en medio de la sala del juzgado. Nos dijeron que al día siguiente volverían a ver el caso y chau. Nunca me había pasado una cosa así”.
Pandolfi también se pregunta “¿por qué la justicia intervino dictando una orden de desalojo de un corte sobre un camino privado con el argumento de violar el código 194 que corresponde a la misma acción sobre una vía provincial o nacional, si la empresa, es decir, los dueños dijeron que no había denunciado a los manifestantes?”
La pregunta del abogado no obtuvo respuesta y quedo flotando en el aire.
En cambio, la policía sin dudar ni hacerse preguntas acató la orden judicial. Alrededor de las 9.30 de mañana del miércoles detuvo a María Eugenia Testa, directora de Greenpeace. Más tarde a otros tres manifestantes: Flor de Cabo, también integrante de la oenegé, y los asambleístas locales, Ramón Gómez y Walter Gambetta. Todos fueron alojados en los dos únicos calabozos de la comisaría 22 de Rodeo, localidad vecina a Tudcum, lugar donde nace el camino que conduce a los emprendimientos de la trasnacional.
Claudio Pandolfi, abogado de Greenpeace
El corte se mantuvo hasta las 21 horas cuando la organización decidió levantar la medida y los cincuenta manifestantes fueron llevados a la misma dependencia policial de Rodeo. Pandolfi contó que entonces “se planteó un problema de dimensiones porque dos calabozos no podían albergar a esa cantidad de gente y ni siquiera había espacio para realizar los tramites de las detenciones”.
Apenas pasada la medianoche todos los manifestantes fueron liberados sin que la jueza Silvia Rodríguez se corporizase. En ese sentido, el gobernador sanjuanino José Luis Rioja al ser consultado sobre estos episodios por el diario Clarín declaró que los manifestantes “se metieron presos solos”. Cosas del realismo mágico.
Cuestion de peso y voluntad
En noviembre pasado el juez federal de San Juan Miguel Angel Gálvez suspendió la aplicación de varios artículos de la Ley de Glaciares aprobada un mes antes por el Congreso Nacional. La resolución ataca, entre otros, los artículos que prohibían la actividad industrial y minera en la zona de alta montaña.
En sus argumentaciones sostiene que “la norma avasalla las autonomías provinciales al querer fijar en qué zonas se puede trabajar y en cuáles no”. Es que la Constitución Nacional reformada en 1994 devolvió a las provincias el dominio de sus recursos naturales y a la vez le encargó al Congreso Nacional sancionar los “presupuestos mínimos ambientales” a partir de los cuales se puede realizar la explotación.
El pedido de suspensión fue impulsado por la CGT, los gremios mineros y de la construcción y la Cámara Minera de la provincia. Juan Carlos Villalonga, Director de Campañas de Greenpeace acusó directamente a Barrick Gold de bloquear la aplicación de la norma. Consideró que “la empresa no quiere someter a revisión las actividades de Veladero y el proyecto Pascua Lama, porque algo están ocultando. Con la presentación de recursos se están autoincriminando y es intolerable que frenen la norma a nivel nacional.”. Agregó además que el gobierno de Cristina Fernández “actúa de manera cómplice porque dijo que hasta que no se resuelva la cuestión en San Juan no se puede avanzar en la reglamentación. Esta postura es contraria a la actuación que tuvo en el caso de la ley de medios. La pasividad es una decisión política” , concluyó Villalonga.
