martes, 26 de mayo de 2009
La Corte analiza una acción de amparo ambiental contra las mineras
Fuente Diario Los Andes.
La Corte Suprema de Justicia comenzó a analizar hoy una "acción de amparo ambiental" presentada por una asociación ecologista para que el Gobierno "se abstenga de autorizar cualquier actividad que implique la destrucción o traslado de los glaciares y periglaciares".
Por su parte, la agrupación ambientalista argumentó que reclama con ese recurso una medida cautelar de "no innovar", ante el "vacío legal" que dejó el veto presidencial de la norma que protegía a los hielos cordilleranos.
La asociación ecologista adujo además la "demora" de la jefa de Estado Cristina Fernández en enviar al Congreso un proyecto de ley al respecto y la "preocupación" que generó en agrupaciones ambientalistas el anuncio gubernamental de inicio de actividades de la mina Pascua Lama, en San Juan.
El abogado Andrés Gil Domínguez, apoderado de la Asociación Multisectorial del Sur en Defensa del Desarrollo Sustentable, ratificó hoy que esa agrupación presentó el viernes una "acción de amparo ambiental" ante la Corte Suprema.
La agrupación reclama con ese recurso una medida cautelar de "no innovar" ante el "vacío legal" que dejó el veto presidencial de la norma que protegía a los hielos cordilleranos, y la "demora" del Poder Ejecutivo en "sancionar y promulgar" la reglamentación de la ley referida a los glaciares.
"El vacío legal pone en peligro a los glaciares y periglaciares, lo que genera preocupación en las agrupaciones ambientalistas", sostuvo el letrado.
La asociación denunció en la presentación "la omisión inconstitucional que consiste en la omisión de sancionar y/o promulgar la pertinente normativa que establezca los presupuestos mínimos de protección de los glaciares y del ambiente periglacial".
Advirtió además que los hielos cordilleranos son "reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas".
Reclamó también el dictado de una medida cautelar de "no innovar" que ordene al Estado "que se abstenga de autorizar la realización de cualquier actividad que implique la destrucción o traslado de los glaciares y periglaciares, o bien que interfiera en su avance".
Asimismo, remarcó como prioridad la prohibición de "la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza y volumen, y la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica".
Por último, la agrupación sostuvo en la presentación que busca que se limite la "exploración y explotación minera o petrolífera" y la "instalación o desarrollo de obras o actividades industriales".
En noviembre último, la presidenta vetó la ley 26.418 de protección de los glaciares, que el Congreso había sancionado por amplia mayoría el 22 de octubre pasado.
A través del decreto 1837/08, publicado el 10 de noviembre en el Boletín Oficial, la jefa de Estado rechazó la norma que impulsaba la creación de un inventario nacional de glaciares, un 75 por ciento de la reserva hídrica del país.
La ley prohibía además en los hielos y en su entorno la realización de actividades que pudieran afectar su condición natural, implicaran su destrucción o traslado, o interfiriesen en su avance, como por ejemplo la exploración y explotación minera o petrolífera.
El 7 de mayo último, el gobierno nacional anunció el inicio de la construcción del proyecto binacional minero Pascua Lama, con una inversión estimada en unos tres mil millones de dólares, en la provincia de San Juan, en el límite de Argentina y Chile, a cargo de la empresa canadiense Barrick Gold.
Fuente Diario Los Andes.
La Corte Suprema de Justicia comenzó a analizar hoy una "acción de amparo ambiental" presentada por una asociación ecologista para que el Gobierno "se abstenga de autorizar cualquier actividad que implique la destrucción o traslado de los glaciares y periglaciares".
Por su parte, la agrupación ambientalista argumentó que reclama con ese recurso una medida cautelar de "no innovar", ante el "vacío legal" que dejó el veto presidencial de la norma que protegía a los hielos cordilleranos.
La asociación ecologista adujo además la "demora" de la jefa de Estado Cristina Fernández en enviar al Congreso un proyecto de ley al respecto y la "preocupación" que generó en agrupaciones ambientalistas el anuncio gubernamental de inicio de actividades de la mina Pascua Lama, en San Juan.
El abogado Andrés Gil Domínguez, apoderado de la Asociación Multisectorial del Sur en Defensa del Desarrollo Sustentable, ratificó hoy que esa agrupación presentó el viernes una "acción de amparo ambiental" ante la Corte Suprema.
La agrupación reclama con ese recurso una medida cautelar de "no innovar" ante el "vacío legal" que dejó el veto presidencial de la norma que protegía a los hielos cordilleranos, y la "demora" del Poder Ejecutivo en "sancionar y promulgar" la reglamentación de la ley referida a los glaciares.
"El vacío legal pone en peligro a los glaciares y periglaciares, lo que genera preocupación en las agrupaciones ambientalistas", sostuvo el letrado.
La asociación denunció en la presentación "la omisión inconstitucional que consiste en la omisión de sancionar y/o promulgar la pertinente normativa que establezca los presupuestos mínimos de protección de los glaciares y del ambiente periglacial".
Advirtió además que los hielos cordilleranos son "reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas".
Reclamó también el dictado de una medida cautelar de "no innovar" que ordene al Estado "que se abstenga de autorizar la realización de cualquier actividad que implique la destrucción o traslado de los glaciares y periglaciares, o bien que interfiera en su avance".
Asimismo, remarcó como prioridad la prohibición de "la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza y volumen, y la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica".
Por último, la agrupación sostuvo en la presentación que busca que se limite la "exploración y explotación minera o petrolífera" y la "instalación o desarrollo de obras o actividades industriales".
En noviembre último, la presidenta vetó la ley 26.418 de protección de los glaciares, que el Congreso había sancionado por amplia mayoría el 22 de octubre pasado.
A través del decreto 1837/08, publicado el 10 de noviembre en el Boletín Oficial, la jefa de Estado rechazó la norma que impulsaba la creación de un inventario nacional de glaciares, un 75 por ciento de la reserva hídrica del país.
La ley prohibía además en los hielos y en su entorno la realización de actividades que pudieran afectar su condición natural, implicaran su destrucción o traslado, o interfiriesen en su avance, como por ejemplo la exploración y explotación minera o petrolífera.
El 7 de mayo último, el gobierno nacional anunció el inicio de la construcción del proyecto binacional minero Pascua Lama, con una inversión estimada en unos tres mil millones de dólares, en la provincia de San Juan, en el límite de Argentina y Chile, a cargo de la empresa canadiense Barrick Gold.
Fuente Diario Los Andes.
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