"Un agroquímico usado sobre millones de hectáreas y un negocio de millones de dólares. Son los ingredientes de la trama en torno de la investigación sobre los efectos del glifosato hecha por Andrés Carrasco. Una trama digna de una novela de misterio, sobre todo porque la investigación no se publicó, ninguno de los organismos adonde trabaja el autor responde por ella y el propio responsable es difícil de hallar."
Por lo menos La Nación desinforma un poco menos que Clarín:
"La única cara visible en la historia es la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Aadeaa), organismo no gubernamental (ONG) con un largo historial de acciones contra la contaminación. Una de estas acciones, que logró la clausura de una fábrica de glifosato en Villa Martelli, fue la que abrió las puertas a sus abogados al mundo del agroquímico más popular del país.
"Después de clausurar la fábrica de Villa Martelli, empezamos a asesorar a personas que dijeron sentirse afectadas por las fumigaciones", explicó el director de la Aadeaa, Mariano Aguilar. "Luego accedimos a la investigación de Andrés Carrasco, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), y decidimos actuar", agregó Aguilar, que la semana pasada pidió a la Corte Suprema la suspensión del uso del glifosato hasta tanto la comisión creada por la Presidenta se expida sobre la inocuidad de su uso. Desde el primer momento, la investigación de Carrasco despertó toda clase de versiones, como que venía impulsada desde el Gobierno, en pleno conflicto con el campo. Una sospecha reforzada por el hecho de que, casi al mismo tiempo que trascendió la denuncia, el Ministerio de Defensa (cartera de donde Carrasco es funcionario), prohibió el cultivo de soja RR (resistente al Roundup) en los terrenos suburbanos y urbanos del Ejército.
Como si esto fuera poco, el estudio no fue dado a conocer en ninguna publicación científica, medio habitual que usan los investigadores para difundir descubrimientos relevantes. Desde la Aadeaa negaron cualquier vinculación con el Gobierno y con Carrasco, a quien dijeron no conocer personalmente. "No tenemos nada que ver con el Gobierno", dijo Aguilar, que añadió que "hubo una mirada muy alegre del Estado cuando autorizó el Roundup en 1995"."
Y La Nación termina su informe con algo más de información que su "hermano" Clarín:
"La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), por su lado, solicitó, con escribano presente, una copia del informe al laboratorio de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde trabaja Carrasco. En la casa de altos estudios dijeron no tener copia. El de Carrasco no es el primer estudio sobre el efecto del glifosato. Hay otros de la Universidad de Rosario, la UBA, la Universidad de Colombia y la Universidad de Caen (Francia) que alertaron sobre la relación que habría entre el glifosato y ciertas enfermedades respiratorias, neurológicas y problemas en el embarazo."
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