Médicos, científicos e investigadores expusieron en Córdoba trabajos académicos que vinculan agroquímicos con cáncer, malformaciones y pérdidas de embarazos. En el documento final pidieron prohibir las fumigaciones aéreas y limitar las terrestres.
Por Darío Aranda
Biólogos moleculares, genetistas, epidemiólogos y endocrinólogos, entre otras especialidades médicas, expusieron sus trabajos durante dos días en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y llegaron a una conclusión: “Existe evidencia (científica) que es suficientemente fuerte y consistente para reconocer que la exposición a plaguicidas aumenta el riesgo de afectar la salud humana”. Sucedió en el Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados, la primera vez que una universidad pública convoca a investigadores y académicos para abordar el uso de agroquímicos y el modelo agropecuario actual. Con investigaciones nacionales e internacionales, y con las historias clínicas de pacientes, reconocidos especialistas vincularon los agroquímicos con distintos tipos de cáncer, abortos espontáneos, malformaciones y trastornos de la fertilidad. Recordaron que en la Argentina se utilizan 300 millones de litros de agroquímicos por año y afectan a 12 millones de habitantes. Solicitaron al gobierno nacional que se prohíban las fumigaciones aéreas y se limiten las aspersiones terrestres, y pidieron la aplicación urgente del principio precautorio que figura en la ley: ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras. Participaron especialistas de diez provincias y seis universidades nacionales.
Ya lo habían denunciado vecinos, campesinos, ONG, médicos rurales y algunos (pocos) científicos, de manera aislada. Incluso la Justicia comenzó a emitir fallos que reconocieron el peligro de los herbicidas y plaguicidas. Pero, de manera recurrente, empresarios rurales, compañías de semillas y químicos, y funcionarios suelen reclamar “pruebas” científicas. “Durante estos dos días disertaron profesionales de seis universidades públicas nacionales. No tenemos dudas, tenemos evidencia suficiente de lo perjudicial del uso de agrotóxicos”, afirmó al cierre del encuentro, el sábado último, Medardo Avila Vázquez, coordinador del encuentro y docente de la UNC.
El propio decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, Gustavo Irico, abrió el foro el viernes por la mañana. “La universidad debe dar este debate, verificaremos hechos, analizaremos el grado de evidencia. Acá hay expertos en el tema, daremos una discusión que será esclarecedora”, adelantó. Le siguieron casi doce horas de disertaciones (hasta las 21). Y toda la mañana del sábado. Luego del mediodía, y ya con todas las ponencias brindadas, se escribió y consensuó un documento público.
“Equipos de salud, científicos, investigadores y académicos convocados por la UNC nos sentimos en la obligación de decir: es muy importante la agresión a la salud en las poblaciones sometidas a fumigaciones. La situación se agrava día a día (...) en las poblaciones sistemáticamente fumigadas a consecuencia del actual modelo de producción agroindustrial”, afirma el documento, firmado por un centenar de especialistas llegados al Primer Encuentro, avalado formalmente por la Facultad de Ciencias Médicas y coorganizado por dos cátedras (Medicina I y Determinantes sociales de la salud, de Pediatría).
Desde el inicio de las jornadas se remarcó que la universidad llegaba tarde a una problemática que desde hace más de una década es denunciada por poblaciones fumigadas. Se hizo autocrítica y también se explicitaron algunas de las posibles causas a esa ausencia. “Las grandes empresas centralizan y lucran con el 90 por ciento del conocimiento universitario, los ámbitos oficiales de ciencia y técnica abren la puerta al sector privado y limitan a los profesionales que buscan estudiar en beneficio de la sociedad. Es imperioso apoyar y fomentar tesis de maestría y doctorado sobre las consecuencias de los agroquímicos”, reclamó Eduardo Maturano, secretario general de la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (Adiuc).
El jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Raúl Horacio Lucero, detalló historias clínicas de niños malformados que comenzaron a llegar a su consultorio en 1993. Exhibió radiografías de bebés sin dedos, chicas con brazos sin articulación, datos de fetos muertos, abortos espontáneos. “Todos provenían de parajes con uso masivo de agroquímicos. Todos. Tengo sus nombres, conozco su sufrimiento. ¿Cómo me pueden decir que ‘no hay pruebas’? Que traigan a sus esposas o hijas embarazadas y verán las pruebas irrefutables”, desafió.
Las estadísticas de Lucero muestran una directa relación entre el aumento de uso de agroquímicos en Chaco y casos de malformaciones, siempre en zonas con uso masivo de herbicidas y plaguicidas. En todos analizó la genética de los padres y confirmó que los cromosomas no presentaban problemas. “Sabíamos que los agroquímicos afectaban los genes, pero no teníamos la forma de realizar los estudios. Eso es lo que acaba de confirmar Andrés Carrasco (UBA-Conicet). Lamentablemente el tiempo nos dio la razón, la bomba de tiempo estalló, los afectados son miles y negarlo es criminal”, afirmó.
El pediatra y neonatólogo de Malabrigo (Santa Fe), Rodolfo Páramo, exhibió casos calcados a los del Chaco y resumió: “En toda zona sojera encontrarán los mismo. Es un modelo productivo que destruye la vida”, denunció y detalló la estadística de su pueblo: en un solo año, sobre 220 nacimientos se registraron doce malformaciones, “muy por arriba de la media mundial, de un caso cada 8000 nacidos”. El médico contó que se graduó en la Universidad de Córdoba y recordó una de las primeras lecciones que aprendió: “Si el médico encuentra algo que daña a la salud, es su obligación ética y moral alertar lo que está sucediendo, advertir a las autoridades y a la población. Me lo enseñó la universidad pública de Argentina, no entiendo a los que silencian”. Sobrevino una ovación del auditorio, con gran presencia estudiantil.
Le sucedieron investigaciones, la gran mayoría publicadas en revistas internacionales –como solicitan quienes minimizan las denuncias de los afectados–. La directora de Epidemiología Ambiental del Cáncer de la UNC, María del Pilar Díaz, explicó sus avances de investigación, detalló un monitoreo internacional sobre el tema y dio cuenta de sus dos últimas publicaciones, que vinculan plaguicidas y cáncer. La delegada del Ministerio de Salud en el Chaco, Analía Otaño, detalló que en la última década los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento. El científico de la UBA y del Conicet Andrés Carrasco (que acaba de publicar en una revista científica internacional su trabajo sobre el efecto del glifosato en embriones anfibios) cerró el encuentro.
Otra decena de especialistas detallaron sus trabajos (de las universidades de Río Cuarto, Litoral, Rosario y UBA). Todos vinculan y alertan sobre los efectos sanitarios de los agroquímicos. Todos poseen trabajos a disposición de colegas y medios de comunicación.
“Es urgente avanzar en las restricciones públicas al uso de los plaguicidas (...) es necesario aplicar el principio precautorio”, reclama el documento de los investigadores, y pide a la Presidenta y al Ministerio de Salud que prohíban las fumigaciones aéreas (“como ya se estableció en la Unión Europea”) y limiten las terrestres. Insta al Congreso a que apruebe leyes, hace un llamado al resto de las universidades nacionales a comprometerse a proteger la salud y el ambiente, e impulsa a analizar críticamente “el actual modelo de producción agroindustrial y transgénico, y buscar sistemas que permitan la integración social y el cuidado ambiental”. Quedó conformada una red de investigadores y acordado un próximo encuentro, en marzo del 2011, en la Universidad Nacional de Rosario.
Sobre la declaración de los médicos de pueblos fumigados.
