Durante cuatro días se realiza en Santiago del Estero el XIII Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas que se oponen a las industrias extractivas sin límites. En el temario figura la ley de glaciares e Iirsa, el proyecto para megaobras.
Por Darío Aranda
La contaminación urbana-industrial, la minería metalífera a gran escala, el monocultivo de soja, las pasteras y el plan nuclear son algunos de los temas que se analizan en el XIII Encuentro de Unión de Asambleas Ciudadanas, espacio integrado por medio centenar de organizaciones de todo el país que se reúnen desde el viernes y hasta hoy en Santiago del Estero, donde se consensuarán acciones de resistencia frente a las distintas industrias extractivas. También se aborda las consecuencias de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (Iirsa), un plan de megaobras que afecta a toda la región, y está presente en los debates el accionar de los gobernadores cordilleranos, que impulsan leyes de glaciares provinciales que podrían entrar en conflicto con la muy esperada ley nacional.
Más de 500 personas de distintas asambleas del país llegaron el viernes hasta Santiago del Estero, provincia emblema de la avanzada de los agronegocios, desmontes y desalojos violentos. “Además del monocultivo de soja y las fumigaciones, el gobierno provincial profundiza el modelo de agronegocios con el impulso de la producción subsidiada de agrocombustibles. A esto debemos agregar la decisión del Ejecutivo provincial de impulsar la megaminería en la provincia”, explicaron los organizadores locales: el Servicio de Educación Popular y Desarrollo (Sepyd), Foro Ambiental Santiago, Bienaventurados los Pobres (BEPE), La Mariátegui (estudiantes de sociología de la Universidad de Santiago), Estudiantes de Ecología y Conservación del Ambiente, Red de Solidaridad de Chiapas NOA, APDH y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina).
Una charla debate sobre el modelo de agronegocios fue la antesala del encuentro de las UAC. Disertaron Andrés Carrasco (del Conicet que alertó en 2009 sobre los efectos sanitarios del glifosato), Carlos Manessi (de la ONG santafesina Cepronat, que logró un fallo en segunda instancia limitando el uso de agroquímicos), el fiscal de la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, y el Mocase-VC.
La minería metalífera a gran escala fue abordada por Gustavo Macayo (de la Asamblea de Esquel), Javier Rodríguez Pardo (activista socio-ambiental y autor de Vienen por el oro, vienen por todo) y Marta Maffei (ex secretaria general de Ctera y ex diputada nacional, impulsora de la ley de glaciares en 2007). “El agua dulce del mundo es un 70 por ciento de glaciares. El agua superficial es mínima en proporción. Si perdemos los glaciares, perdemos la reserva de agua del mundo y su función reguladora, es una cuestión de vida o muerte”, explicó Maffei. Siguieron dos jornadas de trabajo en comisiones y una masiva marcha por lacapital santiagueña.
La ley de protección de glaciares es uno de los temas de coyuntura que más preocupa. Desde las UAC celebran la media sanción que el miércoles último dio la Cámara de Diputados, pero alertan sobre el tratamiento en el Senado, donde no está confirmada su aprobación. Y, sobre todo, llaman la atención sobre las leyes provinciales de glaciares, que son vistas por los asambleístas como una estrategia minera para avanzar con nuevos proyectos.
“La ley nacional será de presupuestos mínimos y para aplicar las provinciales deben ser tan rigurosas como la nacional. Pero quizás en algunas provincias mineras haya que defender en la Justicia esa prevalencia de la ley nacional. En esos casos no confiamos en los jueces provinciales, y la Justicia nacional puede demorar mucho. En ese lapso, las mineras seguirán avanzando”, afirmó Marcelo Giraud de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza.
El 6 de julio, en la Casa de Salta en Buenos Aires, se reunieron los gobernadores Walter Barrionuevo (Jujuy), Luis Beder Herrera (La Rioja), Juan Manuel Urtubey (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), José Luis Gioja (San Juan) y funcionarios de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Catamarca. También estuvo el secretario de Minería, Jorge Mayoral. Allí se hizo pública la “Declaración de las provincias cordilleranas”, en la que se resaltó “la necesidad impostergable de proteger los glaciares”, y se presentó un modelo de ley provincial, que cada gobernador se comprometió a presentar en sus provincias y aprobar lo antes posible. La Cámara de Empresarios Mineros la respaldó.
Sin debate en comisiones parlamentarias, sin consultar a especialistas científicos y sin atender los reclamos de organizaciones de la sociedad civil, la Legislatura riojana aprobó el 8 de julio la ley de “protección de glaciares”. De idéntica forma, se aprobó la norma en Jujuy. Le siguieron San Juan (14 de julio) y Salta (3 de agosto). Mendoza y Catamarca ya tienen media sanción.
Otro tema presente en la XIII UAC es la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (Iirsa), proyecto impulsado por doce Estados sudamericanos que consiste en 500 proyectos de infraestructura en transporte, energía y telecomunicaciones, con una inversión de 69 mil millones de dólares. Inmensas represas, yacimientos mineros a cielo abierto y nuevas perforaciones petroleras son sólo algunas de las obras. Organizaciones socio-ambientales, campesinos e indígenas de todo el continente ya están en alerta por las consecuencias del ambicioso plan.
La UAC es desde hace cinco años un espacio novedoso de articulación de la lucha por los bienes naturales y la autodeterminación de las comunidades. Entienden la contaminación como resultante de modelos extractivos continentales, con raíces políticas y económicas, y con impactos negativos directos en la vida de las comunidades.
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