Los controles de identidad que realiza la policía en los espacios públicos de las ciudades y municipios del estado español con el fin de detener a las personas migrantes en situación irregular vulneran los más elementales derechos humanos y constituyen una práctica de hostigamiento sobre aquellas personas prejuzgadas como no europeas. Mientras que estos controles policiales producen miedo e inhibición sobre las personas a las que se dirigen, para muchas otras que no son interpeladas por la policía forman ya parte del paisaje y quedan justificadas por el permanente estado de sospecha que parece haberse instalado sobre los otros. Frente a estos efectos, que envenenan las relaciones vecinales, se están tejiendo respuestas de resistencia colectiva. Una de ellas pretende afrontar el acoso policial apelando a la práctica de la solidaridad. Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos surgen en Madrid a partir de la reflexión de distintas organizaciones sociales que buscan articular una respuesta contra la proliferación de los check points en los barrios.
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