Fuente Página 12.
“La mala fama les viene de lejos”
Muertes en calabozos, “innumerables” casos de apremios ilegales, golpes, balazos... la lista compilada por la defensora Ana Piccinini en apenas cuatro años muestra que los muertos de Bariloche son apenas el último abuso.
Por Carlos Rodríguez
Desde San Carlos de Bariloche
Desde septiembre de 2006, cuando Ana Piccinini asumió el cargo, la Defensoría del Pueblo de Río Negro presentó cuatro informes en la Legislatura provincial denunciando “innumerables casos de apremios ilegales, muertes en los calabozos de las comisarías y otros abusos policiales, pero hasta ahora nunca hemos tenido ni la más mínima respuesta concreta ni hemos podido avanzar en las soluciones”. Piccinini, en diálogo con Página/12, señaló como uno de los principales responsables de la situación al comisario Víctor Cufré, quien hasta hace 20 días fue jefe de la policía local y ahora “lo ascendieron al cargo de secretario de Seguridad y Justicia”.
Después de los sucesos de Bariloche, la bancada peronista en la Legislatura rionegrina y organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos reclaman la renuncia de Cufré por los asesinatos de Diego Bonnefoi, de 15 años, Nicolás Carrasco, de 16, y Sergio Cárdenas, de 29. Hasta hoy, el gobernador radical Miguel Saiz “ni siquiera ha removido del cargo al jefe de la Regional (Bariloche), Argentino Hermosa, que ha mentido respecto de cómo fueron los sucesos y, además, está amedrentando a los testigos” (ver aparte), aseguró Piccinini.
“La mala fama de la Policía de Río Negro en su conjunto y no sólo del grupo (antimotines) BORA, viene de lejos. Por eso, en la primera reunión que tuvimos con la plana mayor, en 2006, les dijimos: ‘No peguen’. Y le advertimos que no íbamos a tolerar abusos de ningún tipo de parte de la fuerza.” Piccinini recordó que, en ese primer encuentro, “todo fue muy amable, muy respetuoso, pero al poco tiempo, la relación se empezó a descomponer”. Poco después de llegar al cargo, la defensora del Pueblo comenzó a recibir “denuncias por apremios ilegales de hechos muy concretos sobre los cuales teníamos denuncias firmadas, probadas por testigos e incluso con fotografías que se tomaban a sí mismos, con celulares, chicos que eran llevados a distintas comisarías. Se abrieron causas judiciales donde fuimos querellantes, pero nunca tuvimos conocimiento de que se haya hecho un sumario administrativo interno en la fuerza”.
“Nunca hemos tenido una sola respuesta concreta del ministro de Gobierno (Diego Larreguy, cuya renuncia también fue pedida por el PJ rionegrino). Siempre nos responde con evasivas, pero el personaje más siniestro que tenemos es el actual secretario Víctor Cufré.” Piccinini y Cufré tienen diferencias públicas que han llegado a instancias judiciales. Mientras el funcionario pidió que se le inicie a la defensora un juicio político, ella ha planteado en los estrados judiciales una denuncia por “calumnias e injurias”. Aunque sus críticas apuntan en forma directa a Cufré y a Larreguy, la defensora del Pueblo no se olvida del gobernador Miguel Saiz. “Entre los años 1985 y 1986, cuando yo era legisladora, hicimos un proyecto de reforma, convertido en ley, que señala que el jefe natural de la Policía de Río Negro, por encima de quien ejerce esa función, es el gobernador. Si bien delega esa responsabilidad en el ministro de Gobierno, de todos modos el gobernador tiene que asumir esa responsabilidad siempre. No sé si esto se ha expresado del mismo modo en otras provincias, pero sí ocurre en la de Río Negro”, sostuvo Piccinini. Luego de los sucesos de Bariloche, que terminaron con tres muertes, Saiz fue criticado incluso por el intendente de esa ciudad, Marcelo Cascón, quien se quejó: “Ni siquiera me contesta los llamados”. Por esa razón, Cascón se tuvo que trasladar hasta la sede del gobierno provincial para reunirse con el mandatario.
En el último informe de la Defensoría del Pueblo ante la Legislatura, presentado en abril –al que tuvo acceso Página/12–, se hicieron planteos, en algunos casos, por designaciones de funcionarios policiales cuestionados y en otros, por haber dado de baja a oficiales que venían desarrollando tareas con eficacia. En Cipolletti, “nombraron como titular de la Unidad Regional V (de esa ciudad) al comisario Yves Vallejos”, muy cuestionado por la comunidad por su desempeño en la investigación del primer triple crimen ocurrido allí, el de las hermanas María Emilia y Paula González, y de su amiga Verónica Villar, en 1997, y en el homicidio de la joven Otoño Uriarte, en el año 2006.
Por razones opuestas, la Defensoría rechazó que se haya dejado cesante al subinspector Gabriel Ormeño, a quien Piccinini consideró “una víctima más del abuso del poder y la impunidad”. Ormeño venía desempeñándose como asistente de la jueza de Choele Choel Marisa Bosco, en una causa por trata de personas. “El caso –dijo la defensora– tiene una gravedad inusitada, no sólo por la implicancia de jefes policiales a los que se estaba investigando en la trata de personas con fines de explotación sexual, sino por la obstrucción que ha importado la persecución del principal colaborador de la magistrada.” A Ormeño, de buenas a primera, le comunicaron que debía trasladarse a Bariloche como su nuevo destino. Por estas razones, Piccinini ha denunciado que la policía rionegrina “tiene connivencia con la trata de personas”.
En el informe se denunciaron varios casos de presuntos suicidios de presos, en calabozos policiales, “generalmente los días feriado”.
- En febrero de 2007 dos jóvenes, minutos después de ser llevados a la comisaría del pequeño pueblo de Mainqué, murieron quemados. “Cuando se hizo la reconstrucción del hecho, quedó claro que era imposible que, dada la gravedad de las quemaduras, los guardias no oyeran los gritos de los detenidos, cuando la celda estaba a dos metros del lugar donde se encontraban los policías”.
- En junio del mismo año, un joven apareció muerto en el Establecimiento de Ejecución Penal número uno de Viedma.
- En julio de 2007, un trabajador rural apareció muerto en la comisaría de Cervantes.
- En junio de 2008, un joven murió en la comisaría 21 de General Roca. Se dijo que se suicidó con el cinturón.
- En octubre de 2008, un interno murió asesinado a golpes por policías y penitenciarios en el Establecimiento de Ejecución Penal 2 de Roca.
- En octubre de 2008, un joven de 17 años murió en la comisaría tercera de Roca, en otro “aparente suicidio”.
- Entre junio de 2009 y enero de 2010 se produjeron otros “aparentes suicidios” de una joven de 23 años en la comisaría tercera de Roca; un joven de 26 murió ahorcado en Lamarque; un hombre de 28 murió al recibir un “facazo” en la ex alcaidía de Roca, y finalmente un joven de 21 años murió ahorcado en la comisaría primera de Viedma.
- "En los cuatro años que llevo en la Defensoría hubo advertencias por muertes en calabozos, por lesiones irreparables sufridas por chicos que sufrieron apremios ilegales y hasta tuvimos el caso de la violación de una joven de 14 años en la comisaría de Guerrico, a manos de dos uniformados”, explicó Piccinini. “En la página de la Defensoría tenemos fotografías que certifican la existencia de los apremios. Uno de los chicos golpeados fue el hijo de Italo Vallarini, uno de los tres vocales que tiene el Tribunal Superior de Justicia de la provincia”.
En el caso de la denuncia por violación, Cufré informó que los supuestos responsables “están apartados del servicio en Guerrico, pero están trabajando en Roca porque no hay ninguna medida de la Justicia” contra ellos. La Defensoría replicó en su informe a la Legislatura que por un caso menor, el robo de una cartera en un pool de Viedma, “dos policías fueron desafectados de la fuerza a través de sendas resoluciones” del anterior secretario de Seguridad provincial.
Uno de los casos de apremios más notorio fue el de Daiana Allapán, de 20 años, quien en junio de 2009 terminó internada en el Hospital Zatti de Viedma a causa de la brutal paliza que le dieron efectivos policiales a la salida de un boliche. “La joven perdió varias piezas dentales, y sufrió fractura de maxilar por lo que debió ser intervenida quirúrgicamente, y le colocaron una prótesis”. En otro caso, también en Viedma, en enero de este año, un joven de 18 años fue “literalmente acribillado a balazos por dos efectivos policiales, cuando el chico estaba en una esquina, con amigos. Su madre embarazada trató de salvarlo y recibió un culatazo en la cabeza. El chico sobrevivió de milagro”. Piccinini concluyó que “en este marco, era previsible lo que sucedió en Bariloche”.
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