domingo, 5 de diciembre de 2010

WikiLeaks: KIPR, o cómo es el imperialismo de la "Propiedad Intelectual"

Fuente Derecho a Leer.

La presiones que ejercen los Estados Unidos por distintos canales para que los demás países endurezcan sus leyes sobre la llamada "Propiedad Intelectual", a esta altura ya no es ninguna primicia.

Pueden citarse a modo ilustrativo varios ejemplos, como los vergonzosos fundamentos del proyecto de ley del "Canon Digital" argentino –de la Senadora del FPV, Adriana Bortolozzi de Bogado– que entre sus considerandos admite sin disimulo, nada menos que declaraciones del Embajador de EE.UU. y datos aportados por la Secretaría de Comercio Exterior norteamericana.

Durante 2009 se desarrolló un debate público sobre la reforma de la Ley de Derecho de Autor en Chile. Las presiones sobre el Gobierno de Michelle Bachelet fueron explícitas: se debía "adecuar" la ley de derecho de autor chilena a las condiciones impuestas por el Tratado de Libre Comercio (TLC) que ambos gobiernos estaban negociando. Si bien la nueva ley finalmente tuvo saldo positivo, así fue como se inició el proceso de reforma.

La legislación de Costa Rica fue también objeto de presiones en 2009, que no fueron nada diplomáticas.

Más allá de estos casos explícitos, se sabe que la influencia de las embajadas norteamericanas sobre temas relacionados con "propiedad intelectual", está siempre presente en conversaciones con políticos y funcionarios locales. Sin embargo el cablegate de Wikileaks permite ponerle nombres, fechas y lugares concretos a lo que era especulación y sospecha.

KIPR

Según comenta Michael Geist en su blog, llama la atención la cantidad de cables con el tag "KIPR" (referidos a Intellectual Property Rights), que revelan el nivel de prioridad que Estados Unidos le otorga al tema. El caso de España es paradigmático, según cuentan en Nación Red, Zapatero cedió al minucioso plan de la embajada de EE.UU contra Internet aprobando la Ley Sinde. Un vistazo rápido a algunos de los cables que acaban de ver la luz (sobre las presiones, sobre la ley) ayuda a entender los procesos que desencadenaron los distintos movimientos gubernamentales en España para impulsar la ley Sinde.

Geist indica que hay 65 cables originados en Canadá que llevan la etiqueta KIPR. En España hubo 135. Otro tanto en Francia. [En total hay 2.458 cables etiquetados con KIPR según nos comenta Simenon]. Si buscamos por tag "KIPR" y source "Embassy Buenos Aires" encontramos 21 cables entre 2006 y 2009 desde Argentina. Esos cables aún no se han publicado.

Revelaciones

Tal como pedía Javier de la Cueva queremos ver los cables KIPR antes de que se decida en las Cortes la Ley Sinde (lo cual probablemente complique el destino de esa ley). El diario El País –uno de los cinco medios mundiales que recibieron la información de Wikileaks– finalmente publicó ayer los 115 jugosos cables españoles, titulando "EE UU ejecutó un plan para conseguir una ley antidescargas". Vale la pena citar algunos fragmentos reveladores, por ejemplo éste de 2005, luego de que un agregado de la embajada hablara con la nueva vicepresidenta:

Dada la cantidad de estrellas de la industria del entretenimiento con una abierta preferencia por el Gobierno socialista (es significativo, por ejemplo, que Zapatero acudiera al equivalente español de los Oscar), es posible que este Gobierno sea especialmente sensible a hacer algo en este sector. Necesitaremos un año o así para ver si esta sensibilidad se traduce en resultados.

Y este otro de 2010, que confirma la actitud oportunista del Partido Popular de plegarse al descontento mayoritario por la ley Anti-descargas. Luego de una reunión con su principal referente, el funcionario norteamericano informa:

En Derechos de Propiedad Intelectual, captamos que el mensaje de Rajoy es que aunque el PP entiende la necesidad de que España haga más, va a extraer cualquier beneficio político que pueda del debate sobre cuál debe ser exactamente el mecanismo que España use para cerrar sitios piratas.

El año pasado el Gobierno Argentino presionó para que se aprobara rápidamente la ley que extendió de 50 a 70 años el monopolio de las discográficas sobre los fonogramas (la "Mercedes Sosa Act"). Un llamado de Fito Paez a Néstor Kirchner parece que fue la clave para dar avance al proyecto. Luego de aprobada aquella ley, Sony Music Entertainment reeditó los discos que, de no haber mediado esta decisión legislativa, hubieran pasado a dominio público. Artistas, gobierno y legisladores del campo Nacional y Popular, se encontraron en lamentable consonancia con los objetivos prioritarios de la política exterior norteamericana (muy a tono con el discurso Cristina Kirchner en la Feria del Libro de Frankfurt).

Qué dirán los 21 cables de la Embajada de Buenos Aires etiquetados con el tag "KIPR"...


Fuente Derecho a Leer.



Habría que agregar los :

  • 92 desde la embajada de Brasilia

  • 18 desde el Consulado de São Paulo

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