Fuente El País de España.
La polémica ley Sinde ha fracasado esta noche en el Congreso por 20 votos a 18. El PSOE se ha quedado solo con la enmienda contemplada en el proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) que prevía el cierre de webs que favorezcan las descargas de archivos protegidos por derechos de autor como películas o música. Después de frenéticas negociaciones a última hora de la tarde con CiU y el PP, la disposición conocida como ley Sinde no ha logrado avanzar, por lo que la Ley de Economía Sostenible pasará al Senado sin esa parte. En la Cámara alta el Grupo Socialista tratará de conseguir los apoyos necesarios el próximo año para que se pueda incluir.
La ley se ha sometido a votación al finalizar el pleno en el que se han aprobado entre otros, la ley antitabaco y los Presupuestos Generales de 2011. La enmienda ha recibido el rechazo de todos los grupos parlamentarios menos el PSOE. El fracaso de la llamada ley antidescargas se veía venir tras romperse las negociaciones entre el Grupo Socialista y CiU y el rechazo manifestado por el PNV. El Gobierno trató a última hora y a la desesperada negociar con el PP, sin resultado. Al final, el Congreso tumbó la llamada ley Sinde.
La LES será debatida en el Senado, sin esta enmienda, a partir del 18 de enero, cuando la Cámara alta celebre su primer pleno del próximo año. Los detractores de la norma que pretende acabar con las webs de descargas no deben cantar aún victoria. En el Senado, el Grupo Socialista puede negociar con el PNV para tratar de ganar su apoyo, y en caso de fracaso, buscar un acuerdo con el PP. Sin embargo, el golpe de efecto y el varapalo al Gobierno de esta noche serán difíciles de curar.
La votación se ha desarrollado mientras fuera del Congreso un grupo de personas se ha manifestado, después de una convocatoria por Twitter, contra la aprobación de la ley.
Después de hasta tres retrasos en la votación, y una hora y media de debate, el Grupo Socialista había forzado una negociación con los nacionalistas catalanes para intentar salvar la enmienda. La razón de esa dilación era la petición del PSOE de arrancar a toda costa un acuerdo de los catalanes para no quedarse solo en la defensa de la famosa disposición final segunda.
Los catalanes, sabedores de la debilidad del Gobierno, han tratado de estrechar el cerco para que, a cambio de su respaldo a la ley Sinde, poder conseguir que los socialistas apoyen el grueso de sus enmiendas -han presentado 200- sobre las más variadas materias (fiscalidad de vivienda, transporte, seguros, biotecnologías, fiscalidad nuclear y otras) que nada tenían que ver con Internet.
Pero ya esta tarde, el portavoz parlamentario de CiU, Josep Sánchez i Llibre, anunció la ruptura de las negociaciones e invitó al Gobierno a negociar "con sus socios naturales", tras sentirse segundo plato luego de la negativa del PNV de respaldar la iniciativa.
No se han cumplido las previsiones de que el Congreso iba a pasar de puntillas sobre la ley antidescargas. Porque si algo ha habido hoy ha sido debate. La que ha pasado desapercibido es el resto de la LES, que apenas mereció unos comentarios de los ponentes.
Oposición a la 'ley antidescargas'
La refriega sobre ley Sinde encendió la Comisión desde el principio. El PP, que había presentado varias enmiendas para asegurar una mayor intervención judicial en todo el proceso, quiso sostener un discurso equidistante. Apoyo a los derechos de propiedad intelectual, pero rechazo absoluto al proyecto del Gobierno. Para el PP, la disposición intentaba "maquillar" con un procedimiento judicial rápido el que un órgano administrativo como la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, pudiera cerrar páginas webs. "En la práctica, sería posible cerrar webs sin la debida garantía judicial, lo que abriría la puerta a que desde el poder político se vulnerasen derechos fundamentales como el de la libertad de expresión", según José María Lasalle.
Marta Gastón, ponente del PSOE, le refutó que solo "la justicia puede decidir el cierre de una web", y aseguró que no se puede "desproteger a un sector que da empleo a 800.000 personas y representa el 4% del PIB". Recordó que la subcomisión de Cultura acordó por mayoría dar unas garantías mínimas de protección a la propiedad intelectual, y afirmó: "Si protegemos más a los ladrillos que las ideas, estaremos condenando a nuestros jóvenes a seguir fabricando ladrillos".
El rechazo fue rotundo por parte del PNV, mucho más beligerante que lo que se esperaba en los bancos socialistas. "Nuestro grupo está profundamente en contra" de la ley Sinde, señaló Aizpiazu, quien pidió una completa reforma en profundidad de la Ley de Propiedad Intelectual.
Ya anunciada la oposición de ERC-ICV-IU, la diputada de ICV, Nuria Buenaventura, no dudó en pedir que se retire "la ley de la patada en el módem", mientras que Joan Ridao (ERC) la calificó de "chapuza de Pepe Gotera y Otilio". "Responde a la presión del lobby de la industria cinematográfica estadounidense, como ha revelado Wikileaks, al que se ha prestado el Gobierno", aseguró. También Coalición Canaria se opuso a la ley Sinde.
Y en agua de nadie, y haciendo equilibrios, Josep Sánchez-Llibre, portavoz de CiU, alimentó el suspense: "Estamos a favor de proteger la propiedad intelectual para asegurar la autonomía cultural y la dignidad profesional de los artistas". Eso dentro de la Comisión, porque nada más salir, ante el corrillo de periodistas dio por cerrada la posibilidad de un acuerdo y anunció el voto en contra.
Y vuelta a empezar. El PSOE pidió a la mesa de la Comisión hasta tres aplazamientos para intentar doblegar la resistencia de CiU mientras se celebraba el pleno. En los pasillos se podía ver a Francisco Miguel Fernández Marugán, del PSOE, intentando convencer a Sánchez-Llibre para que rectificase. No hablaban de nada que tuviera que ver con las descargas. Sino de impuestos y transportes.
Protestas
Las protestas desencadenadas por la iniciativa entre colectivos de internautas ha dificultado el apoyo de los grupos parlamentarios a la ley del Gobierno, pues nadie quiere asumir el coste electoral que eso puede suponer. Al autocierre protagonizado el domingo por las principales páginas de enlaces como Seriesyonkis o Cinetube, le siguió ayer el llamamiento desde distintos foros para bloquear las páginas del Congreso de los Diputados y de partidos como PP, PNV, PSOE y CiU. Los diputados de estos grupos parlamentarios tuvieron problemas de acceso a sus ordenadores a partir de las seis de la tarde.
Más de 5.000 internautas se han sumado en las últimas 24 horas al manifiesto Si es legal, es legal de Facua-Consumidores en Acción contra la ley Sinde, superando así las 35.000 firmas que han sido enviadas a los portavoces de la Comisión de Economía, para pedirles que no aprobasen "una norma elaborada contra los intereses de los ciudadanos".
Asimismo, más de 150 escritores, entre ellos Almudena Grandes, Rosa Montero, Juan José Millás, Ángeles Caso, Elvira Lindo, Fernando Savater y Enrique Vila Matas, han firmado el Manifiesto por el Copyright, en el que señalan que Internet debe ser un "medio libre y neutral, pero eso no quiere decir que no deban existir reglas en su administración y que pueda conservar la impunidad quien las infringe". "Con el pretexto de defender la libertad -añaden-, algunas voces están defendiendo en realidad la inmunidad para el saqueo de obras ajenas".
El PSOE 'eclipsa' su web
Ante el debate en el Congreso sobre la ley que regulará las descargas de Internet, el PSOE ha decidido ceder la portada de su página web a una explicación sencilla de lo que supondrá la ley.
Tras pedir disculpas por la sorpresa al internauta, explican los socialistas que han decidido "informar exclusivamente del tema del día en la red: La Disposición Final 2ª de la Ley de Economía Sostenible [la ley antidescargas]y qué dice en su redactado actual", que aún se negocia con los grupos políticos.
A continuación, responde a una serie de preguntas sobre las consecuencias de la ley. Primero niega que se vayan a "bloquear contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual sin autorización judicial", aclarando que siempre un juez de la Audiencia Nacional "tendrá la última palabra". También niega que se vaya a "perseguir al ciudadano que descargue contenidos protegidos", sino a "quienes prestan contenidos de manera ilegal y las prácticas ilegales de difusión masiva con ánimo de lucro: es decir, la piratería organizada". Aclara que "sólo puede denunciar ante la Comisión el poseedor de los derechos de autor" y que la Comisión no podrá actuar de oficio.
Habría que ver cuánto del rechazo de los otros partidos en quedar pegados a la Ley Sinde tiene que ver con todas las revelaciones que salieron en Wikileaks mostrando las presiones de la embajada de USA en España y las genuflexiones de muchos políticos españoles.
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