Fuente Página 12.Los diputados franceses adoptaron definitivamente la controvertida ley que sanciona las descargas ilegales de internet. La norma fue aprobada por 258 votos contra 131, aunque la oposición socialista anunció que presentará un nuevo recurso ante el Consejo Constitucional.
Los bloques de la gobernante Unión por un Movimiento Popular (UMP, derecha) y de Nuevo Centro en la Asamblea Nacional apoyaron la versión del texto definitivo, aunque en las filas del partido del presidente Nicolas Sarkozy hubo algunas deserciones.
Seis diputados votaron en contra, cinco se abstuvieron y 55 no participaron en la votación.
Esta ley, conocida como HADOPI (del nombre en francés de la Alta Autoridad para la Difusión de las Obras y la Protección de los Derechos en Internet), encargada de su aplicación, prevé que en el caso de una descarga ilegal identificada y reiterada se suspenda, tras dos advertencias y por decisión de un juez, el acceso a internet del usuario en cuestión.
La iniciativa impulsada por el gobierno fue objeto de un caótico recorrido legislativo y de la censura, en junio pasado, del Consejo Constitucional, instancia suprema que garantiza en Francia la constitucionalidad de las leyes.
El texto inicial otorgaba a la HADOPI, una estructura puramente administrativa, el derecho de suspender el acceso a internet en el caso de descargas ilegales identificadas y repetidas por parte de un usuario.
El nuevo texto confía la decisión de la sanción a un juez.
Los diputados socialistas confirmaron que volverán a recurrir al Constitucional.
De los 204 diputados socialistas participaron 113 en la votación.
El diputado y relator parlamentario de la UMP, Franck Riester, anunció que "las primeras advertencias" a los internautas que hagan descargas ilegales "se enviarán a principios del año próximo".
Frederic Mitterrand, sobrino del difunto ex presidente socialista francés, Francois Mitterrand, que llegó a fines de junio al frente del ministerio de Cultura, y que heredó esta discutida ley, opinó que las sanciones "será probablemente muy escasas porque creo en la eficacia de esta disuación".
La ley contempla que durante la suspensión de su acceso a internet, el usuario sancionado tiene que seguir pagando el abono, medida que el diputado socialista Patrick Bloche calificó de "escandalosa".
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