Por D. A.
San Jorge está ubicada a 144 kilómetros de la capital provincial y se la conoce como la “capital de la industria alimenticia”, por su pasado con gran variedad de cultivos. El barrio Urquiza está en las afueras de la ciudad, de casas aún sin terminar y frente a campos de monocultivo. “La incapacidad práctica del Estado para evitar que los plaguicidas lleguen hasta las personas sólo puede morigerarse con la fijación de prohibiciones totales de todo tipo de agroquímicos en zonas urbanas y periurbanas”, afirmó en su presentación la abogada Gabriela Ferrer, patrocinadora de la denuncia inicial en marzo de 2009. “Estamos felices. Los nenes ya no se enferman. No hay más problemas respiratorios, sólo un poco de moco cuando los nenes toman frío”, explicó Viviana Peralta, la impulsora de la demanda que acabar de quedar firme.
A inicios de 2009 Ailén tenía sólo dos años pero ya conocía los efectos de las fumigaciones sojeras. Cuando tenía cinco días de vida sufrió su primera intoxicación con agroquímicos. Desde ese momento, cada fumigación era un camino directo al hospital, y todos los días recibía un cóctel de medicamentos para poder respirar. Su casa estaba a diez metros de campos de soja. Fue entonces cuando el juez Tristán Martínez prohibió las fumigaciones con glifosato, en marzo de 2009, en adyacencias de la zona urbana de la ciudad, hasta que el Concejo Deliberante y el Municipio se hicieran eco de la Ley 11.273 y determinaran qué zonas pueden ser rociadas con agrotóxicos. La medida privilegiaba la salud por sobre la actividad económica, y cargaba las responsabilidades sobre los productores, a la Municipalidad de San Jorge y el Ministerio de Producción provincial.
La Ley 11.273 regula el uso de agroquímicos, pero no fija límites para las fumigaciones. Otorga esa facultad a los intendentes y presidentes comunales. Aunque la ley fue sancionada en 1995, la gran mayoría de los municipios aún no establecieron las áreas fumigables.
La presión de los pobladores afectados, y el avance de la frontera agropecuaria, impuso que la legislatura provincial modificara la norma, y fijara límites claros. La Comisión de Medio Ambiente determinó un piso de 300 metros, pero –cuando ya estaba vigente el fallo de primera instancia, en octubre pasado– la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados provincial votó un dictamen en el que se habilitan fumigaciones terrestres con glifosato a sólo 100 metros de las viviendas. El dictamen se encuentra en Asuntos Constitucionales, donde el oficialismo tiene mayoría.
“Diputados provinciales en contra de la salud de la población”, fue el título del comunicado de la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), que denunció que en la Cámara de Diputados “se comprueba la incidencia notable de los grupos empresariales asociados a los pooles de siembra. Las decisiones gubermantales se rigen con un criterio exclusivamente productivista por sobre la salud y el ambiente de los santafesinos”.
Con la sentencia ya firme, las organizaciones sociales piden la adecuación de la ley a lo dictado por la Justicia.
Por D. A.
Alexis Cabral, de 8 años, padecía alergias constantes y era dependiente de un inhalador para poder sobreponerse de los ahogos. Vivía frente al campo de soja denunciado. Desde hace un año, coincidentemente con el cese de las fumigaciones, Alexis no padece ningún síntoma y dejó el inhalador. No hay estudios científicos que demuestren la directa relación, pero los vecinos del barrio Urquiza de San Jorge no creen que sea una casualidad. El reciente fallo de la Justicia de Santa Fe también es innovador en ese sentido: revaloriza los testimonios de los afectados –muchas veces minimizados por los jueces–, resalta la importancia de los médicos de pueblos (testigos cotidianos en la atención de intoxicados) y cita trabajos científicos que alertan sobre los efectos del glifosato.
“En casos controvertidos científicamente, se torna muy relevante considerar las ‘historias de vida’, las ‘experiencias’, los ‘saberes y conocimientos’ de quienes viven cotidianamente expuestos al riesgo de que se trate, en este caso los agroquímicos. Es necesario revalorizar ‘el sentido común’ debido a que la ciencia no puede responder a todos los interrogantes”, reclama la Cámara de Apelaciones en los Civil y Comercial (Sala II).
El fallo resalta también la importancia de los médicos rurales: “(Son) un grupo de personas que no integran el llamado ‘sistema científico oficial’ y han efectuado estudios relevantes desde hace años”.
En cuanto a los miembros de la comunidad científica que estudiaron los efectos de los agroquímicos y alertaron sobre su uso, señala las investigaciones de Argelia Lenardón (UNL-Conicet), que estudió la existencia de agroquímicos organoclorados en leche materna; Amalia Dellamea (UBA), que confirmó la presencia de plaguicidas en productos lácteos; Alejandro Oliva (Hospital Italiano de Rosario), que estudió los impactos en las funciones reproductivas; Jorge Kaczewer (UBA), que recopiló trabajos sobre el tema; y Andrés Carrasco (UBA-Conicet), que el año pasado detectó malformación en embriones anfibios, alertó a la opinión pública y fue duramente atacado por las cámaras empresarias del sector.
Los jueces santafesinos recuerdan como antecedente el decreto presidencial que creó la Comisión Nacional de Investigaciones sobre Agroquímicos, donde intervenieron los ministerios de Ciencia, Salud, Agricultura, el INTA y el Conicet. “El informe recibió multiplicadas críticas por parte de especialistas (...) Las críticas al informe apuntan a que utiliza bibliografía sesgada, recorta la problemática y equipara estudios de Monsanto con trabajos de científicos independientes”, afirmó el reciente fallo.
La Justicia señaló que los principales sostenedores de la inocuidad de los agroquímicos son las cámaras empresarias y la Asociación Productora de Siembra Directa. Reconoce que la OMS y la FAO clasifican al glifosato dentro de una categoría de bajo riesgo, pero cita a la bióloga de la UBA Lilian Joensen: “Las clasificaciones de la OMS y FAO no están basadas en estudios propios o de grupos independientes sino que se trata de revisiones de estudios hechos por las empresas mismas”.
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