La norma es defendida por las asociaciones de autores, editores,
productores y artistas que se consideran perjudicados por la piratería y
la copia de sus obras y que colaboraron en la redacción del proyecto.
Ellos son: Sociedad General de Autores de la Argentina (ARGENTORES), Asociación Argentina de Intérpretes (AADI), Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) y la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC), quienes estarán a cargo de la recaudación, administración y distribución de la remuneración.
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