Informe sobre Galletas de barro en Haiti (JANO - PERÚ)
Fuente Periodista Escolar, autora: María Gutiérrez Miera
En enero de este año, noticias de prensa internacionales nos alertaban de una dramática situación. En los barrios pobres de Haití, la tierra arcillosa que cubre el centro del país (zona de Hincha) se ha convertido en una valiosa mercancía que se recolecta y se vende en los mercados. Es materia prima, increíblemente, para galletas comestibles que, con su sabor salobre y mineral, sacian el hambre de los habitantes empobrecidos de Haití. Las noticias recientes que llegan desde Puerto Príncipe ahora dan cuenta de una enorme crisis social, de movilizaciones y disturbios callejeros provocados por el aumento progresivo de los productos alimenticios que son cada vez más inalcanzables para los trabajadores haitianos. Miles de personas se han lanzado a las calles para protestar contra el alza de precios, incendiando negocios y oficinas. Las protestas han llegado hasta el punto de que algunos manifestantes intentaron tomar por asalto el Palacio Presidencial, levantando barricadas y lanzando piedras contra la policía.
La tendencia alcista de los precios internacionales de las materias primas, sobretodo de los alimentos, se refleja automáticamente en Haití, sin que las autoridades puedan hacer mucho para evitarlo. La producción alimentaria local, diezmada por las importaciones, es incapaz, no sólo de responder positivamente ante el aumento de los precios internacionales, sino también de reducir el impacto negativo de la crisis mundial, garantizando alimentos a la población. Los precios de los alimentos suben y los ya alarmantes niveles de hambre y desnutrición tienden a crecer. Pero, lo que sucede en Haití ahora, no es más que la consecuencia previsible de una crisis más antigua y latente, la que podemos definir como una crisis agroalimentaria. La crisis alimentaria haitiana, que amenaza con destruir mucho más la gobernabilidad de aquel país, es la consecuencia del empobrecimiento del país y de la destrucción de su aparato productivo agropecuario nacional.
La falta de soberanía alimentaría de la República de Haití, producto de las políticas de liberalización comercial acelerada, por un lado, y abandono del campo por otro, le impide al país caribeño enfrentar la escalada alcista de los precios de los alimentos en el mercado internacional, y tener un "colchón" alimentario para protegerse de la inestabilidad en los mercados internacionales y garantizar la alimentación de la población. Su alta dependencia agroalimentaria no le permite proteger a su población de los estragos del hambre. Esta fue una consecuencia previsible del modelo. Y es que las últimas tres décadas han sido decisivas para la desarticulación productiva de la economía haitiana actual y el aumento escalonado de la pobreza y las iniquidades sociales. La destrucción de la producción agropecuaria se vincula a una liberalización comercial acelerada e irresponsable, y a un abandono sistemático del sector en la política pública, ha ido sentando las bases para la eliminación de la cohesión social y política del país. La destrucción del campo haitiano, no sólo ha generado pérdida significativa en el empleo y en el producto, pobreza rural e impacto sobre el mercado cambiario y la balanza de pagos; sino que ha generado un enorme movimiento migratorio urbano-rural y hacia el exterior, con todas las consecuencias que este fenómeno conlleva, incluyendo un desarraigo y una pérdida de valores culturales.
Una aproximación general y rápida a la historia económica reciente de Haití permite sacar la conclusión de que ese país no logró una transición gradual que le permitiera una reestructuración económica desde la crisis del modelo sustitutivo de importaciones hasta el modelo neoliberal actual. La liberalización económica emprendida en Haití en 1981, que incluyó la apertura de los puertos provinciales, y la reducción arancelaria (que pasan de 30 al 10% en los años 80), la eliminación de los impuestos a la exportación y licencias de importaciones, se inicia a instancias del Banco Mundial (BM) y la Agencia Desarrollo de los Estados Unidos USAID, quienes para esa época iniciaron una publicitada "estrategia de desarrollo conjunta" para Haití, basada en las cadenas de montaje y la exportación agrícola, que auguraba la conversión de la economía haitiana en el "Taiwán" del Caribe. La historia ha sido diametralmente diferente.
Este proceso de liberalización económica se afianza y continúa, con ciertos altibajos después de 1986 con la pérdida del poder de Duvalier. La segunda oleada neoliberal ocurre en Haití después del período del Golpe de Estado (1991-1994), cuando la política de liberalización comercial es reforzada en 1995 por la eliminación total y/o la fuerte reducción de los aranceles aduaneros a la importación. La estructura de los aranceles se simplificó para llegar a seis tipos: 0%, 3%, 5%, 10%, 15% y 57.8%. El arancel promedio en Haití pasa en 20 años, entre 1982 y 2002, de 27.7% en 1982, a 2.9% en 2002. La liberalización generalizada del comercio en Haití se afianzó y desarrolló en el marco de un Programa de ajuste estructural de los que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) impusieron a los países subdesarrollados a raíz de la Crisis de la Deuda de principios de los 80 y como una "condicionalidad" para el financiamiento. Estos condicionamientos convirtieron al régimen comercial haitiano en uno de los más abiertos de los países menos adelantados -PMA-.
La misma Organización Mundial del Comercio OMC, en sus tradicionales exámenes de políticas, ha criticado el modelo de liberalización comercial desarrollado en Haití a instancias del Banco Mundial y el FMI. Según la OMC "dada su gran dependencia de los gravámenes aplicados a las mercancías importadas, el país se enfrenta a riesgos crecientes de inestabilidad social, debidos, sin duda, a una liberalización del comercio demasiado intensa. En un contexto de dificultades internacionales, la fragilidad de sus estructuras socioeconómicas es cada vez mayor"(2003). Haití, un pequeño y pobre país del Caribe, resultó por mucho tiempo el mejor alumno del FMI y del Banco Mundial en todo el hemisferio occidental en la materia de liberalizar aceleradamente su comercio internacional; destacándose así en reiteradas ocasiones en el Indice de Restricción Comercial (IRC) del FMI. Haití, junto a Uganda y Perú están entre las economías del mundo que se han liberalizado más rápidamente (OXFAM 2002).
Haití, el país más pobre del continente, llegó a ser en 1986 uno de los pocos países del mundo que alcanzaron el elevado estatus de economía totalmente abierta, con una clasificación de 1, según el indicador IRC del Fondo Monetario Internacional. La liberalización en el mercado agrícola ha tenido consecuencias atroces para los productores y los consumidores haitianos, pero, aún así, el país es alabado, sobre todo por el Banco Mundial, por ser un "alumno aventajado". En los últimos 10 años de liberalización comercial, desde 1995, se eliminaron todos los aranceles sobre 67 productos. Con la apertura casi total y sin medidas de protección se han perdido cerca de 830 mil puestos de empleo en cuatro sectores de la agricultura. Actualmente el país se encuentra en una situación de dependencia casi total con el mercado estadounidense ya que sólo el 18% del mercado local está cubierto por su producción arrocera. En términos per cápita, Haití es el principal comprador de arroz norteamericano.
Desde 1995, Haití tiene un 2.8% de arancel, el cual no sólo es el más bajo de la región, sino uno de los aranceles promedio más bajos del mundo, lo que significa que la economía haitiana ha sido la más abierta de toda América Latina. Haití posee un arancel aplicado promedio más bajo, incluso, que Chile, la Comunidad Europea y Estados Unidos, los cuales se suponen países líderes en materia de libre comercio. La liberalización comercial profunda y acelerada en Haití, ocurrida durante las décadas de 1980 y 1990, contribuyó a agudizar las limitaciones estructurales del sector agrícola y, por tanto, contribuyó significativamente a la desarticulación productiva de ese sector, generando la desaparición de productos agropecuarios enteros. Esta situación generó dependencia alimentaria, lo cual ha demostrado ser muy peligroso para la sostenibilidad democrática de los países. En este contexto es posible aplicar: "aquellos vientos trajeron estos lodos".
Sólo la garantía de la soberanía alimentaria permite a los Estados reducir los impactos negativos de la inestabilidad en los mercados internacionales. Un sector agropecuario desarrollado y estructuralmente sólido funciona como un colchón que amortigua los efectos de un encarecimiento de los productos alimentarios a nivel internacional. Los países que no cuentan con un sector agropecuario desarrollado, no pueden proteger a su población de la agroinflación actual, ni del hambre. La política comercial debe estar, por tanto, guiada por objetivos concretos de desarrollo, responder a una agenda nacional a largo plazo y no verse como un fin en sí misma. La apertura comercial, aunque puede ser positiva para algunos sectores, suele ser negativa para otros. La liberalización del comercio debe por tanto responder a una agenda de desarrollo bajo los criterios de gradualidad, trato especial y diferenciado y protección de los sectores vulnerables. En esta política como en toda, el sector agropecuario debe ser enfocado como sector social y ambientalmente vulnerable.
Los Estados interesados en reducir los impactos de la crisis agroalimentaria actual, estarán obligados a implementar políticas sectoriales activas que permitan el desarrollo rural y garanticen la soberanía alimentaría de los países, como única garantía para enfrentar las inestabilidades del mercado internacional. La soberanía alimentaria es la única arma para proteger la población del hambre.
Fuente Periodista Escolar, autora: María Gutiérrez Miera
Mientras tanto en la Argentina lo único que vale es la soja transgénica nuestros hombres de campo seguirán presionando...Recuerden el concepto:
Haití, es aquí.
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