San Juan: la justicia suspende la Ley de Glaciares
Un juez federal resolvió que la ley nacional no se aplicará en la provincia. El argumento es que viola la Constitución. La norma apunta a garantizar la protección de "reservas estratégicas de recursos hídricos".
Aunque la Ley de Protección de Glaciares fue sancionada a principios del mes pasado y promulgada la semana pasada, la provincia de San Juan no estará obligada a aplicarla. Al menos por ahora.
Es que el juez Federal Miguel Ángel Gálvez resolvió que su provincia no se debe acoger a la norma que es nacional y que aprobó el Congreso.
El argumento del juez es que cada provincia decide por sus recursos naturales y que cada una debe administrarlos, tal como pidió el gobernador sanjuanino José Luis Gioja.
El trámite fue rapidísimo. Ayer hicieron la presentación a la Justicia gremios y empresarios mineros. Hoy el juez se expidió y dejó suspendida la aplicación de la Ley.
El tema ahora va a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según dijo Jaime Bergé, titular de la Cámara Minera de San Juan, a Diario de Cuyo.
Qué dice la Ley
La ley declara los glaciares como "bienes de carácter público" y apunta a garantizar su protección de "reservas estratégicas de recursos hídricos".
Quedan prohibidas en los glaciares las actividades que puedan afectar su condición natural, como la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza.
Tampoco se pueden emprender obras de arquitectura, con excepción de las necesarias para la investigación científica, y la instalación de industrias o el desarrollo de obras o actividades industriales.
Entre las normas más controvertidas, la ley crea el Inventario Nacional de Glaciares, en el que se deberán registrar todas las reservas hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información necesaria para su adecuada protección.
La regulación afectará a las provincias cordilleranas con intereses mineros, en especial la de San Juan, y las cámaras empresariales mineras y petroleras.
Las actividades proyectadas en los glaciares que no se encuentran prohibidas, sin embargo, estarán sujetas a estudios de evaluación de impacto ambiental.
La ley establece un abanico de sanciones e infracciones, que van desde el apercibimiento hasta multas y el cese definitivo de la actividades. Los importes recaudados por esta vía se destinarán, prioritariamente, a la protección y restauración ambiental de los glaciares afectados.
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