Primera Parte.
Segunda Parte.
Tercera Parte.
Foto de Carlitos Marx.
Y el Partido Pirata?...A veces cuando veo lo que hacen algunos que se dicen de izquierda pienso que soy de derecha....
Pero bueno.
Veamos algunas cosas que andan por ahí:
BRASILIA (AP) - Cuba realizará plantaciones experimentales de soja en terrenos tradicionalmente utilizados para el cultivo de caña de azúcar, anunció el martes la Empresa Brasileña de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa), que apoyará el proyecto.
Me fijo en la página de la Embrapa (es como el INTA brasileño) y dice:
Técnicos cubanos empiezan a aplicar las tecnologías de la Empresa Brasileña de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa) en el proyecto Cubasoy, que substituye una tradicional área de caña de azúcar por el cultivo de soja. Dentro de 30 días, 20 variedades de la oleaginosa desarrolladas por la estatal brasileña, vinculada al Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, llegan a Cuba para dar inicio a los tests de adaptación.Además del material genético a ser probado, el gobierno de Cuba apuesta en la capacitación del personal involucrado en Cubasoy -hoy con 2 mil hectáreas en la provincia de Ciego de Ávila, con la meta de llegar a 40,5 mil hectáreas a largo plazo.
"Seis años después, el accionar de ciertos partidos de la izquierda no ha cambiado, en todo caso se ha profundizado su proyecto o ha llegado a otros horizontes, avanzando sobre nuevos sectores de la sociedad golpeados por la crisis. Seis años después, el comensalismo de cierta izquierda con el Poder, en el asistencialismo y en el pastoreo de la pobreza extrema, resulta evidente, en especial si tenemos en cuenta los miles de activistas reclutados como empleados por el Ministerio de Desarrollo Social, que ha devenido en un modelo de vida política, en especial de aquellos partidos que no alcanzan los cupos electorales necesarios para medrar con la democracia partidocrática.
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El artículo es del año 2004, las cosas cambiaron mucho desde entonces, sería cuestión de ver si sigue o no vigente. Hay discusiones sobre si Google tiene o no que tener regulaciones. El Estado ya no parece tanto una "mala palabra" como en los tiempos de Menem, hasta en el área financiera piden, los que antes hablaban de libertad regulaciones...
Veremos cómo sigue la historia...
Dos o más caras tiene el proceso estatización de la jubilación privada. Y merecen atención las contradictorias y polémicas reflexiones.
Por un lado, las AFJP contribuyeron a su liquidación. Organizadas con un desmedido afán de lucro, hicieron de un fin social -la indispensable protección de la vejez- un suculento negocio, con comisiones pagadas por todos los afiliados, más publicidades y promociones escandalosas, sueldos astronómicos de sus ejecutivos y hasta algunas operaciones definidas como fraudulentas con el dinero de los aportantes. Eso se ventiló, por ejemplo, en el juicio a ex directivos de la ex AFJP Siembra, que ganó los titulares de los diarios en 2004 y 2005.
Tampoco sirvieron las AFJP para desarrollar un mercado de capitales ya que "invertían" en la compra de títulos del Estado, cobrando tasas elevadísimas por un ahorro obligatorio de los argentinos.
Participaban de otras acciones. Formando parte de fideicomisos que vinieron otorgando una proporción significativa de los créditos para el consumo (artículos para el hogar, entre otros). Y al operar en el mercado de valores fueron incorporando carteras de acciones de empresas argentinas de primer nivel por más de 10.000 millones de dólares.
El sistema de las AFJP estaba organizado de tal manera que el afiliado era la variable de ajuste, ya que las ganancias de esas compañías estaban aseguradas, cobrando por adelantado una comisión, con vista a obtener una rentabilidad incierta, que incluso podía ser negativa. Era un régimen de imprevisión para el afiliado pero muy previsible para los accionistas de las AFJP. Con los avatares financieros de los últimos tiempos tenían pérdidas del 20 por ciento.
De todo ello no se deduce, para nada, que la administración del Estado, es decir la jubilación estatal vaya a ser una panacea, como no lo fue hasta ahora.
El sistema público requiere ser administrado por los propios interesados, asegurando el 82 por ciento móvil, con beneficios automáticos, sin pasar por los gestores o abogados que se llevan una suculenta comisión por un trámite que debería ser gratuito y suministrado por la propia ANSeS.
La eliminación de las AFJP debería ser una oportunidad para contar con un universo provisional estatal donde el jubilado no tenga que hacer juicio para cobrar lo que le corresponde. Está pendiente el reconocimiento a todos los jubilados del fallo Badaro (actualizar los haberes según el índice salarial) , el reajuste de los cobros, la movilidad bien entendida.
Los que dicen que la jubilación dependerá de un Estado que siempre fue un mal pagador no exageran ni fabulan. La experiencia histórica no abre las puertas a la mejor esperanza. Pero se olvidan que la jubilación privada también dependía de ese Estado, porque los aportes de la gente estaban invertidos mayoritariamente en bonos del Estado, con la diferencia de que por esos títulos el Estado abonaban intereses elevadísimos.
Los que hablan de la Caja que se transfiere al Estado, están reconociendo que los accionistas de las AFJP manejaban esa caja sin consultar a sus afiliados y sin control de los aportantes.
Foto en una marcha en contra de la estatización del sistema de AFJPs.El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió dar por finalizado el actual régimen de capitalización de jubilaciones y establecer un sistema único y de reparto para todos los trabajadores. Lo único que subsistirá es la posibilidad de que, aquellos que quieran tener un haber jubilatorio mayor, hagan aportes adicionales a las AFJP o a compañías de Seguros de Retiro.
Más allá de las motivaciones políticas e ideológicas que la presidenta transmitió con gran fuerza, quedan dudas acerca del acierto o no de la decisión propuesta al Congreso para el debate, la cual habría estado motivada por las pérdidas registradas en los fondos acumulados como consecuencia de la crisis financiera y bursátil.
La realidad es que las Administradoras sólo podían invertir en aquellos destinos que les fijaba el Estado por medio de la Superintendencia de AFJP. El mismo Estado, antes, les obligó a financiar el déficit comprando títulos públicos. Luego no pagó la deuda. Vino el canje y les hizo una quita del 40% y les dio nuevos bonos actualizados por un CER mentiroso.
Con la crisis bursátil y bancaria del año pasado, el gobierno obligó a las administradoras a traer fondos del exterior, básicamente Brasil y luego les vendió nuevos bonos. Hoy los bonos se cayeron por temor a la seguridad Argentina y el gobierno acusa a las administradoras de haber invertido mal y se apropia de los fondos, diciendo que será mejor administrador.
El problema ideológico en el medio
Tanto en su nacimiento, como ahora en su defunción, hubo fuertes componentes ideológicos, pero hay algunos aspectos que hay que analizar.
El primero, es que tiene razón el titular del Anses cuando dice que el sistema desfinanció al Estado. Por eso Cavallo recibió muchas críticas de especialistas que le decían que separara las cuentas del gasto corriente de las previsionales. Así, podría haber demostrado que en el tiempo, con una proyección técnica, el sistema sería viable.
Y hay que reconocer que los jubilados cobraban muy mal antes del nacimiento del régimen de capitalización. Por eso, la mayoría de los jóvenes adherían al nuevo sistema al ver los magros ingresos de sus mayores de parte del sistema de reparto.
A medida que el sistema marchaba aparecieron las primeras luces de alerta. Una era el alto costo de las compañías de seguros. La comisión incluía un seguro de vida y, extrañamente, el sistema presentaba alta siniestralidad, ya sea por muertes o incapacidades que generaban jubilaciones anticipadas. Esta situación hacía subir el precio de las primas incluidas en la comisión
Ante ello, el gobierno de Néstor Kirchner dispuso que se unificaran las compañías de seguros, ya que había una por cada administradora. Por razones de costo, lo llevaron a un sistema de seguro mutual que hizo bajar notablemente los costos. Por eso la comisión pasó del 30% al 10% desde 2006.
Otra luz de alerta vino por los costos para los accionistas de las administradoras. Es que el sistema preveía que las administradoras debían establecer un depósito en garantía, una especie de encaje. Pero a medida que los afiliados aumentaban y los fondos crecían, los accionistas debían aumentar sus aportes. Es decir, no tenían rentabilidad y debían seguir aportando plata.
Alegría silenciosa
Más allá de las declaraciones de algunos ejecutivos de las AFJP, lo real es que el negocio ya no les cerraba a los accionistas principales. Mucho menos cuando, con menos comisiones, debían seguir aportando para constituir el encaje.
Además, con la actual crisis, muchos debían empezar a atender otras situaciones, por lo que no sería de extrañar que, en la intimidad, varios estén respirando tranquilos con la decisión presidencial. Las deformaciones del sistema original, los defectos de fábrica que traía y la crisis, eran un incentivo más que interesante para salir de un negocio en el que nadie quería entrar.
El problema demográfico
Pero uno de los temas centrales, que no está en análisis, y debería estarlo, es qué posibilidad real tienen los sistemas, tanto estatales como privados de atender debidamente las prestaciones para que los jubilados tengan un ingreso digno.
Cuando nació el sistema de capitalización, la expectativa de vida, según cálculos actuariales, eran de 69 años para el hombre y 73 años para la mujer. Esto significaba que el haber mensual se calculaba dividiendo el total del fondo acumulado por la cantidad de meses restante entre la jubilación y lo que –se suponía- era el fin de la vida.
El problema es que hoy, la expectativa de vida aumentó y es de 73 años para los hombres y de 77 para la mujer. Los técnicos estiman que, con los avances de la ciencia y la mejor toma de conciencia de las personas sobre su cuidado personal y la tarea de prevención, dichas edades aumentarán para dentro de diez años.
De esta manera, el mismo fondo, que en 1994 debía financiar 48 meses, ahora debía servir pagar 72 cuotas, lo que supone un ingreso bastante menor. A medida que el tiempo avanzara, el problema se agravaría.
Claramente, el sistema de capitalización no podría ya, por si solo, asegurar una prestación razonable y mucho menos podría en el futuro.
Pero el sistema de reparto deberá asumir riesgos más graves. Y este es el problema demográfico del envejecimiento de la población. La pirámide poblacional cada vez se va pareciendo más a un rectángulo, porque las tasas de natalidad son cada día más bajas y las tasas de longevidad son cada vez más altas, por los mismos factores que explicamos para las AFJP.
Frente a esto, el sistema de reparto tiende, ciertamente, a ser deficitario en el tiempo.
Lo que los analistas suponen será el mayor obstáculo para la recuperación europea es, precisamente, este proceso de envejecimiento que pondrá una presión infernal sobre los presupuestos y generará déficits explosivos.
Por esta razón, la decisión de la Presidenta de que el Estado asuma toda la responsabilidad previsional es muy peligrosa y tiene una proyección futura imprevisible, hasta el momento, pero ciertamente no escapará a los que ya ocurre en el mundo. Es probable, que con tanta motivación ideológica aparente, y tanta necesidad de caja real, Argentina (no el gobierno) haya comprado una pesada hipoteca futura.
Seriamente, y sin prejuicios –como pidió Cristina Kirchner - habría que avanzar en el diseño de un sistema que complemente prestaciones públicas y privadas para obtener el objetivo que desvela a todos: que los jubilados tengan un ingreso digno cuando lleguen a la vejez para que ésta también sea digna.
Paper de Fiel sobre los diferentes sistemas de jubilaciones, es un archivo pdf.
The Last Laugh - George Parr - Subprime - subtitulos
Verán abajo la primera página que sale en el buscador Google de Argentina:
Presionando en la imagen la verán de un tamaño mayor.
Fuente: Nuestro Mar.
Sobre el ataque a San Juan Capistrano:
"Bouchard no cumplió su promesa pues semanas más tarde desembarcaba en San Juan Capistrano preciosa bahía a dos millas de una de las bellas misiones de California. Bouchard envió un mensaje exigiéndo provisiones a cambio de las cuales no atacaría la misión.(23)
El prior contestó que desembarcaran si querían y que les daría una buena provisión de metralla y pólvora. Bouchard montó en cólera y ordenó a Corney que desembarcara con 140 hombres y dos cañones para probar la pólvora de los misioneros. Una partida de caballería hizo un amago de ataque pero se retiró al galope. Corney ocupó la misión y sus edificios y después de desayunar se dedicó al saqueo. La misión estaba bien surtida de alimentos pero no había dinero ni tesoros. Encontraron gran cantidad de vino y licores y se destruyó la propiedad pública y privada. A las dos de la tarde dio Corney la orden de marcha que no pudo llevarse a cabo con la marcialidad deseada pues muchos de su hombres estaban borrachos, a tal punto, que fue necesario amarrar algunos a los cañones y arrastrarlos hasta la playa. Seis habían quedado atrás y al día siguiente se azotó a 20 más por borrachos.(24) "
Fuente: El Real Ejército en California.
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Iremos exhibiendo los trabajos que nos envíen, los esperamos!
La agricultura campesina representa el 70 por ciento de las explotaciones agropecuarias de Argentina, produce el 53 por ciento de los alimentos que se consumen en el país y aporta la mitad del trabajo rural, según cifras oficiales. Las organizaciones campesinas también encabezan las estadísticas de desalojos, prisión y represiones, que en la última década se transformaron en hechos cotidianos. La avanzada represiva tuvo su punto máximo el último mes: 35 campesinos encarcelados y 95 pedidos de captura en sólo tres provincias, Santiago del Estero, Mendoza y Formosa. Denunciada como una “caza de brujas”, la judicialización de la lucha rural avanza sobre familias que rechazan el cultivo de soja, siembran para autoconsumo, crían animales y trabajan la tierra con sus propias manos, son la base de la pirámide rural. “Campesinos en lucha están sufriendo una persecución política, violenta e impune. Exigimos la inmediata liberación de compañeros, la investigación de funcionarios, jueces y policías que violaron derechos humanos, y exigimos la suspensión de los desalojos”, denunció el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que nuclea a 15.000 familias rurales de siete provincias.
En Mendoza no hay soja, pero el avance del monocultivo en otras regiones produjo el corrimiento de frontera ganadera y sus consecuentes desalojos. Históricas familias campesinas observaron cómo grandes hacendados avanzaban sobre sus tierras. José Quintero tiene siete hijos, vive en Jocolí, departamento de Lavalle, y es miembro de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST). Su padre criaba animales desde 1976, y él continuó el oficio. Desde hace más de veinte años ocupa y trabaja una finca en la que pastorean las cabras, chanchos y caballos. Aunque cuenta con posesión veinteañal, protegido por ley, la Liga de Rematadores ofertó la finca, con los campesinos dentro.
La UST, miembro del MNCI, denunció el hecho y logró que la Justicia dicte la “suspensión de todos los procedimientos del remate” e inicie una investigación de los hechos. También hizo lugar a la presentación de los derechos de posesión de José Quintero. La propiedad no pudo ser inscripta por los empresarios, pero éstos igual ingresaron topadoras y comenzaron a arrasar el monte. Quintero llegó hasta la comisaría de Jocolí, pero la policía no le recibió la denuncia. Como única opción, y junto con la UST, comenzó a frenar las topadoras. Entonces los efectivos sí actuaron: encarcelaron a Quintero y otros dos miembros de la organización. También ordenaron la captura de otros diez trabajadores rurales.
“Ante las denuncias de los campesinos, la Justicia y la policía jamás actúan. En cambio con sólo un llamado de los empresarios la policía acciona de inmediato”, denunció la UST de Mendoza y apuntó a la cuestión de fondo: “Hay una clara persecución y criminalización de la lucha por los derechos humanos campesinos y un intento de instalar el terror en la zona, para que los empresarios puedan apropiarse de fincas sin la resistencia de los poseedores legítimos y legales”.
En el departamento de San Rafael, al sur provincial, otros cuatro militantes campesinos de la UST enfrentan un juicio oral acusados de “usurpación” de la tierra donde viven desde hace tres generaciones. Y otros 30 campesinos están imputados por resistir a ser desalojados de sus fincas ancestrales. “Estamos amparados por leyes y artículos del Código Civil, pero algunos jueces, fiscales y policías parecen desconocer la legislación”, denunciaron los Sin Tierra de Mendoza.
En Formosa, el Movimiento Campesino provincial (Mocafor) forma parte del flamante Frente Nacional Campesino (FNC), nacido durante el conflicto de las entidades patronales y el Gobierno, apoyó la Resolución 125 y marchó al Congreso para su aprobación. El gobernador Gildo Insfrán es aliado del oficialismo, pero ni eso influyó al momento de la criminalización de la organización. En dos días sufrió la detención de tres militantes, que habían resistido el atropello de empresarios, y ordenaron la captura de otros cinco. El centro del conflicto es la Estancia La Florencia, de 90 mil hectáreas, en el oeste formoseño, que pretende echar a históricos habitantes. “Estábamos en un momento de tregua, sin movilizaciones, buscando el diálogo, y la Justicia, que obedece al gobernador, nos encarcela”, explicó Benigno López, referente del Mocafor. También remarcó que en todo el país “se está acentuando la violencia y agudizando la represión para que campesinos dejen sus tierras, algo que no dejaremos que suceda”.
Pioneros en la lucha contra el monocultivo de soja y la deforestación, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) nuclea a 9000 familias. Enfrentan a paramilitares y sojeros, cuentan con una escuela propia, radios comunitarias y emprendimientos productivos. Las veces que fueron desalojados, han vuelto a recuperar sus tierras. En el último mes sufrieron 29 detenciones, 50 pedidos de captura y tormentos propios de la dictadura militar, saqueo de viviendas por parte de efectivos policiales, simulacros de fusilamientos, disparos con balas de goma desde corta distancia, golpes y torturas.
“Como no han podido cooptar al Mocase-Vía Campesina, pretenden desarticularlo y quedarse con las tierras ancestrales. Es un accionar conjunto del poder político y judicial de Santiago del Estero para favorecer el avance de los agronegocios y los grandes terratenientes”, afirmaron desde la organización campesina.
En sólo un mes, la organización sufrió media docena de allanamientos en las localidades de Monte Quemado, Pinto, Quimilí, Tintina, Atamisqui y Termas de Río Hondo. La represión incluyó golpes de puño, patadas, insultos, robo en los ranchos campesinos; destruyeron viviendas, extrajeron herramientas y hasta les llevaron una camioneta. Todos los operativos fueron realizados de manera espectacular, con más de treinta efectivos con armas largas y rostros tapados. La policía recorría parajes y ranchos, allanaba sin orden judicial y apresaban sin razón alguna. “Una caza de brujas”, denunció el Mocase-VC, también miembro del Movimiento Campesino Indígena (MNCI).
Las acusaciones sobre los campesinos van desde “robo de un caballo” –según consta en la denuncia, y que provocó allanamientos masivos– hasta la supuesta “amenaza de muerte, tenencia de armas y hurto de productos forestales”. La mayoría de las causas están en manos de los jueces Alvaro Mansilla, Jorge Salomón, Ramón Tarchini Saavedra y Anselmo Juárez –ex abogado del jefe de inteligencia del juarismo, Musa Azar–. “Son las acusaciones que acostumbran los terratenientes de la zona contra quienes frenamos los desmontes y los alambrados, y hacemos respetar nuestros derechos. Según los jueces, cuando nosotros denunciamos inventamos la denuncia, y cuando denuncian contra nosotros sí son hechos delictivos”, explicaron desde el Mocase-VC, que exige el cumplimiento de la Ley de Bosques (que debiera frenar los desmontes) y la norma de “Emergencia Indígena, 26.160” (freno a desalojos). Ninguna de las leyes se cumple en tierra santiagueña.
El miércoles último, los campesinos santiagueños instalaron una carpa negra frente a los tribunales de Santiago capital. Exigen la liberación inmediata y la anulación de las “causas inventadas” que mantienen presos desde hace 40 días a Luis y Santos González, miembros del Mocase-VC procesados por resistir el desalojo de sus tierras ancestrales.
Con casi veinte años de lucha, el Mocase-VC sufrió represión, cárcel y asesinatos durante el juarismo, que gobernó Santiago del Estero durante cinco décadas. El hostigamiento nunca cesó, ni durante la intervención federal ni con el gobernador Gerardo Zamora, aliado del gobierno nacional, y que rechazó dialogar con PáginaI12. Conocida como la “capital nacional del desmonte”, Santiago del Estero encabeza la lista de destrucción de bosques nativos: 515.228 hectáreas entre 2002 y 2006, siempre de la mano del avance sojero.
El gobernador Zamora, sindicado por el Mocase-VC como máximo responsable de la criminalización campesina, asistió hace diez días al lanzamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, espacio que estaría al servicio de los campesinos, con promesas de subsidios y elogios al sector. En su provincia, en cuanto a problemática de tierras, el gobierno santiagueño sólo impulsó una “Mesa de Diálogo”, donde hay tan múltiples actores (incluso ONG que aceptan la soja y los agrotóxicos), y con tan poco poder de decisión, que no ha dado respuestas concretas a la problemática del sector. De esa Mesa también participa el Programa Social Agropecuario (PSA), instancia gubernamental que debiera asistir a familias rurales, pero que margina al Mocase-VC por su independencia del gobierno provincial.
El ministro de Justicia de Santiago del Estero, Ricardo Daives, tampoco aceptó hablar con este diario. Daives es acusado de impulsar la represión, en complicidad con el senador nacional Emilio Rached, ex vicegobernador y ex intendente de la localidad de Pinto, impulsor de la soja en la zona. Rached, legislador clave en el rechazo de la Resolución 125, aspira a la gobernación de Santiago del Estero y tiene entre sus principales detractores al Mocase-VC, única organización que lo enfrentó y que Rached no pudo vencer.
Fuente: Diario "O Estado de São Paulo-Brasil.
Chacarera con zonceras (Alloatti-Spinosi Cian)
Si quiere comunicarse con los autores de la Zamba.
Zamba del Banderillero de los mismos autores.
Todos son proyectos y parece que ninguno fue aprobado...
En las provincias vemos:
(Comentario al fallo "Bordenave, Sofía A. s/Mandamus")
Hay algo interesante en lo que dice el Director Nacional de Alimentación de la Secretaria de Estado de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación:
“...los documentos tomados en cuenta por la ordenanza no son suficientes para sustentar con rigor científico los fundamentos de las misma y se ignoran otros que se consideran fundamentales....el decomiso de mercaderías para el caso que no se cumpla con la obligación impuesta a los comercios...en ejercicio del poder de policía local debe estar avalado por sustentos científicos dando primacía a la salubridad y la seguridad pública, extremos que en el caso particular no se encuentran comprometidos ”. Por último expresa “...Argentina se opone a la diferenciación obligatoria de alimentos derivados de productos OMGs, ya que constituye un obstáculo innecesario para el comercio de acuerdo a lo establecido en los Acuerdos de Obstáculos Técnicos al Comercio(TBT) de la OMC...”; “...no es cierto que exista consenso en que los alimentos que contienen transgénicos lleven un etiquetado diferencial a los sustancialmente equivalentes, cuestión que a la fecha se encuentra debatida a nivel internacional y que la Comisión del Codex Alimentarius no ha resuelto aún...”.
O sea....Aunque no se sepa bien lo que hacen los alimentos modificados genéticamente, bueno, asumimos que son iguales a los comunes.
Ahora, ¿tampoco importa el daño que le hacen al medio ambiente?, ya sabemos que el director no vió las películas:
Por las dudas lo invitamos a que descargue los videos desde las páginas del "Partido Pirata" para que pueda informarse.
Afortunadamente un juez aclara:
"El juez destaca que el proyecto de derogación de la Ordenanza Nº 1121-CM-2001, del Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, no solamente no fue receptado por el legislador que dictó la norma, sino que en fecha 22-9-2003 el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, actualizaron la normativa al respecto en base a la cual se dictó la Ordenanza; y en fecha 7-1-2004 la SAGPYA fijó- aunque parcialmente-una política en la materia, invocando entre otras consideraciones:”...Que ante los riesgos que puedan derivarse de la liberación al medio de Organismos Vegetales Genéticamente Modificados (OVGM) para los agrosistemas y el bienestar social y económico del país, se configuran en el caso los motivos agronómicos y de interés general a que hace referencia el art.15 de la Ley Nro. 20.247"
El voto del Dr. Sodero Nievas y la posibilidad de juicios al Estado por el consumo de Transgénicos
"Avanzando en la exposición de su voto, el magistrado se refiere a la responsabilidad civil que eventualmente le puede competir al Estado, expresando:”De la impericia con que el estado maneje aspectos tan delicados como el de los OGM, con tanta variada proyección en sus consecuencias, pueden llegar a surgir compromisos no deseados ni debidos para ser eventualmente resarcidos por éste, como consecuencia de reclamaciones que lleguen a consolidarse judicialmente”."
O sea, en algún momento nosotros, como consumidores, podremos hacerle juicios al Estado..Y el Estado perderá las causas, ahora, el Director de alimentos, ¿responderá con su patrimonio?
Los alimentos elaborados a partir de materias primas que pudieran derivar de organismos genéticamente modificados (OGM) cumplen con estos requisitos al igual que los “convencionales”. La ley nacional no distingue entre unos y otros, por que se ha dictaminado científica y técnicamente, conforme a las normas vigentes en la materia, que son “equivalentes”
Debates y sospechas
En la Argentina el debate acerca del consumo y la identificación de alimentos transgénicos lleva varios años de retraso. En el Congreso existen unos siete proyectos de ley para reglamentar el etiquetado que no llegan a buen término.
Los ecologistas sospechan que la ley no sale debido a la presión que ejercen empresas multinacionales que utilizan estas técnicas genéticas en sus alimentos.
El año pasado militantes ecologistas participaron en distintas protestas tras detectar transgénicos en productos como papas fritas, fideos, sopas y hamburguesas de pollo. Todos esos productos fueron identificados por medio de un análisis genético conocido como PCR.
En su protesta, los ambientalistas hicieron notar que las mismas marcas que en la Argentina trabajan con transgénicos, en países europeos como el Reino Unido o Bélgica no aceptan alimentos genéticamente alterados.
Por eso cientos de consumidores enviaron cartas a las empresas para exigirles que identifiquen los productos que venden en la Argentina. Y se preguntaron si los argentinos somos consumidores de segunda, ya que no podemos elegir lo que comemos debido a la falta de etiquetado.
Mientras tanto leemos en el Exterior:
Ahora en los dos últimos artículos leemos con algo de verguenza:
Y algo de verguenza da leer lo que hacen los "representantes" argentinos en el Exterior, igual cuando haya varios cientos de juicios contra el Estado Argentino por no preocuparse por lo que estabamos comiendo los argentinos, ellos no responderán con su patrimonio, así que es fácil la cosa...
Fuentes:
El escritor brasileño Paulo Coelho elogió hoy las posibilidades que abre internet a la literatura e invitó a las editoriales a que no vean los nuevos medios como una amenaza, a la vez que se mostró convencido de que el libro impreso durará al menos mil años más.
En un discurso pronunciado durante la conferencia de prensa inaugural de la Feria de Frankfurt, Coelho se refirió a sus experiencias en la red y, además, comparó las repercusiones de la revolución digital con la que tuvo en su momento la invención de la imprenta por parte de Gutenberg.
"A la nueva técnica de impresión debemos el que se haya hecho posible el intercambio de ideas y rehacer el mundo de acuerdo con esas ideas", dijo el autor de La bruja de Portobello recordando el invento del herrero alemán.
Coehlo ve la evolución de los últimos diez años, con el surgimiento del internet y de nuevas plataformas para la difusión de ideas, como una radicalización del proceso de "democratización de las ideas" iniciado por Gutenberg.
"Poco a poco la gente tiene claridad acerca de que pueden publicar lo que quieran en la red, donde todo el mundo lo puede ver, y acerca de que son sus propios directores de programa", dijo.
Además, en la red -y eso es clave para las industrias relacionadas con el mundo de la cultura- "la gente intercambia sin coste todo aquello que es importante para ellos y espera que ello sea posible también con los productos de comunicación de masas".
Coelho se mostró convencido de que la industria de la música tuvo una reacción inicial equivocada y en lugar de ver las posibilidades de la evolución que se estaban dando trató de impedirla a través de los tribunales.
"En 2001 lograron que Napster y otras páginas web de música fueran cerradas. Habían ganado una batalla pero no la guerra. No podían impedir que surgieran otras Peer-to-Peer que mantuvieron alta la bandera del intercambio gratuito", dijo.
El escritor considera que, en lugar de recurrir a sus abogados, la industria de la música debería haber buscado otra solución como, por ejemplo, pedir el pago de cinco céntimos por canción bajada de la red.
"Alrededor de 2000, nadie hubiera tenido un problema con ello, entre otras cosas porque los costes hubieran sido mucho menores que los de un CD", dijo.
El sector editorial parece, según Coelho, más "protegido" frente a la red que la industria de la música o la industria cinematográfica y eso se debe en buena parte a que la evolución tecnológica le trae más ventajas que a otros medios.
Entre otras, internet es un medio que en buena parte tiene que ver con la lectura y la escritura y eso llevó a que en los años 90 las editoriales pudieran registrar con alegría un renacimiento de la comunicación y la expresión escrita.
Coelho cree, sin embargo, que hasta el momento la actitud del sector editorial frente a internet tiene mucho de incomprensión y de desconcierto.
"Lamentan la ' Coelho.
Para Coelho, en cambio, internet es ante todo una posibilidad de difusión y un camino para aumentar el número de lectores, que no sólo leen los textos a través de la red sino que también terminan, tarde o temprano, recurriendo al libro impreso.
Coelho habla del tema a partir de su propia experiencia. En 1999, según recordó, sus libros se enfrentaban a serios problemas de distribución en Rusia pero cuando apareció una copia pirata digital de El alquimista -que luego él mismo reprodujo en su página web- las ventas se dispararon.
"El primer año, las ventas pasaron de 1.000 a 10.000 ejemplares, en el segundo ascendieron a 100.000 y un año después había vendido un millón de libros", dijo Coelho.
Esa experiencia le llevó a crear su página web, The Pirate Coelho, en la que el escritor, como el mismo dice, se convirtió en "pirata de sí mismo" apoyado por lectores de todo el mundo.
Tras una fase de incomprensión de las editoriales, una de ellas, la estadounidense "Harper Collins", se dio cuenta de las posibilidades que deparaba ese experimento y desde comienzos de este año publica mensualmente on line un título de Coelho.
"El tiempo dirá cómo recupero el dinero que invierto en el proyecto. Pero invierto en algo por lo que cualquier escritor del mundo estaría agradecido: un gran número de lectores para mis obras", dijo el autor de "Ser como el río que fluye".
Fuente: EFE
Fuente: Revista Eñe de Clarín.
Así que si lo dice él que vendió más de 100 millones de libros, que nos cuenta su experiencia en Rusia en donde su libro disparó en las ventas luego de la edición para intercambio gratuito....Ojalá los editores de la Feria de Frankfurt lo escuchen, aunque lo dudo mucho...
Pero bueno, todavía los libros digitales son complementarios NO COMPITEN con los libros impresos...Todavía...
Por eso seguimos nombramos al "Pirata Coelho" Caballero de la Orden de Bouchard en Grado Máximo.
Convierten en ley la prohibición para realizar explotación minera a cielo abierto en Córdoba
La Legislatura la aprobó por unanimidad, a pesar de la oposición del sector minero. También se prohíbe la explotación de uranio.
La Legislatura provincial aprobó el día 24 de septiembre de 2008, una ley que prohíbe la minería nuclear, la metalífera a cielo abierto y la utilización de sustancias químicas tóxicas para la actividad minera en cualquier punto del territorio cordobés. Fue en fallo casi unánime ya que los legisladores por el Frente Cívico Eduardo Bischoff y Augusto Varas fueron los únicos que se abstuvieron a la hora de emitir su voto.
Para la entrada en vigencia de esta ley aún resta su publicación en el Boletín Oficial.
El proyecto de ley fue firmado por el gobernador Juan Schiaretti en junio pasado y hoy fue tratado en la Unicameral con la presencia de organizaciones ambientalistas como Ongamira Despierta y también de los sectores económicos que rechazan esta restricción
Mientras la Legislatura debatía el proyecto, miembros de la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (Cemincor) y la Asociación Obrera Minera Argentina (Aoma) reparten folletos en el acceso a La Calera (por Bajada Colorada), después del peaje, y en la zona del Dique Piedras Moras en rechazo a la ley.
Estos sectores entienden que si bien actualmente no hay extracción metalífera a cielo abierto, la prohibición "no va a permitir a la Provincia desarrollar su potencialidad minera sustentable" y "es una marcha atrás", según dijo a LAVOZ.com.ar Hugo Apfelbaum, presidente de Cemincor.
El legislador justicialista Marcelo Falo, titular de la Comisión de Asuntos Ecológicos, defendió el proyecto y negó que Córdoba no tenga atribuciones para legislar en materia minera (algo que en principio está regido por el Código Minero de la Nación) y resaltó que la Provincia sí tiene la potestad en los temas ambientales.
" otro hecho que dignifica a los encuentros populares y a sus búsquedas de una sociedad más profunda. Ocurrió en Los Toldos, también provincia de Buenos Aires, donde los mapuches hicieron un encuentro con el bello nombre de “Caminata por la defensa de todas las vidas”. La música típica de ellos acompañó al encuentro que llevaba como lema “El habla de la tierra, el agua, el viento y el fuego”. Las invitaciones fueron amplias: a los pequeños productores orgánicos, a ambientalistas, y a otros pueblos originarios. Participaron escuelas y jardines de infantes y abuelos mapuches entregaron a los niños plantines de flores y plantas medicinales, como signo de la diversidad biológica. También se plantó una cortina forestal como símbolo de detener las fumigaciones sobre los campos. Se leyó una página de Verónica Azpiroz Cleñan, donde describe lo que era esa región antes y lo que es ahora. Después detalló la tierra donde vivió su abuelo y lo que es ahora. Dijo:
“Ayer fui al campo donde vivió mi abuelo. Encontré una tapera. El campo está sembrado de soja, la tierra ya no es negra. Es grisácea. No hay ya ni caballos. Ni vacas, ni lechones, ni plantas, ni huerta, ni flores, ni pájaros, ni mariposas, ni perdices, ni gaviotas, ni el cielo azul de mi infancia.
Me quedé pensando. Está en el recuerdo vivo de nosotros, el modo de producción agraria sin lastimar la tierra, con una producción diversificada, en equilibrio con el ecosistema, con el espacio natural y respetando las fuerzas naturales que dan vida a todas las vidas. Los espacios territoriales han sido transgredidos, contaminados por la fumigación y así, ha sido fumigada nuestra salud, nuestro pensamiento y nuestra vida”.
Luego señalará las virtudes de la medicina mapuche, con el uso de 250 hierbas medicinales. “El año pasado –señala– hemos recolectado cerca de 50 especies. Pudimos constatar que las pérdidas de las especies en menos de 30 años son abruptas, que el empobrecimiento de nuestra tierra es atroz por el uso de los agroquímicos.
” Y la representante mapuche en su documento se pregunta “¿dónde está garantizado nuestro derecho a vivir y curarnos de acuerdo con nuestra cultura, si la ‘lógica chacarera’ y mezquina sigue peleando por retenciones pero nada dice sobre las enfermedades que nos causa el glifosato para que crezca la señora soja? Y nadie da cuenta de la pérdida de la biodiversidad. ¿Y de la muerte de más de 150 especies de plantas medicinales en menos de treinta años? ¿Por qué callamos sobre la muerte de la diversidad biológica gracias a la soja transgénica?”.
Y luego, Verónica terminó con esta fuerte frase: “A la soja le digo fuera, fuera de nuestra tierra”."
Desalojo, siguiendo lo que sucede en todo el pais con los agroempresarios de agrocombustibles, soja, etc... hace poco en el MOCASE ahora con la UST de Cuyo. La misma impunidad y la misma resistencia y lucha.
En Jocolí, Mendoza se continúa criminalizando a los campesinos que se organizan para defender sus derechos. El martes 7 de octubre tres miembros del movimiento campesino fueron detenidos e incomunicados durante mas de 10 (diez) horas, a esto se le suma el pedido de captura y arresto de mas de 10 miembros de la Unión de Trabajadores rurales Sin Tierra.
José Quintero vive en Jocolí y es miembro de la Unión de Trabajadores rurales Sin Tierra (UST), su padre criaba cabras en el lugar desde el año 1976 y el continuó su oficio. Desde hace más de veinte años ocupan y poseen efectivamente una finca en la que pastorean las cabras, chanchos y caballos. De eso vive el y su familia que incluye a siete hijos.
A principios de este año irrumpió un empresario diciendo que era el dueño porque compro en un remate, el mismo intentó desalojar a José, pero él a continuado resistiendo y pastoreando sus animales. La propiedad fue rematada de manera irregular con edictos falsos y otras irregularidades, además José cuenta con actas notariales y testigos q ue acreditan su posesión veinteñal. José nunca fue notificado del remate.
Ante una presentación judicial de los abogados de la UST el juez que entiende en la causa ordenó la “suspensión de todos los procedimientos del remate”. La propiedad no pudo ser inscripta por estos empresarios, pero de igual manera metieron topadoras y comenzaron a incendiar el monte. La policía Jocolí no tomó las denuncias de José y fue el mismo mas vecinos y compañeros campesinos los que detuvieron los incendios y la topadora, hasta que recursos naturales de la provincia ordenó detener el desmonte por no estar autorizado.
El viernes 3 de octubre el empresario Oliveri, volvió al ruedo y ordenó comenzar a alambrar, José tuvo que discutir mucho y hasta recurrir ha llamado de vecinos y el abogado para que le tomaran la denuncia en la subcomisaria El porvenir de Jocolí, pero la policía no intervino.
El Martes por la mañana empleados del empresario continuaban con el alambrado, José se interpuso en forma pacífica a que este continuara, y más de 15 compañeros y compañeras se citaron en el lugar para servir de testigos del hecho. Inmediatamente se presentó uno de los guardias del empresario: Carlos Ferreira, a caballo portando un cuchillo de 30 cm de largo en la cintura (este señor fue dado de baja en la policía por torturar a un hombre de Lavalle), ahora opera para algunas empresas como encargado de seguridad y de “relaciones” con la policía.
El mismo “pidió” por teléfono que venga un móvil y fue así que dos oficiales intervinieron violentamente y amenazando que si en 10 minutos no se iban todos los “sin tierra” los guardaban por un rato. Se fueron y José Quintero y otra compañera permanecieron en la línea del alambrado para evitar que avancen y la policía volvió a intervenir, esta vez ordenó que detengan los trabajos y dijo que iba a decidir la fiscal. Pidió a José que los acompaña a la subcomisaria para hablar con la Fiscal, además individualizaron a todos los presentes y tomaron datos personales.
En la subcomisaria lejos de hablar con la fiscal fueron detenidos e incomunicados José Quinteros y Diego Montón (que lo había acompañado), bajo el cargo de “turbación a la posesión de la propiedad”. El oficial “Medina” dijo que la fiscal ordenaba detener a todos los “sin Tierra” fue así que interceptaron a María A Guisasola que estaba yendo a dar clases en un auto, la detuvieron y llevaron a la subcomisaría. Medina impartió la orden de detener a otros 10 miembros de la UST.
Si muchas más explicaciones Los tres compañeros estuvieron más de 10 horas detenidos e incomunicados. Los policías todo el tiempo dicen que la situación de los derechos sobre la finca lo resolverá la justicia civil, sin embargo ante las denuncias de los campesinos jamás actúan, a pesar de que ya han presentado prueba de tener derechos posesorios y de que se suspendieron los procesos del remate por las irregularidades. En cambio con solo un llamado de los empresarios la policía actúa de inmediato.
De continuar los alambrados y el desmonte las cabras de José no tendrán forraje y por lo tanto la familia deberá abandonar la actividad y seguramente el campo para emigrar a la ciudad como tantas miles e familias ya fueron expulsadas.
El empresario esta vinculado a la liga de remates y se dedica a apropiarse de fincas y conseguir inversores en Buenos Aires, que sin conocer la historia de las mismas sueñan con una finquita en Mendoza.
En reiteradas ocasiones el móvil de la policía y varios efectivos pueden verse presentes en asados que organizan los empresarios en otra de sus fincas en Jocolí también adquiridas en remates.
Con extraña coincidencia el miércoles por la mañana la policía retuvo uno de los vehículos que usa la UST con la escusa de que la autorización notarial de manejo ya no es legal para transitar. Sin embargo en el registro el automotor hay un cartel enorme que dice que ese documento es válido. El vehículo quedó requisado en San Agustín.
Según Medina la fiscal que ordenó el operativo de detención y de “proteger” a los “trabajadores” que están alambrando y tienen “derechos laborales de trabajar sin ser molestados” se llama Patricia Atur de la sexta fiscalía correccional de Mendoza.
La UST cuenta con fotos y testigos de los hechos para demostrar que no existió ningún hecho de violencia de parte de los campesinos.
Denunciamos la clara parcialidad con la que actual la policía de la subcomisaria el porvenir de Jocolí y las medidas arbitrarias e ilegales que ordenó la fiscal ATUR, Es claramente una persecución y criminalización de la lucha por los derechos humanos campesinos y un intento de instalar el terror en la zona para que los empresarios puedan apropiarse de fincas sin la resistencia de los poseedores legítimos y legales.
En Mendoza más de 30 campesinos de la UST están imputados penalmente solo por resistirse a ser desalojados de sus tierras, amparados por leyes y artículos del código civil, que jueces, fiscales y policías parecen desconocer.
¡Tierra Agua y justicia ¡
Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra
Movimiento Nacional Campesino Indígena
Google sabe demasiado sobre nosotros. Sabe nuestros hábitos en Orkut (si estamos en ésta red), puede acceder a nuestros e-mails (si usamos Gmail); tiene ideas de cada búsqueda que hacemos, así sea en la más callada noche.
Nuestros secretos más íntimos los compartimos con Google. En sus bancos de datos están todas las búquedas que hicimos personalmente.
En 2006, Google decidió que el site alemán de la BMW estaba haciendo trampa para conseguir un lugar más arriba en el ranking de los sistemas de búsquedas. Entonces decidió castigarlo: nadie más encontraría la versión alemana de BMW online. En todo momento muchos intentan trampear a Google, cambiando la diagramación de las páginas, colocando palabras claves -a veces, mintiendo. Todo para salir bien arriba de la lista. Está bien que ellos castiguen a los tramposos. Pero veamos que, por otro lado: es mucho poder. Si Google decide, no sabemos bien por qué criterio, que alguien deba ser castigado de sus búsquedas, él lo será.
En ningún momento-ni en el caso de la punición a BMW- los muchachos de nuestro sistema de búsquedas favoritas parecieron actuar de mala fe. Pero, supongamos que se equivoquen.
Ser baneado en Google, es como ser borrado de Internet. El servicio que Google -y cualquier otra empresa de ese tipo- presta es tan serio, tan esencial a la sociedad, que debe ser reglamentado por el gobierno de la misma manera que la distribución de electricidad, seguros de salud, acceso a ondas de radio o sistemas de telefonía.
¿Quién fiscalizaría a Google en nombre de un gobierno ? ¿Quién analizaría sus líneas de código? Ellos tienen la mejor tecnología que existe y el mejor banco de datos. Bill Thompson tiene razón. No es una cuestión, aqué, de ser intervencionista. De considerar que el Estado deba meterse en los negocios de todo el mundo. Sólo es reconocer el hecho de que precisamos de una Vigilancia Sanitaria para garantizar que la lechuga que compramos en el súpermercado es fresca y la carne sin parásitos. Tal vez precisemos de un mecanismo para garantizar que Google, Yahoo!, Lycos y todos los similares no hagan nada con nuestros datos y no borren a nadie de la red sin que por lo menos sepamos el porqué. Internet todavía es joven!O sea, lo que se quiere, al contrario de la causa de la BMW de Alemanía, es que no aparezca nada al tipear el nombre María Romilda Servini de Cubría en Google o en Yahoo, en Yahoo ya lo lograron, abajo verán la entrada al colocar el nombre de la jueza en Yahoo:
Ahora si colocan Servini de Cubría sin el nombre aparece algo diferente (en yahoo):
De la nota del diario Crítica:
"UN EJEMPLO QUE CUNDE. Servini de Cubría es parte de un trío de funcionarios públicos que presentaron esta medida ante la Justicia (también lo hicieron el juez de cámara Alfredo Romano y el fiscal Marcelo Horacio Miragaya) y de un grupo mucho mayor si se cuentan los personajes del deporte y la farándula (Diego Maradona, Sergio Goycoechea, Romina Gaetani y Susana Giménez, entre otros)."
Los abogados de Google María Baudino y Juan Pablo Bonfico, luego de un prolongado silencio, salieron a escena. La postura fue desligar responsabilidades alegando que “es imposible controlar los contenidos de todas las páginas”. Además, apelaron las medidas judiciales al tiempo que denunciaron que existe “una industria del juicio montada en su contra”. “Hay más de un centenar de denuncias encabezadas por el mismo abogado, hecho que de por sí es llamativo. El único objetivo que persiguen es sacarle dinero a la compañía, porque lo que piden no se puede cumplir”, dijo a PERFIL Alberto Arebalos, director de comunicaciones y asuntos públicos para América latina de Google.
En Argentina, a diferencia de otros países, no existe un marco normativo que regule los contenidos de Internet. “En Estados Unidos y en Europa el tráfico de la Web está legislado. La ley es muy clara y dice que los responsables de los contenidos son los dueños de los sitios. No es el objeto de un buscador saber si el material es o no es ofensivo, es lo mismo que le pidan a un canillita que arranque todas las páginas de los diarios que agravian a alguien”, argumentó Arebalos. Según María Baudino, esas acciones “están interesadas en el hecho económico y buscan que no podamos responder, para así poder demandarnos. Hay un claro modus operandi como por ejemplo el monto que se solicita como daño, que siempre es entre 300 y 400 mil pesos”. Y agregó: “Llama la atención que vayan contra nosotros y Yahoo! (que prefirió no opinar y manejarse judicialmente) y no contra otros buscadores como Microsoft y Altavista. Nuestra herramienta nos permite bloquear páginas, pero no podemos retirar el material. Los responsables de los contenidos son los dueños”.
La libertad de expresión es otro de los derechos que alegan desde el buscador para negarse a cumplir con lo que se les exige. Por eso explican que problemas similares aparecen cuando alguien se siente ofendido por el post de un blog o comentarios en una red social. “Nos preocupa la privacidad de la gente, no estamos abogando por la difamación de nadie. Cuando circulan comentarios racistas o violentos, son levantados. Si nos equivocamos, preferimos hacerlo para el lado de más libertad de expresión y no de menos.”
En Europa ésta cuestión se resolvió a nivel comunitario, en el año 2000 mediante la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo Europa. En su sección cuarta establece claramente los niveles de responsabilidad de los diferentes intermediarios de Internet. La Directiva conocida como de Comercio Electrónico, establece dos principios fundamentales:
Principio de “mera transmisión”, que establece que en la prestación de servicios de la sociedad de la información, no se pueda considerar al prestador de servicios responsable de los datos transmitidos, alojados o almacenados temporalmente, en la medida de que el prestador de servicios no haya originado él mismo la transmisión, no haya modificado o seleccionado la información o tenga conocimiento efectivo de la actividad ilícita, fundado en una resolución de autoridad competente que le de tal carácter a un contenido determinado.
Principio de “inexistencia de obligación general de supervisión”, que releva a los prestadores de servicios de una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas, respecto de los servicios que prestan.
Estos conceptos han sido también receptados legislativamente en Latinoamérica. En Chile, el Proyecto de Ley No. 5393 modificatorio de la Ley 17336 de Propiedad de Intelectual, incluye el principio de inmunidad de responsabilidad de los intermediarios de Internet, la necesidad de una notificación judicial para la eliminación de contenido infractor y el principio de inexistencia de obligación general de supervisión. Este proyecto tiene media sanción en la cámara Diputados y actualmente se encuentre en análisis en el Senado Chileno.
En Argentina, estos principios también fueron acogidos en el proyecto de Ley de Comercio Electrónico, presentado por el entonces Senador Jorge Capitanich (Expediente Número 3812/06), con especial referencia a los buscadores y directorios. El proyecto establece que un intermediario de Internet tendrá conocimiento efectivo de qué contenido o información, que almacena, remite o referencia, es ilícito o de que lesiona bienes o derechos de un tercero, solamente cuando un órgano competente (un juez) haya declarado la ilicitud de tal contenido o información, ordenado su retiro o imposibilitado su acceso y que tal decisión haya sido debidamente notificada al intermediario de Internet.
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¿Derecho a la intimidad o censurada indiscriminada?
De esta manera, un funcionario judicial intenta de manera indirecta censurar todo contenido existente o por ser publicado que pueda estar relacionado con las tareas que desempeña cómo funcionario público, vulnerando derechos tan importantes como el acceso a la información, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la abolición de la censura previa y la transparencia en la función pública. Resulta sorprendente que un funcionario judicial haya iniciado esta acción y que otro funcionario judicial la haya acogido en flagrante violación nuestra Constitución Nacional, la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)1, también de rango constitucional, leyes nacionales que consagran a Internet amparada en el principio de Libertad de expresión, entre otras normativas.
Resulta interesante rescatar lo establecido en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, particular los principios 5 y 10:
Artículos en inglés por si alguien quiere traducirlos:
PPirataArgentino#gmail.com
Reemplacen # por @.
Aparecido después del tema del pedido de retiro de entradas en la Argentina en el blog de Google:
"En un mundo donde los gobiernos ejercen demasiadas veces la censura sobre lo que sus ciudadanos pueden ver y hacer en la Internet, Google ha promovido desde sus inicios la libertad de expresión y tomó el liderazgo en ser transparente con sus usuarios.
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La compañías que adhieren a la Global Network Initiative se comprometen a poner en funcionamiento los siguientes procedimientos para proteger a los usuarios:
Toda la entrada en el blog de Google
No se chino, pero sería cuestión de buscar Tian an men en ideogramas chinos y ver qué da para saber si están cumplieno o no con su propuesta en Google, o si es algo un tanto hipócrita...
Si alguien que sabe chino quiere realizar la búsqueda sería interesante. Google dice que ellos no censuran, que quien realiza la censura es el gobierno chino...
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