miércoles, 26 de agosto de 2009

El candidato transgénico, también candidato de todos los peces....

Fuente Diario Clarín 9 de abril de 2000

"Esta es una película sin buenos. Su inicio podría ubicarse hacia 1992 en oficinas de Bruselas, ciudad sede de la Unión Europea, y en otras de Buenos Aires, sede del gobierno argentino. Los escenarios se multiplicarán después por la plataforma marítima. Su punto dramático más alto es el saqueo del Mar Argentino con su principal recurso, la merluza, en agonía por la sistemática violación de los cupos de captura y las prácticas depredatorias en alta mar. Sus actores: empresarios pesqueros de uno y otro lado del Atlántico y funcionarios menemistas del área que ampliaron las compuertas de un añejo descontrol. Su tiempo, por excelencia, el período que va de 1994 a 1999.uenos no hay. Lo que sí hay es un agujero en los cardúmenes generado por un festival de permisos de pesca que movieron cifras millonarias y cuya legalidad se investiga. El circuito de las habilitaciones para pesca implica a jueces, generalmente de Mar del Plata, empresarios y funcionarios de primer nivel, como los secretarios de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) de la era menemista (Felipe Solá -durante siete años-, Marcelo Regúnaga, Gumersindo Alonso y Ricardo Novo), sus subordinados en el área de Pesca y los funcionarios de menor nivel. La depredación se facilitaba porque además de la inflación de permisos, es decir, de la cantidad de barcos que pescaban, los controles sobre los cupos y las especies que podía pescar cada barco eran de una histórica y sospechosa ineficiencia. Seis denuncias, tres cursadas por las nuevas autoridades de Agricultura, cuyo secretario es Antonio Berhongaray, al procurador general de la Nación, Nicolás Becerra; otras dos radicadas ante la Justicia marplatense por empresarios que se consideran perjudicados y una de la ONG Cedepesca, también presentada a la Procuración, describen las irregularidades. De ellas se deducen los desmadres de mar adentro y las fabulosas ganancias de tiburones de tierra firme en perjuicio de un recurso renovable que ya no lo será tanto y de un hábitat ecológico ahora desquiciado."

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Algunos armadores que no ingresaron en el negocio con los europeos y la ONG Cedepesca acusan a Agricultura de no apelar en tiempo y forma. Felipe Solá, que capitaneó la secretaría en la mayor parte de la era menemista, se defiende: "No teníamos un departamento legal propio. Teníamos que enviarlas al del Ministerio de Economía. Cuando llegaban, el plazo estaba vencido. Estas demoras en las apelaciones son un hecho común en la administración pública". Tanto las autoridades menemistas como las actuales del área dicen que el festival de permisos parte de una ingeniería judicial diseñada por los abogados de las empresas pesqueras. En las denuncias que ya se concretaron lo que se busca saber es sí ese mercado de transferencias de licencias es una argucia legal pensada como un crimen perfecto contra el que no se va a poder accionar o, si se puede, comprobar la ilegalidad. Domingo Contessi, apoderado de las pesqueras Leal y Veraz, denunció en una carta a la opinión pública que los obstáculos para obtener permisos "no eran gratuitos. Tenían un precio, pero como nuestras empresas por una cuestión de principios nunca estuvieron de acuerdo con pagarle a nadie que no otorgara recibo, se nos cerraron sistemáticamente las puertas". En las órdenes judiciales los precios de las transferencias podían ser irrisorios, pero según Cedepesca, se pagaba otro bajo cuerda. Versiones que nadie quiere confirmar hablan de un canon que iba de 150 mil a 600 mil dólares según el valor de la pesca a transferir."









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