El actual conflicto del “campo” dispara múltiples interpretaciones y revela las complejas variables presentes en los dos principales actores en pugna, tanto en la esfera del Gobierno Nacional como en las distintas entidades representativas de la actividad agropecuaria, particularmente aquellas directamente vinculadas a la producción de soja.Desde el Gobierno Nacional, por las razones que fuere, se ha manifestado ahora una voluntad de modificar la actual estructura de la producción agrícola, caracterizada por la permanente expansión de la actividad sojera.
La medida dispuesta para ello, es un aumento del porcentaje en las retenciones que se aplican a las exportaciones de este grano. Hasta ahora, los aranceles aplicados a las exportaciones vinculadas a la soja llegaban a un 35%, los que después de las últimas medidas del Palacio de Hacienda se convirtieron en aranceles móviles y pasaron a ser del 44,1%.
Una de las razones que suele esgrimirse para aplicar medidas de retención, en cualquier caso, es evitar la suba de los precios de aquellos productos mayoritariamente destinados a la exportación en el mercado interno.
Dos consecuencias directas tiene esta suba en las retenciones a las exportaciones de soja: la primera, y obvia, es aumentar la recaudación que obtiene el Poder Ejecutivo Nacional al aumentar la alícuota de la retención en la exportaciones; la segunda es aplicar un instrumento de desaliento a las exportaciones para evitar el continuo crecimiento de este cultivo en detrimento de otras actividades agropecuarias y expandiendo su área de siembra que avanza sobre ecosistemas forestales naturales. Esta segunda razón ha sido esgrimida por el propio Ministro de Economía, Martín Lousteau (1).
Esta declaración, a la que no podemos suponer hipócrita, manifiesta un giro radical a lo que ha sido la política y los criterios aplicados al desarrollo del sector agrícola en los últimos años desde el Estado nacional, ya que la expansión de la soja no es una consecuencia de una decisión adoptada caprichosamente por los productores agropecuarios.
En los últimos años el Estado argentino colocó a la actividad agrícola al servicio del mercado global de la soja y sus consecuencias están a la vista: la desaparición de una enorme cantidad de otras importantes e imprescindibles actividades agropecuarias que, por la contundencia en la alta rentabilidad sojera, fueron progresivamente abandonadas (tambos, cultivos alternativos, ganadería, etc.) y la descomunal tasa de deforestación y pérdida irreparable de más de 2 millones de hectáreas (2) de bosques nativos desde 1998 hasta ahora.
Para Greenpeace es alentador este cambio de visión que manifiesta el Gobierno Nacional en relación al monocultivo de soja, particularmente en su área económica, ya que significa un reconocimiento del grave problema que sufre el país y que viene siendo denunciado y señalado desde hace años por innumerables organizaciones ambientales, sectores académicos así como también por organizaciones campesinas, como es el caso del MOCASE.
Un reconocimiento por parte del Gobierno Nacional, quizás muy demorado, pero necesario.¿Es el aumento de las retenciones el mejor modo de frenar el proceso destructivo que señalamos? Tal vez lo fuera, pero es imprescindible que las retenciones alienten también otras actividades y prevea los desafíos presentes y futuros si verdaderamente se quiere un desarrollo sustentable, equitativo y no meramente un desarrollo del “campo” diseñado por el mercado global.
No obstante, si suponemos que las retenciones fuesen un argumento válido para contener el proceso desequilibrado y destructivo del fenómeno de la “sojización”, entonces, en esta misma dirección, no pueden seguir existiendo incentivos (retenciones muy bajas) a la exportación de biodiesel en base a soja.
Es decir, estas medidas para frenar la “sojización” para ser creíbles, deben darse en coherencia con otras que formen parte de un rediseño de la actual ley de Biocombustibles. Greenpeace ve como altamente positivo esta nueva visión del Gobierno Nacional que reconoce que la llamada “sojización” no es sustentable ambientalmente, dada la pérdida de biodiversidad y la contribución a la amplificación del cambio climático, mediante la permanente destrucción de bosques nativos.
En este sentido, el Congreso Nacional ha dado ya un paso de enorme importancia en el año 2007 al aprobarse la Ley de Protección de Bosques Nativos, la cual tiene todos los instrumentos necesarios, incluso los fondos, para que se pueda detener la masiva destrucción de nuestro bosques.Pero no podemos perder de vista que dicha ley establece mecanismos para dirimir y transparentar, en cada provincia, cuál será el futuro de los bosques en cada una de esas jurisdicciones.
Si pensamos que la infraestructura que se está montando en el cordón portuario alrededor de la ciudad de Rosario con plantas de biodiésel en base a soja, absolutamente enfocadas hacia el mercado externo, y que esa infraestructura, en pleno desarrollo, demandará soja en una cantidad tal que serán necesarias alrededor de 9 millones de hectáreas de suelo para alimentar dichas plantas.
Este dato nos revela que la presión para continuar expandido la frontera agrícola en detrimento de los bosques, o mediante la expulsión de otras actividades, como la ganadería que buscará nuevos sitios donde desarrollarse, lo cual provocará más deforestación. Es decir, directa o indirectamente, la producción de biodiesel será una nueva máquina de destrucción masiva de bosques nativos.
Nuevamente la potencia del mercado global, con avidez infinita y precios cada vez más altos, pueden hacer fracasar esta incipiente toma de conciencia del Gobierno Nacional así como los procesos de ordenamiento territorial que la Ley de Bosques obliga realizar en cada jurisdicción provincial.
No podemos perder una hectárea más de bosques nativos, debemos revalorizar e incentivar su explotación sustentable y volver a colocar al campo en una dinámica de diversificación que brinde mayor estabilidad económica y racionalidad ambiental.Greenpeace alienta al Gobierno Nacional a adoptar medidas tendientes a revertir el cuadro de sojización y deforestación que describimos y que ya ha comenzado a instalarse, por ahora tímidamente, en el discurso de algunos ministros y esperamos que las entidades agropecuarias acompañen un cambio progresivo hacia un modelo de desarrollo que no extermine, por ejemplo, lo último que nos queda de bosques nativos.
El conflicto alrededor de las retenciones debería derivar en una revisión de esta situación, sino será meramente una puja por beneficios económicos entre un sector y el Gobierno Nacional, situación que si bien tiene relevancia en si misma, no puede impedir que ambos actores comiencen a evaluar que en el mediano y largo plazo nos urge pensar como país otro modo el desarrollo agropecuario, de otra forma seguiremos en un espiral en el que se destruye nuestro único capital, el capital natural de bosques y suelos.
1- El ministro justificó los incrementos en las alícuotas a la soja para que no se traslade al mercado interno la suba internacional de precios. Y agregó: "Hay que detener la sojización, que compite con producciones que queremos aumentar, como carnes y leche entre otros". Por otra parte, dijo que las bajas en las retenciones al trigo y el maíz se debe a la necesidad de "aumentar el incentivo a la producción de insumos básicos para la elaboración de alimentos que consumen los argentinos".
La Nación: Martes 11 de marzo de 2008
http://buscador.lanacion.com.ar/Nota.asp?nota_id=994630&high=sojizaci%F3n
2- Según la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF) de la SAyDS de la Nación entre 1998 y 2006 la pérdida de Bosques nativos en las principales provincias del Norte y Centro del país, alcanza las 1.890.599 ha. Teniendo en cuenta que el promedio de desmontes de los últimos cuatro años evaluados oficialmente es de 277.000 ha. se estima que la deforestación desde 1998 a la actualidad supera las 2.000.000 de ha.
0 comentarios:
Publicar un comentario