EL COSTO SANITARIO DE LOS AGRONEGOCIOS

EL COSTO SANITARIO DE LOS AGRONEGOCIOS

..."“Los gurises Portillo vivían en el medio de la soja, justo habían fumigado y ellos se bañaron en el arroyo pegado al campo con soja. Todo es mucha coincidencia”, evalúa Armando Ravasio, con tres décadas en el lugar.
De oficio mecánico, confiesa que la población está dividida entre los que viven de la soja y lo que no, pero que todos reconocen los males. “El pueblo está rodeado de soja. Los depósitos están dentro del pueblos, las máquinas se lavan en las calles, fumigan todo arriba de nuestras cabezas,
hasta arriba de la escuela fumigaron, fíjese el pasto y los árboles como están quemados. Después andamos todos sin poder respirar, los gurises nacen con problemas, la soja nos arruinó la salud, ni el más sojero se lo niega”.

Agricultura sin agricultores

La Fundación Rockefeller y la Fundación Ford, ambas de Estados Unidos, comenzaron en la década del 50 a promover, mediante la investigación de laboratorio, mayor producción por hectárea es pos de aumentar la rentabilidad. Fue el germen de una agricultura tecnificada, con mayor maquinaria, riego cronometrado y un tipo de semillas híbridas. Al proceso se lo denominó “revolución verde”.
Durante las dos primeras décadas, la tendencia fue impulsada por grandes semilleras, por un lado, y las compañías químicas, por otro. “Luego las químicas adquirieron a las semilleras. Se quedaron con todo el negocio, obligando al productor a comprar las semillas y los agrotóxicos que ellas decidieran”, explica la investigadora del mexicano Grupo ETC (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración), Silvia Ribeiro.Durante la década del 60 y 70 aumentó el rendimientos de los cultivos, pero también implicó que los agricultores sean cada más dependientes de costosos insumos químicos.
La consecuencia fue el desplazamiento generalizado de campesinos fuera de sus tierras y empobrecimiento de los suelos. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), integrado por quince mil familias de siete provincias, encuentra en este fenómeno el inicio del aumento gigantesco de las grandes ciudades, la pérdida de poder social de las comunidades campesinas, su traslado a barrios de emergencia de las grandes urbes y su empobrecimiento.
A fines de los '80, comenzó la llamada “segunda revolución verde”, impulsada por las compañías de biotecnología.“El campo, a nivel mundial, atraviesa una nueva etapa marcada por la transnacionalización del capital, la utilización de nuevas tecnologías y un impacto social y ambiental silenciado, tendencia potenciada por el auge de los agrocombustibles”, explica Ribeiro, resaltando que el actual modelo de agronegocios es manejado en todas sus etapas por las transnacionales agroquímicas, desde la producción hasta la comercialización, pasando por la venta de semillas y los químicos, hasta la distribución.De las siete mil empresas que en la década del 80 controlaban la producción de semillas en el mundo, actualmente sólo veinte compañías dominan el 50 por ciento de ese mercado.
Un relevamiento del Grupo ETC confirmó la concentración de la industria: entre las diez compañías de semillas más importantes del mundo facturaron, en 2006, 13.000 millones de dólares, el 57 porciento del mercado de semillas. Las tres principales compañías -–Monsanto, Dupont y Syngenta-- controlan el 39 por ciento del negocio. Monsanto es la empresa de semillas más importante del mundo, con la quinta parte del comercio de semillas y una facturación de 4476 millones de dólares. La compañía fue uno de los motores más importantes de la introducción de semillas transgénicas. Produce semillas resistentes al mismo herbicida que produce, y lo vende como un paquete tecnológico.
Con la introducción de la “soja RR” en la agricultura mundial, se disparó el consumo del glifosato de Monsanto. Con un mercado concentrado y una facturación sideral, la industria transgénica es denunciada por su poder de incidencia con quienes
deben controlarla. Hasta la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos, es acusada de haber cedido a sus presiones.
En agosto de 2006, líderes sindicales de la EPA acusaron a las autoridades del organismo de ceder ante la presión política y permitir el uso de químicos perjudiciales. “Se corren graves riesgos en fetos, embrazadas, niños y ancianos”, denunciaban. La EPA había omitido estudios científicos que contradecían los patrocinados por la industria de los pesticidas.“La dirección de la EPA prioriza la industria de la agricultura y los pesticidas antes que nuestra responsabilidad para proteger la salud de nuestros ciudadanos”, finalizaba el comunicado.Desde fines de los '90, las organizaciones campesinas, indígenas y ambientales señalaron el poder de las compañías biotecnológicas, y de allí se explican la falta de estudios sobre los efectos del modelo sojero. “El
Programa de Pesticidas de la EPA constituye un verdadero grupo de tareas del 'lobby pesticida'”, asegura Kaczewer.
Entre sus pruebas, exhibe un estudio del Grupo de TrabajoAmbiental (EWG) de Estados Unidos, queinvestigó el origen de los ingresos de los evaluadores de mayor rango en la EPA y constató que, desde que comenzara el Programa de Pesticidas de ese organismo gubernamental, dos tercios de ellos recibían al menos parte de su sueldo de entidades de la industria agroquímica.“Hasta el advenimiento de los cultivos transgénicos tolerantes al glifosato, el límite máximo de glifosato residual en soja establecido en Estados Unidos y Europa era de 0,1 miligramos por kilogramo. Pero a partir de 1996, estos países lo elevaron a 20 miligramos por kilogramo, un incremento de 200 veces el límite anterior. Semejante aumento responde a imposiciones de las empresas productoras de glifosato”, explica Kaczewer.“Las empresas como Monsanto, Novartis y Bayer impulsan la supresión del disenso, con una influencia que parece generar en los científicos una ceguera selectiva que los hace ignorar o malinterpretar la
evidencia científica. Existe un complejo sistema destinado a impedir la publicación de hallazgos adversos. Gigantescas empresas imponen el tipo de ciencia e investigación científica que se debe hacer.
De ahí que no es casualidad la ausencia de estudios toxicológicos a mediano y largo plazo ni bioensayos en aguas y suelos”, denuncia Kaczewer, y cita como ejemplos locales la influencia, a través de subsidios, sobre las universidades. “Las corporaciones están comprando departamentos enteros de universidades públicas, no solo en la parte agronómica sino en la parte biológica, en la parte médica. Los gerentes de las multinacionales compraron firmas de científicos y la literatura del complejo de la soja está infectada de papers ridículos”.

La influencia de los agronegocios avanzó sobre otros ámbitos.

En 2003, campesinos formoseños del poblado Colonia Loma Senés denunciaron las
fumigaciones con glifosato en la zona. Exhibieron sus plantaciones arruinadas, mostraron certificados médicos que confirmaban síntomas de envenenamiento y fotografías de sus animales muertos. En una inusual medida, la jueza Silvia Amanda Sevilla ordenó el cese inmediato de las fumigaciones con Roundup, sentó precedente, fue la primera vez que se dictó una medida de ese tipo. Desde entonces, fue declarada enemiga de las empresas de monocultivos y comenzó
un proceso de hostigamiento por parte de pares, superiores y el poder político.En diciembre de 2007 fue echada de su cargo bajo las acusaciones de “mal desempeño en el cargo y desconocimiento manifiesto del derecho”. Entre las acciones juzgadas estuvo la orden de asistencia inmediata, por parte del gobierno local, a campesinos. “Nunca me perdonaron que frene las fumigaciones. Había ministros del gobierno involucrados, me presionaron jueces para que dé marcha atrás. Y el juicio de mi destitución fue un circo romano. La vida se me está
haciendo cada vez mas complicada. Me cuesta muchísimo trabajar en la profesión por varias razones, pero la principal es que mi apellido es mala palabra en Formosa y la gente, salvo la muy audaz,no quiere contratar mis servicios porque en los juzgados me hacen la vida imposible y debo presentar mas recursos que otros abogados por los disparates que resuelven en mis causas”, afirmó Silvia Sevilla. La abogada de las comunidades denunciantes, Roxana Silva, fue categórica: “La echaron por cumplir con su deber. Todos sus fallos se ajustaron a derechos y aquí es
un pecado.
No se puede meter contra el poder político y los empresarios”. En Formosa continúan utilizando glifosato. Ningún otro juez prohibió las fumigaciones

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El archivo en pdf de Fundación Santa Fe Activa.

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