Este artículo es de Julio del 2005, así que podemos tener un poco de perspectiva para saber quién tiene razón y qué intereses defiende cada uno, al final verá la respuesta del Dr. Moises Burachik...
Alicia Massarini
Ecoportal.netLas aplicaciones de las tecnologías del ADN recombinante para
la producción de nuevas variedades de cultivos transgénicos
constituyen una problemática compleja, cuya discusión
no puede restringirse a la evaluación de argumentos científico
- técnicos, sino que debe incorporar la consideración
del impacto económico-social, ambiental y en la salud humana,
así como el marco jurídico, ético y político
en que se inscribe el problema. Al mismo tiempo, a la hora de evaluar
críticamente las distintas posiciones en juego, debe tenerse
en cuenta que los actores involucrados -empresas transnacionales de
biotecnología, productores agropecuarios, ONGs, comunidad científica,
ciudadanos como sujetos políticos y como consumidores, y el propio
Estado-, constituyen una trama diversa e intrincada que no siempre resulta
visible en los debates.
Generalmente la discusión se presenta fragmentada y polarizada
y los intereses de los distintos actores aparecen encubiertos o mimetizados.
Esto es especialmente notable cuando las empresas biotecnológicas
se expresan a través del discurso de los científicos.
Frecuentemente son los científicos quienes, autolegitimados desde
el lugar de autoridad en que pretenden situar a la ciencia, utilizan
argumentos engañosos y ajenos a sus especialidades tales como
"la necesidad de resolver el problema del hambre en el mundo",
"aumentar la competitividad" o "la urgencia de encontrar
nuevas variedades", para justificar la necesidad de la rápida
adopción de estas tecnologías. Enmascaran así la
existencia de una disputa en la que compiten distintos intereses en
juego -entre los que se cuentan los de su propia corporación-,
y se hacen cargo de las banderas de las compañías transnacionales
de agrobiotecnología, asumiendo que el cambio tecnológico
es un acontecimiento inevitable e inherentemente progresivo.
Si se acepta que en el problema en cuestión están involucrados
diversos actores con distintos intereses, cuando se discute la conveniencia
de adoptar estas tecnologías, es indispensable definir al mismo
tiempo cuáles son los objetivos e intereses que se pretende satisfacer.
Asumiendo que ésta -como toda nueva tecnología- involucra
riesgos aun no dimensionados, para dar una respuesta a este problema
desde una posición equilibrada y socialmente responsable, es
indispensable evaluar quiénes son los beneficiados por el cambio
tecnológico, y quiénes los afectados por los impactos
negativos y los riesgos asociados.
Dado que los cultivos transgénicos disponibles actualmente en
el mercado no presentan ninguna ventaja para los consumidores, los únicos
beneficiados son, en principio, las empresas que los comercializan y
aquellos productores que aspiran a aumentar su rentabilidad adoptando
el paquete tecnológico, así como el interés "de
corto plazo" del gobierno a través de las retenciones que
genera su exportación. Como contraparte, resulta claro que la
introducción de cultivos transgénicos en ambientes abiertos
y la incorporación masiva de alimentos que contienen organismos
genéticamente modificados (OGMs) en la dieta, involucran riesgos
que afectan a toda la sociedad y comprometen la calidad de vida de generaciones
actuales y futuras.
La contaminación genética de cultivos tradicionales y
de especies silvestres, la pérdida de variedades locales, el
estrechamiento de la base genética de cultivos milenarios, los
posibles efectos en cascada de los genes introducidos y sus productos
en los ecosistemas naturales y agroecosistemas, constituyen algunos
de los riesgos más significativos que involucran al ambiente
y a la seguridad alimentaria. El abordaje reduccionista de la biología
molecular no puede predecir ni evaluar estos impactos, sólo los
modelos sistémicos de la ecología o la biología
evolutiva permiten dimensionar su alcance ya que se trata de alteraciones
que pueden afectar drásticamente a sistemas coadaptados, complejos
y dinámicos, que son el resultado de miles o aun millones de
años de evolución. Debido a la naturaleza multicausal
y contingente de estos procesos, resulta claro que una vez desatadas,
estas transformaciones no son reversibles y que sus consecuencias no
resultan predecibles.
Al mismo tiempo, dado que la introducción de genes extraños
en un organismo puede tener efectos inciertos sobre su fisiología
y bioquímica, se ha señalado el posible impacto en la
salud humana que podría ocasionar a corto, mediano o largo plazo,
la ingesta de alimentos que contengan OGMs, potencialmente portadores
de sustancias nocivas. En este sentido, la falta de etiquetado de los
alimentos transgénicos, violenta las voluntades y las conciencias
de los ciudadanos, bloquea la posibilidad de realizar estudios poblacionales
en el presente y en el futuro y protege a las compañías
transnacionales de las demandas de los consumidores frente a futuros
daños.
En virtud de la magnitud de los riesgos y de la incertidumbre propia
del conocimiento científico disponible para evaluar estos riesgos,
se ha invocado la pertinencia de aplicar el Principio Precautorio como
marco legal para el tratamiento de este problema. Ello significa que,
dado que la "ausencia de evidencias" de efectos perjudiciales
no puede ser considerada como "evidencia de ausencia" de daños
y riesgos potenciales, el cultivo y consumo de OGMs no debería
ser autorizado hasta que existan mayores y mejores criterios de evaluación.
Notablemente, pese a la clara necesidad de contar con más elementos
de juicio para la toma de posición frente a este problema, son
casi inexistentes las líneas de investigación independientes
que apunten a una mayor comprensión y evaluación de estos
riesgos, siendo las "evidencias científicas" disponibles
producto casi exclusivo de la investigación de las propias empresas
biotecnológicas.
Las dimensiones ecológica, social y ética del problema,
ponen de manifiesto que su curso no puede quedar en manos de científicos
y tecnócratas, ni librado a las fluctuaciones de los intereses
del mercado. Esta advertencia es especialmente significativa en países
periféricos como Argentina o Brasil, en que las compañías
transnacionales de agrobiotecnología promueven el rápido
avance de los paquetes tecnológicos (que incluyen la semilla
patentada y los agroquímicos asociados), mediante políticas
comerciales agresivas, comprando a las empresas periodísticas
a través la publicidad y ejerciendo presión sobre los
estados para obtener un marco legal relajado que favorezca la introducción
y comercialización de OGMs.
Por su parte, y en ausencia de políticas públicas definidas,
cuando la rentabilidad inmediata resulta conveniente, los productores
adoptan masivamente las nuevas tecnologías, independientemente
de los costos ambientales o sociales de tales decisiones. A este panorama
se suma la falta de espacios de debate y de canales de participación,
de lo cual resulta que la mayor parte de la sociedad queda excluida
de toda decisión y el paquete tecnológico y sus productos
se imponen rápidamente en ausencia de debate público.
Unos pocos disfrutan los beneficios inmediatos y la sociedad toda paga
los costos sociales y ambientales y asume los riesgos ecológicos
y sanitarios.
En este sentido, el caso de la soja transgénica resistente al
herbicida glifosato (sojaRR) en Argentina, resulta paradigmático.
Actualmente, la mitad de la producción de cereales y oleaginosas
esta constituida por soja, casi 100% transgénica, la cual es
destinada a la exportación para ser usada como forraje. El país
produce 35 millones de toneladas anuales que representan un 20% de la
producción mundial, abastece el 50% del mercado mundial de aceites,
es el principal productor de harina de soja y el tercer productor mundial
de poroto de soja. ¿Cómo se estableció este modelo
en un país típicamente productor y exportador de alimentos
variados y de buena calidad?
El avance de la soja, tuvo un auge sostenido desde la década
de 1970, pero en los últimos siete años el incremento
del área cultivada se aceleró notablemente, conjuntamente
con la introducción del paquete tecnológico soja RR-glifosato-siembra
directa. El liderazgo en el mercado se estableció debido a la
rápida y masiva adopción de esta tecnología, favorecida
por la relajación de los procedimientos para autorizar el cultivo
y el consumo de transgénicos.
Varios factores adicionales contribuyeron a incrementar el ritmo de
las transformaciones sufridas por el sistema de producción agropecuario:
el alto precio internacional de la soja, el bajo costo del glifosato
cuya patente había vencido, y la existencia de la llamada "bolsa
blanca" de semillas, práctica que consiste en que los productores
resembraban su propia semilla, con la permisividad de las empresas que
apostaban a imponer sus modalidades productivas para garantizar la conquista
del mercado en el mediano plazo.
El resultado de este proceso fue que en unos pocos años, la producción
de soja transgénica reemplazó a otros cultivos, desplazó
a otras actividades agropecuarias y avanzó sobre ecosistemas
naturales. El área sembrada con soja pasó de 10 millones
de hectáreas en 1990 a 35 millones de hectáreas en 2003.
Este aumento en la producción de soja, se corresponde con una
notable reducción en la producción de girasol, maíz
y arroz. En las provincias del Noroeste y el Noreste argentino, la soja
avanzó sobre cultivos tradicionales que requieren mano de obra
intensiva, como el algodón, la batata, la caña de azúcar
y los frutales. Al mismo tiempo, las plantaciones de soja RR reemplazaron
a otras explotaciones agropecuarias destinadas a ganadería de
vacunos, ovinos y porcinos, y a establecimientos tamberos y hortícolas.
El aumento del área sembrada también involucra una expansión
de la frontera agropecuaria. En los últimos cinco años,
en la región chaqueña fueron taladas un millón
de hectáreas para plantar soja, y en la región de las
yungas salteñas está ocurriendo un proceso similar, que
puede conducir a la destrucción de uno de los ecosistemas que
reúnen mayor biodiversidad de Argentina. Esto es especialmente
penoso si se asume que estos suelos vulnerables y no aptos para la agricultura,
sobreexplotados y erosionados, se agotarán en sólo cinco
años.
El cuadro presentado pone en evidencia que, en el caso argentino, a
los riesgos e impactos asociados a la introducción de cultivos
transgénicos, se suma el deterioro de los agroecosistemas que
introduce la práctica del monocultivo. Es claro para cualquier
especialista que el monocultivo es perjudicial para la sustentabilidad
de la tierra, ya que provoca un consumo desproporcionado de algunos
nutrientes y favorece la proliferación de plagas y malezas. La
soja, tiene la particularidad de ser un extractor de nutrientes muy
eficiente y es capaz de crecer aun en suelos empobrecidos. Como resultado
de ello, los productores continúan sembrando y cosechando sin
fertilizar, de manera tal que la concentración de fósforo,
potasio, nitrógeno y azufre en el suelo está bajando drásticamente.
Ello significa que junto con la soja, Argentina está exportando
parte de su suelo fértil, de modo que el monocultivo se ha convertido
prácticamente en una actividad extractiva.
En cuanto al uso de agroquímicos, si bien se ha presentado a
esta tecnología como amigable para el ambiente, el uso recurrente
de un mismo herbicida aumenta la frecuencia de las malezas resistentes
lo cual conduce a utilizar concentraciones cada vez mayores. Así,
el consumo de glifosato se duplicó al pasar de 28 millones de
litros en el período 1997-98 a 56 millones en 1998-99, y llegó
a 100 millones en la última temporada, con las consecuentes secuelas
de contaminación creciente de suelos y aguas.
Pero el más significativo de todos los impactos de este modelo
se expresa en el ámbito social y económico. La transformación
de la estructura agroproductiva durante la última década
muestra la exacerbación de tendencias preexistentes que abonan
la inequidad y la exclusión social: mayor concentración
de la riqueza, aumento del tamaño de la unidad productiva y reducción
de puestos de trabajo. Entre 1990 y 2003 desaparecieron el 30% de los
establecimientos agropecuarios medianos y pequeños (103.000 unidades
productivas) y el tamaño medio de la unidad productiva pasó
de 250 Ha a 538 Ha. Durante ese mismo periodo se produjo un notable
aumento de los alquileres de las tierras, debido a lo cual, los pequeños
productores pasaron a rentar sus parcelas a grandes corporaciones y
abandonaron el campo. Así desaparecieron alrededor de 600 pueblos
agrícolas y miles de pequeños productores y trabajadores
agrarios, excluidos de sus prácticas de trabajo tradicionales,
migraron del campo para pasar a engrosar los cinturones de pobreza de
las ciudades.
Las transformaciones en la estructura productiva del agro asociadas
al nuevo paquete tecnológico conducen a un modelo de agricultura
sin agricultores, industrializada y concentrada en la producción
de materias primas y forrajes para exportar a los países centrales.
Como contraparte, la pérdida de modos de producción tradicionales,
la exclusión social y la destrucción de un modelo equilibrado
de producción de alimentos que abastecía el mercado interno
y permitía exportar, contribuye a poner en riesgo la soberanía
alimentaria, al provocar la disminución de la calidad de los
alimentos y el aumento de su precio en el mercado interno.
Estas transformaciones constituyen la expresión a nivel del agro
de la política neoliberal implementada por el gobierno de Carlos
Menem y promovida por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial
durante la década de 1990, que condujo a la privatización
de las empresas públicas, a la desarticulación del Estado
y al cierre masivo de industrias, en el marco de una economía
basada en la especulación financiera. La retirada del Estado
y la reducción del gasto público afectaron los sistemas
de salud y educación. Del mismo modo, el sistema público
de investigación científica quedó arrinconado por
la falta de recursos. En estas circunstancias se explica la cooptación
de una parte de la comunidad científica por las empresas multinacionales
de biotecnología, que encontraron en los científicos locales
a promotores acríticos, calificados para el desarrollo de nuevos
ensayos transgénicos y dispuestos a impulsar la rápida
instalación de sus negocios. Ello explica, al menos en parte,
porqué en Argentina el modelo asociado a la introducción
del paquete tecnológico de la soja transgénica se estableció
temprana y rápidamente, alcanzando una masividad única
en el mundo, sin atravesar mayores escollos y en ausencia de un debate
público.
Para revertir esta situación es indispensable ampliar la discusión
y promover la participación ciudadana en la definición
de políticas de estado que reflejen un marco consensuado respecto
a este problema, orientado por la necesidad de atender, en primer lugar,
al bien común y resolver las necesidades de las mayorías
en un marco de sustentabilidad. Pero este proceso requiere asumir un
nuevo desafío: la democratización del conocimiento científico.
Resulta claro que el acceso a dicho saber se ha convertido en fuente
de desigualdades sociales en el interior de cada país, a la vez
que se acrecienta el distanciamiento entre países centrales y
periféricos.
En este contexto reapropiación social de conocimiento científico
representa una clave para el desarrollo económico-social de los
países y un aspecto fundamental en la construcción de
políticas científicas autónomas. Así entendido
el problema, el desafío no sólo consiste en difundir los
modelos hegemónicos del conocimiento científico actual,
decodificando el lenguaje esotérico y hermético de la
ciencia contemporánea para hacerlo accesible a todos los ciudadanos.
El principal escollo para favorecer el protagonismo ciudadano desde
una posición crítica, es desmitificar la condición
de "verdad" que se atribuye al conocimiento científico,
situándolo como una construcción social, atravesada por
supuestos y prejuicios culturales, provisoria, perfectible, controversial,
problemática y cargada de incertidumbres. Sólo así
el saber científico podrá servir al pueblo como un instrumento
transformador. Al respecto hacemos propio el reclamo de Gérard
Fourez quien en su libro "Alfabetización científica
y tecnológica" advierte que, generalmente, la divulgación
...consiste en una actividad de relaciones públicas de la comunidad
científica que se interesa por mostrar al "buen pueblo"
las maravillas que los científicos son capaces de producir...;
pero precisamente en la medida en que no se ofrece un conocimiento que
permita actuar, da un conocimiento superficial; es un saber que no lo
es, porque no es poder.
Alicia Massarini es Investigadora de Conicet. Maestría en Política
y Gestión de la Ciencia y la Tecnología. Facultad de Farmacia
y Bioquímica. Universidad de Buenos Aires.
Fuente Conicet.
Respuesta de los Doctores Moises Burachik y Esteban Hopp al artículo firmado por la Dra. Alicia Massarini y publicado en la página de Internet del CONICET.
