Todo comenzó en noviembre con una cadena de contactos entre argentinos residentes en España. Se alarmaron con las detenciones y el maltrato a compatriotas recién llegados a Madrid o Barcelona. En los correos que intercambiaron se informaba sobre casos de viajeros que aducían tener los papeles correspondientes en regla, el dinero para la estadía o una invitación verificable de algún familiar, pese a lo cual se les impedía el ingreso en los aeropuertos. Algunos fueron a parar a Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), como el joven Leandro Steps o, en un trámite más expeditivo aún, a Adela Jesús González, de 66 años, la encerraron en una habitación con otras doce personas, le quitaron la ropa, la hicieron bañar y la deportaron al día siguiente. En la Cancillería le admitieron a Página/12 que “están ocurriendo situaciones que motivaron una reacción” del gobierno nacional en el más alto nivel.
Estos hechos sucedieron a fines del mes pasado, aunque se vienen repitiendo durante todo el año. Hay argentinos que sugieren, aunque sin pruebas para demostrarlo, que el Estado español se estaría vengando por “la expropiación de Aerolíneas Argentinas”. Con todo, la fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció que hubo un incremento en las deportaciones, a las que calificó como “rechazos seriales” y calificó ciertos casos como “muy delicados y sensibles”.
Un canal de televisión catalán consiguió entrevistar al joven músico Steps en uno de los CIE. El video con el reportaje puede observarse en Internet. Con una mirada incrédula y la barba crecida por los días de detención, el muchacho contó: “Me tuvieron encerrado en un calabozo de dos por dos unas cinco horas y después tuve apenas cinco minutos para explicarle a una jueza mi situación. Me hizo cuatro preguntas y nada más. Quería explicarle que yo no tenía ningún interés en quedarme en España”.
El diálogo entre Steps y el cronista que lo entrevistaba (por el acento, se percibe que también es argentino) fue interrumpido de manera abrupta por una voz femenina que exigió: “No se pueden hacer fotos, eh”. El joven llevaba retenido 24 horas en un CIE de Barcelona y habría estado cinco días más hasta su regreso a la Argentina. En la filmación aparece ante la cámara detrás de un vidrio tipo blindex, que tiene pequeños orificios para permitir escuchar al detenido desde el exterior y una reja de seguridad que disuade de cualquier intento de escape. Steps aseguró que había arribado al aeropuerto con 1500 euros, 600 dólares, tarjeta de crédito, la carta de invitación de un amigo y un día de reserva en un hotel. La aventura del músico, que preveía tocar de manera informal, recorrer la Costa Brava y visitar en París a otro amigo finalizó con la deportación.
El 20 de noviembre pasado, Adela Jesús González, de 66 años, domiciliada en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, llegó al aeropuerto de Madrid con el objetivo de visitar a su sobrino Guido, quien reside en Palma de Mallorca. La señora que tenía todo en regla a excepción de la carta de invitación (argumentó que en un Consulado español de nuestro país le informaron que era innecesaria) fue introducida en una habitación junto a otras doce personas, la obligaron a bañarse, le cambiaron la ropa, le retuvieron objetos personales y al día siguiente la devolvieron a la Argentina.
En la Cancillería aseguran que “se reciben de manera permanente informes sobre los argentinos que tienen dificultades y el servicio consular funciona las 24 horas. Lo que no todos los viajeros saben es que, cuando llegan a Madrid, tienen derecho a comunicarse con el consulado para que un funcionario intervenga si están en problemas y se les aseguren los requisitos exigidos para el ingreso a España”. La fuente agregó que “nos agraviamos cuando advertimos que algún argentino cumplió con todos los trámites y sufre las consecuencias de maltrato igual. No estamos hablando de delincuentes. Queremos que se respeten los derechos humanos”.
El anteúltimo fin de semana de noviembre, los argentinos residentes en España estimaron que hubo unos dieciocho demorados entre El Prat (el aeropuerto de Barcelona) y Barajas (Madrid), una cifra muy alta si se toma en cuenta que muchos poseen el pasaporte de ese país. Este año hubo muchos más ejemplos de maltrato a los turistas, pero sólo se difundieron mediante las cadenas de correos entre emigrados y las instituciones que reúnen a los argentinos en la península. Los medios, en cambio, amplificaron otros. El 2 de mayo, las autoridades consulares intervinieron y consiguieron destrabar la situación de una joven cordobesa, Beatriz Alfonso, quien había sido demorada en Madrid por espacio de 36 horas cuando intentaba reencontrarse con sus hermanos y conocer a su sobrina. “Yo estaba presa ahí adentro, me dieron comida fría, me trataron mal”, declaró. Peor lo habían pasado hace poco más de un año el músico de la orquesta del teatro San Martín de Córdoba Walter Ricardo Vergara y la bailarina María Silvia Alvarez, quienes habían viajado para la boda de un pariente. En El Prat los detuvieron “por no tener profesión alguna, ni medios de vida ni lugar para alojarse en España, así como tampoco dinero para retornar al país”, adujeron los dos.
Vergara y Alvarez llevaron su caso a la Justicia federal a principios de 2008, donde demandaron al Estado español y reclamaron un resarcimiento económico. Denunciaron maltrato (dijeron que fueron llamados varias veces “sudacas” por la policía de Migraciones) y que los retuvieron “arbitraria e ilegalmente” durante 48 horas antes de ser deportados.
En España, mientras tanto, se sigue proyectando la construcción de Centros de Internamiento de Extranjeros. El último se decidió levantarlo en la provincia de Zaragoza y ya funcionan los restantes en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Algeciras y Fuerteventura, todas localidades costeras, excepto la capital española. El CIE madrileño se edificó en terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel.
Un estudio que realizó este año la consultora Steps Consulting Social a pedido del Parlamento Europeo, concluyó que los centros españoles tienen “condiciones similares a las de una cárcel, donde los reos están confinados casi todo el tiempo a una celda, con posibilidades limitadas a realizar actividades al aire libre”. Además de los CIE, donde se vive en condiciones de hacinamiento, sin atención médica adecuada y en un hábitat semejante al de una prisión, hay más centros que no son considerados como aquéllos, pero donde igual se retiene a extranjeros en condiciones puntuales.
La comunidad argentina no hace distinciones entre unos y otros, aunque a los CIE van a parar, por lo general, los inmigrantes africanos que cruzan el Mediterráneo en precarias pateras. La inquietud por este tipo de instalaciones es compartida por la Cancillería, ya que los centros crecen día a día en las distintas naciones de la UE. “Hay un espíritu restrictivo en la Europa de hoy”, concluyó el funcionario que pidió mantener su nombre en reserva.
La deportación de varios ciudadanos uruguayos en julio se debió al endurecimiento de los requisitos exigidos para entrar en
, Trinidad Jiménez.
"Comprendemos las quejas que han motivado" desde el gobierno uruguayo, indicó Jiménez, que explicó que estas acciones se deben a que "el gobierno de
ha establecido requisitos nuevos" para entrar en el país, que "se han ampliado por la intensificación de las entradas", y que todavía no son conocidos por algunos países.
"Una vez que se conozcan esos requisitos, no se van a producir estos incidentes", aseguró, y añadió que
no quiere "dar la sensación de que hay dificultades para entrar".
Las nuevas normas son "más cantidad económica exigida para poder acceder a nuestro país" y la "exigencia de una carta de invitación para los que vengan a residir a una casa privada", enumeró.
Alegó que "el número de llegadas ha aumentado en un 25% respecto al año pasado", y que "de 25.000 personas que han llegado entre enero y julio de 2007, se han devuelto 125 personas, es decir, el 0,49%". A pesar de que se trata de un "drama humano", son "cifras pequeñas", estimó.
Jiménez hizo estas declaraciones durante un encuentro con la prensa para informar de la visita del presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, el martes y miércoles a
.
A finales de julio el canciller uruguayo, Reinaldo Gargano, expresó a las autoridades españolas su preocupación por la deportación y "maltrato" de cuidadanos uruguayos durante ese mes.
