La Defensoría del Pueblo de la
Nación afirmó que los agroquímicos tienen directa vinculación con la
discapacidad, solicitó la implementación del principio precautorio (ante
la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas
protectoras) e instó al Ministerio de Salud a tomar medidas “preventivas
y eficaces”. “Resulta apremiante pedir a las autoridades públicas
nacionales y provinciales la toma de medidas de resguardo y cautelares,
para evitar la discapacidad producida por el uso de agrotóxicos”,
solicitó la Defensoría del Pueblo en su “Informe especial sobre
agrotóxicos y discapacidad”, publicado tras siete meses de trabajo. El
organismo aseguró que no funciona correctamente la Comisión
Interministerial de Investigación de Agroquímicos (creada por la
Presidenta en 2009) y cuestionó al Ministerio de Agricultura y al
Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Desde el
Ministerio de Salud de la Nación afirmaron que la comisión trabaja en
forma “normal”, según el plan previsto.
“Las malformaciones, los padecimientos neurológicos y otras
dolencias ligadas al uso indebido de agroquímicos son la vía hacia la
discapacidad de niños, niñas, jóvenes o adultos y, en orden a ello,
cobra relevancia el concepto de prevención”, asegura el informe de la
Defensoría, y afirma: “(Los trabajos científicos citados) dan cuenta de
observaciones sistemáticas, las que arrojan datos relacionados con
malformaciones congénitas, enfermedades y trastornos neurológicos
vinculados al uso de agroquímicos”.
Un apartado especial se dedica al principio precautorio, vigente en
la Ley General del Ambiente (25.675). Le Defensoría “demanda una urgente
atención precautoria y preventiva para evitar el riesgo de daño a una
población desfavorecida, o bien para impedir el curso del perjuicio”.
La Defensoría apunta a la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de Personas con Discapacidad (Conadis): “No indica haber
desarrollado actividades relacionadas con la prevención primaria de la
discapacidad”.
En enero de 2009, luego de un fallo del Poder Judicial de Córdoba
respecto de las fumigaciones con glifosato y endosulfán en el barrio
Ituzaingó de Córdoba, la Presidenta creó por decreto (21/2009) la
Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos (CNIA). La Defensoría
del Pueblo afirma: “Se verificó que las sesiones no se realizan con la
regularidad impuesta. Lejos está esa comisión de cumplir, de modo
sostenido en el tiempo, con la manda presidencial que los convocó para
‘la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de
intoxicación o que afecten (a la población) con productos agroquímicos”.
En julio de 2011, el Senasa dictó la Resolución 511/2011, mediante
la cual reconoció las consecuencias sanitarias del insecticida
endosulfán y prohibió la importación del producto a partir de julio de
2012 y la formulación y uso a partir de julio de 2013. La Defensoría del
Pueblo sostiene que “una vez comprobada la toxicidad del principio
activo endosulfán y sus productos formulados, corresponde preguntarse si
es posible otorgar con sensatez un permiso por dos años (más), con
riesgo de generar un daño de la magnitud denunciada”.
También recuerda que la Defensoría recomendó al Ministerio de
Agricultura (en noviembre de 2010) que modificara la metodología de
clasificación de toxicidad de los agroquímicos (en la actualidad sólo se
miden los efectos agudos, en el corto plazo).
Entre las conclusiones resalta que “la autoridad pública competente”
deberá preservar a la población vulnerable de la fumigación
sistemática, que “deberá frustrar la amenaza de daño, aplicando el
principio precautorio, impidiendo la producción de la discapacidad en
niños, niñas, jóvenes o adultos”. También insta a la “prevención
primaria que abarca los supuestos donde la vinculación entre la
discapacidad y el uso de agroquímicos es ostensible, es un tema de
competencia de distintos organismos del Estado Nacional”.
La investigación, de 25 carillas, es la base probatoria para la
Resolución 06/2012 de la Defensoría. En el primer artículo recomienda al
ministro de Salud, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional
de Investigación de Agroquímicos, que “ejecute de manera perentoria las
acciones ordenadas en el decreto presidencial con el fin de propender a
la prevención de la aparición de discapacidad”. El artículo dos se
dirige a la Conadis: “Que realicen acciones inmediatas, enfocadas a la
atención, asistencia y cuidados de las personas con discapacidad y de
sus familias, afectadas como consecuencia del uso de agroquímicos”.
El informe lleva la firma de Cecilia Pazos, del área de Derechos
Humanos, y Horacio Esber, director del área de Derechos Sociales. “Son
siete meses de trabajo. Y nos convencimos de la relación
agroquímicos-discapacidad con investigaciones científicas, encuentros
con médicos y con casos concretos de familias de zonas fumigadas”,
afirmó Pazos. Esber resumió: “Las consecuencias de los agroquímicos son
profundamente graves y afectan a los más vulnerables. Es evidente que el
Estado debe ocuparse y se impone aplicar el principio precautorio. No
se puede perder más tiempo”.
Fuente Página 12.
Estuve buscando en
el site de la Defensoría y no encontré el informe, esperemos que lo publiquen dentro de poco.