Esta opinión es estrictamente personal, no refleja la opinión del Partido Pirata ni de nadie más que su autor!!
Siempre se dice que Internet es un lugar peligroso, que hay que controlarlo, que nuestros/as niños/as corren muchísimo riesgo.
Ante todo esto uno puede preguntarse:
En el mundo real, ¿el Estado protege tan bien a nuestras niñas/os?
Veamos qué dicen algunos medios:
"El Colectivo de Trabajadores de Infancia, que reúne a profesionales y empleados de centros de salud, vecinales y ONGs considera que esta denuncia no fue un hecho aislado y plantean que las estrategias para abordar los casos de abuso son insuficientes.
Cuando se hizo pública la denuncia de violencia contra una menor con discapacidad en el Centro de Permanencia Transitoria (CPT) para Niños y Adolescentes Ana y José Franchiola, el subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia del gobierno provincial, Cristian Allende, aseguró que desde el Estado se hace “todo lo posible para evitar este tipo de situaciones”, y dijo que este tipo de hechos “se tiene que marcar en carácter de excepcional, salvaguardando el trabajo de muchas personas con compromiso, profesionalidad y responsabilidad”.
Sin embargo, para el Colectivo de Trabajadores de Infancia, que nuclea a profesionales y empleados autoconvocados de centros de salud, hospitales, universidades, escuelas, asociaciones civiles y vecinales de la ciudad, “este hecho lamentable es un emergente de la gravísima situación que, desde hace ya mucho tiempo, atraviesan las instituciones encargadas de alojar a niños y niñas en nuestra ciudad, y no un hecho extraordinario o aislado”.
Esta crítica se suma a la del Colegio Profesional de Asistentes Sociales y profesionales de la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, publicada el 25 de febrero en El Litoral, quienes también advirtieron sobre la ausencia de políticas públicas -estructura y recursos económicos- para la infancia, que les permita cumplir con los objetivos de la Ley provincial 12.967 de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (ver lista).
Los profesionales y empleados reunidos en el Colectivo de Trabajadores de Infancia también aseguran “que lo ocurrido en el hogar público para niñas Ana y José Franchiola, así como la enorme cantidad de casos de abuso por día en nuestra ciudad que no se visibilizan, dan cuenta del tenor de las políticas públicas pensadas y aplicadas a la infancia”.
“La intervención de los diferentes organismos y Ministerios del Estado —señala el comunicado— no puede, en manera alguna, reducirse a la denuncia y la sanción (por otra parte, absolutamente necesarias) de las personas que desde sus respectivos lugares fueron las ejecutoras de estas acciones de maltrato y violencia sobre una niña de 11 años, sino que este hecho lamentable es un emergente de la gravísima situación que desde hace ya mucho tiempo atraviesan las instituciones encargadas de alojar a niños y niñas en nuestra ciudad, y no un hecho extraordinario o aislado”.
Desde 2011, este grupo de trabajadores viene debatiendo “sobre un sinnúmero de casos singulares y la incoordinación e insuficiencia de las estrategias de abordaje en el marco del programa vigente de incumbencias de cada organismo público que debe tener a su cargo el problema del abuso infantil”.
Y consideran al abuso en su sentido amplio: “Como todo aquel delito que supone la apropiación del cuerpo del niño por parte de un adulto que se encuentra en una posición de mayor poder y saber. En este sentido, no hay solamente ‘personas que abusan o maltratan’, sino que existen también prácticas y discursos que abusan de los niños y niñas. Pero que asumen una gravedad mayor cuando es ejercido por las instituciones del Estado que deberían resguardar los derechos de la niñez”, concluyen.
CUESTIONAMIENTOS
Falta de estructura e insuficiencia de recursos para dar una repuesta acorde a las necesidades y a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Ausencia de lineamientos concretos para poder plasmar la Ley Provincial de Protección Integral Niñas, Niños y Adolescentes 12.967.
Para cumplimentar los objetivos de la ley es imprescindible el diseño de políticas públicas desde los gobiernos Municipal, Provincial y Nacional, y en sus diferentes áreas.
Necesidad de reflexionar sobre la corresponsabilidad de otros organismos (Salud, Salud Mental, Educación) para dar respuestas de tratamiento integral en la situación de cada niño y adolescente.
Profesionales de la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, en forma conjunta con el Colegio Profesional de Asistentes Sociales, emitieron un comunicado en el que advierten:
Un video clave
El 8 de febrero se denunció en la Seccional 1a. un caso de maltrato contra una niña de 11 años, con discapacidad, alojada en el Centro de Permanencia Transitoria (CPT) para Niños y Adolescentes Ana y José Franchiola (25 de Mayo 3445). El episodi
o se hizo público porque dos albañiles, que trabajan en la obra lindante con el CPT, tomaron un video que registraba el maltrato que recibía la niña por parte de algunas operadoras sociales. Tres trabajadoras del lugar fueron removidas de sus cargos y el centro fue intervenido. La Justicia investiga el caso.
Fuente El Litoral.
Veamos qué dicen algunos medios:
"El Colectivo de Trabajadores de Infancia, que reúne a profesionales y empleados de centros de salud, vecinales y ONGs considera que esta denuncia no fue un hecho aislado y plantean que las estrategias para abordar los casos de abuso son insuficientes.
Cuando se hizo pública la denuncia de violencia contra una menor con discapacidad en el Centro de Permanencia Transitoria (CPT) para Niños y Adolescentes Ana y José Franchiola, el subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia del gobierno provincial, Cristian Allende, aseguró que desde el Estado se hace “todo lo posible para evitar este tipo de situaciones”, y dijo que este tipo de hechos “se tiene que marcar en carácter de excepcional, salvaguardando el trabajo de muchas personas con compromiso, profesionalidad y responsabilidad”.
Sin embargo, para el Colectivo de Trabajadores de Infancia, que nuclea a profesionales y empleados autoconvocados de centros de salud, hospitales, universidades, escuelas, asociaciones civiles y vecinales de la ciudad, “este hecho lamentable es un emergente de la gravísima situación que, desde hace ya mucho tiempo, atraviesan las instituciones encargadas de alojar a niños y niñas en nuestra ciudad, y no un hecho extraordinario o aislado”.
Esta crítica se suma a la del Colegio Profesional de Asistentes Sociales y profesionales de la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, publicada el 25 de febrero en El Litoral, quienes también advirtieron sobre la ausencia de políticas públicas -estructura y recursos económicos- para la infancia, que les permita cumplir con los objetivos de la Ley provincial 12.967 de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (ver lista).
Los profesionales y empleados reunidos en el Colectivo de Trabajadores de Infancia también aseguran “que lo ocurrido en el hogar público para niñas Ana y José Franchiola, así como la enorme cantidad de casos de abuso por día en nuestra ciudad que no se visibilizan, dan cuenta del tenor de las políticas públicas pensadas y aplicadas a la infancia”.
“La intervención de los diferentes organismos y Ministerios del Estado —señala el comunicado— no puede, en manera alguna, reducirse a la denuncia y la sanción (por otra parte, absolutamente necesarias) de las personas que desde sus respectivos lugares fueron las ejecutoras de estas acciones de maltrato y violencia sobre una niña de 11 años, sino que este hecho lamentable es un emergente de la gravísima situación que desde hace ya mucho tiempo atraviesan las instituciones encargadas de alojar a niños y niñas en nuestra ciudad, y no un hecho extraordinario o aislado”.
Desde 2011, este grupo de trabajadores viene debatiendo “sobre un sinnúmero de casos singulares y la incoordinación e insuficiencia de las estrategias de abordaje en el marco del programa vigente de incumbencias de cada organismo público que debe tener a su cargo el problema del abuso infantil”.
Y consideran al abuso en su sentido amplio: “Como todo aquel delito que supone la apropiación del cuerpo del niño por parte de un adulto que se encuentra en una posición de mayor poder y saber. En este sentido, no hay solamente ‘personas que abusan o maltratan’, sino que existen también prácticas y discursos que abusan de los niños y niñas. Pero que asumen una gravedad mayor cuando es ejercido por las instituciones del Estado que deberían resguardar los derechos de la niñez”, concluyen.
CUESTIONAMIENTOS
Falta de estructura e insuficiencia de recursos para dar una repuesta acorde a las necesidades y a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Ausencia de lineamientos concretos para poder plasmar la Ley Provincial de Protección Integral Niñas, Niños y Adolescentes 12.967.
Para cumplimentar los objetivos de la ley es imprescindible el diseño de políticas públicas desde los gobiernos Municipal, Provincial y Nacional, y en sus diferentes áreas.
Necesidad de reflexionar sobre la corresponsabilidad de otros organismos (Salud, Salud Mental, Educación) para dar respuestas de tratamiento integral en la situación de cada niño y adolescente.
Profesionales de la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, en forma conjunta con el Colegio Profesional de Asistentes Sociales, emitieron un comunicado en el que advierten:
Un video clave
El 8 de febrero se denunció en la Seccional 1a. un caso de maltrato contra una niña de 11 años, con discapacidad, alojada en el Centro de Permanencia Transitoria (CPT) para Niños y Adolescentes Ana y José Franchiola (25 de Mayo 3445). El episodi
o se hizo público porque dos albañiles, que trabajan en la obra lindante con el CPT, tomaron un video que registraba el maltrato que recibía la niña por parte de algunas operadoras sociales. Tres trabajadoras del lugar fueron removidas de sus cargos y el centro fue intervenido. La Justicia investiga el caso.
Fuente El Litoral.
Y , ¿qué pasa con las/os niñas/os que son abusados por alguien cercano?
" El objetivo del encuentro fue discutir los presupuestos de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y el lugar de los trabajadores en la construcción de políticas públicas.
“La ley promueve que el niño se desarrolle en su familia y esto es bajado como política, a través de intervenciones tendientes a revincularlo con su ámbito familiar. Pero en los casos de abuso, que en el 90 % son intrafamiliares, no puede ser ése el ámbito donde se desarrolle el niño. Si hay abuso, el padre pierde su estatuto de padre y ya no hay familia”, refirió Juan Pablo Hetzer, miembro del CTI."
"Otra crítica fue la distancia entre la idealidad de la ley y la operatividad del trabajo diario. “Entre la ley y su implementación hay mucha distancia y dificultades”, aseguró Calvi y enumeró los principales problemas con los que se enfrentan los trabajadores de la niñez: no poder realizar las denuncias por abuso, dónde alojar al niño cuando se lo separa de su familia, la inexistencia de equipos y presupuesto acordes a la problemática, y las condiciones laborales precarias en que se desempeñan (“en negro o con contratos basura”).
“En los casos en que la familia no es el mejor lugar para el niño, tampoco hay otros espacios donde alojarlos”, señaló la especialista. Hetzer apuntó en el mismo sentido: “¿Qué tipo de instituciones produce el Estado para cuidar al niño cuando hay que separarlo de su familia?”.
Por su parte, Grande planteó la situación paradojal en la que se encuentran muchos profesionales: “Se sabe lo que se tiene que hacer, pero no se puede. Existe una ley, pero no se dan los recursos económicos, entonces el profesional se culpabiliza: ‘tendría que haber hecho esto o aquello’”.
Otro punto fundamental es la falta de condena en los casos de abuso. “Hay que cambiar la mentalidad dominante en los procesos judiciales porque primero se sospecha del niño y no del abusador, que no es sancionado penalmente”, denunció Hetzer.
Durante más de tres horas los trabajadores escucharon, cuestionaron y debatieron sobre cómo salir de la paradoja que se impone entre la letra muerta de la ley y una realidad acuciante e invisibilizada."
Claro, siempre es más fácil demonizar Internet. Mientras tanto , las chicas y chicos que son abusados no tienen adónde ir cuando quien perpetra algo tan horrible es alguien cercano. El Estado tiene como solución mandarlo a una institución donde será violado/a o abusado/a de nuevo.
La culpa, ya lo saben, siempre es de Internet, ya lo saben....
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