Foto del Diputado Ruperto Godoy quien votó a favor de la ley de protección a los glaciares y cuando le avisaron apoyó el veto....Fuente: Congreso Nacional Argentino.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Si bien triunfó el voto opositor (107 positivos contra 90 negativos), no se logró la mayoría de 2/3, para que la ley quedara vigente.
Pero es un dato importante que el intento fue promovido por los diputados Miguel Bonasso y Eduardo Macaluse. El Kirchnerismo se opuso.
Bonasso es un ex asesor de prensa de los Kirchner, en 2003, y firme militante de la transversalidad.
La insistencia legislativa para dejar vigente la Ley de Glaciares aprobada recientemente por el Congreso de la Nación, pero vetada por la presidenta Cristina Fernández, fracasó en la Cámara de Diputados, porque no se alcanzó los votos necesarios para revalidar la norma.
Para ratificar la ley, la propuesta necesitaba de los 2/3 de los votos positivos primero de la Cámara baja y luego del Senado. O sea que era muy difícil pero servía para conocer los límites del kirchnerismo en el Legislativo, y los tiene.
Los Kirchner perdieron una votación que demostró que si dependen de la mayoría simple, la oposición puede ganarle en ciertos temas.
Los diputados Miguel Bonasso y Eduardo Macaluse quedaron enfrentados a las directivas presidenciales.
Si bien el intento de ratificar la ley reunió 107 votos positivos contra 90 negativos, no fueron suficientes para convalidad la ley sancionada por unanimidad en e del año 2007.
"No hay intereses superiores a la preservación de una fuente de un recurso natural tan preciado como el agua", dijo Bonasso, y agregó que "es un tema de enorme trascendencia nacional e internacional por lo que debe ser tratado con urgencia".
"No se discute la modificación de la ley; la ley es excelente, y discrepo con el veto", asentó Bonasso quien aseguró contar con el apoyo de los bloques del SI, la Coalición Cívica, el Socialismo, la UCR y algunos diputados del Frente para la Victoria
Desde el oficialismo se argumentó la postura contraria a tratar el proyecto en que esperarán a la conformación de una comisión de legisladores con gobernadores y dirigentes de la zona cordillerana, de donde surgirá un nuevo proyecto de ley que buscarán refrendar en un marco de consenso.
"El veto está vigente y hay más de un año para ser rechazado o ratificado. Cometer esta premura sin que haya tenido la discusión necesaria es una decisión que este bloque no comparte, por lo tanto, no vamos a votar el apartamiento del reglamento", explicó Agustín Rossi, titular de la bancada oficialista.
La ley vetada por la presidenta Cristina de Kirchner, había sido por la aprobada por unanimidad el 22 de octubre de 2008 por el senado de la Nación con 47 legisladores presentes. La norma creaba un Inventario Nacional de Glaciares, donde debían individualizarse todos los glaciares y geoformas peri glaciales que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.
En su artículo 6 prohibía que en los glaciares y su entorno se realicen actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance:
a) la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen;
b) la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica;
c) la exploración y explotación minera o petrolífera, incluyendo en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente peri glacial saturado en hielo y
d) la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales.
"El veto presidencial es una muestra más de la política minera de los Kirchner. El gobierno no sólo mantuvo los beneficios económicos e impositivos que tienen las multinacionales mineras, desde la década del 90.
Con este veto, las habilita a continuar su actividad, a pesar de la contaminación del agua que están provocando para las generaciones presentes y futuras.
(vea el video del programa "La Liga"dedicado a las explotaciones mineras en San Juan)
El Poder Ejecutivo soslayó la opinión de un premio Nóbel, como el director del IANIGLA y de los legisladores", sostuvo la diputada de la Coalición Cívica, Fernanda Reyes, integrante de la Comisión de Minería.
Desde la Mesa Nacional de Minería de la Coalición Cívica, Claudia Rosas, denunció: "Este veto es producto de largas conversaciones entre las mineras y funcionarios del gobierno nacional. Los funcionarios fueron incentivados por las mineras a que intercedieran en favor de este veto. El argumento utilizado es que, de implementarse la ley de protección de glaciares, se podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas.
Los habitantes de las provincias cordilleranas no podemos dejar pasar este atropello".
¿El lobby minero le ganó al Congreso?
La fuerte presión de los gobernadores mineros influyó en el veto presidencial, sobre todo la presión de José Luis Gioja, mandatario de San Juan, en cuya provincia se desarrollan varios emprendimientos de este tipo.
La diputada Susana García, de la Coalición Cívica, calificó los considerandos del veto como una "falacia" y añadió que en este veto ha ocurrido algo extraño y se quejó de que en el veto se recomiende la creación de un foro para evaluar el tema. Lo mismo piensa Bonasso, quien sostiene que en ese punto reside una gran amenaza: "Me parece más que cuestionable que se diga que se va a convocar un foro interdisciplinario de gobernadores, ONG, diputados y senadores; no puede ser que un foro subrogue la capacidad del Congreso".
En este tema, como en todos los tópicos polémicos, hay diputados que contradicen lo que votaron meses antes. Es el caso de los representantes de San Juan, quienes apoyaron de forma unánime la Ley, pero hoy apoyaron el veto a ultranza.
Increíble fue la declaración del diputado del frente para la Victoria de San Juan, Ruperto Godoy, quien dijo: "No recuerdo haber leído la ley". Ayer a favor, hoy en contra, una muestra más del poder económico y de lobby de las mineras.
La ley, que fue aprobada el mes pasado por el Congreso, podría haber complicado los planes de la mayor firma minera mundial de oro, Barrick Gold Corp, para construir una mina de 2.400 millones de dólares en los nevados picos de los Andes entre Argentina y Chile.
Pero la presidenta, Cristina Fernández, usó su poder de veto, afirmando en un decreto que los gobernadores de provincias andinas temían que la ley de glaciares amenazara el desarrollo de sus regiones.
Prohibir "la exploración y explotación minera o petrolífera (...) daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente", dijo el decreto publicado a principios de la semana por el Gobierno.
El documento agregó que "era excesivo "prohibir la actividad de minería o perforación petrolera en los glaciares y en las llamadas áreas peri glaciares que bordean los glaciares.
El proyecto Pascua Lama de Barrick enfrentó un torrente de protestas de activistas verdes en Chile, pero finalmente recibió la aprobación del gobierno chileno después de que la compañía prometió no tocar los glaciares andinos que bordean el remoto sitio.
Poco después, obtuvo la aprobación de las autoridades argentinas.
No obstante, la firma no ha podido comenzar con los trabajos en la mina debido a una disputa entre Argentina y Chile sobre la forma de compartir los ingresos fiscales del proyecto transfronterizo.
Por Sergio Langer
