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| En esta entrevista con PuntoGov, Diego Saravia analiza los recientes comicios en Salta, donde se hizo una prueba del voto electrónico. | |
| César Dergarabedian
-¿Cuál es su evaluación y opinión sobre la elección interna en el PJ, la UCR y el Partido Renovador de Salta del 30 de enero, donde se utilizó el voto electrónico? -El sistema tuvo problemas en varias escuelas: personas que tenían que ser acompañadas al cuarto oscuro a votar por desconocimiento de como votar. Problemas con las máquinas varios, lentitud, reiniciación, etc. Disputas sobre las máquinas de enseñanza: computadoras de entrenamiento donde personas instruían a los electores y son vistas por los responsables de cada partido como medio de adoctrinamiento. Un notorio incremento del voto en blanco, curiosamente elecciones no obligatorias con más del 10% de voto en blanco. Esto por una combinación de clientelismo (que sigue funcionando igual con el e-voto) y desconocimiento. Y fundamentalmente la duda sobre el resultado ante el no recuento manual del sistema, la no publicación del software y la posibilidad de detección del voto mediante sistemas de radio. Hoy no hay forma de asegurar que quienes ganaron esas internas realmente lo hicieron. -¿El voto electrónico garantiza un sistema electoral más moderno y transparente? Si fuera así, ¿bajo qué condiciones? -El sistema es oscuro para cualquiera que no conozca informática. No puede saber cómo funciona. El manual sólo requiere saber contar. Ese sistema requiere personas con un titulo universitario más conocimiento específico sobre el sistema que está oculto a propósito. Moderno sin duda es, ahora esto no significa nada más que eso. Las tres cuestiones centrales son: no publicación del código fuente, en violación al pliego; no recuento manual de los votos y por lo tanto no verificabilidad de los resultados y desconocimiento sobre la posible emisión de ondas de radio que identifiquen el voto. Se podría mejorar el sistema publicando el código en forma libre, auditando el resultado y el software y controlando la emisión de radio. -¿Cómo se construye la ilusión de que el voto electrónico mejorará la democracia? ¿Quiénes lo impulsan? -En Salta, fundamentalmente el gobernador (Nota de R.: Juan Urtubey), el tribunal electoral y la empresa contratista (Nota de R.: Magic Software Argentina). Se construye mediante una suerte de tecno-optimismo. -¿Cuál es su opinión sobre las experiencias de voto electrónico en Brasil? -En Brasil el sistema es mucho peor que el local, pues ni siquiera imprime el voto. -¿Existe algún sistema de voto electrónico invulnerable? -No lo conozco. Por otro lado esto es una expresión de fe. No se puede demostrar que nunca un sistema determinado será violado. Por ejemplo, la emisión de sufragio en una computadora o mediante tarjetas magnéticas (Registración Electrónica Directa), o el conteo de las papeletas tradicionales con un código de barras o con el sistema de boleta única marcada o perforada. Lo último sería mejor que el sistema actual basado en chip RFID (Nota de R.: identificación por radiofrecuencia, sigla en inglés) que contiene números de serie que pueden identificar fácilmente al elector. Es decir un sistema de boleta única con posibilidad de leer o escanear las letras o marcas. Algunos sistemas norteamericanos funcionan así. Aún así las elecciones norteamericanas permitieron que gane las elecciones quien no había ganado, dos veces. | |
Incidentes en la Ciudad de Córdoba.
Un grupo de 200 estudiantes aproximadamente se cruzó esta tarde con las vallas policiales apostadas cerca de la Legislatura y esto provocó disturbios que se expandieron hasta los alrededores de la Plaza San Martín tras la aprobación en la Legislatura de la nueva Ley de Educación.
Los estudiantes marcharon contra las vallas policiales y allí se produjo un cruce entre ambos, resultando 12 manifestantes detenidos, todos mayores de edad (ocho varones y cuatro mujeres).
Como saldo del enfrentamiento varios uniformados recibieron heridas de distinta consideración, al igual que numerosos manifestantes, muchos de los cuales fueron detenidos tras ser duramente golpeados por las fuerzas policiales.
Dos legisladores que abandonaron la sede parlamentaria para tratar de apaciguar los ánimos también fueron agredidos a puñetazos por varios manifestantes que no advirtieron que ambos habían votado en contra de la iniciativa oficialista.
Se trata de Liliana Olivero, de Izquierda Socialista, y Roberto Birri, del Frente Cívico y Social, quienes a pesar de recibir algunos puñetazos en sus rostros justificaron la violenta reacción de los manifestantes por entender que no se tuvieron en cuenta los argumentos que oportunamente esgrimieron en contra del proyecto gubernamental.
Antes, la Policía de la Provincia registró cerca de las 17 un incidente entre jóvenes encapuchados y agentes, en la intersección de Deán Funes y Rivera Indarte, donde había instalados vallados para que no ingresen personas a la Unicameral. Según lo relató el comisario Salgado desde el lugar, un grupo de chicos comenzaron a tirar piedras y botellas, golpeando a dos efectivos policiales, quienes debieron ser trasladados al Policlínico Policial y que se encuentran fuera de peligro con lesiones leves.
Uno de los principales cuestionamientos de la asamblea era que el proyecto haya sido elaborado por un Consejo Provincial de Políticas Educativas, integrado por representantes de la Iglesia, empresarios y entidades sindicales docentes, con la ausencia de representantes del alumnado, de docentes y de los padres.
El reclamo apuntaba a la realización de un Congreso Educativo Provincial en 2011 para debatir un nuevo proyecto y al rechazo a puntos como la inclusión de la educación religiosa extracurricular y las prácticas administrativas a través de pasantías que, en la práctica, se convierten en "mano de obra barata".
La aprobación de la norma generó la reacción de los manifestantes, a la que la policía provincial respondió reprimiendo. Numerosos manifestantes fueron detenidos tras ser duramente golpeados. Dos legisladores que abandonaron la sede parlamentaria para tratar de apaciguar los ánimos también fueron agredidos a puñetazos por varios manifestantes que no advirtieron que ambos habían votado en contra de la iniciativa oficialista.
Se trata de Liliana Olivero, de Izquierda Socialista, y Roberto Birri, del Frente Cívico y Social. Ambos justificaron la reacción de los manifestantes por entender que no se tuvieron en cuenta los argumentos que oportunamente esgrimieron en contra del proyecto.
Sobre el Pastafarismo.
Primera Parte.
Segunda Parte.
"No estamos en contra de la Iglesia Católica, simplemente exigimos que en las aulas salteñas se imparta EDUCACIÓN LAICA Y CIENTÍFICA, lo cual significa que defendemos la enseñanza pública manteniendo la independencia de la misma RESPECTO DE CUALQUIER CREENCIA O PRÁCTICA RELIGIOSA, y que se impartan conocimientos basados en métodos empíricos, aceptados universalmente y que no se contradigan frente a los dogmas de fe".
Por el presente comunicado, queremos hacer conocer al resto del país, la situación de irrespeto y avasallamiento a las libertades y derechos fundamentales, violatoria no sólo de nuestra Constitución Nacional, sino también de los Pactos de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, que se verifica y se sostiene en la Provincia de Salta, uno de los bastiones mas conservadores de nuestro País.
En diciembre del 2008, el senado Salteño sancionó la Ley Nº 7546, por medio de la cual se incorpora como obligatoria la educación religiosa en las escuelas públicas primarias. Este cuerpo legal, impulsado por el Gobernador Juan Manuel Urtubey, se basa en el la Constitución provincial que en su artículo 49 sostiene que los padres y en su caso los tutores "tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Pero como era de suponer, se impone de manera obligatoria la religión Católica , dejando de lado las distintas creencias, soslayando la libertad de conciencia, de culto y por sobre todo, evitando la formación científica, dentro de la esfera educacional pública.
Es necesario aclarar la relación carnal histórica que existe entre la Iglesia Católica y la provincia de Salta, más aún con las actuales autoridades, que ponen en marcha la maquinaria estatal en torno a un fin, que es el total monopolio de la religión católica, con las consecuencias inevitables de formar ciudadanos mansos, temerosos de la ira de dios, incapaces de objetivizar la realidad, y mucho menos aún, de levantar sus cabezas cuando el mismo estado, que debe garantizar el pleno goce y ejercicio de nuestros derechos fundamentales, los mutila y los torna absolutamente inoperantes.
Lamentablemente Salta en pleno Siglo XXI, puede ser caracterizada más como un feudo medieval inquisidor, que como una provincia dentro de un Estado federal y republicano. Es un feudo en donde todo lo que se vé, se escucha, pasa por un exhaustivo "control de calidad", en donde el Estado Nacional, no tiene la mínima injerencia, pues nuestros señores feudales, junto con la Iglesia Católica, determinan qué es lo que nos llevará a "la vida eterna", y que nos puede "conducir al infierno".
Una clara muestra de esta realidad, es el accionar del Ministro de educación de la Provincia Van Cawlaert quién decidió, simple y llanamente, que en Salta no se repartirá a los docentes el material elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación para dar educación sexual Integral, pero sí promueve que su formación sea en base a los principios de cursos dictados por la Universidad Católica de Salta, por medio de material elaborado por la Universidad de Navarra, de España, propiedad del Opus Dei. Entre sus "Principios doctrinales" se desaconseja hablar a los estudiantes secundarios sobre el uso del preservativo, ya que siguiendo el dogma Vaticano, no es un método seguro para prevenir el contagio del HIV y que, por el contrario, favorece la difusión del sida.
Dentro de este marco, a través de un convenio entre las autoridades y la Cámara del Tabaco, se puso en circulación unos "manuales gratuitos" dirigidos a los decentes secundarios que se preparan para dar "educación sexual", cuadernillos éstos totalmente alejados del conocimiento empírico y científico, que incluso contradicen a la OMS, y que receptan toda una visión netamente Católica, también especialmente redactados por especialistas de la Universidad de Navarra, que como dijimos, es el enclave del Opus Dei.
Esta es nuestra realidad, una Ley Provincial, que vulnera los derechos de las minorías que pertenecen a algunas de las otras tantas religiones que profesa la sociedad salteña, e incluso a aquellas que no profesan credo alguno.
Debemos aclarar que no estamos en contra de la Iglesia Católica, simplemente exigimos que en las aulas salteñas se imparta EDUCACIÓN LAICA Y CIENTÍFICA, lo cual significa que defendemos la enseñanza pública manteniendo la independencia de la misma RESPECTO DE CUALQUIER CREENCIA O PRÁCTICA RELIGIOSA, y que se impartan conocimientos basados en métodos empíricos, aceptados universalmente y que no se contradigan frente a los "dogmas de fe".
Que el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial internalicen que NO somos un Estado Sacral, en el que el estado asume intensamente dentro del bien común temporal aspectos del bien espiritual o religioso de la comunidad, hasta convertirse casi en un instrumento de lo espiritual. Pertenecemos a un estado Secular, en el que si bien el estado reconoce la realidad de un poder religioso e institucionaliza políticamente su existencia, (articulo 2 de la C.N. dipone que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano) jamás puede interpretarse a contrario sensus de los derechos y garantías enumerados y no enumerados por la C.N. y los Pactos de Derechos Humanos que forman parte del plexo constitucional.
Por esta razón, exigimos la vigencia de la plena libertad religiosa en la Provincia de Salta, la cual se desglosa e implica la plena a) libertad de conciencia, b) libertad de culto. A su vez esta libertad religiosa debe interpretarse en relación con la libertad de intimidad o privacidad (art. 19) y con todos los derechos cuyo ejercicio admite una finalidad religiosa.
De ésta manera la libertad religiosa que la constitución consagra, según el prestigioso constitucionalista Bidart Campos, tiene una multiplicidad de contenidos, a saber:
a)el derecho de los padres de decidir la orientación espiritual y religiosa de sus hijos menores hasta la edad de discernimiento,
b)el derecho de cada persona de no ser obligada a participar en actos o ceremonias de culto contra la propia conciencia, o en actos o ceremonias con sentido religioso
c)el derecho de cada persona de no ser obligada a recibir una enseñanza opuesta a la propia religión,
d)el derecho a no padecer discriminaciones arbitrarias por razones religiosas, etc.
Por todo lo expuesto, Diversia Salta, junto a otras agrupaciones invitó al pueblo salteño a movilizarse a FAVOR DE LA EDUCACIÓN LAICA EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS, exigiendo, además de los derechos antes enumerados:
1)Que se excluya como obligatoria de la curricula primaria pública el dictado de la materia RELIGION,
2)Que se promueva la educación basada en el conocimiento científico, donde el niño pueda aprender en base a la curiosidad y cuestionamientos propios, y NO sobre la imposición de dogmas y conceptos que resultan arcaicos y ya científicamente demostrados como obsoletos, incompatibles con la realidad actual.
La marcha no fue masiva, pero tuvo un importante impacto, ya que inmediatamente el clero se movilizó a juntar firmas para consolidar la vigencia de la citada ley y su hegemonía dentro de las escuelas públicas.
Es probable que también ustedes desconozcan la idiosincrasia de la sociedad salteña, la cual se caracteriza por ser obediente al clero, con total represión del pensamiento crítico, temerosa de tomar decisiones y cuestionar a las autoridades, incluso, ante semejantes avasallamientos como los que en el momento nos convoca.
Pero existimos una porción de ciudadanos seriamente comprometidos con nuestra realidad, que luchamos fervientemente por la igualdad, el respeto de la diversidad de conciencias, razas, credos, por la dignidad del ser humano en todas y cada una de sus facetas, que ante la indiferencia mayoritaria, el monopolio del gobierno y de la Iglesia Católica, vemos amenazada esta lucha, pues lamentablemente son mayoría los salteños que temen tomar una postura diferente que el resto de la masa.
Por esta razón agradecemos inconmensurablemente la difusión de esta realidad hacia el resto del país, ya que consideramos de fundamental trascendencia que el debate se traslade al ámbito Nacional, y recibir el apoyo del resto de los argentinos que tal vez, en estos momentos desconozcan el terrible irrespeto que sufren los derechos humanos en nuestra provincia del norte.
Desde ya MUCHAS GRACIAS, el camino que avizoramos es duro, pero la IGUALDAD, el RESPETO y la DIGNIDAD, LO VALEN.-
Patricia Aguirre
Abogada
Integrante de Diversia Salta

La Ley de Bosques no logró frenar los desmontes. Las amenazas, los padecimientos y la resistencia de los aborígenes en Salta.
Desde Tartagal
“Nosotros no queremos ser ‘jefes de hogares’ que tienen que salir a cortar la ruta para que les den subsidios. Nosotros tenemos nuestro lugar, nuestra tierra, nuestro monte. Nosotros queremos seguir viviendo acá, como vivieron nuestros padres y nuestros abuelos. Acá somos felices y de acá no nos queremos ir.” Ramón es muy joven. Dice que no sabe –ni importa mucho– qué edad tiene. No llega a los 20 años. “Ni documento (de identidad) tengo”, comenta. Ramón es integrante de una de las 15 familias que viven en la comunidad wichí de El Escrito, a unos 100 kilómetros de Tartagal, en medio de lo que fue un monte tupido, lleno de corzuelas –entre otros animales– y frutos silvestres que nutrían la mesa de los antiguos dueños de la tierra, de las flechas, de la vida en contacto con la naturaleza más salvaje y acogedora: la del chaco salteño. Cuarenta mil argentinos son wichís. En Salta, más de 60 familias de esa comunidad están siendo expulsadas de sus dominios por el desmonte compulsivo. En cuatro años desaparecieron 807 mil hectáreas de montes y las topadoras siguen su avance –junto a las plantaciones de soja–, sobre el pueblo wichí: “Nos quieren obligar a que nos vayamos al pueblo”, repiten los caciques.
La Red Agroforestal Chaco Argentino (Redaf), integrada por técnicos e investigadores de trece instituciones, organizó una travesía –de la que participó PáginaI12 como único medio gráfico– por las comunidades wichís de El Traslado, Zopota y El Escrito, hoy cercadas por desmontes, autorizados o no, por el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey, que sigue la política iniciada por el ex mandatario provincial Juan Carlos Romero. En los hechos, todo marcha a contrapelo de lo que dice la letra de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en noviembre del año pasado por el Congreso de la Nación, cuya aplicación práctica se demora porque el gobierno nacional todavía no la reglamentó y porque las provincias siguen demorando el tratamiento de la norma en sus respectivas legislaturas.
La Ley de Bosques, como se la llama en forma corriente (ver aparte), establece disposiciones que tienden a evitar el desmonte o a realizarlo, en todo caso, en forma racional. La realidad indica hoy que unas 60 familias wichís están siendo empujadas a dejar sus tierras. Ellos tienen su hábitat en diferentes parajes salteños de la más importante área forestal del continente, después de la Amazonia. Los últimos montaraces, exponentes de un modo de vida que rechaza la urbanización insaciable y defiende la vida silvestre sin avanzar sobre nadie, están siendo arrasados por la voracidad sojera, que no respeta ni el árbol, ni el bosque.
En El Traslado, Oscar y Carlos Frías relatan un presente desalentador. “Ese señor que nos vino a ver parece que no quiere vivir, quiere morir. Nosotros nunca hemos perseguido a nadie, pero él se nos vino con un arma, un revólver calibre 38. Nos vino a amenazar diciendo que es el dueño de las tierras. Nosotros siempre vivimos acá y no nos queremos ir.” El que habla es Oscar, mientras Carlos guarda respetuoso silencio. El que amenazó dice ser el dueño de las tierras, que ahora han sido alambradas. Algunos caminos tienen inusuales tranqueras con candados. Los caminos pasan por encima de los lugares donde los wichís enterraron a sus muertos. Nadie podría imaginar una ruta atravesando el cementerio de la Recoleta o la Chacarita.
El señor del 38, además de amenazar, trabó el único molino que hay en el paraje y los wichís tienen que recorrer decenas de kilómetros para juntar un poco de agua. Eso, aunque estén de parto (ver aparte). Las comunidades visitadas, en el departamento salteño de San Martín, están cercadas por miles de hectáreas desmontadas. Los wichís viven en pequeñas “cortinas” forestales, conjuntos de árboles y vegetación que han quedado en pie sobre la tierra árida. Los antiguos dueños de la tierra han llevado su caso a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), luego de insistir largamente ante las autoridades provinciales.
“Acá ha venido mucha gente, funcionarios y finqueros a decirnos de diferente manera que nos tenemos que ir. Nos hicieron firmar un acta acuerdo para desistir de un reclamo (posterior), pero no nos vamos a mover”, asegura, rodeado por los suyos y traductor mediante, el cacique de El Traslado, Roberto Sánchez. El homónimo de Sandro habla de pie, rodeado por sus hijos y vecinos, mientras las mujeres, reunidas en torno del fuego donde se calientan los pies y el agua, observan a prudente distancia. Todas visten polleras largas y coloridas. Sus pies están descalzos. Sánchez habla en voz muy baja, en idioma wichí. El traductor, vaya paradoja, es John (prefiere que le digan Juan) Palmer, un inglés doctorado en antropología que se vino a Salta en su época de estudiante. Ahora está casado con una wichí. Tienen tres hijos y viven en Tartagal.
Sánchez habla, sin ira ni rencor, sobre las continuas visitas de personas interesadas en finalizar “por las buenas o por las malas” un desmonte de 30 mil hectáreas. Para convencerlos de que dejen el lugar, les han ofrecido unas pocas hectáreas en un sector marginal. Ellos saben, por experiencia de años, que se trata de una zona inundable cuando llega la temporada de lluvias. Viene de lejos la polémica por la legitimidad de los “desmontes autorizados” por el ex gobernador Juan Carlos Romero, que los entregó a poderosos empresarios sojeros.
El problema lo heredó el actual gobernador Urtubey, que en los primeros tiempos designó en puestos clave a técnicos formados en la Universidad de Salta (UNSA), siempre a favor del medio ambiente. La autorización para el desmonte en El Traslado fue cancelada por la secretaria de Política Ambiental, Catalina Buliubasich, que luego fue removida de su cargo. Voceros de la secretaría, ahora a cargo de Cristina Camardelli, le aseguraron a PáginaI12 que el desmonte acelerado “no es responsabilidad del actual gobierno, que heredó una situación compleja a la que está tratando de ordenar”. Camardelli se ha reunido con los representantes de la comunidad wichí, pero las soluciones que ellos demandan no aparecen. Ni siquiera ha dado frutos el planteo legal ante el Juzgado Federal de Orán, presentado en 2006, para que las tierras ancestrales sean demarcadas, a fin de impedir el avance de las topadoras.
La Fundación Asociana (Acompañamiento Social de la Inglesa Anglicana del Norte Argentino) hizo un trabajo según el cual la Secretaría de Política Ambiental convocó a 211 audiencias públicas desde 2004 a la fecha. De ese total, 195 fueron solicitudes de desmonte. De ellas, se autorizaron 191. De un total de 129.257 hectáreas destruidas en 2004 se llegó a las 435.399 del año pasado. La tendencia sigue sin ningún freno. “La ley aprobada el año pasado dice que hay que parar el desmonte, pero nadie nos da una respuesta positiva, ni siquiera la Justicia”, protesta Oscar Frías.
Ana González, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, llegó a Salta para interceder por los wichís. Visitó las comunidades, realizó una gestión ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima) y mantuvo un diálogo con autoridades de la policía de Salta, que entró en una comunidad sin tener orden judicial. “Las policías todavía actúan en consonancia con las empresas, eso es preocupante porque sólo deben hacerlo cuando la Justicia se los ordena”, le dijo González a la agencia Télam, una de cuyas cronistas había recibido denuncias por la presencia de uniformados en uno de los parajes.
John Palmer consideró muy grave la situación de los pobladores de El Escrito, que quedaron viviendo en una “cortina” forestal de 50 por cien metros de monte. “Ellos recién ahora toman contacto con el mundo externo. Cuando la empresa (que hizo el desmonte) mandó a alguien para el estudio socioambiental, las mujeres, asustadas, se fueron corriendo al monte. Por eso la empresa dice en el expediente que no hay indígenas en el lugar –precisa Palmer–. Eso demuestra la ceguera de los agroindustriales, que sólo ven posibilidades de ganancia y no la biodiversidad cultural preexistente. Cierran los ojos a todo lo que no coincide con su visión, enfocan nada más que un modelo de economía de producción.” Las empresas más importantes son Cresud S. A., Agrodesmontes S. A., Quebracho Colorado S.A, Inversora Juramento y Tierra Vasca S.A.
Juan Rodríguez ya pasó la barrera de los 80 años de vida y se enoja frente a la tranquera con candado: “No estoy conforme con el gobierno que vende los terrenos fiscales. Los que los compran se creen dueños de todo. Sin monte no tenemos vida. Ya no llevo flechas como antes, pero igual sigo siendo el dueño del monte y de acá no me voy”, asegura.
“Evitar la tragedia”
La Universidad Nacional de Salta (UNSA) consideró “indispensable que se detengan de inmediato” los desmontes que fueron autorizados en el chaco salteño antes de la entrada en vigencia de la Ley de Bosques, sancionada en noviembre de 2007 por el Congreso Nacional. Según la UNSA, la medida debe aplicarse en resguardo de la supervivencia de los pueblos originarios “de modo que se evite la tragedia humanitaria que podría derivar en una catástrofe social y cultural de incalculables consecuencias”.
El Consejo Superior de la UNSA solicitó al gobierno de la provincia “la suspensión de los desmontes autorizados” previos a la sanción de la Ley de Bosques “hasta tanto finalice el ordenamiento territorial de los bosques nativos y el relevamiento de tierras indígenas”, previstos en la norma, con el fin de determinar cuáles son los sectores de “muy alto valor de conservación” que “no deben desmontarse y que deben mantenerse como bosques para siempre”; los de “mediano valor de conservación que están degradados pero pueden restaurarse” hasta llegar a un “valor alto de conservación”, y los de “bajo valor de conservación” que “pueden transformarse parcialmente o en su totalidad”.
El cuerpo académico puso de relieve, en los argumentos de su decisión, la “amenaza para la continuidad biológica y cultural” de los originarios que se plantea a partir de los desmontes de los lugares donde han vivido desde siempre. La UNSA le pidió al gobierno salteño “la aplicación de principios precautorios y preventivos de las leyes ambientales” vigentes.
En los considerandos se enumeran otros casos en los que intervino la UNSA: la entrega de tierras a los indígenas en lotes fiscales, el rechazo a la desafectación de la reserva de la localidad de Pizarro o el pedido para que “detengan la destrucción del medio ambiente”, planteado en noviembre del 2007, que derivó en una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
También se invocó la vigencia de la Ley 21.160, que suspende los desalojos de comunidades indígenas y establece el relevamiento del uso de las tierras, “por lo que se prohíbe la autorización de desmontes” hasta que finalice el ordenamiento territorial que debe contemplar la situación en la que están los pueblos indígenas y los campesinos.
El desmonte discrimina
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) recomendó “eliminar” la afectación ambiental por desmonte hacia los pueblos indígenas, campesinos y pobladores de zonas aisladas. La recomendación, firmada por su titular, María José Lubertino, dice que las situaciones de discriminación ambiental por causa de desmonte tendrán que ser consideradas un “asunto de interés prioritario” por parte de los gobiernos locales y provinciales, a los que plantea la necesidad de tomar medidas para frenar el daño que se está cometiendo. “Las recomendaciones del Inadi o del defensor del Pueblo son muy valiosas porque es el Estado el que se pronuncia y cuando hay litigios los jueces están obligados a tomar en cuenta esos pronunciamientos”, dijo Patricia Bruyn, del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (Gajat), al comentar la fuerza legal que podrían tener este tipo de recomendaciones, de avanzar las instancias judiciales que se han planteado para tratar de ponerle fin al desmonte.



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