RESOLUCION QUE EN EL DIA DE HOY, JUEVES 16 DE FEBRERO, POR UNANIMIDAD, FUE APROBADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE CS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
ROSARIO
Rosario, 10 de febrero de 2012
VISTO:
La problemática que atraviesa nuestra región y nuestro país,
vinculada al avance de un modelo productivo extractivo como el de la
minería a cielo abierto y la agroindustria y;
CONSIDERANDO:
Que, la Facultad de Cs. Médicas de la UNR, ya tiene antecedentes de
pronunciarse en temas neurálgicos que vinculan la salud, el ambiente y
modelos productivos, como el ingreso de Basura Nuclear a nuestro País, la
Instalación y proliferación de fábricas de pasta de celulosa en la región,
el avance de la destrucción de los montes nativos, entre
otros;
Que, en abril del año pasado, se desarrolló en nuestra Facultad el
1er. Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental, organizado por la
Materia Salud Socioambiental de esta Casa, en el que participaron más de
350 personas, de ámbitos académicos, movimientos sociales, áreas
gubernamentales de mas de 11 provincias argentinas y 9 países de América
Latina), cuya declaración final concluye:
“En
todo nuestro continente se viven situaciones que responden a la
transferencia de modelos productivos que enferman y matan hacia nuestras
tierras.
El
proyecto de traslado de industrias sucias a nuestros países, impulsado por
el Banco Mundial (tal cual lo establece el memorándum de Lawrence Summers
de noviembre del año 1991), se está llevando a cabo con la complicidad de
las autoridades locales, bajo la espúrea dicotomía “trabajo vs.
salud”.
La enajenación de la tierra, el despojo a los campesinos, la
depredación de la fauna ictícola en ríos y mares, el avance de la
explotación minera, la contaminación y desaparición de cursos de agua, la
utilización de millones de litros de agrotóxicos en las fumigaciones de
los campos con soja, maíz, hortalizas, frutales, etc. y el avance de la frontera agropecuaria en
desmedro del monte nativo, son determinantes dañinos de la salud de los
ecosistemas de los que los seres humanos somos parte.
Concentraciones Urbanas, Agrotóxicos, Transgénicos, Minería,
Pasteras, Represas, Centrales Nucleares, Contaminantes Químicos,
Biodiversidad Diezmada, Destrucción de Territorios y Poblaciones en franca
diáspora despojadas de los bienes comunes, forman parte de nuestras
cotidianeidades, y deben ser identificadas como problemas del campo de
la salud por los responsables de definir políticas
públicas.
Existen ya pruebas científicas concluyentes acerca de los daños
que a la salud de los ecosistemas y por tanto de los humanos, provocan los
modelos productivos que se están imponiendo en nuestros
países,
por lo que resulta inaceptable la excusa de los responsables
políticos que se escudan en la supuesta debilidad de las mismas en lugar
de aplicar el principio precautorio.”
Que el mencionado documento del Banco Mundial, conocido como
el “Informe Summers”, aconseja “que una cantidad dada de contaminación
perniciosa a la salud debe hacerse en los países de menor costo, que son
los de menores salarios” y en la “escasa incidencia del cáncer en las
comunidades donde ya se mueren tempranamente por otras causas”;
Que en este sentido puede entenderse el avance en nuestros
territorios de modos de producción altamente contaminantes, como ser la
agroindustria transgénica dependiente de tóxicos, la minería a cielo
abierto, la fabricación de pasta de celulosa, la producción de aceites
vegetales, la extracción de petróleo, entre otros;
Que para llevar adelante esa estrategia se vulneran los
derechos de los ciudadanos a nacer, crecer y desarrollarse en un ambiente
saludable;
Que en el caso de la minería las fuentes de contaminación pueden ser: tajos y
galerías, pilas de lixiviación, escombros, colas;
Que éstas áreas no siempre son controladas y en ellas se encuentran
contaminantes tóxicos que se filtran al ambiente;
Que la actividad minera que se desarrolla a cielo abierto e implica
la utilización de procedimientos químicos para la extracción de metales,
daña severamente el ambiente y en consecuencia a los seres humanos y sus
comunidades;
Que uno de los componentes fundamentales en el proceso de
extracción de minerales a cielo abierto es el cianuro, (compuesto químico a base de carbono y nitrógeno, conocido desde
hace varios cientos de años por sus propiedades biológicas tóxicas y su
capacidad de unirse fuertemente a metales);
Que en promedio para extraer un gramo de oro (1 gr) es preciso
pulverizar 4.000 kg (4 tn) de piedras y disolverlas con casi 4 kg (4.000
grs) de cianuro.
Que entre las características tóxicas del cianuro está la
de bloquear la enzima citocromo oxidasa de las mitocondrias, con lo
que interfiere en el proceso de respiración celular, llevando a la muerte
de los organismos que intoxica;
Que otro de los elementos utilizados en los procesos megamineros
extrativistas que se intentan imponer en nuestra región, es el mercurio,
(metal pesado, con propiedades neurotóxicas);
Que en el caso específico de la minera Bajo La Alumbrera,
está
autorizada a consumir 100 millones de litros de agua por día de la reserva
acuífera del Campo del Arenal; alto consumo (casi el doble del consumo de
toda la Provincia de Catamarca);
Que el informe “Impacto de la megaminería sobre las poblaciones locales
en Argentina” elaborado por Juiette Renaud, Asesora del
Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, asegura
que “el impacto mas grave de os grandes proyectos mineros es la
contaminación del agua, en estanques, arroyos, ríos y lagos de la región”,
aunque también “contamina lso suelos, lo cual tiene un impacto fuertemente
negativo sobre la vegetación y la productividad de los mismos”, a partir
del depósito de partículas sedimentadas por el vertido de productos
químicos, por filtración a partir de los lixiviados;
Que las poblaciones son expuestas entonces a consumir alimentos,
agua, respirar aires, contaminados por productos químicos presentes en el
ambiente a partir de estos modos productivos;
Que ya existen causas judiciales abiertas por contaminación y daño
a la salud y al ambiente de este tipo de modelos extractivos, uno de los
cuales es el iniciado por el Fiscal de Cámara de Tucumán, quien denuncia a
la Minera La Alumbrera, y prueba la presencia en agua de Arsénico en
valores 20000 veces superiores a los permitidos por la legislación, así
como de Cadmio (5000 veces mas), Cobre (20 veces mas), Mercurio (10000
veces mas), Plomo (60 veces mas), Selenio (1000 veces mas);
Que éstos emprendimientos, en nuestro País, ya han sido
responsables de al menos 4 derrames (17/9/2004, 10/6/2006, 12/6/2006 en
Villa Yil y Diciembre de 2008 en Ampujaco);
Que, como documenta la Universidad Nacional de Córdoba en su
Resolución HCS Nº 1308/2009: “En
marzo de 2007 la Secretaría de Minería de la Nación elaboró un informe en
el que se refiere a los elevados contenidos de metales en el canal DP2
indicando que el efluente de la planta de tratamiento de Minera Alumbrera
presenta concentraciones de sólidos totales disueltos (SDT) sulfatos y
molibdeno detectadas en el comienzo del canal que superan los límites
normados” lo que evidencia la debilidad de las autoridades de control para
evitar riesgos;
Que, por ejemplo, un estudio de la Universidad de Jujuy, reveló que
“el 81% de los niños de Abrapampa, Jujuy, tienen plomo en sangre en
cantidades dañinas para su salud” (en esa localidad funcionó la Mina “Pan
de Azúcar”, y aún funciona la mina “Pirquitas”);
Que en
nuestro país, el “Informe preliminar sobre vulneración de derechos y conflictividad
socio-ambiental minera” presentado ante la Defensoría del Pueblo de la
Nación por la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería a fines de
2011, contabilizó 121 proyectos en “exploración avanzado” (en los que ya
se conocen las ubicación y calidad de las reservas pero aún no se resuelve
la solvencia económica para dar inicio a la explotación), encabezando la
lista Santa Cruz (36 proyectos), Salta (17), Chubut (14), San Juan (11) y
Jujuy (8), le siguen Neuquén (7); Mendoza, La Rioja y Río Negro (6 cada
una) y Catamarca (4).
Que según dicho informe “Los proyectos son propiedad de 51
empresas, sólo dos de capital nacional y 49 de capital transnacional:
Canadá, Reino Unido, Australia, Estados Unidos y Suiza (entre otros)”,
advirtiendo que “la instalación de transnacionales
mineras implica diferentes conflictos sociales, jurídicos y ambientales,
entre los que destacamos la utilización intensiva de químicos de alta
toxicidad y el consumo masivo de agua y energía, situación que coloca a la
actividad en una condición estructural de tensión con las poblaciones y
actividades económicas locales”.
Que según el informe “Renaud” ya mencionado“, las grandes empresas
trasnacionales consiguieron ampliar su área de influencia gracias a una
supuesta “acción social y comunitaria” en los pueblos en los cuales se
instalan, otorgando subvenciones a instituciones comunitarias (hospitales,
escuelas, etc), hecho que debilita el argumento de las “licencias
sociales” garantizadas;
Que se han hecho públicas las pruebas que vinculan a representantes
de las empresas mineras con actividades de “espionaje e inteligencia”
contra los vecinos movilizados en defensa de la vida y el ambiente
saludable;
Que en los últimos días hemos sido testigos de cómo las fuerzas de seguridad del Estado (primero) y grupos para-policiales y promineros (luego), han ejercido acciones de vulneración de los derechos constitucionales de muchos ciudadanos y ciudadanas de las regiones en conflicto, llegando incluso a lesionar físicamente a manifestantes;
Que la Constitución Nacional en su arto 41, primera parte,
establece que "Todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente· sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para
que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de
preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de
recomponer, según lo establezca la ley.";
Que, como dictaminó la Universidad Nacional de Córdoba, al rechazar
los fondos provenientes de la Minera Bajo la Alumbrera “, el Estado Nacional al haber asumido el compromiso como
integrante de la comunidad internacional, de trabajar en pro de la
protección del medio ambiente sano en cuanto indispensable para el
desarrollo integral del ser humano y al haber reconocido en numerosos
instrumentos internacionales y regionales (i) Sistema Internacional:
D.U.D.H. de 1948; P.I.D.E.S.C. de 1966; P.I.D.C.P. de 1966; Protocolo
Facultativo del P.LD.C.P.; Declaración de Estocolmo de 1972. en particular
principios 1 y 2; Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, en particular
principios generales; Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y
Desarrollo 1992, en particular principios 1, 2, 3 y 4; Declaración y
programa de Acción de Viena de 1993, en particular art. 11; Convención de
Estocolmo sobre Contaminación Orgánica persistente de 2001; Sistema
regional: D.A.D.H. de 1948, en particular arto XI; C.A.D.H.
de 1969; Protocolo de San Salvador de 1998, en particular arto 11; Carta
Democrática Interamericana de 2001, en particular art.1; Resolución de la
O.E.A. n° 1871/02 sobre Promoción de la Responsabilidad Social de las
empresas del hemisferio) debe por tanto realizar todas las acciones
positivas necesarias tendientes a garantizar estas premisas, a través de
un marco regulatorio y normativo que efectivice la protección al medio
ambiente, y de la implementación de mecanismos de control permanente de la
explotación de recursos naturales”;
Que, como decimos anteriormente, también se identifican movimientos
sociales de resistencia y preocupación por la salud de quienes son
expuestos a los procesos de fumigación necesarios para la explotación
agroindustrial;
Que en este sentido, nuestra Casa, viene desarrollando una tarea de
investigación-acción-
Que el Plan Agroalimentario Nacional que prevee alcanzar la
cantidad de 160 millones de toneladas de granos para el 2020, es un aviso de
profundización de un modelo extractivo de agua, fósforo y demás nutrientes
de nuestros suelos, asi como de incrementos siderales en los volúmenes de
agrotóxicos a utilizar y con los que se rociarán a nuestras
comunidades;
Que los hambrientos del mundo no dependen de la capacidad comercial de
400.000 agronegociadores del planeta, sino de la revitalización y
devolución a la ruralidad de 1500 millones de agricultores locales, con
semillas propias y mercados de intercambios y comercios en escalas de
cercanías;
Que la política económica nacional, parece estar siendo ordenada en
función de la lógica de enfrentar a la defensa de la salud con la
posibilidad de generación de trabajo, y eso es, cuanto menos,
errado;
Que entendemos, como Julio V. González, que “la conquista de la Universidad, es solo un medio para lograr el
supremo fin de transformar con sus propias manos al país, revitalizándolo
mediante la implantación de una democracia social, donde la riqueza no sea
el privilegio de unos pocos, el bienestar un lujo y el trabajo una
maldición”;
Que quienes entendemos la
Salud como el ejercicio del derecho a luchar por una vida digna para
todas y todos, fortaleciendo las diversidades y deconstruyendo las
hegemonías, debemos asumir, como expresa Giovanni Berlinguer, “el
deber social de informar a la población y a las instituciones
sobre la amenaza que el sistema de globalización neoliberal significa para
la salud y la seguridad de la comunidad”;
Que la Universidad Nacional de Rosario, en el artículo 1 de su
Estatuto, incisos “f” y ”g”, define claramente entre sus principios
constitutivos el desarrollar sus funciones en un marco de irrestricto
respeto por el medio ambiente y garantizar y sostener el respeto
irrestricto por los derechos humanos,
Que nuestra Casa de Estudios, tiene como visión ser una Institución
que fomente el compromiso personal, grupal, institucional y colectivo de
todos sus claustros con las organizaciones y
comunidades de nuestra sociedad,
Que asimismo, es misión de esta Facultad, construir aprendizajes,
producir saberes, promover la circulación democrática de conocimientos
para mas y mejores praxis, en convergencia con sólidos preceptos morales y
compromiso ético con el irrenunciable Derecho a la
Salud, formando profesionales al servicio solidario con el bien común de
las comunidades en el orden local, provincial, nacional, latinoamericano e
internacional;
Por ello,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CS. MEDICAS DE LA
UNR
RESUELVE:
Art. 1.- Solidarizarse con las comunidades afectadas por los
modelos de producción extractivistas que comprometen la salud de los
ecosistemas y, por tanto, de los seres humanos.
Art. 2.- Apoyar los reclamos de los ciudadanos en lucha por
la defensa de la vida digna en un ambiente saludable, repudiando los actos
de violencia en todas sus expresiones.
Art. 3.- Solicitar al Gobierno Nacional, asuma la
responsabilidad de garantizar a todos los ciudadanos de que habitan
nuestro suelo, la plena vigencia de sus derechos humanos, frenando las
acciones represivas sobre los movimientos sociales.
Art. 4.- Convocar a todos sus equipos docentes y de
investigadores, a ponerse a disposición de las comunidades afectadas por
los modelos de producción contaminantes, a los efectos de cumplir con la
Visión y Misión de nuestra Casa.
Art. 5.- Invitar al Consejo Superior de la UNR a hacerse eco
de la presente resolución.
Art. 6.- De forma
Prof. Dr. E.
POLLASTRI
Prof. Dr. R.
NIDD
Prof. Lic. L. RÖHNER
Docente
Prof. Dr.
D. VERZEÑASSI Prof. Dr. F.
SERRA Prof. Dr. A.
TORRIGGINO
Docente
Dra. Ma. C. BOGUE
Sr. D. PUEDE
Graduada
CONSEJEROS
DIRECTIVOS DEL
FRENTE
INDEPENDIENTE – Facultad de Cs. Médicas -
UNR
