THE ARGENTINE MODEL-El Modelo Argentino

Abajo una traducción con la ayuda de Google:

The Earth Open Source report, "Roundup and birth defects: Is the public being kept in the dark?" comes years after Argentine scientists and residents targeted glyphosate, arguing that it caused health problems and environmental damage.
Farmers and others in Argentina use the weedkiller primarily on genetically modified Roundup Ready soy, which covers nearly 50 million acres, or half of the country's cultivated land area. In 2009 farmers sprayed that acreage with an estimated 200 million liters of glyphosate.
The Argentine government helped pull the country out of a recession in the 1990s in part by promoting genetically modified soy. Though it was something of a miracle for poor farmers, several years after the first big harvests residents near where the soy cop grew began reporting health problems, including high rates of birth defects and cancers, as well as the losses of crops and livestock as the herbicide spray drifted across the countryside.
Such reports gained further traction after an Argentine government scientist, Andres Carrasco conducted a study, "Glyphosate-Based Herbicides Produce Teratogenic Effects on Vertebrates by Impairing Retinoic Acid Signaling" in 2009.
The study, published in the journal Chemical Research in Toxicology in 2010, found that glyphosate causes malformations in frog and chicken embryos at doses far lower than those used in agricultural spraying. It also found that malformations caused in frog and chicken embryos by Roundup and its active ingredient glyphosate were similar to human birth defects found in genetically modified soy-producing regions.
"The findings in the lab are compatible with malformations observed in humans exposed to glyphosate during pregnancy," wrote Carrasco, director of the Laboratory of Molecular Embryology at the University of Buenos Aires. "I suspect the toxicity classification of glyphosate is too low.”
“In some cases this can be a powerful poison," he concluded.
Argentina has not made any federal reforms based on this research and has not discussed the research publicly, Carrasco told HuffPost, except to mount a "close defense of Monsanto and it partners."
The Ministry of Science and Technology has moved to distance the government from the study, telling media at the time the study was not commissioned by the government and had not been reviewed by scientific peers.
Ignacio Duelo, spokesman for the the Ministry of Science and Technology’s National Council for Scientific and Technical Research [CONICET], told HuffPost in an statement that while Carrasco is one of its researchers, CONICET has not vouched for or assessed his work.
Duelo said that the Ministry of Science is examining Carrasco’s report as part of a study of the possible harmful effects of the glyphosate. Officials, he added, are as yet unable to “reach a definitive conclusion on the effects of glyphosate on human health, though more studies are recommended, as more data is necessary.”
REGIONAL BANS
After Carrasco announced his findings in 2009, the Defense Ministry banned planting of genetically modified glyphosate-resistant soy on lands it rents to farmers, and a group of environmental lawyers petitioned the Supreme Court of Argentina to implement a national ban on the use of glyphosate, including Monsanto's Roundup product. But the ban was never adopted.
"A ban, if approved, would mean we couldn't do agriculture in Argentina," said Guillermo Cal, executive director of CASAFE, Argentina's association of fertilizer companies, in a statement at the time.
In March 2010, a regional court in Argentina's Santa Fe province banned the spraying of glyphosate and other herbicides near populated areas. A month later, the provincial government of Chaco province issued a report on health statistics from La Leonesa. The report, which was carried in the leftist Argentinian newspaper Página 12, showed that from 2000 to 2009, following the expansion of genetically-modified soy and rice crops in the region, the childhood cancer rate tripled in La Leonesa and the rate of birth defects increased nearly fourfold over the entire province.

More in The Huffington Post

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Traducción con la ayuda de Google:


El informe de Earth Open Source , ""Roundup y malformaciones genéticas: ¿Se está manteniendo al público en la oscuridad?"  llega años después de que científicos argentinos y residentes de regiones donde se usa glifosato, argumentan que les que causó problemas de salud y daños al medio ambiente.
Los agricultores y otras personass en la Argentina denuncian el uso del herbicida principalmente en la soja Roundup Ready genéticamente modificados Ready, que cubre casi 50 millones de acres, o la mitad de la superficie del país las tierras cultivadas. En 2009 los agricultores informaron que la superficie fue rociada con una estimativa de 200 millones de litros de glifosato.


El gobierno argentino ayudó a sacar al país de una recesión en la década de 1990, en parte, mediante la promoción de soja genéticamente modificada. A pesar de que era una especie de milagro para los agricultores pobres, muchos años después de las primeros cosechas grandes los residentes que viven, cerca de donde la soja creció comenzaron a informar problemas de salud, incluyendo altas tasas de malformaciones congénitas y cáncer, , así como las pérdidas de cosechas y ganado, con la aspersión de herbicidas flotando en el campo.

Dichos informes están ganando fuerza mayor después que un científico del gobierno argentino, Andrés Carrasco realizó un estudio, "Glyphosate-Based Herbicides Produce Teratogenic Effects on Vertebrates by Impairing Retinoic Acid Signaling"en 2009.



El estudio, publicado en la revista Chemical Research in Toxicology, encontró que el glifosato causa malformaciones en ranas y embriones de pollo en dosis muy inferiores a las utilizadas en las fumigaciones agrícolas. También encontró que las malformaciones causadas en ranas y embriones de pollo por el Roundup y su ingrediente activo el glifosato fueron similares a los defectos congénitos de humanos expuestos en las regiones productoras.
"Los hallazgos en el laboratorio son compatibles con malformaciones observadas en los seres humanos expuestos al glifosato durante el embarazo", escribió Carrasco, director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires. "Sospecho que la clasificación de la toxicidad del glifosato es muy baja."
"En algunos casos esto puede ser un veneno muy potente", concluyó.

Argentina no ha hecho ninguna reforma federal sobre la base a esta investigación y no ha discutido públicamente la investigación, dijo Carrasco al HuffPost, excepto para montar una "defensa estrecha de Monsanto y sus asociados".
El Ministerio de Ciencia y Tecnología a articulado para alejar al gobierno del estudio, diciéndole a los medios de comunicación que el estudio no fue encargado por el gobierno y que no había sido revisado por otros científicos.


Ignacio Duelo, portavoz del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Técnicas [CONICET] del Ministerio de Ciencia y Tecnología, dijo en un comunicado a HuffPost que aunque  Carrasco es uno de sus investigadores, el CONICET no ha avalado ni evaluado su trabajo.
Duelo dijo que el Ministerio de Ciencia está examinando el informe de Carrasco, como parte de un estudio de los posibles efectos nocivos del glifosato. El funcionario, agregó, que somos aún incapaces de "llegar a una conclusión definitiva sobre los efectos del glifosato sobre la salud humana, se recomiendan más estudios, así como son necesarios más datos".
Prohibiciones regionales

Después que Carrasco anunció sus resultados en 2009, el Ministerio de Defensa prohibió el cultivo de soja genéticamente modificada resisteente al glifosato en tierras que le alquilaba a agricultores, y un grupo de abogados ambientalistas solicitaron a la Corte Suprema de la Argentina  implementar una prohibición nacional sobre el uso de glifosato, incluyendo el producto de Monsanto Roundup. Pero la prohibición no llegó a adoptarse.


"La prohibición, de aprobarse, significaría que no podríamos hacer agricultura en la Argentina", dijo Guillermo Cal, director ejecutivo de CASAFE, Asociación Argentina de las empresas de fertilizantes,  en un comunicado en ese momento


En marzo de 2010, un tribunal regional en la provincia de Santa Fe de Argentina prohibió las fumigaciones con glifosato y otros herbicidas cerca de zonas pobladas. Un mes después, el gobierno provincial de la provincia del Chaco emitió un informe sobre estadísticas de salud de La Leonesa. El informe, que se publicó en Página 12, mostró que entre 2000 y 2009, tras la expansión de los cultivos genéticamente modificados de soja y arroz en la región, la tasa de cáncer infantil se triplicó en La Leonesa y la tasa de malformaciones de nacimiento habían aumentado casi cuatro veces más de toda la provincia.

Más en The Huffington Post

¿Algún partido político nos sacará de este modelo?, ¿ alguien se plantea salir?

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Más sobre Andrés Carrasco y el informe de la Provincia del Chaco en nuestra sección dedicada a la provincia.

También pueden escuchar algunos programas de radio "Silencio Cómplice" conducidos por Andrés Carrasco.

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Horizonte Sur 21 de Mayo.

  Presione en play para escuchar el programa sin descargar o
Si quieren descargar el archivo mp3.

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Editorial por Jorge Rulli:
Suelen muchos simpatizantes de este gobierno, con cierto ánimo culposo, y a la vez con encubiertas intenciones exculpadoras, enfatizar la responsabilidad de Felipe Sola y de la etapa del neoliberalismo menemista en la implantación del modelo de sojización y de difusión de las semillas transgénicas en la Argentina. Sin duda que están refiriendo a situaciones reales, que nadie se atrevería a dejar de reconocer. Lo que objetamos es que, al reclamar responsabilidades hacia el pasado, se alivie, encubra o acaso disimule, las propias responsabilidades del presente. Estamos convencidos que esas serían las intenciones que llevan estos sostenidos amanuenses del doble discurso, ya sea que militen en Carta abierta, en la Cámpora, o en otras tantas agrupaciones subsidiadas y además, abastecidas por cientos de funcionarios con altísimos sueldos. Si analizamos con seriedad la situación pasada y actual del modelo de la agriculturización en la Argentina, nos será fácil verificar que ninguno de los gobiernos sucedidos desde aquella fatídica habilitación de la primera semilla de Soja RR realizada por Felipe Solá en 1996, ...Sigue en: Horizonte Sur Radio.

Más información en el site Horizonte Sur Radio.

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Gustavo Grobocopatel, el problema no es la soja sino el sistema!!!

  

Gustavo Grobocopatel aclarando que el problema no es de la soja sino del sistema y que el Estado tiene que hacer algo!!
Si quiere verlo en Youtube.

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Toda la entrevista en donde nos aclara que la culpa no es de la soja...
Si quiere verlo en Youtube.

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Según Grobocopatel sin la soja nos iría peor y que si el gobierno hiciera bien las cosas tendríamos 150 millones de toneladas de soja de cosecha.....

Menos mal que algunas cosas son realidades....No le habrá preguntado a Andrés Carrasco y a otras personas sobre las consecuencias del glifosato?....
Menos mal que Rozin le pregunta por el documental francés sobre el glifosato...

Si quiere ver el documental francés en donde nada está demostrado...

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Darío Aranda-15 años de soja: La prueba del delito

Fuente La Vaca

La soja transgénica y el uso de glifosato fueron aprobados hace 15 años en un trámite exprés, sólo 81 días, y en base estudios de la propia empresa Monsanto. Por primera vez el expediente de 146 páginas es analizado en clave científica por seis investigadores (por Darío Aranda, especial para lavaca).

El lunes 25 de marzo de 1996 fue un día soleado en la ciudad de Buenos Aires, fresco por la mañana, calor por la tarde, como tantos del comienzo del otoño. En el amplío despacho de Paseo Colón 982, entonces Secretaría de Agricultura, se aprobó el expediente que iba a modificar radicalmente la estructura agropecuaria de Argentina. Luego de un trámite que sólo llevó 81 días, el secretario de Agricultura Felipe Solá firmó la resolución 167 que autorizó la producción y comercialización de la soja transgénica, con uso de glifosato. A quince años de ese día, por primera vez, científicos de distintas disciplinas tuvieron la posibilidad de leer el expediente y estudiar las pruebas sobre la supuesta inocuidad del cultivo. De la lectura se confirma que la autorización carece de estudios sobre efectos en humanos y ambiente, la información es incompleta y tendenciosa, y cuestionaron que el Estado argentino no haya realizado investigaciones propias y tomara como propios los informes presentados por la parte interesada (la empresa Monsanto). En Argentina hay 19 millones de hectáreas (el 56 por ciento de la superficie cultivada) y se utilizan al menos 200 millones de litros de glifosato.

Cuando el periodista se comunicó con el área de prensa del Ministerio de Agricultura y solicitó “las pruebas que sirvieron para aprobar la soja transgénica”, del otro lado del teléfono se escuchó una risa seguida de un amplio “¿qué?”. Al instante, ya recobrada la compostura, el prensa ministerial prometió que haría todo lo posible y llamaría al redactor. Como era de esperar, nunca hubo llamado de respuesta.

La foja número 1 es un carta, fechada el 3 de enero de 1996, del subsecretario de Alimentos de la Secretaría de Agricultura, Félix Manuel Cirio, dirigida al presidente del Instituto de Sanidad y Calidad Vegetal, Carlos Lehmacher. “Tengo el agrado de informarle que la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), en su reunión de 21 de septiembre, consideró que en lo referente a bioseguridad agropecuaria no habría inconvenientes para la comercialización de la semilla”, informa Cirio, pero no se adjunta ninguna nota donde se informe en base a qué estudio la Conabia habría dado el visto bueno.

En el segundo párrafo da un paso más. “En lo concerniente a bioseguridad para consumo humano y/o animal, le adjunto copia de la documentación presentada por la empresa Monsanto ante la Administración de Alimentos y Drogas (FDA)”. Le siguen 106 carillas en inglés, un informe fechado en 1994 y con carátula de la empresa productora de semillas transgénica y glifosato.

La foja 135 es tan breve como contundente: “Autorizase la producción y comercialización de la semilla y de los productos y subproductos derivados de ésta, provenientes de la soja tolerante al herbicida glifosato”.

“Tendencioso, arbitrario y poco científico”

En enero de 2009 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto por el cual ordenó la creación de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos. Seis meses después, trascendió un informe titulado “Evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud y el ambiente”. Seis capítulos y 130 carillas que recopiló estudios y donde fue recurrente una conclusión: la necesidad de investigaciones sobre los efectos del glifosato. No definió si es inocuo o perjudicial. A pesar de la incertidumbre, la Comisión no cuestionó que se continúe utilizando en el país 200 millones de litros de glifosato al año. En el escrito influyó la mirada del Ministro de Ciencia, Lino Barañao, reconocido funcionario afín a la industria biotecnológica y con pasado laboral en empresas del sector.

Pocos científicos se animaron a opinar en ese momento, temerosos de perder sus becas de trabajo y subsidios estatales.

Profesora titular de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) e investigadora independiente del Conicet, Norma Sánchez, fue una de las pocas científicas que se animó a analizar, y cuestionar, el informe que en 2009 realizó el Ministerio de Salud, Conicet y Ministerio de Ciencia sobre la supuesta inocuidad del glifosato.

“El objetivo del informe implica una visión reduccionista y fragmentaria que pretende simplificar una situación compleja, excluyendo al sujeto y parcializando la construcción del conocimiento. El informe es una simple enumeración de bibliografía, con muy poco análisis crítico, reflexivo y comparativo de sus resultados. Las conclusiones son inconsistentes y confusas. Parece ignorar que la ciencia es una construcción social que debe cuestionar aspectos éticos y contribuir a alterar políticas de acción que no conduzcan al bien común”, lamentó la investigadora en 2009.

Cuando en 2010 el periodista la invitó a analizar la resolución de Agricultura que liberó el uso de la soja, no lo dudó. “El expediente de aprobación es, desde el punto de vista científico, tendencioso, arbitrario y poco científico. La mayor parte de los resultados en puntos de extrema importancia como la parte de consumo humano, o los tests ecotoxicológicos en ratones, pollos y peces, donde no encuentran ningún problema, corresponden a sus propias investigaciones que figuran en referencias como reportes técnicos de Monsanto. Pero también hay algo engañoso, citan trabajos de científicos, publicados en revistas científicos conocidos, pero que pertenecen al grupo de investigación de Monsanto. Son juez y parte”, denuncia Sánchez.

El expediente asegura la falta de aparición de malezas resistentes al glifosato y la nula toxicidad en vertebrados. “Está bien que para 1996 no había tantos trabajos como ahora, pero esto ya está totalmente demostrado que es falso”, explica Sánchez y adjunta un listado de investigaciones actuales que desmienten a Monsanto. Califica como un “reduccionismo” que los estudios solicitados a Monsanto analicen sólo los efectos de la planta cuando es consumida por humanos y animales: “Esto es recortar el problema. Este cultivo transgénico forma parte de un ‘paquete tecnológico’ que ineludiblemente conlleva al uso de glifosato en grandes cantidades. ¿Y entonces? Aunque la soja fuera totalmente inocua, que hacemos con el glifosato?”.

“Hay innumerables puntos para marcar en el expediente. Un ejemplo grosero se encuentra en el folio 13, donde se reconoce que en algunos experimentos los resultados no le permitieron hacer los análisis estadísticos correspondientes, pero no obstante sacan conclusiones en relación a la calidad nutritiva de la soja transgénica. No dan una sola cita bibliográfica que apoye lo que están diciendo. Mencionan estudios hechos por Monsanto, pero no los citan en bibliografía ni dicen quién los evaluó”, puntualiza.

Sánchez, docente de la cátedra Ecología de Plagas de la UNLP, no tiene dudas de que el expediente “resulta altamente cuestionable por la falta de independencia. La mayor parte de la bibliografía es del grupo de investigación de Monsanto. Lo fundamental pasa por la irresponsabilidad de todo el procedimiento”. La investigadora explica que la Conabia debería haber evaluado la solicitud de permiso a través de estudios multidisciplinarios específicos llevados a cabo tanto localmente como en el exterior, con aplicación del enfoque precautorio, criterios técnicos y en base a conocimientos científicos independientes. “En este caso todo el conocimiento provino de las investigaciones realizadas en Estados Unidos y por investigadores, en su mayor parte, ligados a la empresa interesada”.

“Es el informe oficial de Monsanto”

En 2004, cuando pocos científicos fijaban su mirada en los efectos sanitarios del modelo agropecuario, el médico Alejandro Oliva coordinó una investigación que llevó tres años, abarcó seis pueblos de la Pampa Húmeda y confirmó la vinculación directa entre malformaciones, cáncer y problemas reproductivos con el uso y la exposición a contaminantes ambientales, entre ellos los agrotóxicos utilizados en los agronegocios. El trabajo fue realizado por Oliva junto a su equipo del Hospital Italiano de Rosario, el Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente (Ecosur), la Universidad Nacional de Rosario, la Federación Agraria local y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Oliva leyó el expediente pero (de manera cortés) rechazó hacer un análisis punto por punto. Y argumentó por qué: “Este (el expediente) es el informe oficial de Monsanto presentado a la FDA, y que se usó en la aprobación a nivel nacional. Es un documentos respaldado por investigaciones publicadas, por supuesto que por investigadores afines a Monsanto”.

Oliva apunta desde hace años a la necesidad de estudios epidemiológicos en zonas con uso de agroquímicos y también señala las responsabilidades políticas. “El debate alrededor del expediente de aprobación es de irresponsabilidad de gestión política, sin haber ni siquiera traducido el documentos ni pedir dictámenes de expertos”.

“Hay razones para pedir una reevaluación”

Oscar Scremin es especialista en neurofisiología, estudia las afecciones que sufre el sistema nervioso central como consecuencia del contacto con plaguicidas. Recibido en 1963 en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), era decano de la Facultad de Medicina en 1976. Dictadura militar mediante, tuvo que emigrar. Recaló en la Universidad de California (Estados Unidos), donde es profesor e investigador.

A Scremin le cuesta creer que ese expediente de 146 fojas haya sido una de las bases de la liberación de la soja modificada en laboratorio y del uso masivo de glifosato. “No existe en el expediente una sola palabra referente a la toxicidad del glifosato que necesariamente se utilizaría para obtener las ventajas de resistencia de la soja y vulnerabilidad de casi todas las otras plantas a ese herbicida. Tampoco hay ninguna referencia sobre la reducción de la biodiversidad que obviamente podía resultar, como los hecho han demostrado”, remarca sin salir de su asombró y precisa que los documentos aportados por Monsanto se limitan a describir estudios sobre la proteína que produce el gen de su patente a través de “un número reducido de análisis, con breves estudios, limitados a unas pocas semanas de administración en animales con métodos crudos (peso del animal, pesos de órganos y sobrevida)”.

Scremin apunta al fondo de la cuestión. ”Hay razones para pedir una reevaluación porque se han omitido los efectos potenciales más serios a saber, como el perjuicio ecológico y los efectos sobre la salud humana. Se impone revisar el proceso de registro, prestando especial atención a los efectos sobre el medio ambiente y la salud humana de todos los herbicidas e insecticidas que se agregan al ‘cocktail’ de agroquímicos que son utilizados en conjunción con la soja”.

Aclara que una reevaluación debe incluir a entidades sin conflictos de intereses económicos, como universidades e instituciones de investigación sin fines de lucro, de Argentina y el exterior. “Existe una abundante bibliografía que va mas allá de los estudios efectuados por Monsanto o por consultores a su servicio y que debiera tenerse en cuenta”, solicita.

En la misma línea se expresan desde hace una década familias rurales y organizaciones ambientales, pero siempre chocaron con la negativa de empresas y funcionarios.

Expediente fantasma

Los estudios base para la aprobación de la soja y el glifosato son el tesoro mejor guardado de los distintos gobiernos nacionales. Carlos Menem dio luz verde, pero todos los gobiernos que le siguieron mantuvieron en secreto cómo fue aprobado el “paquete tecnológico” (semilla y agroquímico) que modificó el modelo agropecuario de Argentina.

En abril de 2009, cuando aún estaba fresco el conflicto por la resolución 125, el periodista Horacio Verbitsky dio a conocer las irregularidades administrativas del expediente, desde la falta de traducción del informe de Monsanto hasta la rapidez de su trámite (81 días). “Se violaron los procedimientos administrativos vigentes, se dejaron sin respuesta serios cuestionamientos de instancias técnicas y no se realizaron los análisis solicitados”, aseguraba Verbitsky.

La lectura del expediente no deja dudas. La foja 113, fechada el 26 de enero, solicita a Monsanto: “Sería importante disponer de información sobre la respuesta a las consideraciones efectuadas por el FDA “. Firmaba el director de Calidad Vegetal del Iascav, Juan Carlos Batista. El 9 de febrero reiteró el pedido (folio 115). Y el 25 de marzo de 1996, Batista envió un fax a las 13.04 a la embajada de Estados Unidos, “Departamento Agrícola”. Solicitó información sobre “inocuidad como alimento” a la FDA. El mismo 25 de marzo, el coordinador del Área Productos Agroindustriales, Julio Pedro Eliseix, escribió a Batista y propuso tres “criterios de evaluación”: “A) Identidad y nutrición. B) Aparición de efectos no deseados: alergenicidad, cancerogénesis, otras toxicidades. C) Se cree conveniente que la empresa garantice un correcto rastreo y recupero de la mercadería” (folio 126).

No hubo respuesta. Ese mismo día, el secretario de Agricultura, Felipe SSolá, firmaba la resolución 167 que autorizó la producción y comercialización de soja transgénica tolerante a glifosato.

“No se puede perder más tiempo”

El jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Raúl Horacio Lucero, recuerda que en la década del 90 comenzó a recibir en su consultorio niños con malformaciones. Bebés sin dedos, chicas con brazos sin articulación, datos de fetos muertos, abortos espontáneos. Todos provenían de parajes con uso masivo de agroquímicos. Las historias clínicas de Lucero muestran una directa relación entre el aumento de uso de agroquímicos en Chaco y casos de malformaciones, siempre en zonas con uso masivo de herbicidas y plaguicidas. En todos analizó la genética de los padres y confirmó que los cromosomas no presentaban problemas. Alertó a otros investigadores e, incluso, a la Legislatura del Chaco, pero no tuvo respuesta.

Recibió el expediente con mezcla de intriga e indignación. “Llama la atención que en un documento de 100 páginas sólo haya una referencia respecto del herbicida glifosato, en la página 14 hablan de la ‘extremadamente baja toxicidad para mamíferos, aves y peces’, y refiere un trabajo de 1989”, detalla Lucero y explica que para analizar la seguridad de un nuevo producto se deben investigar parte por parte todo lo que conlleva el “paquete tecnológico”.

En el expediente la Conabia consigna que “en lo referente a bioseguridad agropecuaria no habría inconveniente para la comercialización de la semilla transgénica”. Lucero sonríe: “Se les pasó el pequeño detalle que es evaluar desmenuzadamente el herbicida que viene en el ‘paquete’ ya que no puede existir esta semilla sin la ayuda protectora del glifosato. La palabra bioseguridad engloba medir el impacto de todo lo que modificará el escenario con la entrada de una nueva tecnología”.

El expediente da cuenta, en propias palabras de Monsanto, que Estados Unidos clasificó al glifosato como categoría E (sin evidencias de efectos cancerígenos en humanos). “Pareciera que nuestros evaluadores dieron por descontado que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos tiene injerencia directa sobre nuestras políticas ambientales nacionales”, retruca Lucero y recuerda que esa clasificación fue en base a un informe de Gary Williams, quien realizó un extracto de las principales conclusiones de un estudio nunca publicado del Environment Health Laboratory perteneciente a Monsanto.

El investigador de la UNNE resalta que la misma Agencia (EPA) explicitó que esas conclusiones no deben tomarse como definitivas ya que el glifosato podría ser cancerígeno bajo ciertas circunstancias. Lucero afirma que urge un debate sincero y reclasificación, sobre todo en base a trabajos científicos que vinculan el producto comercial y el herbicida puro con alteraciones en el material genético, abortos espontáneos y malformaciones embrionarias. “Debemos analizar la situación quince años después de la aplicación masiva de este producto y obrar en consecuencia ante la evidencia científica y epidemiológica, no se puede perder más tiempo”.

Equivalencia sustancial

Rubens Onofre Nodari es biólogo molecular. Investigador del Centro de Biotecnología de la Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil) y profesor titular de Postgrado en Recursos Genéticos Vegetales. También llamó la atención sobre la “falta de independencia” de un Estado que toma como propio los informes empresariales. Recordó que ni siquiera la FDA solicitó estudios completos e independientes y precisó que en muchas partes del expediente hay afirmaciones sin fundamento científico o basadas en estudios no publicados.

El doctor en genética de la Universidad de California llama la atención sobre la ausencia de referencia en cuanto al riesgo para el medio ambiente o la salud humana, y recuerda que la comunidad científica de la última década ha demostrado los efectos en la biodiversidad, especialmente acuática, y la vinculación entre herbicidas y cánceres.

Nodari apuntó a la arista quizá más silencia de los transgénicos, y que más duele a la industria semillera mundial. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos nunca aprobó como seguro ningún alimento transgénico. Lo que realizó fue implementar, en la década del 90, el concepto de “equivalencia sustancial”, mediante el cual determina que un producto modificado en laboratorio (en este caso la soja) no necesita pruebas específicas de seguridad. La equivalencia sustancial es un concepto determinado por sectores políticos, no por científicos ni adoptado por la Justicia.

Nodari, que además es miembro del Consejo Nacional de Desarrollo Científico del Ministerio de Ciencia de Brasil, ejemplificó que la industria transgénica, y los organismos estatales, toman como referencia la similitud de composición e infieren que la seguridad alimentaria es sustancialmente equivalente. “Con la misma comparación, la carne de las vacas locas puede ser tan segura como la carne de vacas sanas, ya que ambos tienen similitud muy elevada en la composición química”, compara el investigador y puntualiza media decena de estudios que exhiben resultados negativos al alimentarse con soja transgénica.

“Desde el Conicet o las universidades podrían haber escuchado”

Walter Pengue es ingeniero agrónomo con especialización en genética vegetal y magíster en Políticas Ambientales de la Universidad de Buenos Aires. Doctor en Agroecología, profesor de grado y posgrado de la UBA. “¿Cómo es posible que esta liberación haya residido y se haya apoyado solamente en una recomendación enviada a la Conabia por Félix Cirio en enero de 1996 indicando que no habría problemas comerciales en los productos derivados por esta soja y que se basaba asimismo en otro informe y lo remitía en un estudio sobre la situación de esta soja RR presentado a la EPA por la compañía Monsanto en 1994”, pregunta Pengue, y se indigna: “Es tremendamente pobre el aporte en estudios vinculados a los impactos ambientales y hasta agronómicos derivados de tal liberación”.

Recuerda que hace quince años existían dudas que circulaban en ámbitos académicos, por ejemplo la posible proliferación de malezas resistentes a los agroquímicos. “En lugar de responder a ello, ecólogos o ingenieros agrónomos, algunos biotecnólogos argentinos, muy livianamente indicaban que eso no podría suceder, sin respaldo científico alguno de estos argumentos, más allá de cierta obnubilación y compromiso solo con sus laboratorios, institutos y empresas”, apunta y precisa que esos efectos se dieron rápidamente. En la actualidad existe una decena de malezas resistentes al glifosato, lo cual implica el uso de más herbicida, más efectos secundarios y mayores costos.

Pengue denuncia que el expediente carece de estudios que den cuenta del impacto del herbicida en la salud y el ambiente “a pesar del semejante nivel de volumen liberado” y vuelve a apuntar al ámbito científico: “Desde el Conicet o las mismas universidades podrían haber escuchado y haber avanzado en proyectos de evaluación de impactos. Todo lo contrario hicieron, incluso las cátedras se fueron vaciando de expertos, e incluso algunos fueron comprados y se trasladaron a trabajar en las empresas privadas”.

El docente e investigador solicita realizar estudios integrales, donde intervengan desde biólogos moleculares y agrónomos hasta agroecólogos y sociólogos. Y vuelve al inicio del expediente: “El cultivo que más impactos generó de todo tipo en la Argentina contemporánea fue liberado en el país sólo utilizando un informe desarrollado por la empresa interesada. El Estado argentino debiera ser el contralor del bien común de todos y no sólo de los interesados en que un determinado producto llegue al mercado, la madre de todos los motivos de estas discusiones”.

Fuente La Vaca

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