Mostrando las entradas con la etiqueta Ciencia. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Ciencia. Mostrar todas las entradas

lunes, 11 de abril de 2011

Gilles E.Seralini: "La ciencia independiente triunfó sobre la industria de los transgénicos"

Fuente Rebelión.

30-01-2011

Gilles E.Seralini: "La ciencia independiente triunfó sobre la industria de los transgénicos"

Institute for Science in Society

Un científico muy renombrado por su investigación acerca de los riesgos de los transgénicos acaba de ganar un proceso contra asociaciones de biotecnología que habían desencadenado una campaña para desacreditarlo.
Gilles-Eric Séralini, docente de biología molecular en la Universidadde Caen, en Francia y presidente del Consejo Científico de Investigación Independiente en Ingeniería Genética (CRIIGEN), es un investigador de primera línea acerca de los riesgos de los transgénicos. No hay mucha sorpresa que él y su equipo se convirtieran en blanco de una concertada campaña difamatoria en la cual fueron muy activos Monsanto, EFSA (la Autoridad de Seguridad Alimentaria de Europa), y asociaciones científicas representando la biotecnología en Francia, la Asociaciòn Francesa de Empresas de Biotecnología y el Consejo Superior Francés en Biotecnología.
Este ataque fue gatillado a partir de que el equipo coordinado por Séralini realizó escrupulosamente la información que había puesto Monsanto a disposición con motivo de obtener la autorización comercial en Europa de tres líneas de maíz transgénico, MON 863, MON810 y NK603, permisos sobre las cuales la mencionada EFSA había dado su dictamen favorable. El equipo en cuestión publicó sus conclusiones estableciendo que “los datos disponibles revelan toxicidad hepatorrenal, posiblemente a causa de los nuevos pesticidas diseñados específicamente para cada maíz transgénico. Sumado a esto se observan consecuencias metabólicas directa o indirectamente provocadas, para las cuales la modificación genética no puede ser excluida.”
Séralini y sus colegas recibieron un amplio apoyo de científicos y desde la sociedad civil. Pero Séralini se decidió a demandar por calumnias: estaba convencido de que los investigadores Claude Allegre, Axel Kahn y Marc Fellous, estaban manejando desde las sombras la campaña de insidia e intimidación que se desplegaba en Francia y ése fue el motivo por el cual demandó judicialmente a Fellous, miembro pleno de la Asociación Francesa de Empresas de Biotecnología (AFBV). Séralini argumentó que la campaña había dañado su reputación y con ello habían disminuido sus oportunidades laborales y sus posibilidades de obtener fondos para investigación.
El 18 de enero pasado la corte judicial de París dictó sentencia y lo hizo a favor de Séralini, en medio de una sorpresa generalizada.
Durante el juicio salió a luz que Fellous, que se presentaba a sí mismo como un científico “neutral” sin intereses personales en juego y que acusaba a quienes critican u objetan a los productos transgénicos de ser “ideológicos” y “militantes”, en verdad poseía patentes de productos genéticamente modificados, de su propiedad, a través de una empresa con base legal en Israel. Esta compañía le vende patentes a corporaciones transnacionales como Aventis.
El abogado de Séralini demostró que varios otros miembros de la AFBV también tienen estrechos vínculos con compañías deagribusiness, con lo cual su pregonada imparcialidad científica y su integridad profesional quedaron muy bajo la lupa.
El juez sentenció a AFBV a una multa de mil euros, a un euro de compensación por reclamo del demandante y a 4000 euros en costas.
Corinne Lepage, presidente de CRIIGEN, estaba entusiasmada con la victoria judicial, sobre todo porque no era muy optimista del resultado luego de la primera sesión que habían tenido el 23 de noviembre [info para argentinos en particular y probablemente latinoamericanos en general: del 2010; n. del trad.]. “La vida te da sorpresas: es la primera vez que un alborotador (soplón) [whistleblower] no está a la defensiva sino a la ofensiva.”
Comentando el triunfo judicial, Pete Riley de la organización UK’s GM Freeze [“Congelar” los transgénicos en el Reino Unido; suspenderlos definitivamente] declaró: “Saludamos calurosamente este juicio y estamos encantados con el profesor Séralini. Esperemos que ahora empecemos a ver el fin de este tipo de campañas sucias y vacías que hemos visto en este caso y en otros en la última década, aproximadamente. La libertad de los científicos independientes para desafiar los hallazgos científicos financiados por una industria que procura vender semillas y agroquímicos constituye un elemento vital para cualquier sociedad. La historia de desastres tecnológicos nos dice que la industria y los reguladores estatales son los últimos que reconocen o admiten que hay un problema. Apoyamos plenamente el derecho de Séralini a proseguir sus investigaciones sobre semillas transgénicas y le deseamos más capacidad de decisión.”
El médico Brian John de FM-Free Cymru dijo: “Éste es un desenlace más que gratificante ante un caso que jamás tendría que haberse planteado si los industriales de la biotecncología hubiesen seguido las tradiciones de larga data de respeto a los investigadores y hubiesen aceptado honestos debates con académicos cuyos puntos de vista y hallazgos en la investigación no coinciden con los propios de la industria. Hace ya años que la industria de la biotecnología y sus apologistas han tenido la lengua suelta para calumniar e intimidar a quienes han tenido la temeridad de cuestionar la seguridad de los productos genéticamente modificados… algunos señorones académicos trabajando para la industria biotecnológica se han comportado más como thugs[miembros de una secta de la India, a la que se le atribuyen asesinatos por fanatismo] que como científicos. Su filosofìa ha sido siempre: ‘maten al mensajero’. La lista de víctimas es larga: Arpad Pusztai, Ignacio Chapela y David Quist, Irina Ermakova, Judy Carman, Manuela Malatesta, Andrés Carrasco y muchos otros.
”Felicitamos al profesor Séralini por haber tenido el coraje de mantenerse firme ante la campaña y de haber devuelto el golpe. Esperemos que su triunfo haga que las compañías transnacionales de biotecnología y los reguladores públicos le otorguen a los investigadores independientes el respeto que merecen.”
Y lo más importante, que nuestros reguladores presten mucha atención a los hallazgos de Séralini y de aquellos científicos independientes que alrededor del mundo luchan persistentemente contra la introducción subrepticia de alimentos transgénicos en la gente. 
Fuente: http://www.i-sis.org.uk/victoryForIndependentScience.php
Traducción del inglés: Luis E. Sabini Fernández 
Fuente Rebelión.

martes, 24 de agosto de 2010

Andrés Carrasco: "Con mi trabajo sobre el glifosato contribuí a un debate que debieron liderar otros"


Fuente "La Capital" de Rosario.

Por Luis Emilio Blanco / La Capital

San Jorge.— El estudio de Andrés Carrasco, profesor de embriología, investigador principal del Conicet y director del Laboratorio de Embriología Molecular que versa sobre el efecto letal del glifosato en embriones, fue publicado por la revista especializada estadounidense Chemical Research in Toxicology (Investigación Química en Toxicología). Esa difusión le otorga verosimilitud y reconocimiento en el ámbito científico internacional y refuta los argumentos de los defensores del modelo agroeconómico instalado en Argentina, que cuestionaron los resultados de su investigación. Ahora, con sus resultados en al mano, dice: “Lo mío fue una contribución a un debate que no lideraron quienes debieron hacerlo”.
   Según su trabajo, el glifosato produce malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas en embriones, aun en dosis mucho más bajas que las utilizadas en la agricultura. “Lo que sucede en la Argentina es casi un experimento masivo porque en ningún lugar del mundo hay tantas plantaciones concentradas de soja como en el país”, dejo este investigador, y aclaró que si su trabajo no concuerda con las recomendaciones de la Secretaría de Agricultura “es un claro problema de esta dependencia”, que clasifica al glifosato como de baja toxicidad. “Todo lo contrario de lo que afirman estudios diversos, que confirman la alteración de mecanismos celulares y, sobre todo, contrario a lo que padecen familias de decenas de provincias”, argumentó.
   Por inmiscuirse en el centro de un modelo que se difundió a partir de los 90 desde La Pampa hasta las provincias del norte del país y que, con el acompañamiento de una política agroexportadora favorable terminó con la crisis que afectaba a los productores agropecuarios y los volvió a una etapa de esplendor, el científico pagó las consecuencias. Una campaña de desprestigio, amenazas, presiones políticas y hasta agresiones físicas pasaron a formar parte de su vida.
   Con determinación por difundir su descubrimiento recorre el país para explicar los motivos que despertaron su interés y cómo fue la investigación. Sus resultados dispararon una de las señales de alerta más importantes en la Argentina, desde la instauración del monocultivo de soja genéticamente modificada. En una extensa charla con La Capital, reflexionó sobre su trabajo, el papel de los organismos de investigación y su mimetización con intereses extracientíficos.
   —¿Cómo explica el resultado de sus estudios sobre un producto que desde diversos ámbitos se promueve?
    —En realidad exponemos en justa medida lo que hicimos en el laboratorio. Esto es nada más que un aporte desde la ciencia. A algunos les molesta que demos malas noticias pero no creo que nuestros experimentos sean el elemento fundamental en toda esta discusión. En realidad, gatillamos algo que estaba contenido, que mucha gente observaba pero no se podía sistematizar.
   — ¿Tomó real dimensión de la convulsión que provocó la publicación de esos resultados?
   —No magnifico la importancia de nuestros estudios. En Santa Fe se realizaron experiencias similares. En mi caso pude aplicar otra visión con nuevas tecnologías y un conocimiento más profundo en el desarrollo embrionario. Las razones más poderosas de todo este problema están en la conciencia y en la observación cotidiana de la gente. Respeto mucho los saberes que provienen de la observación directa y no científica. Hay saberes y saberes, la ciencia es uno de ellos. Hay pueblos que poseen otras maneras de conocer, epistemologías alternativas y no solamente inglesa, francesa, alemana o centroeuropea. Existen otras formas de analizar la realidad y nunca hay que descartarlas. Cuando los gobiernos, sus funcionarios o las sociedades ignoran esas formas de conocer se meten en problemas. Aprendí que uno no debe ser autorreferencial o autocelebratorio de lo que hace. Mi intención es que esto sirva de punto de partida para un debate un poco más profundo que va más allá del uso de un plaguicida, sino de un modelo tecnológico de producción que exige su utilización.
   — ¿Entonces los cuestionamientos no de deben recaer sobre un producto, sino sobre el sistema de producción?
   —Decir que el problema es el glifosato es achicar el discurso. Uno debe hacer un esfuerzo intelectual y analizar que el glifosato es un emergente. Es una consecuencia indeseada. Una forma de ver el desarrollo de un país. No es que aparece el paquete tecnológico y después alguien empieza a producir en función de eso, sino que hay una decisión primaria, una forma de ver el progreso, el desarrollo de las sociedades, la distribución de la riqueza y la explotación de los recursos. La tecnología y la ciencia no son neutrales. A veces son objetivas pero nunca neutrales. Y siempre las disciplinas tecnológicas como las científicas se construyeron sobre marcos históricos, ideológicos y culturales determinados.

Ciencia y autocrítica. La reflexión avanza en ese sentido. “Nosotros no tenemos estos problemas por una casualidad, los tenemos porque estamos inmersos en un mundo con un determinado sentido del desarrollo y con una ciencia que tiene una función determinada”, afirma Carrasco. “El científico que no haga una reflexión sobre eso se equivoca porque está matando lo único que tiene la ciencia de permanente: la capacidad crítica sobre sí misma. La ciencia es autocrítica pero además puede ser subordinada o independiente, servir a pocos o muchos. También puede ser «buena» cuando trae beneficios para muchos y puede ser «mala» cuando enriquece a pocos”, insiste.
   —¿La tarea de disparar el alerta está cumplida?
   —Lo mío es sólo la contribución a un debate que, quienes tendrían que liderarlo, no lo hacen. Entonces, que se instale, y que a partir de sus problemas concretos, la gente les exija a sus gobernantes el camino a seguir. Es importante que los vecinos se interesen por estos problemas complejos, que no son sólo de la Argentina. En Bolivia los dirigentes llevan adelante la construcción de un relato que incluye la tecnología, el progreso, el desarrollo, la política, la economía y la visión de para qué se erige una sociedad. Son intelectuales como los nuestros pero están mirando un poco más allá, tratando de romper barreras étnicas y contemplando la incorporación de elementos nuevos que no provienen sólo de la racionalidad científica positivista de la Europa de los siglos XVIII o XIX, sino de todas las cosas propias. Y esto pasa en otros países.

— ¿No así en Argentina?
   —En nuestro país, tanto universidades e instituciones de divulgación científica están penetradas —y lo digo en el sentido violatorio de la palabra—, por los grandes cruzados. Esos son los fondos de Bajo la Alumbrera, del paquete tecnológico de desarrollo agrario y tantos otros ejemplos que vienen circulando como casos particulares o generales. En ellos se ve cómo los juegos de intereses entran en aquellas cosas que percuden y erosionan la capacidad de decisión nacional. Se meten en lugares que de alguna manera son cooptados a través de distintos mecanismos para satisfacer sus intenciones. Uno diría vulgarmente que son la expansión de espacios de privatización. No es poca cosa, porque la Universidad es el lugar del intelecto, del pensamiento crítico y debe estar al servicio de la sociedad y nunca al de demandas o intereses de algunos sectores en particular.
   — ¿Qué lo llevó a anticipar los resultados de sus estudios?
   — Cuando concreté la divulgación de mis estudios lo hice convencido de que los resultados eran de interés público. A partir de allí comenzaron a convocarme de diversos sectores de la sociedad: ambientalistas, vecinos, movimientos colectivos que quieren saber de qué se trata. Necesitan debatir el problema y adquirir elementos para su propia discusión. No soy el actor principal de esta problemática. Los protagonistas son aquellos que detectaron, se sensibilizaron, denunciaron y se lanzaron a confrontar ideas y saberes para defender sus derechos. Desde lo intelectual, uno tiene que acompañar estos movimientos. A mi me sirvió para pensar sobre otras cosas que no tienen mucho que ver con la biología molecular.
   —¿Cómo se identifican los objetivos a alcanzar?
   —No se puede parcializar como comúnmente hace el científico. Hay que montar un mecanismo de interrelación, no al estilo académico, sino real. Cada pueblo tiene su cultura que supo preservar o no de acuerdo a su historia. Eso también interviene en estas discusiones porque es lo que otorga la fortaleza o debilidad para defender algunas cosas. Esto es muy complejo y difícil de resolver. Lo que podemos hacer es mantener el debate arriba de la mesa. Me conformo con eso. El Estado no puede hacerse el dueño de este debate que sí debe desarrollarse en la sociedad en función de sus necesidades y nunca exclusivamente desde una mirada sobre la renta. Es mentira que una sociedad con más ingreso económico será más justa o tendrá mayor bienestar.
   — ¿Qué opina sobre el informe del Conicet encargado por la presidenta?
   —Está plagado de inexactitudes. No guarda las normas elementales académicas. Cuando uno hace un trabajo de esa naturaleza debe usar bibliografía independiente y en cambio menciona en 19 fragmentos informes no publicados de la principal productora de Glifosato y en 35 párrafos refiere a trabajos de especialistas reconocidamente pagados por la misma firma. Además, con el mismo informe yo hubiera llegado a la conclusión opuesta: hubiera aplicado el principio precautorio. En primer lugar, porque soy médico y convencido de que antes que curar hay que prevenir. Pero además, y esto es lo segundo, si tengo datos que me dicen que algo está ocurriendo, no puedo afirmar que no hay suficientes pruebas. Eso es grave porque hay una forma de ver las cosas evidentemente sesgada cuando surge de una comisión que representa la institucionalidad del Estado para que emita un juicio.

Fuente "La Capital" de Rosario.



viernes, 16 de abril de 2010

Ciencia sin barreras-Noticias de Exactas


transcribo el articulo que apareció en la revista "Cable Semanal", nº 741 de esta semana (13 de abril de 2010), con una reseña sobre la reunión inauguratoria del "Repositorio ..." de "Exactas".
Ya había pasado algunos comentarios míos, pero esperé el artículo que está muy bien sintetizado.
Te sorprenderá descubrir los numerosos puntos de contacto de los científicos con nuestro sueños de libertad de conocimiento y lo fenicio de las editoriales científicas. Se presentan estas casas editoriales como si fueran la Madre Teresa pero son dulces y amorosas como Margareth Tatcher.

UN ABRAZO
Julio A

Ciencia sin barreras-Noticias de Exactas

Para Kornblihtt el avance de la iniciativa de acceso abierto ha logrado presionar de manera efectiva sobre las editoriales provocando, en muchos casos, que las revistas por suscripción se comprometan a dar el status de acceso abierto a los artículos transcurrido un año a partir de su publicación. “De todas maneras esto sigue siendo demasiado restrictivo”, se quejó.


Desde hace más de un siglo la difusión, circulación y el acceso a la producción científica se encuentran enfrascados en una situación paradójica.

Los investigadores envían los resultados de sus trabajos para que sean publicados por revistas especializadas, las cuales no abonan nada por esos papers. Tampoco les significa erogación alguna la tarea de evaluación de pares que realizan otros científicos. Sin embargo, las universidades
y demás institutos que sustentan esas investigaciones, a través de salarios, subsidios, infraestructura y demás, se ven obligados a pagar suscripciones a esas mismas editoriales para acceder al conocimiento que ellos financian.

Este escenario se agravó en los últimos años a causa de un fuerte proceso de concentración del mercado editorial que provocó un importante incremento en el valor de las suscripciones. A esto se suma el hecho de que la mayoría de las instituciones para conocer en detalle su propia producción científica terminan recurriendo a bases de datos que también cobran un canon para ser utilizadas (ver Cable № 738).
Frente a este panorama preocupante, la comunidad académica internacional respondió con la creación del movimiento de Archivos Abiertos, cuya primera declaración se produjo en 2002, que propone el acceso libre, inmediato e irrestricto a todo material digital, educativo y académico, principalmente artículos de investigación científica de revistas especializadas. Para eso impulsa el desarrollo de repositorios institucionales y revistas que no tengan costo alguno para los lectores.

En esa línea ya se puso en funcionamiento la Biblioteca Digital de la Facultad, el primer paso de Exactas que avanza hacia los postulados de la iniciativa Archivos Abiertos (ver recuadro).

Durante el acto de inauguración la coordinadora ejecutiva de la Biblioteca Virtual de CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales), Dominique Babini, el químico y fundador del INQUIMAE, Roberto Fernández Prini y el biólogo molecular Alberto Kornblihtt expusieron sus puntos de vista sobre esta temática.

Siempre paga alguien

El primero en tomar la palabra fue Alberto Kornblihtt, quien señaló que en el mundo de la biomedicina la publicación es muy profusa y de gran inmediatez, lo que obliga a estar muy actualizado porque los trabajos van siendo superados semana a semana. Y explicó que en ese ámbito la iniciativa de Archivos Abiertos se concentra en un grupo de revistas llamadas PLoS (Public Library of Science), que tuvieron un impacto tan fuerte que obligaron a otras editoriales a modificar sus procedimientos de publicación.

Sin embargo, Kornblihtt aseguró que, de una u otro manera, siempre alguien debe pagar el costo y que en el caso de estas revistas, éste se trasladó del lector al investigador.

“Si hablamos de PLoS para que un trabajo tenga acceso abierto los autores tienen que pagar 2.300 dólares. Es cierto que si un autor no dispone de fondos ellos igual lo publican, pero son excepciones”, aclara.

De acuerdo con el biólogo molecular, una segunda opción está dada por la firma de acuerdos entre editoriales e instituciones que financian la investigación. En este caso es la institución la que paga para garantizar que todos los científicos que accedieron a un subsidio puedan publicar
en un repositorio de acceso libre. Tal es el caso de los National Institutes of Health (NIH), de Estados Unidos, y el repositorio PubMed.

“Ahí es la institución la que paga el libre acceso y no el autor”, describe. La tercera alternativa es un programa establecido por la OMS, que se llama HINARI, y facilita el acceso a extensas colecciones de revistas biomédicas a institutos de salud de 109 países pobres. Para naciones con un PBI per cápita inferior a los 1250 dólares las consultas son libres. Si el indicador se ubica entre los 1250 y los 3500 dólares se establece un valor muy bajo para el acceso.

Para Kornblihtt, el avance de la iniciativa de acceso abierto ha logrado presionar de manera efectiva sobre las editoriales provocando modificaciones en sus políticas comerciales. Así, en muchos casos las revistas por suscripción se comprometen a dar el status de acceso abierto
a los artículos transcurrido el primer año de su publicación. “De todas maneras, en nuestra área, esto sigue siendo demasiado restrictivo”, se queja.

Finalmente, Kornblihtt sostuvo que la posibilidad de conectarse al mundo a través de Internet y de acceder a las publicaciones científicas a través de la web ha sido un factor fundamental en la mejora del nivel de la investigación argentina en la última década. “Esto ha transformando nuestra conexión con el mundo y esa conexión hace que, a veces, si uno no tiene acceso abierto al trabajo que quiere consultar, le manda un mail al autor y el autor le manda el PDF. Cosa que está prohibida pero que es absolutamente legal”, cerró con cierta picardía.

“Cartoon papers”

A su turno, Fernández Prini luego de manifestar su total acuerdo con el movimiento de Acceso Libre, destacó una paradoja actual. “Estamos en un momento en que todos los países y todas las personas se llenan la boca diciendo que es la era del conocimiento, que el conocimiento constituye
una gran riqueza y que su desarrollo resulta clave para construir un futuro mejor.

Diana Martínez
( 5 )
A consultar
La Biblioteca Digital ya se encuentra on
line (http://digital.bl.fcen.uba.ar
) y, por
el momento, se pueden consultar cuatro
colecciones:
  • Tesis doctorales: incluye 35 trabajos aprobados por la Facultad.

  • Actas y memorias: reúne las actas del Consejo Directivo del período 1957/61 y las memorias de los años 1950 a 1952, 1960 a 1963, 1979 a 1980 y 1983.

  • Publicaciones: abarca 257 números de el Cable Semanal, entre 1989 y 1999; once números de la revista Exactamente, del 2002 al 2009; y nueve ediciones de La Ménsula, la publicación del Programa de Historia de la Facultad.

  • Fotografías: 136 imágenes relacionadas con la historia de la institución que incluyen acontecimientos, personajes y espacios edilicios.
Gabriel Rocca

En relación con la forma en la que el acceso abierto está avanzando en el mundo desarrollado, Prini sostuvo que a los investigadores de nuestro país, con los montos habituales que reciben como subsidios de la UBA o del Conicet, les resulta muy difícil abonar novecientos o dos mil dólares para costear el acceso abierto. “El problema, a mi juicio, no está resuelto en absoluto todavía”.

Sin embargo, al mismo tiempo, el propio conocimiento se transformó en un bien escaso y caro. Efecto, entre otras cosas, de la concentración del mercado editorial”.

En el ámbito de la química, según relató Fernández Prini, las revistas entregan a los autores unos cincuenta PDF para que reparta de manera gratuita. “Ciertamente esto dista de ser un acceso irrestricto”.

En relación con la forma en la que el acceso abierto está avanzando en el mundo desarrollado, el científico destacó que a los investigadores de nuestro país, con los montos habituales que reciben como subsidios de la UBA o del Conicet, les resulta muy difícil abonar novecientos, dos mil o tres mil dólares para costear el acceso abierto. “El problema, a mi juicio, no está resuelto en absoluto todavía”.

Posteriormente, Prini manifestó su desagrado por el hecho de que, dadas las características actuales del negocio editorial, el mercadeo determina en buena medida la publicación de un trabajo.

“Nosotros los llamamos peyorativamente cartoon papers. Tienen hermosos dibujitos realizados en computadoras pero no siempre la ciencia que hay detrás de ellos es la mejor”. Y agregó, “como referí de muchas revistas de mi área me encuentro muchas veces con que si alguien quiere reproducir o enterarse, en detalle, del experimento no tiene manera de hacerlo porque las citas están confundidas”.

Por último Prini destacó que en el proyecto PLoS se lleve a cabo una evaluación por pares de los trabajos que se publican. “Una cosa terrible es que los papers que se entregan en los repositorios no tengan una valoración porque la cantidad de trabajos es tan grande que uno queda inundado. De allí que el hecho de que haya algún tipo de calificación
resulta muy importante”.

Volver a casa

Dominique Babini comenzó la última intervención proponiendo como título para su exposición “volver a casa”, que en este contexto significa que la producción científica de la universidad se encuentre en la universidad. “Los movimientos de acceso libre tenemos que hacer lo mismo que el mercado que se apropió del conocimiento. Tenemos que apropiarnos de la propia producción y presionar para lograr que se mantenga en la institución”.

Con más de una década de experiencia en el desarrollo del repositorio digital de CLACSO, Babini explicó que actualmente cuentan con 22 mil textos pertenecientes a los 260 centros que integran el Consejo. El sitio recibe alrededor de siete millones y medio de bajadas por año y el 95 por ciento de esas visitas llegan a través de Google y Yahoo.

En cuanto a las acciones más eficaces para que esos textos llegaran al repositorio, Babini las resumió de la siguiente manera: “promocionar, promocionar y promocionar”. Habló de la necesidad de contactarse con doctorandos, de difundir cada mes los nuevos trabajos que se suben a la biblioteca. “Todos sabemos que somos envidiosos y copiones. Si otro sube sus textos y tiene muchas bajadas, nosotros queremos que pase lo mismo con nuestra propia publicación”, bromeó.

Para Babini dado el enorme cúmulo de trabajos digitales que se producen anualmente existe sólo una manera de que este tipo de emprendimientos sea sustentable: que el propio autor sea el que archive sus trabajos. “Cuando empezamos hace doce años habían muy pocos textos digitales, ahora no hay nada que no sea digital. Ninguna biblioteca va a tener jamás el presupuesto
para procesar toda la producción. Entonces la única posibilidad es el autoarchivo.

Además necesitamos mandatos institucionales que exijan el autoarchivo de la producción y recursos para darle soporte técnico”.
En referencia al tema legal, la investigadora pronosticó próximos cambios en los derechos de autor en la legislación de Estados Unidos. “El año pasado el Instituto Nacional de Salud aprobó que toda investigación pública financiada con fondos públicos del NIH, puede tener un embargo máximo de un año. Cumplido ese plazo tiene que ser depositado en un repositorio de acceso abierto. Con esa iniciativa como antecedente, demócratas y republicanos están presentando una petición para que todo trabajo financiado por alguna las once agencias principales de investigación del país deba estar en acceso abierto con un embargo máximo de un año. Eso está en debate. Obama lo apoya y es probable que se apruebe en 2010”.

En América Latina, por el momento, el único país que tiene un proyecto de ley es Brasil. Fue presentado en 2007 y se encuentra en debate. En Argentina a partir del año pasado el Ministerio de Ciencia abrió una instancia de coordinación entre todos los repositorios institucionales del país. “Lo que falta es financiamiento. Las universidades tienen que tener fondos para generar el sistema de autoarchivo y para permitir la interoperabilidad entre los distintos repositorios digitales”, concluyó Babini.







martes, 30 de septiembre de 2008

Lo que dice la ciencia "oficial" sobre los transgénicos en la Argentina


Sería interesante leer y analizar lo que dice la ciencia "oficial" en la Argentina sobre los transgénicos.

El organismo oficial de investigación agropecuaria en la Argentina es el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).

Se puede descargar un informe sobre los diez años de cultivos genéticamente modificados en la Agricultura Argentina, de Eduardo J. Trigo y Eugenio Cap, (es un documento pdf).

Si leen el documento verán que no se menciona en ninguna parte el impacto en la población vecina a los cultivos transgénicos con el glifosato sobre la salud.

Aparentemente es un "costo" que no vale la pena, que esas personas se mueran de cáncer o tengan hijos con deformaciones no es algo que valga la pena "medir". Incluso cuando será el Estado quien tenga que pagar también por la salud de ellos.

En el informe aclara:

"La Tabla 3.1 refuerza los aspectos mencionados arriba, pero desde el punto de vista de los riesgos para la salud pública por intoxicaciones provenientes del uso de herbicidas. En este sentido, el glifosato pertenece, dentro de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (1988), al grupo de herbicidas de toxicidad clase IV, “prácticamente no tóxicos” y según datos de 2001, la introducción de la soja tolerante a herbicidas, si bien significó un aumento en su uso – tanto en volumen total como en número de aplicaciones – también significó una disminución del 83% en la cantidad utilizada de herbicidas de toxicidad de la clase II y la eliminación total de los de clase III, todos ellos más peligrosos para la salud humana.""



Sobre el tema de la expulsión de la población local el informe dice:

"En cuanto a la dimensión social de la evolución descripta, la diversidad de situaciones involucradas y, en muchos casos, la ausencia de información confiable, hace difícil plantear un panorama claro sobre cuáles puede ser las implicancias específicas de los procesos a los que nos hemos estado refiriendo. Sin embargo, algunos datos generales permitirían plantear que algunas de las percepciones generales que usualmente se discuten acerca de las consecuencias de la evolución del sector en los últimos años, como la aceleración de la tendencia a la expulsión de pobladores del sector rural, no se condicen con los datos existentes, y también que el papel del sector en la socioeconomía del país es, quizás, mucho mas estratégico aún de lo que se reconoce cuando se lo discute en términos de las variables económicas solamente (por ejemplo, su peso en las exportaciones del país)."

Sería interesante analizar todo el paper del INTA, sobre todo ver si hay datos más recientes (el documento es de diciembre de 2006) para ver qué está pasando y qué nos dicen los técnicos del Estado sobre el tema.

¿Habrán visto el programa "La Liga" sobre la expulsión de población nativa en Tartagal?



No puedo olvidarme de la mentira durante largos años de la convertibilidad, cuando nadie podía cuestionar la paridad 1 peso = 1 dólar,que era algo así como una cuestión de fe.

En ese momento los intelectuales argentinos nos mintieron...Ahora, ¿nos estarán mintiendo de nuevo?



lunes, 19 de mayo de 2008

Comunicación y percepción pública de la biotecnología agropecuaria

Copié la entrada con el artículo de la Dra Alicia Massarini sobre lo que estaba causando la soja en la Argentina. El artículo es de julio de 2005, así que tenemos algo de perspectiva para saber como sigue la historia.


Para entender a qué se refiere el Dr. Burachik, lea primero el artículo de la Dra. Massarini.

¿Quién tendrá razón?

¿Quién descalifica más al otro en lugar de dar argumentos? y .... ¿Por qué el Grupo de Reflexión Rural rechaza al Dr Burachik en COP-MOP 4



En esta sección se intenta responder a aquellas publicaciones
que contienen aseveraciones no fidedignas en cuanto a los hechos que
se vinculan con la agrobiotecnología.



Respuesta de los Doctores
Moises Burachik y Esteban Hopp al artículo firmado por la Dra.
Alicia Massarini y publicado en la página de Internet del CONICET.




Respuesta del Dr. Burachik

Respuesta del Dr. Hopp






Dr.
Burachik


Tecnociencia, Naturaleza y Sociedad: el caso de los cultivos transgénicos.
Otra Visión.







Estoy muy asombrado por el contenido de la nota publicada en el sitio
del CONICET, cuya autora es la Investigadora de Conicet Alicia Massarini.
Quiero felicitar a la investigadora Massarini, pues ha logrado instalar
un tema de enorme importancia para el país, y lo ha hecho con
un escrito de lenguaje impecable y abundantes argumentos.



Sin embargo, cuando dije arriba que estoy asombrado, quiero decir ingratamente
asombrado. No deseo entrar ahora en debates puntuales sobre las numerosas
inexactitudes, afirmaciones no fundamentadas e interpretaciones equívocas
que la investigadora Massarini hace en su magníficamente redactado
artículo. No dispongo del tiempo necesario en este momento.



Sólo deseo corregir en esta oportunidad algunas afirmaciones
que considero injustas, inexactas y lesivas para con la labor de esta
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
(SAGPyA), la de la Comisión Asesora de Biotecnología Agropecuaria
(CONABIA) y la de la Oficina de Biotecnología de la SAGPyA. Esas
afirmaciones se refieren al marco regulatorio que rige en el país
desde 1991 para la experimentación, desarrollo y liberación
al ambiente de los organismos genéticamente modificados para
la agricultura (OGM). Este marco normativo, con las modificaciones impuestas
por la dinámica del progreso científico, ha resultado
(luego de la subsecuente verificación satisfactoria de la inocuidad
de los alimentos derivados de ellos y de la determinación de
que no tendrán un impacto no deseado en nuestro comercio internacional),
en la aprobación comercial de nueve cultivos genéticamente
modificados (ver nuestra página: www.sagpya.mecon.gov.ar, luego
ir a biotecnología y elegir conabia, y luego los enlaces que
desee). Ningún incidente atribuible a fallas regulatorias se
ha producido desde la implementación de este marco regulatorio.



Sin embargo, es otra la impresión que trasmite el artículo
de la investigadora Massarini. Las expresiones:



"el cultivo y consumo de OGMs no debería ser autorizado
hasta que existan mayores y mejores criterios de evaluación."
(párrafo 7)

"ejerciendo presión sobre los estados para obtener un marco
legal relajado que favorezca la introducción y comercialización
de OGMs." (párrafo 9)

"El liderazgo en el mercado se estableció debido a la rápida
y masiva adopción de esta tecnología, favorecida por la
relajación de los procedimientos para autorizar el cultivo y


el consumo de transgénicos. " (párrafo 12)

son francamente distantes de la realidad.



Nuestro marco regulatorio es uno de los más estrictos del mundo.
Con orgullo afirmamos que nuestro país regula los OGM con una
rigurosidad excepcional, que ha sido incluso elogiada y tomada como
modelo por diversos países de la región (por ejemplo,
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Uruguay), al
mismo tiempo que criticada (por excesivamente estricta) por funcionarios
de empresas transnacionales. La regulación de los OGM en Argentina
es una referencia para muchas naciones, y en esta capacidad hemos participado
en varios eventos internacionales para tratar la problemática
de las normas ambientales y alimentarias involucradas y sus impactos
en los países en desarrollo.



Curiosamente, la posición que expone la investigadora Massarini
es extraordinariamente similar a la sostenida por los países
europeos (de donde provienen ideologías que, pasando por ambientalistas,
condenan a los OGM en base a argumentos pseudo-científicos).
Los países de la Unión Europea (UE) subsidian su ineficiente
agricultura al mismo tiempo que se oponen fuertemente a los OGM, en
abierta discrepancia con los dictámenes de sus propios organismos
técnicos de evaluación. Las modalidades de las prácticas
agrícolas europeas (que casi no utilizan OGM) han conducido a
una irreversible degradación de su ambiente y, por otra parte,
las necesidades políticas de los países líderes
de la UE (particularmente Francia, en relación con la denominada
Política Agrícola Común, PAC) han resultado en
la provisión de subsidios cuya clara finalidad es electoral.
Véase, por ejemplo, fragmentos del discurso del Presidente de
Francia, Jacques Chirac en Nontron, Francia, en plena campaña
electoral contra el derechista Jean-Marie Le Pen, promotor de la salida
de Francia de la Unión Europea (y consecuentemente, de la salida
de la PAC): ".si la política agrícola común
fuera suprimida, el rédito de los agricultores disminuiría
de un solo golpe en un 40 %" (Cable desde París, agencia
ANSA, publicado en Clarín, Buenos Aires, 29 de abril, 2002, pág.
27). Es probable que las fuentes de información de la investigadora
Massarini provengan de tal ambiente político-ideológico.
Si así fuera, sería conveniente recordar que esta política
de subsidios y de resistencia a la aprobación de nuevos OGM (por
la que la UE no acepta OGM desde 1998) es altamente perjudicial para
nuestra economía, así como la de los países exportadores
de la producción agrícola primaria y alimentos (tanto
OGM como no-OGM), muchos de ellos del tercer mundo. Si la investigadora
Massarini está preocupada por las consecuencias socio-económicas
de la adopción de OGM en la agricultura, sería bueno que
reflexionara, en este caso, sobre quiénes se benefician y quiénes
se perjudican con esta posición.



Muchos otros aspectos del artículo de la investigadora Massarini,
con los que estoy en desacuerdo, darían lugar para una interesante
discusión, mientras con muchos otros puedo afirmar que los comparto.
Razones de tiempo (la regulación de los OGM es una actividad
que demanda muchísimo tiempo y concentración) me impiden
extenderme en esta oportunidad. Solo me queda una reflexión:
el artículo de la investigadora Massarini me recuerda fuertemente
una aseveración del Sr. Richard Horton, editor de la prestigiosa
revista The Lancet, a raíz de la publicación del trabajo
del Dr. Arpad Pusztai. En ese trabajo los Dres. Pusztai y Ewen demuestran
que si se alimenta a ratas con papas crudas, en cantidad insuficiente
para



las necesidades proteicas del animal, pero (atención) conteniendo
un gen que expresa una proteína tóxica introducido mediante
técnicas de ADN recombinante, entonces las ratas tendrán
serios problemas de salud.



El Sr. Horton dijo, para justificar la publicación, "que
publicó las investigaciones del Dr. Arpad Pusztai porque, aún
siendo mal realizadas, sus resultados promoverían un debate útil),.
(Se sabe que varios de los evaluadores del trabajo, generalmente anónimos,
reclamaran al Sr. Horton que declarara claramente que el trabajo de
los Dres Pusztai y Ewen era considerado profundamente defectuoso y que
sus conclusiones eran altamente especulativas y no sustanciadas.)



Si la intención de publicar el artículo de la investigadora
Massarini fue similar a la del Sr. Horton, sin duda los felicito pues,
a raíz de algunos comentarios que ya han circulado por vía
electrónica, han conseguido su objetivo.



La saludo cordialmente,







Dr. Moisés Burachik Coordinador General Oficina de Biotecnología
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
Av. Paseo Colón 982, piso 2, of. 236 C1063ACW - Buenos Aires
Argentina Tel.: 54-11-4349-2200 Fax: 54-11-4349-2178 mburac@mecon.gov.ar.











Dr.Hopp



Estimados responsables de la página Web del CONICET (Área
de Comunicación y Prensa):



Me dirijo a Uds por la desagradable sorpresa que me causó ver
incorporada a la página Web http://www.blogger.com/diarios/2005/julio/056.php
un panfleto que falta el respeto a muchos investigadores del área
de biotecnología y biología molecular y que se ubica ideológicamente
en las antípodas de lo que es la actual política de estado
tanto de la Secretaría de Ciencia y Técnica como de la
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación después
de la inclusión, en el Boletín Oficial de un decidido
apoyo del Estado Argentino a la Biotecnología, incluyendo particularmente
a la Agrobiotecnología.



Por un lado, el libelo publicado tiene poco que ver con los principios
científicos de vuestra Institución. Se entiende que el
responsable del Área de CyP trate de difundir ciertos temas publicados
por los miembros de CONICET, pero no se puede aceptar que no revise
la fuente de origen de lo que publica, especialmente en lo que hace
al rigor científico de las mismas. Primero debería verificarse
si realmente la Dra. Massarini, una conocida citogenetista de roedores,
realmente escribió esta nota o la misma fue elaborada por el
sitio Web en base a otro artículo. Resulta el menos sorprendente
que una especialista tan alejada de los temas agronómicos y de
la salud se ponga a opinar y a desvariar tan ligeramente sobre tantos
campos del conocimiento que incluyen un análisis ecológico-económico-social
de la situación de un país a partir de los avances en
biotecnología agrícola. Digo esto porque conociendo la
formación de la Dra. Massarini también sorprende que se
cometan tantos errores en conceptos muy básicos de genética,
en la cual se conoce desde hace muchos años la relativa frecuencia
natural de la transferencia horizontal (interespecífica) de genes
(lo que hoy llamaríamos transgenes) siendo un fenómeno
que se remonta a tiempos evolutivos muy remotos muy anteriores a la
aparición del hombre como especie. Llama la atención parte
de la terminología empleada como ser "contaminación"
genética, "alteración" (que suena a adulteración)
genética cuando la palabra técnicamente empleada es modificación
(como en la sigla OGM) lo que indica una falta de rigurosidad científica
en el lenguaje lo que resulta incongruente con el currículum
de Massarini.



Tal vez la respuesta deba buscarse en la frase: "la discusión
no puede restringirse a la evaluación de argumentos científico-técnicos",
otorgándole al artículo un alto grado de carencia de argumentos
científicos.



En la primera parte de su ensayo se expresa: "Asumiendo que ésta
-como toda nueva tecnología- involucra riesgos aun no dimensionados,
…..,es indispensable evaluar quiénes son los beneficiados
por el cambio tecnológico, y quiénes los afectados por
los impactos negativos y los riesgos asociados".



Como la misma autora afirma, resultaría importante ver qué
intereses representa esta postura. Estos intereses surgen de la lectura
del sitio de Internet en el que fue publicado y son los siguientes:
1) el sistema de subsidios agrícolas (particularmente el europeo)
que debe aumentarse a medida que los costos de producción disminuyen
y sus agricultores son cada vez menos competitivos, 2) las empresas
de agroquímicos perjudicadas por la drástica eliminación
o reemplazo de prácticas de manejo que se operó después
de la adopción de los cultivos OGM y 3) las multinacionales que
supuestamente defienden la ecología y que sacaron un excelente
provecho y popularidad usando procedimientos fundamentalistas que recuerdan
a las tristemente célebres cazas de brujas de la edad media que
afectaron a Galileo, por ejemplo. Como prueba de lo antedicho, es interesante
comprobar que la que escribe esto no muestra la misma preocupación
escribiendo ensayos similares sobre otras nuevas tecnologías
como pueden ser la informática, la nanotecnología, la
automotriz o la robótica, todas ellas con efectos socioeconómicos
en cuanto al desempleo que tanto le preocupa.



Para no dejar todo esto en un plano meramente ideológico, se
refutan a continuación sólo algunas de sus afirmaciones
sobre la base de argumentos científicos porque son los únicos
que otorgan objetividad en una discusión de esta índole.




Ya en las primeras frases resulta polémico pensar que los científicos
no podemos opinar sobre el "mejoramiento de la competitividad"
del sector productivo o de la necesidad de "obtener nuevas variedades
mejoradas". Se ve que los autores de la nota están muy alejados
de lo que es la ciencia aplicada, la que no tendría mucho sentido
si no se vinculara con estos dos aspectos. Tampoco la ciencia es ajena
a aportar herramientas tecnológicas que ayuden a solucionar el
hambre del mundo (claramente un problema político y económico-social
pero que sería necio negar que puede verse facilitado con apoyo
científico-técnico).



“Dado que la introducción de genes extraños en un
organismo puede tener efectos inciertos sobre su fisiología y
bioquímica, se ha señalado el posible impacto en la salud
humana que podría ocasionar a corto, mediano o largo plazo, la
ingesta de alimentos que contengan OGMs, potencialmente portadores de
sustancias nocivas ….En virtud de la magnitud de los riesgos y
de la incertidumbre propia del conocimiento científico disponible
para evaluar estos riesgos, se ha invocado la pertinencia de aplicar
el Principio Precautorio como marco legal para el tratamiento de este
problema. Ello significa que .... el cultivo y consumo de OGMs no debería
ser autorizado hasta que existan mayores y mejores criterios de evaluación".
Nuevamente estas sentencias demuestran falta de conocimiento sobre el
sistema regulatorio existente en todos los países donde se han
aprobado los OGMs para sus distintos usos, incluyendo los países
miembros de la UE. Además de no aportar ni una mínima
evidencia científica real para tan fuertes aseveraciones (por
algo se ponen en tono potencial aunque no así las conclusiones),
estas frases denotan una injustificada falta de conocimientos científicos
e históricos. Desde el punto de vista científico resultó
siempre claro que es absurdo el análisis de riesgo de los OGM
desde el punto de vista de la tecnología en sí misma,
sino que debe hacerse caso por caso para cada OGM en particular. No
es lo mismo para la salud humana un tomate que tiene agregado un gen
que permite la síntesis de una vitamina que un tomate al que
se le agregó el gen que codifica para la toxina del cólera.
Si, como parece, el artículo es reciente, no se entiende por
qué se ignora que la comercialización de OGMs no es nueva
(lleva más de 20 años de experiencia desde que casi el
100% de los diabéticos se inyecta en la sangre en forma diaria
insulina humana producida por una bacteria OGM: la Escherichia coli
transgénica para el gen humano de la insulina). El consumo masivo
de cultivos OGM también lleva 10 años, sin que ningún
científico haya podido comprobar ninguno de todos los riesgos
que apocalípticamente fueron predichos. Se calcula que ya se
cosecharon más de 300 millones de hectáreas, las cuales,
procesadas para alimentación humana y animal se estima que han
sido consumidas en más de 100.000 millones de alimentos con alto
contenido de OGM, sin reportes de alergias, intoxicaciones u otras alteraciones
para la salud, el crecimiento o el desarrollo de las personas o afecciones
para la salud humana o animal. La autora afirma que no hay estudios
científicos sobre las posibles consecuencias negativas sobre
la salud, lo que es falso, ya que desde 1985, se realizaron 81 proyectos
de investigación tan sólo en Europa (la más interesada
en encontrar efectos negativos para poder seguir defendiendo su postura
agrícola) que incluyeron 600 estudios de bioseguridad alimentaria,
los que demostraron la inocuidad de los alimentos OGM en el mercado
actual.




La Organización Mundial de la Salud en su página Web www.who.int/foodsafety/publications/biotech/20questions/en/index.html
claramente define que “Los alimentos GM actualmente presentes
en el mercado internacional han pasado las evaluaciones de riesgo del
caso y no es probable que presenten riesgos para la salud humana. Además,
no se observaron efectos sobre la salud humana como resultado de su
consumo en los países en que fueron aprobados”. ¿Qué
resulta más confiable para el CONICET? ¿La palabra sin
fundamento científico de un artículo publicado en el sitio
www.rebelion.org o la de la OMS?. A la OMS podría agregarse una
enorme lista de instituciones como la FAO y Academias de Ciencias, Asociaciones
Médicas y Asociaciones de Nutricionistas y Dietistas de muchos
países del mundo.



Dice la autora que hacen falta mayores y mejores criterios de evaluación.
Por supuesto que se pueden mejorar y agregar nuevos criterios, pero
lo claro es que la experiencia y los resultados demuestran que los actuales
criterios han sido muy eficientes para prevenir los potenciales riesgos
que fueron planteados en el curso de la evaluación. Es más,
las últimas publicaciones de expertos en el tema en prestigiosas
revistas como Nature están planteando que las normativas actuales
que regulan a los OGM (algunas de ellas surgidas por sobre-reacción
del sistema ante los grupos de presión fundamentalista como los
del sitio Web que CONICET usó como fuente) son excesivas y deberían
ser flexibilizadas excepto para aquellas de uso farmacéutico
(las cuales no son mencionadas por el artículo ni por los otros
opositores a la tecnología ¿acaso no son OGMs también?).
Estaba muy bien invocar el Principio de Precaución hace 20-30
años, por ejemplo cuando se realizó la conferencia de
Asilomar a fines de los '70 después de que se descubrieran las
aplicaciones potenciales del ADN recombinante (en ese momento se temía
mucho más por las consecuencias en las investigaciones biomédicas
en bacterias que las investigaciones agronómicas en plantas).
Pero hace mucho que esta tecnología dejó de ser una novedad
y hace falta algo más que inspirar miedo irracional para fundamentar
lo que tan livianamente afirma la nota.



En otro fastuoso párrafo se desacredita la capacidad de los “reduccionistas”
biólogos moleculares para evaluar los efectos de largo plazo
dado que “se trata de alteraciones que pueden afectar drásticamente
a sistemas coadaptados, complejos y dinámicos, que son el resultado
de miles o aun millones de años de evolución” y
sólo los ecólogos sistémicos son los adecuados
para opinar. Lamentablemente, parece que la autora tampoco conoce mucho
de este tema. De su frase se deduce que confunde un ecosistema natural
(como el que encontraríamos en un parque nacional) con un agroecosistema
que es de naturaleza artificial: el hombre elimina toda la diversidad
natural para reemplazarla por un cultivo (es la esencia de la agricultura
que, nos guste o no, es la base de nuestra civilización moderna).
Nadie duda de su complejidad y de que tiene factores poco predecibles,
pero no tiene millones de años de evolución y tiene bastantes
factores predecibles, como lo demuestra la constante evolución
y mejoramiento de las prácticas agrícolas. Es más,
ya es una cuestión demostrada que la incorporación de
OGMs en los agroecosistemas ha ayudado a hacerlos más sustentables
gracias a la sinergia con métodos conservativos como la siembra
directa o gracias a un control más focalizado de los insectos
plaga respetando otros insectos benéficos. Pero el reduccionismo
del artículo intenta extrapolar conceptos de los ecosistemas
naturales a ecosistemas artificiales en los que estos conceptos son
claramente inadecuados.



Hay otro punto ligado al anterior que comete la falacia de no considerar
algunos conocimientos muy básicos de la genética. Todo
genetista sabe que para estudiar la evolución de una especie
es esencial estudiar los mecanismos reproductivos de dicha especie.
Las especies cultivadas son especies altamente domesticadas por el hombre
que difícilmente sobreviven en condiciones naturales. Además,
sus semillas son cosechadas año a año por lo que todos
los años asistimos a una masiva extinción de estas especies
en más del 99% de su área de distribución. ¿Dónde
sobreviven y se seleccionan las nuevas generaciones? En los semilleros
o en los campos que los agricultores dedican a la multiplicación
de su propia semilla. Por eso, la catastrófica frase “Debido
a la naturaleza multicausal y contingente de estos procesos, resulta
claro que una vez desatadas, estas transformaciones no son reversibles”
se ridiculiza cuando aprendemos de la experiencia que eventos OGMs liberados
en Argentina o en otros países como son el maíz con resistencia
a glufosinato de amonio o el tomate de aroma y sabor (Flavr-Savr) que
fracasaron comercialmente o fueron retirados del mercado, desaparecieron
totalmente del ambiente de un año para el otro. A nadie se le
ocurriría multiplicar una planta que se coma crudos a los chicos.
Finalmente, la autora parece ignorar la existencia de ecólogos
y genetistas poblacionales en todas las comisiones científicas
reguladoras de OGMs del mundo.



Respecto a la larga disquisición sobre la agricultura argentina
y en particular, la soja, prefiero remitirme a la última edición
de la revista Ciencia Hoy (http://www.ciencia-hoy.retina.ar/hoy87/index.htm)
que dedica todo el número a la modernización de la agricultura
Argentina, donde escriben los que verdaderamente saben del tema y se
refutan todos los argumentos expuestos. Simplemente me voy a detener
en 2 puntos particulares:



En el caso del monocultivo de soja mi posición contraria, es
coincidente con la de INTA y está muy bien expresada por el Ing.
Agr. Casas en varios medios de difusión incluyendo el citado
número de Ciencia Hoy. Sin embargo, frases como: “La soja,
tiene la particularidad de ser un extractor de nutrientes muy eficiente
… de manera tal que la concentración de fósforo,
potasio, nitrógeno y azufre en el suelo está bajando drásticamente…
de modo que el monocultivo se ha convertido prácticamente en
una actividad extractiva” olvidan que la soja es una leguminosa
y, como tal, es capaz de fijar nitrógeno atmosférico por
lo que requiere menor fertilización nitrogenada que otros cultivos,
por lo que en gran medida, el nitrógeno es, para la soja, un
recurso renovable y estamos hablando del principal fertilizante en la
agricultura.



El otro punto es la preocupación por el reemplazo de ecosistemas
naturales por artificiales (expansión de la frontera agrícola)
que es, en varios aspectos, una preocupación legítima
(caso de las yungas). Sin embargo, me da la sensación que para
la autora, el sobrepastoreo que está desertificando la Patagonia,
el reemplazo de bosques nativos por exóticos en el NEA (y muchos
otros) parecen ser problemas inexistentes frente a la tremenda amenaza
del monocultivo de soja y no puedo evitar pensar, ante esta dualidad,
que existen otros intereses más allá de una legítima
preocupación por la ecología.







La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
publicó en su sitio de internet un documento donde responde a
las preguntas que frecuentemente se hace la gente sobre los transgénicos:



http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/programas/biotecnologia/respuestas.php







Para más información sobre el sistema regulatorio
en Argentina:





a




http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/programas/conabia/index.php







Dr. Esteban Hopp



Profesor Titular FCEyN UBA



Investigador Principal del INTA



Investigador cIentífico de la CIC








Ud. ¿A quién le cree?

Tecnociencia, naturaleza y sociedad: el caso de los cultivos transgénicos

Este artículo es de Julio del 2005, así que podemos tener un poco de perspectiva para saber quién tiene razón y qué intereses defiende cada uno, al final verá la respuesta del Dr. Moises Burachik...

Alicia Massarini

Ecoportal.net



Las aplicaciones de las tecnologías del ADN recombinante para
la producción de nuevas variedades de cultivos transgénicos
constituyen una problemática compleja, cuya discusión
no puede restringirse a la evaluación de argumentos científico
- técnicos, sino que debe incorporar la consideración
del impacto económico-social, ambiental y en la salud humana,
así como el marco jurídico, ético y político
en que se inscribe el problema. Al mismo tiempo, a la hora de evaluar
críticamente las distintas posiciones en juego, debe tenerse
en cuenta que los actores involucrados -empresas transnacionales de
biotecnología, productores agropecuarios, ONGs, comunidad científica,
ciudadanos como sujetos políticos y como consumidores, y el propio
Estado-, constituyen una trama diversa e intrincada que no siempre resulta
visible en los debates.



Generalmente la discusión se presenta fragmentada y polarizada
y los intereses de los distintos actores aparecen encubiertos o mimetizados.
Esto es especialmente notable cuando las empresas biotecnológicas
se expresan a través del discurso de los científicos.
Frecuentemente son los científicos quienes, autolegitimados desde
el lugar de autoridad en que pretenden situar a la ciencia, utilizan
argumentos engañosos y ajenos a sus especialidades tales como
"la necesidad de resolver el problema del hambre en el mundo",
"aumentar la competitividad" o "la urgencia de encontrar
nuevas variedades", para justificar la necesidad de la rápida
adopción de estas tecnologías. Enmascaran así la
existencia de una disputa en la que compiten distintos intereses en
juego -entre los que se cuentan los de su propia corporación-,
y se hacen cargo de las banderas de las compañías transnacionales
de agrobiotecnología, asumiendo que el cambio tecnológico
es un acontecimiento inevitable e inherentemente progresivo.



Si se acepta que en el problema en cuestión están involucrados
diversos actores con distintos intereses, cuando se discute la conveniencia
de adoptar estas tecnologías, es indispensable definir al mismo
tiempo cuáles son los objetivos e intereses que se pretende satisfacer.
Asumiendo que ésta -como toda nueva tecnología- involucra
riesgos aun no dimensionados, para dar una respuesta a este problema
desde una posición equilibrada y socialmente responsable, es
indispensable evaluar quiénes son los beneficiados por el cambio
tecnológico, y quiénes los afectados por los impactos
negativos y los riesgos asociados.



Dado que los cultivos transgénicos disponibles actualmente en
el mercado no presentan ninguna ventaja para los consumidores, los únicos
beneficiados son, en principio, las empresas que los comercializan y
aquellos productores que aspiran a aumentar su rentabilidad adoptando
el paquete tecnológico, así como el interés "de
corto plazo" del gobierno a través de las retenciones que
genera su exportación. Como contraparte, resulta claro que la
introducción de cultivos transgénicos en ambientes abiertos
y la incorporación masiva de alimentos que contienen organismos
genéticamente modificados (OGMs) en la dieta, involucran riesgos
que afectan a toda la sociedad y comprometen la calidad de vida de generaciones
actuales y futuras.



La contaminación genética de cultivos tradicionales y
de especies silvestres, la pérdida de variedades locales, el
estrechamiento de la base genética de cultivos milenarios, los
posibles efectos en cascada de los genes introducidos y sus productos
en los ecosistemas naturales y agroecosistemas, constituyen algunos
de los riesgos más significativos que involucran al ambiente
y a la seguridad alimentaria. El abordaje reduccionista de la biología
molecular no puede predecir ni evaluar estos impactos, sólo los
modelos sistémicos de la ecología o la biología
evolutiva permiten dimensionar su alcance ya que se trata de alteraciones
que pueden afectar drásticamente a sistemas coadaptados, complejos
y dinámicos, que son el resultado de miles o aun millones de
años de evolución. Debido a la naturaleza multicausal
y contingente de estos procesos, resulta claro que una vez desatadas,
estas transformaciones no son reversibles y que sus consecuencias no
resultan predecibles.



Al mismo tiempo, dado que la introducción de genes extraños
en un organismo puede tener efectos inciertos sobre su fisiología
y bioquímica, se ha señalado el posible impacto en la
salud humana que podría ocasionar a corto, mediano o largo plazo,
la ingesta de alimentos que contengan OGMs, potencialmente portadores
de sustancias nocivas. En este sentido, la falta de etiquetado de los
alimentos transgénicos, violenta las voluntades y las conciencias
de los ciudadanos, bloquea la posibilidad de realizar estudios poblacionales
en el presente y en el futuro y protege a las compañías
transnacionales de las demandas de los consumidores frente a futuros
daños.



En virtud de la magnitud de los riesgos y de la incertidumbre propia
del conocimiento científico disponible para evaluar estos riesgos,
se ha invocado la pertinencia de aplicar el Principio Precautorio como
marco legal para el tratamiento de este problema. Ello significa que,
dado que la "ausencia de evidencias" de efectos perjudiciales
no puede ser considerada como "evidencia de ausencia" de daños
y riesgos potenciales, el cultivo y consumo de OGMs no debería
ser autorizado hasta que existan mayores y mejores criterios de evaluación.




Notablemente, pese a la clara necesidad de contar con más elementos
de juicio para la toma de posición frente a este problema, son
casi inexistentes las líneas de investigación independientes
que apunten a una mayor comprensión y evaluación de estos
riesgos, siendo las "evidencias científicas" disponibles
producto casi exclusivo de la investigación de las propias empresas
biotecnológicas.



Las dimensiones ecológica, social y ética del problema,
ponen de manifiesto que su curso no puede quedar en manos de científicos
y tecnócratas, ni librado a las fluctuaciones de los intereses
del mercado. Esta advertencia es especialmente significativa en países
periféricos como Argentina o Brasil, en que las compañías
transnacionales de agrobiotecnología promueven el rápido
avance de los paquetes tecnológicos (que incluyen la semilla
patentada y los agroquímicos asociados), mediante políticas
comerciales agresivas, comprando a las empresas periodísticas
a través la publicidad y ejerciendo presión sobre los
estados para obtener un marco legal relajado que favorezca la introducción
y comercialización de OGMs.



Por su parte, y en ausencia de políticas públicas definidas,
cuando la rentabilidad inmediata resulta conveniente, los productores
adoptan masivamente las nuevas tecnologías, independientemente
de los costos ambientales o sociales de tales decisiones. A este panorama
se suma la falta de espacios de debate y de canales de participación,
de lo cual resulta que la mayor parte de la sociedad queda excluida
de toda decisión y el paquete tecnológico y sus productos
se imponen rápidamente en ausencia de debate público.
Unos pocos disfrutan los beneficios inmediatos y la sociedad toda paga
los costos sociales y ambientales y asume los riesgos ecológicos
y sanitarios.



En este sentido, el caso de la soja transgénica resistente al
herbicida glifosato (sojaRR) en Argentina, resulta paradigmático.
Actualmente, la mitad de la producción de cereales y oleaginosas
esta constituida por soja, casi 100% transgénica, la cual es
destinada a la exportación para ser usada como forraje. El país
produce 35 millones de toneladas anuales que representan un 20% de la
producción mundial, abastece el 50% del mercado mundial de aceites,
es el principal productor de harina de soja y el tercer productor mundial
de poroto de soja. ¿Cómo se estableció este modelo
en un país típicamente productor y exportador de alimentos
variados y de buena calidad?



El avance de la soja, tuvo un auge sostenido desde la década
de 1970, pero en los últimos siete años el incremento
del área cultivada se aceleró notablemente, conjuntamente
con la introducción del paquete tecnológico soja RR-glifosato-siembra
directa. El liderazgo en el mercado se estableció debido a la
rápida y masiva adopción de esta tecnología, favorecida
por la relajación de los procedimientos para autorizar el cultivo
y el consumo de transgénicos.



Varios factores adicionales contribuyeron a incrementar el ritmo de
las transformaciones sufridas por el sistema de producción agropecuario:
el alto precio internacional de la soja, el bajo costo del glifosato
cuya patente había vencido, y la existencia de la llamada "bolsa
blanca" de semillas, práctica que consiste en que los productores
resembraban su propia semilla, con la permisividad de las empresas que
apostaban a imponer sus modalidades productivas para garantizar la conquista
del mercado en el mediano plazo.



El resultado de este proceso fue que en unos pocos años, la producción
de soja transgénica reemplazó a otros cultivos, desplazó
a otras actividades agropecuarias y avanzó sobre ecosistemas
naturales. El área sembrada con soja pasó de 10 millones
de hectáreas en 1990 a 35 millones de hectáreas en 2003.
Este aumento en la producción de soja, se corresponde con una
notable reducción en la producción de girasol, maíz
y arroz. En las provincias del Noroeste y el Noreste argentino, la soja
avanzó sobre cultivos tradicionales que requieren mano de obra
intensiva, como el algodón, la batata, la caña de azúcar
y los frutales. Al mismo tiempo, las plantaciones de soja RR reemplazaron
a otras explotaciones agropecuarias destinadas a ganadería de
vacunos, ovinos y porcinos, y a establecimientos tamberos y hortícolas.




El aumento del área sembrada también involucra una expansión
de la frontera agropecuaria. En los últimos cinco años,
en la región chaqueña fueron taladas un millón
de hectáreas para plantar soja, y en la región de las
yungas salteñas está ocurriendo un proceso similar, que
puede conducir a la destrucción de uno de los ecosistemas que
reúnen mayor biodiversidad de Argentina. Esto es especialmente
penoso si se asume que estos suelos vulnerables y no aptos para la agricultura,
sobreexplotados y erosionados, se agotarán en sólo cinco
años.



El cuadro presentado pone en evidencia que, en el caso argentino, a
los riesgos e impactos asociados a la introducción de cultivos
transgénicos, se suma el deterioro de los agroecosistemas que
introduce la práctica del monocultivo. Es claro para cualquier
especialista que el monocultivo es perjudicial para la sustentabilidad
de la tierra, ya que provoca un consumo desproporcionado de algunos
nutrientes y favorece la proliferación de plagas y malezas. La
soja, tiene la particularidad de ser un extractor de nutrientes muy
eficiente y es capaz de crecer aun en suelos empobrecidos. Como resultado
de ello, los productores continúan sembrando y cosechando sin
fertilizar, de manera tal que la concentración de fósforo,
potasio, nitrógeno y azufre en el suelo está bajando drásticamente.
Ello significa que junto con la soja, Argentina está exportando
parte de su suelo fértil, de modo que el monocultivo se ha convertido
prácticamente en una actividad extractiva.



En cuanto al uso de agroquímicos, si bien se ha presentado a
esta tecnología como amigable para el ambiente, el uso recurrente
de un mismo herbicida aumenta la frecuencia de las malezas resistentes
lo cual conduce a utilizar concentraciones cada vez mayores. Así,
el consumo de glifosato se duplicó al pasar de 28 millones de
litros en el período 1997-98 a 56 millones en 1998-99, y llegó
a 100 millones en la última temporada, con las consecuentes secuelas
de contaminación creciente de suelos y aguas.



Pero el más significativo de todos los impactos de este modelo
se expresa en el ámbito social y económico. La transformación
de la estructura agroproductiva durante la última década
muestra la exacerbación de tendencias preexistentes que abonan
la inequidad y la exclusión social: mayor concentración
de la riqueza, aumento del tamaño de la unidad productiva y reducción
de puestos de trabajo. Entre 1990 y 2003 desaparecieron el 30% de los
establecimientos agropecuarios medianos y pequeños (103.000 unidades
productivas) y el tamaño medio de la unidad productiva pasó
de 250 Ha a 538 Ha. Durante ese mismo periodo se produjo un notable
aumento de los alquileres de las tierras, debido a lo cual, los pequeños
productores pasaron a rentar sus parcelas a grandes corporaciones y
abandonaron el campo. Así desaparecieron alrededor de 600 pueblos
agrícolas y miles de pequeños productores y trabajadores
agrarios, excluidos de sus prácticas de trabajo tradicionales,
migraron del campo para pasar a engrosar los cinturones de pobreza de
las ciudades.



Las transformaciones en la estructura productiva del agro asociadas
al nuevo paquete tecnológico conducen a un modelo de agricultura
sin agricultores, industrializada y concentrada en la producción
de materias primas y forrajes para exportar a los países centrales.
Como contraparte, la pérdida de modos de producción tradicionales,
la exclusión social y la destrucción de un modelo equilibrado
de producción de alimentos que abastecía el mercado interno
y permitía exportar, contribuye a poner en riesgo la soberanía
alimentaria, al provocar la disminución de la calidad de los
alimentos y el aumento de su precio en el mercado interno.



Estas transformaciones constituyen la expresión a nivel del agro
de la política neoliberal implementada por el gobierno de Carlos
Menem y promovida por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial
durante la década de 1990, que condujo a la privatización
de las empresas públicas, a la desarticulación del Estado
y al cierre masivo de industrias, en el marco de una economía
basada en la especulación financiera. La retirada del Estado
y la reducción del gasto público afectaron los sistemas
de salud y educación. Del mismo modo, el sistema público
de investigación científica quedó arrinconado por
la falta de recursos. En estas circunstancias se explica la cooptación
de una parte de la comunidad científica por las empresas multinacionales
de biotecnología, que encontraron en los científicos locales
a promotores acríticos, calificados para el desarrollo de nuevos
ensayos transgénicos y dispuestos a impulsar la rápida
instalación de sus negocios. Ello explica, al menos en parte,
porqué en Argentina el modelo asociado a la introducción
del paquete tecnológico de la soja transgénica se estableció
temprana y rápidamente, alcanzando una masividad única
en el mundo, sin atravesar mayores escollos y en ausencia de un debate
público.



Para revertir esta situación es indispensable ampliar la discusión
y promover la participación ciudadana en la definición
de políticas de estado que reflejen un marco consensuado respecto
a este problema, orientado por la necesidad de atender, en primer lugar,
al bien común y resolver las necesidades de las mayorías
en un marco de sustentabilidad. Pero este proceso requiere asumir un
nuevo desafío: la democratización del conocimiento científico.
Resulta claro que el acceso a dicho saber se ha convertido en fuente
de desigualdades sociales en el interior de cada país, a la vez
que se acrecienta el distanciamiento entre países centrales y
periféricos.



En este contexto reapropiación social de conocimiento científico
representa una clave para el desarrollo económico-social de los
países y un aspecto fundamental en la construcción de
políticas científicas autónomas. Así entendido
el problema, el desafío no sólo consiste en difundir los
modelos hegemónicos del conocimiento científico actual,
decodificando el lenguaje esotérico y hermético de la
ciencia contemporánea para hacerlo accesible a todos los ciudadanos.
El principal escollo para favorecer el protagonismo ciudadano desde
una posición crítica, es desmitificar la condición
de "verdad" que se atribuye al conocimiento científico,
situándolo como una construcción social, atravesada por
supuestos y prejuicios culturales, provisoria, perfectible, controversial,
problemática y cargada de incertidumbres. Sólo así
el saber científico podrá servir al pueblo como un instrumento
transformador. Al respecto hacemos propio el reclamo de Gérard
Fourez quien en su libro "Alfabetización científica
y tecnológica" advierte que, generalmente, la divulgación
...consiste en una actividad de relaciones públicas de la comunidad
científica que se interesa por mostrar al "buen pueblo"
las maravillas que los científicos son capaces de producir...;
pero precisamente en la medida en que no se ofrece un conocimiento que
permita actuar, da un conocimiento superficial; es un saber que no lo
es, porque no es poder.



Alicia Massarini es Investigadora de Conicet. Maestría en Política
y Gestión de la Ciencia y la Tecnología. Facultad de Farmacia
y Bioquímica. Universidad de Buenos Aires.





Fuente Conicet.



Respuesta de los Doctores Moises Burachik y Esteban Hopp al artículo firmado por la Dra. Alicia Massarini y publicado en la página de Internet del CONICET.