A partir de preguntas sencillas – ¿Cómo alimentar a la gente hoy en día? ¿Existe una alternativa a los requisitos actuales de producción intensivos sometidos a los pesticidas e insecticidas químicos? - Marie-Monique Robin viajó por el mundo (África, Europa, Japón, América del Sur) para cumplir con los agricultores y otras prácticas agrícolas. Una encuesta optimista acerca de las soluciones a la crisis alimentaria que afecta al planeta, si cambiamos el paradigma agrícola y repensar la organización y gestión de la cadena alimentaria
Fuente Doculist
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"Nosotros hemos presentado en el Plan de Agricultura Nacional, en el Plan Agroalimentario Nacional 20-20 como lema: la industrialización de la ruralidad. Por eso, en esta mesa me acompañan no solamente el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, sino también la ministra de Industria, Débora Giorgi."
"Nosotros creemos que una de las claves unida a la tecnología, a la mayor productividad, es lograr el agregado de valor a cada uno de esos productos, a los distintos eslabones de la cadena productiva, en el lugar de producción. Esto tiene que ver no solamente con una cuestión de tener nuestras familias situadas en sus lugares de origen, sino que también va a ser un problema de competitividad, porque una de las cuestiones de la competitividad va a estar dada por la logística también."
Ahora las familias que vivan cerca de las plantaciones transgénicas estarán todas enfermas, como ahora pasa... El Estado tendrá que gastar muchísimo con las malformaciones y cánceres de quienes se queden cerca de esas plantaciones.
Pero de hecho la Argentina, en esta seguridad alimentaria, que es una gran productora de alimentos con apenas 40 millones de habitantes y con posibilidades de producir alimentos para 400 ó 500 millones manteniendo esta seguridad alimentaria, porque tenemos excedentes suficientes, cosa que no les sucede a otros países que tienen productividad, que alimentan pero por su gran número de población no alcanzan a tener grandes excedentes, coloca a la Argentina en un lugar privilegiado como productora agroalimentario y como contribuir a la seguridad alimentaria. De hecho hemos pasado de 67 millones de toneladas de granos a 102 millones de toneladas de granos en esta última cosecha. Y la brecha creo que conservadora del señor ministro de Agricultura, yo creo que vamos a ser más, es para el 20-20 año 2020 producir 160 millones de granos.
¿Cómo se puede mantener la seguridad alimentaria con monocultivo de soja? ¿Qué costo tendrá pasar de 102 millones de toneladas de granos a 160 millones? ¿Cuánto se expandirá la frontera agrícola con esto?
Hablábamos también de producir mejor y quería tocar el tema de la agricultura familiar, que fue un tema que también se abordó aquí y quiero decirles que prácticamente el 70 por ciento de lo alimentario en la República Argentina está sostenida por la agricultura familiar. Tenemos un gran desarrollo de agricultura familiar, en horticultura, en fin en todo lo que constituye la mesa de la familia.
¿Quedará algo de agricultura familiar?, ¿Cuánto es lo que queda de ella? Casi todo es soja...
Yo creo que el problema no reside en el problema de los granos, creo que el problema reside en el sistema financiero. Creo que enfocar únicamente el problema de regulación de los mercados como una cuestión de seguridad alimentaria únicamente sobre los commodities, me parece una visión absolutamente parcializada, lo digo con honestidad. Porque de manera tal también podríamos decir entonces que deberíamos regular el mercado de las patentes medicinales. Por ejemplo, es muy importante comer porque si no uno se muere. Ahora también, si uno no cuenta con tecnología y con remedios, también se muere. O sea que si hablamos de seguridad alimentaria, si hablamos de seguridad de vida porque en definitiva estamos hablando de seguridad de vida, deberíamos también por ejemplo, hablar de regular el mercado de royalties y patentes medicinales, porque creo que en África no solamente se mueren de hambre sino que también se mueren por no contar con medicamentos, con atención sanitaria, sin embargo, hasta ahora no he escuchado ninguna palabra acerca de regulación de los mercados, por ejemplo, de tecnología sanitaria que son claves, y además, es tan humillante morirse de hambre como morirse por no tener una aspirina o no tener una vacuna.
¿Qué pasará con las patentes?, ¿El gobierno de Cristina Kirchner aprobará el ACTA?, ¿Y el acuerdo sobre las semillas?
El lunes 29 y el martes 30 de noviembre, volvieron reunirse en el Congreso de la Nación decenas de referentes de movimientos campesinos, redes de comercio justo, pequeños productores agrarios y organizaciones populares, para debatir sobre la Soberanía Alimentaria en la Argentina.
Con el fin de cumplir con la propuesta presentada el 26 de octubre pasado, a través de la convocatoria a la Audiencia Pública Soberanía Alimentaria, reflexiones urgentes para la construcción de un nuevo modelo de desarrollo, convocada por la Diputada Nacional Liliana Parada (Movimiento Proyecto Sur) y la mesa de trabajo de Soberanía Alimentaria de La Masa al Sur, más de cien referentes e integrantes de los principales actores sociales del sector, se reunieron durante dos días para avanzar en la demarcación de los principales ejes que atraviesan la problemática.
Los asistentes se dieron cita en diferentes salas del Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, donde el debate se organizó alrededor de las siguientes mesas de trabajo: En la mesa sobre la propiedad de la tierra, se trabajó en torno al problema de la creciente extranjerización y concentración del territorio en un puñado de empresas, así como se evaluaron las posibilidades y alcances de la implementación de una Reforma Agraria en el país, a la vez que se resaltó como un factor positivo la función social de la propiedad.
En la ronda correspondiente a las experiencias alternativas al actual modelo, se expusieron y evaluaron como altamente positivas la emergencia de redes de comercio justo o comercialización alternativa, las huertas urbanas y la agricultura familiar, etc. Estuvo también en debate cual es el rol del Estado antes estas iniciativas, así como las medidas institucionales que actúan tanto como estímulo a la pequeña producción y comercialización, a la infraestructura y el créditos, como por ser el Estado un gran comprador y distribuidor de productos provenientes de la economía solidaria.
En la mesa correspondiente al derecho a la alimentación, el debate estuvo marcado por cuales son las formas de acceso a los alimentos en la actualidad. En ese plano se analizaron las responsabilidades del Estado en un doble sentido. Por un lado, como garante del derecho a la alimentación, y por otro como responsable de la creciente concentración del mercado alimenticio y el peso de los supermercados en el mismo. Se evaluó el rol de las organizaciones populares como protagonistas fundamentales, en tanto proveedoras de alimentos a través de miles de comedores sociales. Por último, se planteó la necesidad de acceder a la información necesaria para poder garantizar el derecho a la alimentación.
La última mesa estuvo dedicada a analizar la sustentabilidad del modelo agropecuario actual. Así fueron abordados diferentes estudios sobre el impacto de los agrotóxicos, tanto en los trabajadores del campo como en los habitantes de los pueblos fumigados, y las consecuencias de los desplazamientos poblacionales fruto del corrimiento de la frontera agropecuaria. Esta ronda incluyó en sus debates la necesidad de mejorar la calidad del agua y el suelo, vinculándolo directamente con el tipo de producción intelectual que hoy generan las universidades y centros de investigación estatales y las condiciones laborales de los trabajadores, tanto rurales como los de la industria alimentaria, con el objetivo de construir una mirada integral del modelo agropecuario.
¿Quién dijo que el Fondo Monetario Internacional no es altruista, que impone más pobreza a los países pobres y les origina catástrofes económicas, que le importa más el capital que el género humano (entre otras cosas)? Pues no: acaba de dar una muestra cabal de su generosidad, su esplendidez, su largueza enviando a Haití “una ayuda de urgencia” de 114 millones de dólares. Como sucede algunas veces, conviene examinar el contenido de la palabra “ayuda” en este caso.
Se trata de un préstamo que el FMI ha decidido empezar a cobrar dentro de cinco años y medio sin que se acumulen intereses durante dicho período. Esto ya es magnanimidad. El señor Dominique StraussKahn, director general y presidente del consejo de la institución, señaló que de ese modo participa en el esfuerzo de reconstrucción del país asolado (www.imf.org, 27-1-10). Agregó que “ayudará a las autoridades (haitianas) a preparar y llevar a cabo un plan de reconstrucción y de recuperación económica a mediano plazo”. Cejas de muchos países se fruncieron: es el anuncio de un “plan de reforma estructural”, según la terminología en curso, que los castiga todavía.
El Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (Cadtm) calificó de escandalosa “esta nueva maniobra del FMI tendiente a relegitimar su acción en Haití” (www.cadtm.org, 30-1-10). Subrayó “la responsabilidad abrumadora” del Fondo, el Banco Mundial y otros organismos financieros en la violación de los derechos humanos, la liquidación de la autosuficiencia alimentaria del pueblo haitiano y el endeudamiento aplastante y progresivo del país. Esto último empezó hace mucho.
Haití nació endeudado: para reconocer la independencia lograda en 1804, Francia obligó al país recién nacido a pagar 90 millones de francos oro como indemnización por la pérdida de sus esclavos. El pago de esta deuda le llevó a Haití más de un siglo: empezó en 1825 y terminó en 1947. En el interín, EE.UU. lo ocupó militarmente (1910-1934) y saqueó el tesoro nacional. Los dictadores que apoyó después –François Duvalier y su hijo Jean-Claude, alias Bébé Doc– obtuvieron del Banco Mundial, el FMI y el BID un préstamo tras otro que emplearon sobre todo en financiar escuadrones de la muerte, los tonton macoute primero, los Leopardos después.
La conjunción militar-político-económica de EE.UU. y las instituciones financieras ejecutaron políticas nefastas para el pueblo haitiano. Por ejemplo, le cambiaron la alimentación, como señala el Cadtm. El dumping de productos estadounidenses subvencionados arrasó prácticamente con la producción local: “Víctima de esta competencia desleal, Haití se ha convertido en una cloaca de productos agrícolas, avícolas y piscícolas de baja calidad de EE.UU.”, observa el escritor Camille Loty Malebranche (www.michelcollon.info:80, 14-1-2010). Lo sucedido con el ganado porcino local es paradigmático.
Haití contaba con 1.300.000 cabezas de cerdo negro, una variedad local vigorosa que se alimentaba de desechos y gusanos. Se alimentaba: aprovechando un brote de fiebre porcina que estalló en la República Dominicana en 1978 y la aparición de algunos –pocos– casos en Haití, EE.UU. blandió el fantasma de una amenaza inminente de contagio y logró, vía el BID, que el Bebé Doc liquidara todo ese ganado. Miles de familias se quedaron sin un recurso fácil de mantener. Se beneficiaron las empresas estadounidenses que vendieron cerdos demandantes de dieta y cuidados especiales. No fue el único golpe propinado a la producción agrícola haitiana: el FMI y el BID lograron que Bébé redujera del 30 al 10 por ciento los aranceles impuestos a la importación de arroz. El subsidiado de EE.UU. inundó la plaza provocando la migración a Puerto Príncipe de numerosos campesinos. En 1970 el país era autosuficiente en la materia.
El presidente Jean-Baptiste Aristide fue nuevamente derrocado el 29 de febrero del 2004 por no cumplir la imposición del FMI de privatizar bancos, la empresa cementera y la telefónica. El método fue simple: el FMI y el Banco Mundial instauraron un bloqueo de la “ayuda” que estaba en perfecta consonancia con el deseo del gobierno de W. Bush. Recuerda el Cadtm que el economista Jeffrey Sachs, ex asesor de los dos organismos, manifestó al respecto: “Los dirigentes estadounidenses estaban perfectamente conscientes de que el embargo de la ayuda provocaría una crisis de la balanza de pagos, el incremento abrupto de la inflación y el derrumbe del nivel de vida, lo que a su vez azuzaría la rebelión (contra Aristide)”. Un grupo paramilitar invadió Haití y se conoce el resto: prácticamente raptado por fuerzas estadounidenses, Aristide fue sacado de Haití y sólo fue repuesto a condición de cumplir el “plan de reforma estructural” del FMI, siempre espléndido, siempre generoso.
En enero de este año, noticias de prensa internacionales nos alertaban de una dramática situación. En los barrios pobres de Haití, la tierra arcillosa que cubre el centro del país (zona de Hincha) se ha convertido en una valiosa mercancía que se recolecta y se vende en los mercados. Es materia prima, increíblemente, para galletas comestibles que, con su sabor salobre y mineral, sacian el hambre de los habitantes empobrecidos de Haití. Las noticias recientes que llegan desde Puerto Príncipe ahora dan cuenta de una enorme crisis social, de movilizaciones y disturbios callejeros provocados por el aumento progresivo de los productos alimenticios que son cada vez más inalcanzables para los trabajadores haitianos. Miles de personas se han lanzado a las calles para protestar contra el alza de precios, incendiando negocios y oficinas. Las protestas han llegado hasta el punto de que algunos manifestantes intentaron tomar por asalto el Palacio Presidencial, levantando barricadas y lanzando piedras contra la policía.
La tendencia alcista de los precios internacionales de las materias primas, sobretodo de los alimentos, se refleja automáticamente en Haití, sin que las autoridades puedan hacer mucho para evitarlo. La producción alimentaria local, diezmada por las importaciones, es incapaz, no sólo de responder positivamente ante el aumento de los precios internacionales, sino también de reducir el impacto negativo de la crisis mundial, garantizando alimentos a la población. Los precios de los alimentos suben y los ya alarmantes niveles de hambre y desnutrición tienden a crecer. Pero, lo que sucede en Haití ahora, no es más que la consecuencia previsible de una crisis más antigua y latente, la que podemos definir como una crisis agroalimentaria. La crisis alimentaria haitiana, que amenaza con destruir mucho más la gobernabilidad de aquel país, es la consecuencia del empobrecimiento del país y de la destrucción de su aparato productivo agropecuario nacional.
La falta de soberanía alimentaría de la República de Haití, producto de las políticas de liberalización comercial acelerada, por un lado, y abandono del campo por otro, le impide al país caribeño enfrentar la escalada alcista de los precios de los alimentos en el mercado internacional, y tener un "colchón" alimentario para protegerse de la inestabilidad en los mercados internacionales y garantizar la alimentación de la población. Su alta dependencia agroalimentaria no le permite proteger a su población de los estragos del hambre. Esta fue una consecuencia previsible del modelo. Y es que las últimas tres décadas han sido decisivas para la desarticulación productiva de la economía haitiana actual y el aumento escalonado de la pobreza y las iniquidades sociales. La destrucción de la producción agropecuaria se vincula a una liberalización comercial acelerada e irresponsable, y a un abandono sistemático del sector en la política pública, ha ido sentando las bases para la eliminación de la cohesión social y política del país. La destrucción del campo haitiano, no sólo ha generado pérdida significativa en el empleo y en el producto, pobreza rural e impacto sobre el mercado cambiario y la balanza de pagos; sino que ha generado un enorme movimiento migratorio urbano-rural y hacia el exterior, con todas las consecuencias que este fenómeno conlleva, incluyendo un desarraigo y una pérdida de valores culturales.
Una aproximación general y rápida a la historia económica reciente de Haití permite sacar la conclusión de que ese país no logró una transición gradual que le permitiera una reestructuración económica desde la crisis del modelo sustitutivo de importaciones hasta el modelo neoliberal actual. La liberalización económica emprendida en Haití en 1981, que incluyó la apertura de los puertos provinciales, y la reducción arancelaria (que pasan de 30 al 10% en los años 80), la eliminación de los impuestos a la exportación y licencias de importaciones, se inicia a instancias del Banco Mundial (BM) y la Agencia Desarrollo de los Estados Unidos USAID, quienes para esa época iniciaron una publicitada "estrategia de desarrollo conjunta" para Haití, basada en las cadenas de montaje y la exportación agrícola, que auguraba la conversión de la economía haitiana en el "Taiwán" del Caribe. La historia ha sido diametralmente diferente.
Este proceso de liberalización económica se afianza y continúa, con ciertos altibajos después de 1986 con la pérdida del poder de Duvalier. La segunda oleada neoliberal ocurre en Haití después del período del Golpe de Estado (1991-1994), cuando la política de liberalización comercial es reforzada en 1995 por la eliminación total y/o la fuerte reducción de los aranceles aduaneros a la importación. La estructura de los aranceles se simplificó para llegar a seis tipos: 0%, 3%, 5%, 10%, 15% y 57.8%. El arancel promedio en Haití pasa en 20 años, entre 1982 y 2002, de 27.7% en 1982, a 2.9% en 2002. La liberalización generalizada del comercio en Haití se afianzó y desarrolló en el marco de un Programa de ajuste estructural de los que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) impusieron a los países subdesarrollados a raíz de la Crisis de la Deuda de principios de los 80 y como una "condicionalidad" para el financiamiento. Estos condicionamientos convirtieron al régimen comercial haitiano en uno de los más abiertos de los países menos adelantados -PMA-.
La misma Organización Mundial del Comercio OMC, en sus tradicionales exámenes de políticas, ha criticado el modelo de liberalización comercial desarrollado en Haití a instancias del Banco Mundial y el FMI. Según la OMC "dada su gran dependencia de los gravámenes aplicados a las mercancías importadas, el país se enfrenta a riesgos crecientes de inestabilidad social, debidos, sin duda, a una liberalización del comercio demasiado intensa. En un contexto de dificultades internacionales, la fragilidad de sus estructuras socioeconómicas es cada vez mayor"(2003). Haití, un pequeño y pobre país del Caribe, resultó por mucho tiempo el mejor alumno del FMI y del Banco Mundial en todo el hemisferio occidental en la materia de liberalizar aceleradamente su comercio internacional; destacándose así en reiteradas ocasiones en el Indice de Restricción Comercial (IRC) del FMI. Haití, junto a Uganda y Perú están entre las economías del mundo que se han liberalizado más rápidamente (OXFAM 2002).
Haití, el país más pobre del continente, llegó a ser en 1986 uno de los pocos países del mundo que alcanzaron el elevado estatus de economía totalmente abierta, con una clasificación de 1, según el indicador IRC del Fondo Monetario Internacional. La liberalización en el mercado agrícola ha tenido consecuencias atroces para los productores y los consumidores haitianos, pero, aún así, el país es alabado, sobre todo por el Banco Mundial, por ser un "alumno aventajado". En los últimos 10 años de liberalización comercial, desde 1995, se eliminaron todos los aranceles sobre 67 productos. Con la apertura casi total y sin medidas de protección se han perdido cerca de 830 mil puestos de empleo en cuatro sectores de la agricultura. Actualmente el país se encuentra en una situación de dependencia casi total con el mercado estadounidense ya que sólo el 18% del mercado local está cubierto por su producción arrocera. En términos per cápita, Haití es el principal comprador de arroz norteamericano.
Desde 1995, Haití tiene un 2.8% de arancel, el cual no sólo es el más bajo de la región, sino uno de los aranceles promedio más bajos del mundo, lo que significa que la economía haitiana ha sido la más abierta de toda América Latina. Haití posee un arancel aplicado promedio más bajo, incluso, que Chile, la Comunidad Europea y Estados Unidos, los cuales se suponen países líderes en materia de libre comercio. La liberalización comercial profunda y acelerada en Haití, ocurrida durante las décadas de 1980 y 1990, contribuyó a agudizar las limitaciones estructurales del sector agrícola y, por tanto, contribuyó significativamente a la desarticulación productiva de ese sector, generando la desaparición de productos agropecuarios enteros. Esta situación generó dependencia alimentaria, lo cual ha demostrado ser muy peligroso para la sostenibilidad democrática de los países. En este contexto es posible aplicar: "aquellos vientos trajeron estos lodos".
Sólo la garantía de la soberanía alimentaria permite a los Estados reducir los impactos negativos de la inestabilidad en los mercados internacionales. Un sector agropecuario desarrollado y estructuralmente sólido funciona como un colchón que amortigua los efectos de un encarecimiento de los productos alimentarios a nivel internacional. Los países que no cuentan con un sector agropecuario desarrollado, no pueden proteger a su población de la agroinflación actual, ni del hambre. La política comercial debe estar, por tanto, guiada por objetivos concretos de desarrollo, responder a una agenda nacional a largo plazo y no verse como un fin en sí misma. La apertura comercial, aunque puede ser positiva para algunos sectores, suele ser negativa para otros. La liberalización del comercio debe por tanto responder a una agenda de desarrollo bajo los criterios de gradualidad, trato especial y diferenciado y protección de los sectores vulnerables. En esta política como en toda, el sector agropecuario debe ser enfocado como sector social y ambientalmente vulnerable.
Los Estados interesados en reducir los impactos de la crisis agroalimentaria actual, estarán obligados a implementar políticas sectoriales activas que permitan el desarrollo rural y garanticen la soberanía alimentaría de los países, como única garantía para enfrentar las inestabilidades del mercado internacional. La soberanía alimentaria es la única arma para proteger la población del hambre.
Campesinos e indígenas por la soberanía alimentaria
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina), conformado por quince mil familias de nueve provincias, convoca a comunidades, organizaciones y movimientos rurales que trabajan por la soberanía alimentaria, la reforma agraria integral, enfrentan los agronegocios y rechazan la cooptación partidaria. El objetivo central es avanzar hacia la soberanía alimentaria y la reforma agraria integral, además de exigir políticas de Estado integrales para el sector.
El encuentro será el viernes 11 de septiembre a las 9, en Anchorena 1250 de la Ciudad de Buenos Aires.
Convocamos porque el campo es mucho más que señores que siembran soja y explotan a trabajadores rurales. Convocamos porque el campo son las familias que trabajan la tierra, producen alimentos sanos, crían animales y resisten en sus territorios.
Con esa certeza, el encuentro será un espacio de escucha y propuesta del sector rural autónomo. Participarán un centenar de organizaciones rurales de quince provincias que intercambiarán miradas sobre la situación campesina e indígena, propondrán articulaciones e interrogarán a los ámbitos de Gobierno que deben dar respuesta del acontecer campesino e indígena.
En Argentina viven 280 mil familias numerosas de 24 pueblos indígenas, y 220 mil familias campesinas, con al menos 1,5 millón de personas. No producen soja ni suscriben a los agronegocios, siembran alimentos y crían animales para autoconsumo y tienen una relación especial con la tierra, no la consideran un medio para negocios, se entienden como parte de ella, de su cultura, su historia y un bien común de las próximas generaciones.
Estos dos actores centrales, pueblos originarios y campesinado, fueron sistemáticamente excluidos durante décadas o sólo consideradas para políticas clientelares.
En el marco del encuentro se abordará la agenda del sector: desalojos, desmontes, concentración de tierras, desempleo, condiciones dignas de trabajo, salud, modelo agrario campesino indígena, reforma agraria integral, producción agroecológica y el rol del Estado.
Estarán presentes instituciones del Estado invitadas:
Foro de Agricultura Familiar (Fonaf), Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, INTA, INTI y Ministerio de Desarrollo Social.
Contactos:
Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) – Vía Campesina
(0261) 15 - 5615062
(0351) 15 - 6853946
(0385) 15 - 4086164
(0388) 15 - 4329833
(03868) 15 - 459867
Programa de la jornada
9.00. Acreditación de los participantes.
9.30. Apertura de la jornada y presentación del programa de trabajo.
10.00. Presentación de las líneas de trabajo de los ámbitos gubernamentales presentes.
Consultas y debate.
13.00. Almuerzo
14.30. Trabajo en grupo. Presentación de las organizaciones campesinas, dinámicas territoriales y propuestas comunes. Capacitación, producción, comercialización, consumo de alimentos y luchas territoriales.
16.00. Café
16.15. Trabajo en grupos con la consigna de visualizar ámbitos de articulación en territorio entre las organizaciones campesinas y con lineamientos de trabajo de los ámbitos estatales presentes, planteando iniciativas concretas.
18.00. Puesta en común de las posibles líneas de articulación surgidas en el trabajo grupal.
