Fuente: Página 12.
Dos ONG representantes de argentinos residentes en España denunciaron nuevas detenciones de compatriotas en los aeropuertos y deportaciones sin motivo aparente. Los residentes se quejaron de no ser recibidos ni escuchados por el actual embajador.
Los residentes argentinos organizados en España dijeron basta. Se reunieron con funcionarios de la embajada en Madrid, les transmitieron su inquietud por la vulneración de los “más elementales derechos humanos” por parte de las autoridades migratorias locales y propusieron una serie de medidas: estudiar la no renovación de los permisos de residencia, la facilitación del retorno al país para los compatriotas que atraviesan dificultades económicas y reiterarle al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero su “gran preocupación y malestar” por el encarcelamiento y falta de asistencia letrada a los viajeros con problemas de papeles. El encuentro de trabajo se produjo el jueves 17 entre representantes de la Coordinadora de Entidades Argentinas en el Estado Español (Ceaee) y los diplomáticos Julián Tetamantti y Carlos María Duhalde.
La repetición de detenciones en los aeropuertos de Madrid y Barcelona –dos argentinos sufrieron las últimas en El Prat de la ciudad catalana el 9 de febrero– indujo a la Ceaee a pedir una entrevista con el embajador argentino en España, Carlos Bettini. En una gacetilla distribuida por la coordinadora se detallaron los temas tratados en el encuentro y las acciones coordinadas que, de ahora en más, harán los residentes y la representación diplomática.
Uno de los puntos señala que “se acordó la realización de campañas informativas en la Argentina y España por parte de la Ceaee y sus asociaciones de argentinos, debiendo también estar disponibles en el servicio consular, advirtiendo del alcance discriminatorio y los problemas concretos derivados de la aplicación de la Ley de Extranjería española y la directiva europea sobre Inmigración”.
Según la Ceaee, representada en la reunión por su director gerente, José Luis Moreno Báez, se convino “reiterar por todos los medios a las autoridades españolas la gran preocupación y malestar generados por todos los aspectos inherentes a la vulneración de los derechos elementales de las personas, encarcelación y falta de asistencia letrada efectiva a los argentinos detenidos”.
Uno de ellos, Ernesto López, de 50 años, gasista y plomero matriculado, tenía reserva de hotel en Barcelona, pero le exigieron el efectivo pago de la habitación cuando eso se hace en el lugar o por Internet mediante la tarjeta de crédito. Como no cumplía este requisito fue detenido en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). “Quise pagarme un pasaje de regreso, pero no me dejaron y me alojaron en este lugar, en el que me quitaron siete días de mi vida”, acusó antes de ser colocado en un avión de regreso hacia Buenos Aires.
Otros asistentes al encuentro de la embajada, Juan Pablo Jaroslavsky, presidente del Centro Argentino de Catalunya (CAC) –y primo de César, el político radical fallecido– y Néstor Elfman, responsable de derechos humanos de la misma organización, les confiaron a compatriotas que viven en Barcelona que los diplomáticos se mostraron preocupados, aunque también reconocieron que “no se puede hacer mucho”. Los residentes tomaron nota de algunas dificultades operativas que tuvo la embajada en 2008 por su bajo presupuesto (unos 400 mil dólares anuales), dialogaron sobre la falta de un consulado en Mallorca, donde viven muchos argentinos que deben trasladarse a Barcelona para realizar trámites, y acordaron reuniones trimestrales o cuatrimestrales con los funcionarios del servicio exterior.
Otro de los puntos abordados por las partes es mencionado en el texto redactado por la Ceaee: “La crisis económica también nos afecta y en casos de precariedad económica extrema, la opción de retorno al país se convierte en inevitable. El coste económico del traslado es una barrera difícil de franquear por los compatriotas que se hallan en esta situación. Se acordó trabajar sobre la posibilidad de colaboración gobierno argentino-Aerolíneas Argentinas cuando dicha empresa normalice su funcionamiento”.
Una de las cuestiones que molestaron a las entidades de los residentes es que no fueron recibidas por el embajador Carlos Bettini, por lo que la coordinadora “volverá a solicitar audiencia con el señor embajador en España, sin olvidar que representa al Estado argentino y por lo tanto a su gobierno y a su pueblo. Consecuentemente, la comunidad argentina en España reclama el derecho al diálogo”. En la Ceaee y el CAC, además, son motivo de comentario las diferencias que existirían entre la embajada y el consulado de Barcelona (ver aparte).
El plomero y gasista López, que regresó al país esta semana en un vuelo de Air Plus Comet luego de no ser admitido en España, contó que, para evitar mayores problemas a su arribo a Barcelona “firmé donde me dijeron” cuando el secretario del juzgado que analizó su caso le tomó declaración. El trabajador –que fue deportado junto a otro joven compatriota– cree que no haberse rebelado contra su delicada situación “pudo haber sido el factor por el que nos alojaron en un lugar algo mejor que el resto. Porque si te ponés nervioso y los agredís, te podés meter en un lío”, agregó.
Como fuere, López terminó en un CIE cuyas instalaciones semejan a las de una cárcel. En un cubículo, detrás de un vidrio tipo blindex y mediante un teléfono, se pudo comunicar con quienes lo visitaron. No estaba acusado de delito alguno. Apenas del presunto incumplimiento de una norma administrativa. Pero es morocho, tiene el rostro aindiado y esas características, en España, pueden equivaler a un viaje de ida y vuelta sin estadía.
