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Dos productores agrarios y un piloto de avión serán juzgados por fumigar con plaguicidas en forma clandestina el barrio Ituzaingó Anexo, ubicado en las afueras de la ciudad de Córdoba. La decisión la tomó la Cámara de Acusación de esa provincia, que revocó un fallo de primera instancia que sobreseía a los imputados y elevó a juicio la causa, iniciada en 2002 por un grupo de habitantes de la zona, que denunció que las fumigaciones causaron 200 casos de cáncer.
El tribunal adoptó esa decisión ante la presentación del fiscal de instrucción del Distrito Judicial 3 de la capital provincial, Carlos Matheu, quien apeló el sobreseimiento que había dictado tiempo atrás el juez Esteban Díaz.
Matheu celebró el dictamen de la Cámara. “Es muy importante a nivel nacional porque es la primera vez que se pide la elevación a juicio de dos productores agropecuarios por fumigar campos con agroquímicos”, comentó el fiscal.
Los productores agrarios Francisco Para y Jorge Gabrielli, y el piloto Edgardo Pancello fueron acusados de violar el artículo 58 de la Ley de Agroquímicos 9164, en los dos primeros casos como instigadores del delito de contaminación ambiental y en el restante por ser, supuestamente, quien realizó la fumigación.
En el caso de ser encontrados culpables, los tres imputados podrían ser condenados a penas de reclusión o prisión de 3 a 10 años, aunque si el delito hubiera provocado una muerte el castigo rondaría entre 10 y 25 años.
La aplicación aérea de productos como endosulfán y glifosato, según la norma, está prohibida en un radio menor a los 1500 metros y 500 metros, respectivamente, de la población urbana.
En 2002, un grupo de mujeres presentó la denuncia judicial tras registrar en un documento que 200 habitantes, muchos de ellos jóvenes, padecían cáncer. Tres años después, un relevamiento sanitario recomendó evacuar el barrio Ituzaingó, situado al sudeste de la capital cordobesa, por su nivel de exposición a contaminantes.
La investigación de los casos de enfermedades fue realizada por una mujer, Sofía Gatica, que recorrió hogar por hogar durante varios meses para documentar las afecciones y a los pacientes. Además de distintos tipos de cáncer, se detectaron casos de lupus, anemias, leucemia, malformaciones y espina bífida.
Además, la realización de análisis químicos en el agua de la zona permitió detectar productos como endosulfán, glifosato, arsénico y carbonatos.
Fuente Noticias Mercedinas.Nuevamente con un polémico método las empresas concesionarias de los ferrocarriles que atraviesan la ciudad de Mercedes arrojan venenos por doquier, fumigando para desmalezar. Con glifosato de Monsanto, entre otros productos, por estas horas se está matando a toda flora y pasto de parte de Trenes de Buenos Aires, a través de una empresa con la que terciariza el trabajo en el tendido del ferrocarril Sarmiento. En tanto, en las vías del San Martín, de acuerdo a la evidencia de los pastos quemados y a testimonios recogidos, días pasados echaron “matayuyos” en una vasta zona. Cerca de las vías, coincidentemente en la zona del Hospital Dubarry, se denunciaron por esa fecha la muerte de mascotas envenenadas, con síntomas similares –certificados por profesionales de la veterinaria– a los producidos por agroquímicos.
Esta semana varios operarios se aparecieron con una camioneta blanca y equipos de protección de similar color, aunque algunos actuaban sin resguardo, equipados con mochilas con motor para fumigar como método de disminuir los vegetales que en esta primavera muestran un especial brillo, sobre todo en el florecer de rojas amapolas silvestres de frágil y espléndida belleza sobre las que también se esparcieron los líquidos, todo junto a las casas y al paso de los transeúntes, ciclistas y automovilistas por las calles mientras las nubes de tóxicos ganaban todo espacio.
Esta situación de aniquilamiento de pastizales con productos que se utilizan en agricultura para el cultivo y crecimiento exclusivo de semillas transgénicas, había sido visto en reiteradas oportunidades en la zona, sobre todo en el verano pasado. La situación fue parte de sendos informes periodísticos, que también daban cuenta de un fallo del Defensor del Pueblo de Vicente López que pedía a la empresa TBA, sobre todo, que deje de usar estos productos en las vías. Pero es un método en auge el de fumigar para desmalezar, tanto en las vías (en reiteradas oportunidades) como en paseos públicos, como en rutas se utiliza. Y todo más allá de lo que piense la gente que cohabita en estos lugares.
En Mercedes, en particular, en este 2010 la situación de las fumigaciones para desmalezar llegó con preocupación al Concejo Deliberante, que trató la cuestión emanada desde la UCR pero finalmente decidió pasar el tema a comisión (donde aún al día de hoy permanece) y no aprobar un proyecto sobre tablas, que marcaba la existencia del fallo del defensor del Pueblo de Vicente López, que conmina a TBA a dejar esa práctica a un lado. En el mes de abril se presentó un nuevo proyecto en el legislativo, esta vez desde el bloque GEN, pidiendo que se prohíba “la aplicación de agroquímicos para la eliminación de pastizales y otras especies”. En ese proyecto se señalaba: “Podemos ejecutar dichas tareas de forma manual y/o mecánica, en donde no sólo cuidamos nuestro hábitat en forma sustentable. Además, creamos o bien conservamos puestos de trabajo, y estamos valorando a su vez la seguridad de una vida más saludable”.
Todo sigue en estudio. En tanto, Andrés Carrasco, director del Departamento de Embriología del Conicet, publicó un estudio sobre el efecto del glifosato (herbicida utilizado en el cultivo de soja transgénica) en embriones humanos. En él señala que produce “malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas, aún en dosis muy inferiores a las utilizadas en agricultura”. El estudio refuta la supuesta inocuidad del herbicida.

El jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste, Raúl Horacio Lucero, es una antigua voz que alerta en el Chaco sobre los efectos sanitarios de los agroquímicos. En el 2000 presentó una carta a la Cámara de Diputados de la provincia. Advertía sobre el incremento notable de casos de malformación, lo relacionaba con el corrimiento de la frontera agropecuaria y, sobre todo, instaba a realizar estudios “serios y completos” sobre las poblaciones cercanas al uso de agroquímicos. Lo convocó la Comisión de Salud de la Legislatura, lo escucharon y prometieron volver a llamarlo. Pero nunca lo hicieron.
Lucero aún guarda una hoja amarilla, copia de aquella carta de alerta de hace diez años. “A mediados de la década del ‘90 llegaban casos de malformación, supuestamente ligados a los herbicidas organofosforados usados en los ’70 y ’80. Pero a partir del avance de la soja el crecimiento de casos fue exponencial. Me encargaba de realizar estudios y confirmaba que no se trataba de defectos genéticos, como se intentaba decir, sino de otros factores”, recuerda el investigador.
“Hay grandes intereses económicos para que esta situación no tome estado público, basta ver lo que le sucedió a Andrés Carrasco (investigador del Conicet y director del Laboratorio de Embriología de la UBA que en 2009 alertó en Página/12 sobre los efectos del glifosato y luego enfrentó una campaña de desprestigio), pero los casos son tantos que no se pueden esconder, los mismos datos de hospitales públicos confirman los efectos”, afirmó Lucero.
Nota Principal: La Salud no es lo primero en el modelo agroindustrial.
Un juez chaqueño prohibió el uso de agrotóxicos en las cercanías de un barrio y en zonas aledañas a los cursos de agua. Fue la respuesta a un amparo de los vecinos de La Leonesa y Las Palmas.
Por Darío Aranda
Por primera vez en el Chaco, la Justicia prohibió el uso de agroquímicos en cercanías de un barrio y, en un hecho inédito, también protegió los cursos de agua. El fallo tiene en cuenta el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras) y ordena a los productores presentar un estudio de impacto ambiental. La medida es la respuesta a una medida cautelar presentada por vecinos de La Leonesa y Las Palmas (localidades a 60 kilómetros de Resistencia) contra las fumigaciones de una arrocera. Entre los productos prohibidos figuran el endosulfan y el glifosato, pilares del modelo de agronegocios.
El barrio La Ralera está ubicado en la zona sur de La Leonesa, lindante a campos de arroz. Desde hace ocho años, los vecinos denuncian el incremento de casos de cáncer, las intoxicaciones y la contaminación del agua producto de los agroquímicos. En los últimos tres años presentaron al menos 50 notas a distintos funcionarios y nunca tuvieron respuesta.
“En el barrio no crecen frutas, verduras y hortalizas. Se secan los naranjos y limoneros, como también los paraísos y otros arbustos. Pero lo más importante: los vecinos se enferman frecuentemente de patologías recurrentes y repetidas”, advertía en noviembre de 2008, en un documento público, la ONG Centro Nelson Mandela de Estudios e Investigación Social. También denunciaba el peligro de las comunidades indígenas y familias criollas cercanas a las arroceras. “Es más que seguro que continúen las lluvias de agrotóxicos y comiencen a manifestarse las enfermedades asociadas a la actividad”, avisaba.
En enero último, los vecinos presentaron un recurso de amparo y una medida cautelar contra las arroceras San Carlos y Cancha Larga, las municipalidades de La Leonesa y Las Palmas, el gobierno provincial y nacional. Solicitaron el cese de las fumigaciones, que los campos de arroz no sigan extendiéndose, que se considere la relocalización de los arrozales y se protejan las fuentes de agua.
El Juzgado Civil y Comercial Nº 14 de Resistencia, a cargo de Héctor Edgardo García Redondo, hizo lugar a la medida cautelar y prohibió las fumigaciones a menos de mil metros de las viviendas (si las pulverizaciones se realizan vía terrestre) y 2 mil metros si son aéreas. Nunca un fallo había extendido tanto el límite a fumigar y, en un hecho sin precedentes, además prohibió fumigar en cercanías de cursos de agua. También protege a las escuelas Nº 17 y Nº 68, que solían ver pasar las avionetas a pocos metros.
“Cabe resaltar que el principio precautorio indica que todo daño a la salud o al medio ambiente debe ser evitado o minimizado a través de medidas de carácter preventivo. Y la realización de ciertas actividades o empleo de determinadas tecnologías, cuyas consecuencias hacia las personas o al medio ambiente sean inciertas pero potencialmente graves, deben ser restringidas hasta que dicha incertidumbre sea resuelta”, fundamenta el fallo, que prohíbe el uso de glifosato, endosulfan, metamidofos, picloran y clopirifos, entre otros.
Este diario se comunicó con la oficina del responsable de ambas arroceras, Eduardo Meichtry, pero no hubo respuesta a la consulta.
“Es una medida muy importante porque es la primera vez que en el Chaco se frena a los agroquímicos. Y puede ser un antecedente importante para otras muchas comunidades de la provincia que sufren lo mismo que La Leonesa y Las Palmas”, explicó la asesora legal de la Red de Salud Popular, Alejandra Gómez, que acompaña a los vecinos en sus acciones.
El fallo, dictado el 29 de abril, exige un estudio de impacto ambiental en 90 días, solicita al Ministerio de Producción un “informe detallado” de las aplicaciones aéreas y terrestres, transporte, almacenamiento y fraccionado de plaguicidas y agroquímicos de las arroceras denunciadas, requiere a la Administración Provincial del Agua (APA) que dé cuenta de los análisis ya realizados en la zona y ordena la realización de “un estudio estratégico y acumulativo” sobre plaguicidas, agroquímicos y derivados en los cursos de agua de Las Palmas y La Leonesa.
También ordena al Ministerio de Salud de Chaco a realizar controles médicos cada 60 días a la población cercana a las arroceras hasta que se resuelva el amparo, y solicita a los municipios que entreguen, en quince días, un “informe detallado” sobre las medidas adoptadas en el tratamiento de residuos contaminantes de los productores.
La causa se encuentra en el Superior Tribunal de Justicia, a la espera de que se resuelva la cuestión de competencia. No hay fecha posible de resolución.
Elio Servín vive hace 50 años en la zona. Es docente, padre de dos chicos y hermano de un joven de 30 años fallecido por leucemia. “Primero nos dimos cuenta de que el agua venía turbia y con mal gusto. Después comenzaron las alergias y más tarde enfermedades jodidas. Hace unos dos años nos juntamos e hicimos denuncias, pero nunca los políticos nos llevaron el apunte”, recuerda y piensa a futuro: “Ahora la Justicia empieza a darnos la razón; pero falta mucho, atrás de todo están los peces gordos, los verdaderos responsables de las muertes, empresas y políticos que no dan la cara”.
Nota Relacionada: La Salud no es lo primero en el modelo agroindustrial.
TBA fumigando con glifosato las vías en la localidad de Mercedes.
Hace muy pocos meses la empresa Trenes de Buenos Aires, concesionaria del Ferrocarril Sarmiento, había sido conminada a dejar de arrojar agroquímicos en las vías, pero lo sigue haciendo.
Esta práctica de arrojar herbicidas contaminantes para el desmalezamiento también se había observado en Mercedes, pero la denuncia original había sido de un vecino de Vicente López, en 2009, quien manifestaba sufrir frecuente irritación de ojos, nariz y piel. Por ese entonces también tomaba intervención la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, por la “contaminación en la salud y el riesgo que ocasiona tal práctica”
“La aplicación constante en las vías férreas en áreas urbanas densamente pobladas dejaría así indefensos a cientos de miles de vecinos que viven junto a dichas vías que ven amenazados su salud y la degradación y contaminación de su medio ambiente”, señalaba la Defensoría por entonces.
En la sesión de hoy del Concejo Deliberante de Mercedes ingresó un proyecto del interbloque del Acuerdo Cívico y Social, relacionado con la fumigación que tiene lugar en los predios ferroviarios del ex Sarmiento, exigiendo a TBA que “deje de usar glifosato en las vías”. El mismo, tras una discusión sobre tablas, pasó a comisión. En el mismo momento que se votaba, esta mañana, los fumigadores estaban sobre la avenida 29 y vías esparciendo químicos.
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