Por Horacio Verbitsky
Mientras el gobierno nacional anuncia cada día nuevas medidas para atemperar el impacto sobre la producción y el empleo de la crisis originada en la economía global, cuyos primeros efectos producen inseguridad social, los gobernadores de Buenos Aires y Mendoza, Daniel Scioli y Celso Jaque, han iniciado sus respectivas campañas para las elecciones legislativas del año próximo con leyes, decisiones administrativas y anuncios sobre un aspecto emergente de ese malestar. En ambos casos se trata de medidas de nula eficacia y segura inconstitucionalidad. Las palabras escritas en los discursos o en las leyes son de producción fácil y bajo costo, aunque de gravosas consecuencias. En ambas provincias las medidas impulsadas por los respectivos gobiernos, pero en Mendoza también auspiciadas por la oposición cleta, contradicen políticas del gobierno nacional y resoluciones del sistema interamericano de derechos humanos. Scioli y Jaque coinciden hasta en el lenguaje caricaturesco que emplean: con entonación bélica ambos dicen que están en lucha con “el enemigo”. En la provincia de Buenos Aires compiten en desatinadas propuestas represivas los ministros de Seguridad, Carlos Stornelli, y de Justicia, Ricardo Casal. En Mendoza esa misma pugna destructiva del estado de derecho enfrenta a Jaque y al vicepresidente Julio Cobos, ambos vigilados por el conservador Partido Demócrata, la única derecha que osa decir su nombre y cuyas principales figuras participaron en la añorada dictadura militar. Según el ex Fiscal de Estado y ahora legislador demócrata Aldo Giordano, la Constitucion está embarazada de los tratados de derechos humanos, terapia que irrita a los nostálgicos de la violación fascista. Buenos Aires y Mendoza son las dos provincias con el peor record policial en los 25 años transcurridos desde la finalización de la dictadura militar, con mayor número de casos de gatillo fácil, desaparición de personas y maltratos carcelarios. En Mendoza se aplica la pena de muerte por electrocución. Así murió en su celda hace tres semanas un muchacho de veinte años, Leonardo Palacio Méndez, condenado a prisión perpetua por el asesinato de la señora Laura Abonassar en presencia de su hijita, un caso que conmovió a la provincia. Después que él murieron en la cárcel de Cacheuta Carlos Alberto Montenegro y en el complejo San Felipe de Boulogne sur Mer Diego Sánchez. Según la versión oficial ambos se suicidaron. Una delegación legislativa que visitó el penal de Almafuerte dijo que la mayor parte de los internos no realizan actividades resocializadoras por falta de guardiárceles. Pasan hasta 23 horas por día en sus celdas.
El consumo de alcohol y tabaco supera con amplitud al de las sustancias ilegales.Desplante y connivencia
Scioli fue explícito en su cuestionamiento al proyecto anunciado por la presidente CFK y su ministro de Justicia, Seguridad y Derechos humanos, Aníbal Fernández, de despenalización de la tenencia de sustancias estupefacientes para consumo personal. En un reportaje a un diario platense dijo: “Estoy en contra de la despenalización. No quiero la droga en ninguna de sus formas. Soy muy claro, no puedo quedar bien con todo el mundo. O defiendo a la gente, o defiendo la vida, o defiendo la droga”. El gobierno nacional guardó silencio ante el desplante, pero la respuesta llegó sin demora desde otro poder federal: el ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni en una entrevista con adolescentes realizada en dependencias del Ministerio de Educación dijo que no hay distribución de drogas sin connivencia oficial. También para Zaffaroni el poder punitivo del Estado debe dirigirse a los traficantes y no a los consumidores de sustancias de uso prohibido. Su mención a la “connivencia oficial” apunta en forma apenas disimulada al involucramiento de autoridades de seguridad de la provincia que gobierna Scioli en el tráfico de precursores químicos como la efedrina, que desde aquí se envían a México. Buenos Aires tiene tres grandes puertos, como Bahía Blanca, Mar del Plata y Zárate-Campana, cuyo control compete a su policía. Hace pocos días tres de sus hombres se tomaron a trompadas con efectivos de la Policía Federal en el galpón de San Miguel donde los federales habían montado una paciente operación de inteligencia, que incluyó muchas horas de filmación. Parte del material grabado muestra la llegada al depósito de los tres miembros de la policía de Scioli. Tocaron el timbre, aguardaron a que les abrieran, ingresaron como si los aguardaran y fueron sorprendidos por los federales en pacífica conversación con los ocupantes del local en el que se secuestraron 750 kilogramos de cocaína. Dos de los tres bonaerenses trabajaban en el ministerio de Seguridad y ni la jefatura regional especializada en narcotráfico ni la justicia les había ordenado el procedimiento. El tercero era un retirado que los acompañó. Es difícil no asociar este episodio con las altisonantes palabras del gobernador. Este año la sala I de la Cámara Federal de la Capital declaró inconstitucional el artículo de la ley de estupefacientes que pena la tenencia para consumo personal. Stornelli, que aún no había pedido licencia como fiscal federal para asumir el ministerio de Seguridad, se opuso.
Contracaras
En el mismo reportaje, Scioli dijo que libraba “una lucha a fondo contra la droga” porque “es la raíz del delito, mi enemigo, la contracara de la vida”. Palabras similares usó Celso Jaque. Al presentar en Mendoza su “Acuerdo social por la seguridad” dijo que “los delincuentes son nuestros enemigos” y que él encabezaría el combate. El último libro de Zaffaroni se titula precisamente El derecho penal del enemigo. Allí sostiene que la incorporación al derecho penal del concepto de enemigo equivale a la aniquilación del estado de derecho. La admisión jurídica de la existencia de una categoría distinta de personas, a quienes se pone bajo sospecha antes de que cometan algún acto punible, es siempre el primer síntoma de la destrucción autoritaria del estado de derecho, salvo en caso de guerra. Para el teórico alemán Gunther Jakobs es posible la coexistencia de ese derecho penal del enemigo con otro paralelo derecho penal del ciudadano, en el que siguen rigiendo incontaminados los derechos y garantías de la tradición liberal. Zaffaroni no está de acuerdo: tarde o temprano, dice, esa idea termina en la supresión física de los enemigos. La idea de que hay personas a las que hay que encerrar porque son peligrosas “acaba en el campo de concentración”. Para el magistrado de la Corte Suprema el actual discurso de la seguridad ciudadana es un reciclaje del que usaron las dictaduras de la seguridad nacional. “Su legitimación no puede provenir ni siquiera de groserías míticas sino que se reduce a puro mensaje publicitario con predominio de imágenes”, con las que el poder punitivo se vende como una mercancía. Zaffaroni publicó estas páginas un año antes de que Scioli y Jaque fueran elegidos para gobernar sus provincias.
Cuadro 2
Cuatro años no es nada
Gráfico 21. Prevalencias de vida de consumo de sustancias ilegales, marihuana y cocaína de la población de 16 a 65 años. Total para localidades de 100 mil y más habitantes.
Fuente: Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas 2004 (ENCoSP-2004) y Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2008 (ENCoSP-2008). INDEC
Las encuestas de 2004 y 2008: sin aumento en el consumo de cocaína.
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Mitos urbanos
Como buena parte de la publicidad, el discurso de Scioli se basa en una selección engañosa de los datos reales. En 1989 el Congreso sancionó y Carlos Menem promulgó la Ley 23.737, sobre tenencia y tráfico de estupefacientes, que ya contemplaba las cuestiones que Scioli descubre ahora. Su artículo 13 incrementa en un tercio la pena de cualquier delito facilitado o ejecutado mediante el uso de estupefacientes. Es decir que el maestro político de Scioli incluyó antes que él en la legislación nacional el presunto nexo entre consumo de estupefacientes y criminalidad. El dato más significativo que el gobernador omite es que en las dos décadas de vigencia de la ley no se produjo en todo el país ni una sola condena por el agravante del uso de alguna de esas sustancias para facilitar o ejecutar otro delito. Según datos de la Corte Suprema de Justicia, de la Procuración General y de la Defensoría General de la Nación, citados por el Comité Científico asesor del Ministerio de Justicia en materia de control del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y criminalidad compleja, “del total de ingresos al sistema penal casi el 70 por ciento corresponde a tenencia y consumo personal y son producto de decomisos en la vía pública”. Integran ese comité especialistas tan destacados como los jueces Horacio Cattani, Roberto Falcone, Patricia Llerena y Martín Vázquez Acuña, la fiscal Mónica Cuñarro, la médica sanitarista Alicia Gillone, la psicóloga y asistente social Eva Giberti y el sociólogo Alberto Calabrese.
Hay dos interpretaciones, complementarias y no excluyentes, para estos datos impresionantes:
- las fuerzas de seguridad sólo han sido eficientes para arruinar la vida a jóvenes consumidores detenidos en la calle, cuyas causas, reales o inventadas, entorpecen el sistema penal y consumen sus recursos en una cuestión de absoluta irrelevancia social, o
- la imagen repetida ad nauseam por medios de comunicación y políticos sobre “la droga” como deus ex machina de las formas de criminalidad más abominables que inquietan a la sociedad es una construcción que no se sostiene en datos objetivos comprobables.
Según las estadísticas de la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, de 10.500 causas por estupefacientes iniciadas en un año, 6700 son por tenencia o consumo y 3600 por pequeño comercio. La policía detuvo a 6000 personas, pero sólo 300 recibieron prisión preventiva por parte de un juez.
Cuadro 3
El uso indebido de drogas, UID
Seis de cada diez llegan intoxicados con alcohol
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Tres minutos con la realidad
La propuesta oficial de despenalización se formuló sobre la base del estudio más completo sobre consumos de distintas sustancias, diseñado por los ministerios de Justicia y de Salud y realizado sobre una muestra de 51.162 viviendas por el Indec. La importancia que el gobierno le asigna se mide por la asistencia a su presentación de la presidente CFK y de los ministros Alicia Kirchner, Graciela Ocaña, Juan Carlos Tedesco, Florencio Randazzo, Carlos Tomada y Aníbal Fernández. La encuesta midió la proporción de personas de entre 16 y 65 años que consumieron alguna sustancia psicoactiva al menos una vez en su vida. En el caso de drogas legales, como tranquilizantes y estimulantes, se refiere al consumo sin indicación médica y en mayor cantidad y/o por más tiempo de lo indicado por una médica o un médico. Como se observa en el cuadro 1 el consumo más generalizado es el de alcohol, con el 76,8 por ciento de los encuestados, seguido por el de tabaco, con el 52,5 por ciento. En tercer lugar, con un distante 7,2 por ciento, aparece la marihuana, luego los tranquilizantes, con el 3 por ciento, la cocaína con el 2 por ciento y los estimulantes con el 0,9 por ciento. En todos los casos estas cifras son para el promedio de los dos sexos y en todo el país. No es necesario aclarar que si incluye a personas que probaron sólo una vez las respectivas sustancias, los porcentajes deben ser muy superiores a los de adictos. Este mapa se complementa bien con la estadística de la Unidad de Toxicología del Hospital de Agudos Juan Fernández, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: de las 1705 consultas recibidas en la guardia de urgencias el año pasado, el 57 por ciento se debió al alcohol, el 12 por ciento a psicofármacos como la benzodiazepina y 31 por ciento a otras sustancias. El Indec había realizado otro estudio nacional sobre consumo de sustancias psicoativas en 2004. En ese caso fue encargado por la Sedronar y comprendió 7500 casos. Si bien no son trabajos idénticos, tienen una base metodológica común que permite realizar comparaciones válidas. Por ejemplo, que en promedio nacional el consumo de cocaína se mantuvo estable y el pequeño aumento en el consumo de sustancias ilegales se produjo con marihuana, cuyo efecto según la experiencia médica la aproxima a un tranquilizante y no incrementa la agresividad como la cocaína.
El ET
En Mendoza, Jaque promulgó una ley propuesta por legisladores que responden al Vicepresidente Cobos y apoyada por radicales, demócratas y justicialistas, que crea un cuerpo policial secreto, con 30 vehículos no identificables, que se encargarán de controlar infracciones de tránsito. Tendrán balizas de quita y pon, equipos de radio, letreros luminosos y cámaras filmadoras. Además modificó el régimen de excarcelaciones, algo que ahora está tratando de hacer Scioli en Buenos Aires. La reforma procesal mendocina generalizó el uso de la prisión preventiva, que los jueces deberán aplicar como regla, cuando la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos que tienen su mismo rango sólo la autorizan si existe peligro fundado de que el imputado se fugue y/o entorpezca la investigación. En el caso uruguayo Peirano Basso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo el año pasado que la prisión durante el proceso no puede basarse “en fines preventivos como la peligrosidad del imputado, la posibilidad de que cometa delitos en el futuro o la repercusión social del hecho”. En cambio la ley mendocina obliga al juez a dictar la prisión preventiva cuando “a prima facie, se pudiere establecer que el imputado hubiere cometido dos delitos o más, de manera reiterada, continua o discontinua, en tiempo y lugar en contra de un mismo tipo de bien jurídico tutelado, sea o no pasible de condenación condicional.” Esta finalidad retributiva corresponde a la pena, después del proceso y la condena, y no a una medida cautelar, limitada por el principio de inocencia. En 1998, en el caso Nápoli, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la exclusión de cierta categoría de personas del régimen general de excarcelación, sobre la exclusiva base de la naturaleza del delito imputado y la repulsa social de ciertas conductas para “combatir el auge de determinada delincuencia ante la necesidad de mayor protección de determinados bienes jurídicos”. La ley mendocina obliga al encarcelamiento automático de los acusados por delitos menores, como lesiones leves, hurto, injurias, o cualquiera de los penados con multa, que permanecerán detenidos como procesados, mientras se presume su inocencia, y recuperarán su libertad en caso de ser condenados, ya sea que la pena sólo fuera de multa o de posible ejecución condicional. Les convendría ser condenados y obtener así la libertad. Además esta reforma implicó el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre las personas privadas de libertad en la provincia. En 2005, el Estado argentino suscribió un acta junto a la CIDH, en la que se comprometió a “disminuir el hacinamiento mediante la reducción de la cantidad de personas encarceladas en prisión preventiva”, mediante el uso de mecanismos alternativos a la prisión preventiva. Sobre esa base, hace ahora un año la Corte Interamericana reclamó al Estado argentino que cada dos meses informe sobre el cumplimiento de esa obligación. Scioli y Jaque están girando en forma irresponsable sobre el crédito del gobierno nacional en materia de derechos humanos.
Rückauf vuelve
La reforma del Código Procesal bonaerense volvería a endurecer el funcionamiento del sistema penal, tal como hicieron Carlos Rückauf Felipe Solá hace ocho años, con resultados desastrosos. También implicaría una desobediencia a decisiones de la Corte Suprema y del sistema interamericano de derechos humanos y agravaría las condiciones de detención inhumanas, crueles y degradantes a las que están sometidas las personas privadas de libertad en Buenos Aires. Casal convocó para discutir el proyecto a algunos jueces, a representantes de los abogados y trabajadores judiciales, pero no abrió el debate a todas las instancias judiciales ni a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema y advierten sobre el mal funcionamiento del sistema penal, que desembocó en la tragedia de Magdalena de 2005, cuando 34 personas murieron quemadas vivas o asfixiadas. Además de usar la prisión preventiva como pena, igual que en Mendoza, Scioli y Casal intentan suprimir las medidas alternativas a la prisión preventiva, debido a la conmoción que provocó un múltiple homicidio cometido por un hombre que debía estar en su casa, con una pulsera electrónica. Como es costumbre en administraciones de grosera ineficacia, en vez de perfeccionar los procedimientos administrativos para que el control sea efectivo, el gobierno bonaerense pretende que la libertad durante el proceso pueda concederse en forma excepcional y por “razones humanitarias”, sólo a enfermos terminales y mujeres embarazadas. Además el proyecto aniquilaría el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y la proporcionalidad y equivalencia de la prisión preventiva en relación con la pena probable, al establecer un plazo en prisión preventiva de cuatro años, hasta el momento del veredicto de primera instancia, luego del cual el plazo sería determinado según la “apreciación judicial”. Scioli también se propone restringir de modo injustificable el hábeas corpus, impidiendo su empleo contra resoluciones judiciales. Al favorecer el juicio abreviado en los casos en que el fiscal pidiera una pena de hasta 15 años de prisión el proyecto deja pocos casos al margen, con lo cual se pasaría de las detenciones sin condena que alcanzan hoy al 80 por ciento de los personas privadas de su libertad en Buenos Aires, a las condenas sin juicio. Tanto el uso abusivo de la prisión preventiva como la ampliación de los plazos, los juicios sumarísimos y la debilidad de la defensa oficial que atiende a ocho de cada diez detenidos pero tiene menos de la mitad de la dotación de personal que el ministerio público fiscal, procuran extorsionar a esas personas para que se allanen a la acusación en un juicio abreviado y convaliden así el tradicional armado policial de causas contra personas sin recursos para impedirlo. A partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de mayo de 2005, por primera vez en décadas disminuyó la cantidad de personas encarceladas en Buenos Aires, tendencia que Scioli ha conseguido quebrar con su discurso represivo y sus proyectos de ley irrespetuosos de derechos y garantías.
